El 19 de febrero de 2019, Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista indígena nahua, asistió a un foro público sobre el Proyecto Integral Morelos —un megaproyecto de infraestructura de energía termoeléctrica— que entrañaba graves riesgos ambientales y amenazaba el sustento y la calidad de vida de las comunidades indígenas. Días antes, Flores Soberanes y otras personas habían confrontado al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que cumpliera su promesa de campaña de detener el proyecto.
«Agua sí, termoeléctrica no», coreaban.
López Obrador había prometido detener el proyecto desde 2014. «Es como poner una planta nuclear en Jerusalén», dijo durante una visita al municipio, subrayando el carácter sagrado del lugar para la comunidad indígena. «Vamos a defender al pueblo, pase lo que pase». Apenas unos meses después de que López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018, esa promesa se había roto.
«Las empresas suelen pensar primero en su capital, en su dinero y después en las comunidades», expresó Flores Soberanes en el foro sobre el Proyecto Integral Morelos. «No sé si este es un proyecto en el que estén pensando en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos».
Horas después, en la madrugada del 20 de febrero, Flores Soberanes fue asesinado afuera de su casa de dos disparos en la cabeza. El 23 y 24 de febrero se llevó a cabo una consulta local impulsada por AMLO para que la obra hidroeléctrica se construyera.

Flores Soberanes fue una de las víctimas incluidas en el recuento de 78 periodistas y 259 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en México entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, durante la presidencia de López Obrador. Estas cifras se publicaron en el proyecto «Under Attack: Targeting of Human Rights Defenders and Journalists in Mexico» (Bajo ataque: agresiones dirigidas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México), una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley sobre la violencia ejercida contra quienes vigilan y denuncian los abusos de poder en México.
La base de datos de víctimas y los expedientes individuales de la plataforma de investigación dependen en gran medida del trabajo de periodistas y personas defensoras de derechos humanos de México, quienes documentaron, conforme ocurría, la violencia contra sus colegas y contra ellos mismos. Las muertes y las desapariciones forzadas eran solo una parte de la historia. Trabajaron con valentía en un entorno intimidatorio, marcado por otras formas de persecución, que incluyeron hostigamiento estatal, divulgación de información personal en internet —conocida como doxxing—, vigilancia y uso faccioso de procedimientos judiciales. Como una de las investigadoras que recopiló estas historias para el proyecto del Centro de Derechos Humanos, siento un profundo respeto y agradecimiento hacia los periodistas y las personas que documentaron estos hechos e hicieron posible nuestro trabajo.
Los recuentos de personas asesinadas varían entre dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil según sus metodologías y posturas ideológicas; todas muestran un escenario marcado por la frustración provocada por la impunidad y la falta de rendición de cuentas. Sin embargo, las cifras de víctimas cuentan una historia más amplia de persecución en México y las cuentas no cuadran.

El recuento de víctimas
Si se pregunta a tres fuentes diferentes cuántos periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se obtienen tres respuestas distintas. Las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales ofrecen versiones diferentes y las brechas entre ellas pueden ser muy amplias. Por eso, decidimos elaborar nuestro propio recuento.
Primero recopilamos listas de personas que habían sido blanco de ataques y las incorporamos a una base de datos. Los nombres procedían de diversas fuentes. En el caso de periodistas, recurrimos a Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Civicus Monitor y Wikipedia. Completamos la información con la cobertura de medios locales, así como documentos oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Para las personas defensoras de derechos humanos, consultamos HRD Memorial, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), EDUCA Oaxaca (Servicios para una Educación Alternativa, A. C.), el Comité Cerezo, Civicus Monitor, Wikipedia y otros reportajes locales. Cruzamos y contrastamos estas listas con información disponible en fuentes abiertas sobre la biografía y muerte de las personas para poder descartar registros duplicados.
Después verificamos la fecha y el lugar de cada muerte para vincular cada caso con al menos una fuente confiable que describiera los hechos. Como la investigación se centró inicialmente en periodistas, elaboramos perfiles detallados de casi todos los periodistas asesinados. Al integrar estos expedientes, corroboramos que cada persona cumpliera con la definición de periodista que utiliza el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: «Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen».
Luego aplicamos el mismo criterio a las personas defensoras de derechos humanos, nuevamente con la definición utilizada por el Mecanismo: «Las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos». Al aplicar este criterio, 19 personas no cumplieron con la definición y fueron excluidas del recuento.
El resultado fue una base de datos consolidada de 337 personas asesinadas durante el periodo estudiado: 78 periodistas y 259 personas defensoras de derechos humanos.

