¿Quién vigila a quienes legislan? Transparencia, vigilancia y rendición de cuentas en los congresos locales

El pasado 29 de septiembre, mi colega José Bautista Farías, integrante de CIMTRA-Jalisco, dio a conocer en este mismo espacio los principales resultados de la Evaluación de Congresos Locales en Transparencia 2026, el estudio que realizamos en conjunto quienes integramos el Colectivo CIMTRA. Los datos del estudio son contundentes: el promedio nacional bajó a 43.4%, sólo siete legislaturas superaron el 60% y 25 quedaron debajo de ese umbral.

Esos resultados muestran en dónde están hoy los congresos. Para continuar la conversación quiero ir más allá de las cifras y plantear las preguntas de qué significa que un congreso quede por debajo de ese umbral, qué patrones se repiten desde 2020 y qué nos dice eso de los poderes legislativos (los estudios anteriores de 2020 y 2022 están en estas ligas). La respuesta nos confronta con una realidad preocupante e incómoda: la mayoría de los congresos no cumple plenamente sus obligaciones de transparencia. De ahí entonces surge otra pregunta ¿quién vigila a quienes legislan?

La herramienta CIMTRA-Legislativo revisó 237 indicadores en ocho bloques. Alrededor del 55% corresponde a obligaciones legales de transparencia; el resto, a transparencia proactiva. Es decir, una parte importante de la calificación corresponde a información que la ley ya les obliga a los congresos a publicar. Una mala evaluación apunta entonces a que falta, en muchos casos, es cumplir la ley.

Así, los resultados permiten observar cuántos congresos no alcanzan el umbral de cumplimiento de las obligaciones legales que evalúa la herramienta: 25 de 32 en 2020, 24 en 2022 y 23 en 2026. Seis años y una reforma después, casi nada cambió. La gran mayoría de las cámaras de diputados estatales siguen sin cumplir sus responsabilidades mínimas de transparencia. Y la paradoja salta a la vista: son esos mismos congresos los que aprueban las leyes que obligan a todos los demás entes obligados.

El hecho de que un congreso no publique lo que debe es más grave que un descuido administrativo. En sus manos están el presupuesto, la revisión de las cuentas públicas, el nombramiento de algunos funcionarios y la vigilancia sobre otros poderes. Sin esa información transparentada, la ciudadanía no puede saber cómo se toman esas decisiones, ni qué intereses pesan en ellas.

Por eso, cuando un congreso incumple el daño es mayor: deja en la sombra decisiones que alcanzan a todo el aparato público y envía el mensaje preocupante de que quien hace la ley, la incumple. Esta falta provoca también una pérdida de autoridad para exigir lo que el mismo congreso no hace. Así, el mensaje es que la ley puede ignorarse, lo que erosiona el Estado de derecho.

Incumplir sin consecuencias

Toda obligación supone que alguien verifica su cumplimiento y actúa cuando no se cumple. La ley de transparencia prevé verificaciones, medidas de apremio y responsabilidades administrativas, entonces ¿por qué el incumplimiento de los congresos se sostiene medición tras medición?

En 2020 y 2022, cuando aún existían organismos garantes autónomos, 25 y 24 congresos estaban por debajo del umbral de cumplimiento legal; para 2026, con el nuevo diseño, son 23. Parece ser que el incumplimiento sobrevive a los cambios de modelo. Cuando una omisión se repite durante años, la responsabilidad alcanza también a quienes debían exigir el cumplimiento y no lo hicieron.

Dentro de la metodología de CIMTRA, el bloque de control interno, que busca hacer visibles medidas como auditorías, procedimientos disciplinarios y sanciones, está entre los peor evaluados. No solo hay incumplimiento, tampoco podemos saber si alguien lo investiga o lo sanciona. La ausencia de consecuencias reduce los incentivos para cumplir con las obligaciones básicas de transparencia y debilita la efectividad de la norma; además, la inacción de quienes deben sancionar se vuelve parte del problema.

La vigilancia del cumplimiento no depende sólo de las autoridades, la ley permite que cualquier persona denuncie ante el órgano garante el incumplimiento de las obligaciones de transparencia. Cada denuncia obliga a verificar y, en su caso, ordenar que se publique la información. Esta es una herramienta ciudadana que deberíamos usar más y que pone a prueba la disposición de las autoridades a actuar.

Avances frágiles

La serie completa del promedio nacional no muestra una mejora sostenida, sino sube y baja en torno a una calificación que nunca ha sido aprobatoria: En 2020 fue de 40.9%; para 2022 alcanzó 46.5%; pero en 2026 fue de 43.4% en 2026.  Ahora, los resultados estatales sí muestran cambios considerables: Puebla, cuarto lugar nacional en 2022 con más de 82%, obtuvo 25.7% en 2026; perdió 56 puntos porcentuales entre la evaluación pasada y la actual. Baja California, en sentido contrario, subió de 29.7% a 75.6%.

En el estudio consideramos que las diferencias se explican, sobre todo, por las fortalezas institucionales de cada congreso. La serie histórica permite advertir otro aspecto relevante: esas fortalezas son frágiles. Si una legislatura puede avanzar o retroceder tan rápido, es difícil sostener que la transparencia haya quedado institucionalizada.

Un aspecto a considerar fue la composición partidista; sin embargo en la revisión de 2026 encontramos que  puede influir, pero no determina por sí sola los resultados y es que, entre los congresos mejor evaluados hay mayorías de distintas fuerzas políticas. Eso no vuelve irrelevante la distribución del poder. Una mayoría partidista controla órganos de gobierno, comisiones, agendas y procedimientos, por eso importa conocer y registrar qué contrapesos la acompañan. Una mayoría puede ser legítima, pero eso no anula su obligación de transparentar sus decisiones, explicarlas de manera comprensible y abrirlas a revisión.

El punto ciego de los congresos: dónde se concentra la opacidad

Los congresos publican bien la información institucional básica: Integración y Estructura es el único bloque con un nivel alto de cumplimiento, con 61.7%. Es también, la información que menos los compromete. Lo que peor se publica, desde 2020, es justo lo que permitiría ver si el Congreso rinde cuentas, como lo muestran estos tres bloques:

Control interno. El promedio en 2020 fue 21.1%, para 2022 fue de 27.4% y en 2026 quedó en 30%. El cumplimiento muestra una mejora sostenida, pero parte de un nivel muy bajo y sigue siendo deficiente. En 2026, Puebla, Querétaro, Baja California Sur, Morelos y Guerrero obtuvieron calificaciones iguales o muy cercanas a cero. Esto debilita la legitimidad de su función fiscalizadora frente a otros poderes.

Vinculación ciudadana. Quizá este bloque representa el déficit democrático más profundo. Los congresos siguen funcionando como vitrina: publican, pero casi no ofrecen mecanismos para opinar sobre una iniciativa o participar en la deliberación. La verdadera apertura legislativa necesita justo eso, que la ciudadanía pueda entender las decisiones y participar en ellas.

Gastos. Sigue siendo difícil saber cómo se reparten los recursos entre grupos parlamentarios o qué asesorías contratan. Para que haya transparencia, debe ser posible saber quién recibió el recurso, por qué, para qué, quién lo autorizó y qué resultado se obtuvo. Si con lo publicado no se puede reconstruir la decisión, no es transparencia.

El estudio advierte que es prematuro atribuir el retroceso a la reforma de 2025, aunque los datos muestran una tendencia preocupante. Esa cautela es razonable, pero no es posible ignorar el cambio de diseño: desaparecieron los organismos garantes autónomos y, en el caso de los congresos, buena parte de la vigilancia quedó dentro de sus propias estructuras. Ese es el mismo caso para prácticamente todas las dependencias públicas

Si con organismos garantes autónomos el incumplimiento rara vez se corregía, cuesta imaginar una vigilancia más firme cuando quien debe sancionar forma parte del vigilado. Las próximas mediciones nos permitirán saber si 2026 fue una fluctuación aislada o el inicio de una tendencia más persistente.

De los resultados a las tareas

CIMTRA propone, entre otras medidas, institucionalizar una política transversal de transparencia, mejorar los portales, fortalecer el control interno, transparentar el gasto legislativo, crear expedientes legislativos integrales y hacer efectivo el parlamento abierto. 

Yo agregaría dos más. La primera es vigilar que las autoridades garantes cumplan con lo que la ley les ordena: verificar a los congresos y hacer públicos sus incumplimientos y sanciones. Una obligación que nadie hace valer termina pareciéndose más a una sugerencia. La segunda es que los contrapesos internos funcionen. A veces las minorías parlamentarias no tienen cómo fiscalizar y otras veces no usan las herramientas que tienen, así que a ellas también hay que vigilarlas.

Hemos escuchado muchas veces que la corrupción prospera en la oscuridad, pero cuando hablamos de vigilancia pública, la atención suele concentrarse en el Ejecutivo, mientras el Legislativo permanece relativamente fuera del escrutinio ciudadano.

La evaluación de los congresos locales muestra que la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente. La mayoría no cumple plenamente sus obligaciones de información y los avances observados en algunos casos, difícilmente pueden considerarse consolidados. La opacidad sigue concentrándose precisamente en los espacios destinados a la rendición de cuentas. La transparencia legislativa requiere instituciones capaces de resistir los cambios políticos y autoridades dispuestas a hacer cumplir la ley.

¿Quién vigila a quienes legislan? Las autoridades tienen la obligación legal, pero también nosotros: consultar un portal, solicitar información o denunciar un incumplimiento es vigilar. La experiencia de CIMTRA lo confirma: un congreso que sabe que está siendo evaluado pone especial interés en cumplir sus obligaciones de transparencia. Sigamos la conversación y emprendamos la acción.

Como parte de la alianza con la revista Nexos, este texto también fue publicado en su sitio web.