Los registros
Nuestro recuento de personas asesinadas durante el gobierno de López Obrador difiere de los registros del gobierno mexicano en todas sus cifras. Aunque existen discrepancias entre los datos gubernamentales y los de la sociedad civil tanto para personas defensoras de derechos humanos como para periodistas, este artículo se centra principalmente en los segundos.
Dentro del periodo estudiado, distintas instituciones del Estado mexicano reportaron cifras diferentes de periodistas y personas defensoras de derechos humanos asesinados. La CNDH informó del asesinato de 49 periodistas y 94 personas defensoras entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, mientras que la Segob documentó 55 periodistas y 96 personas defensoras asesinados de diciembre de 2018 a octubre de 2021. A finales de 2022, la Segob actualizó sus cifras a 64 periodistas y 107 personas defensoras asesinadas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2022. La Secretaría de Gobernación no actualizó sus registros durante los dos años restantes del mandato de López Obrador.
No está claro por qué se interrumpió la publicación de esta información. En 2023, alrededor de las fechas en que comenzó ese vacío, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración —dependencia bajo cuya responsabilidad se publicaban las cifras de la Segob— fue designado temporalmente encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación. Más tarde ese mismo año dejó el gobierno para incorporarse a la campaña electoral de Claudia Sheinbaum. Esta coincidencia temporal sugiere cuán frágil puede ser la transparencia pública cuando depende del margen de acción de personas concretas, en lugar de una institución.
El medio de comunicación Infobae ha destacado las discrepancias preocupantes entre instituciones gubernamentales: entre 2012 y diciembre de 2023, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) reportó 86 asesinatos de periodistas, mientras que la Segob documentó 166 en el mismo periodo.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no publica registros de muertes, pese a difundir periódicamente cifras sobre las personas incorporadas para su protección, los resultados de la atención de los casos y las formas de violencia contra los grupos protegidos. Esto resulta desconcertante, pues quienes solicitan protección suelen hacerlo después de recibir amenazas contra su vida o su integridad física.
El mandato del Mecanismo, creado en 2012, es «implementar y operar medidas de prevención, de protección y de protección urgente que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas en situación de riesgo». Aunque sin duda ha evitado muertes de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, también ha padecido de manera crónica una insuficiencia de personal y recursos, viéndose rebasado por las necesidades de protección. En 2020, el Congreso mexicano anunció la extinción del fideicomiso público administrado de manera independiente mediante el cual operaba su presupuesto y transfirió los recursos a la Secretaría de Gobernación. La decisión provocó un amplio rechazo, incluso dentro de la propia secretaría.
RCU Sistemas, la empresa de seguridad contratada durante años por el Mecanismo para implementar medidas de protección, como botones de emergencia y escoltas, ha desempeñado de manera gravemente deficiente esa función durante más de una década. La implementación de los planes de protección solía retrasarse meses y al menos una persona —Gustavo Sánchez Cabrera— fue asesinada tras esperar semanas a que se pusieran en marcha las medidas que le habían sido asignadas.
Según diversos reportes, las fallas de los botones de emergencia, cuando se llegaban a instalar, eran generalizadas. Una evaluación encontró que los botones de pánico habían fallado en 11 de los 13 casos en que se utilizaron. Mientras algunas personas beneficiarias no lograron activarlos, otras no querían saber nada de ellos. En 2019, cuando le preguntaron por qué algunas preferían mantenerlos apagados, el subsecretario Alejandro Encinas respondió: «No quieren que las autoridades sepan dónde están». Los escoltas asignados a casos de alto riesgo solían provenir de las policías estatales y municipales, así como de las filas de militares retirados. Esto genera un claro conflicto para periodistas y personas defensoras que han sufrido hostigamiento o ataques de las fuerzas policiales o del Ejército.
El gobierno mexicano ni siquiera logró conciliar una cifra de cuántos periodistas bajo su protección fueron asesinados durante este lapso. En 2021, la Segob identificó a siete periodistas y dos personas defensoras de derechos humanos asesinados mientras contaban con protección federal entre 2017 y 2021; en mayo de 2022, la CNDH contabilizó al menos diez muertes de personas protegidas desde la creación del Mecanismo, en 2012. En marzo de 2024, Amnistía Internacional y el CPJ reportaron ocho periodistas asesinados en siete años mientras estaban incorporados al Mecanismo o buscaban ingresar a él. Durante el periodo de nuestra investigación, documentamos nueve periodistas asesinados que contaban con protección federal o estatal. Otros seis fueron atacados después de solicitar protección, de que se les negara o de que les fuera retirada.

La brecha entre los recuentos
Aunque Gobernación publicó una cifra mayor —64 periodistas asesinados dentro del periodo estudiado—, la cifra más citada por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, dentro y fuera de México, durante este lapso es de 47. Este dato proviene de la organización Artículo 19. Distintas organizaciones —desde Artículo 19 hasta el CPJ y RSF— señalan que sus recuentos consideran solamente asesinatos cuya relación con el trabajo periodístico de la víctima se considera «posible» o «confirmada». Estas definiciones varían según sus metodologías.
Nuestra metodología arroja un total más elevado porque no distinguimos entre los casos en que se ha determinado oficialmente que el asesinato estuvo relacionado con la labor periodística y aquellos en los que no existe esa determinación oficial. Tomamos esta decisión ante las fallas de diversas instancias de investigación estatales y federales encargadas de determinar si el asesinato de un periodista estuvo relacionado con su trabajo.
La propia Secretaría de Gobernación declaró públicamente en 2021 que los probables agresores en casi la mitad de estos asesinatos eran servidores públicos. Si agentes del Estado son responsables de asesinar a periodistas, es de su interés desacreditarlos y promover una narrativa que desvincule sus asesinatos de su labor informativa, para poner distancia entre ellos y las víctimas y para obstaculizar la justicia.
Esta retórica no se limitó a servidores públicos sospechosos de haber cometido delitos. Durante el gobierno de López Obrador, autoridades electas de los ámbitos municipal, estatal y federal desacreditaron y denigraron sistemáticamente a periodistas después de su asesinato, culpabilizando a las víctimas y poniendo en duda su integridad profesional. Esto no inspira confianza en que las autoridades hayan realizado debidamente las investigaciones.
Cuando Nelson Matus Peña fue asesinado después de haber llegado a una escena del crimen antes que la policía local, las autoridades sugirieron que tenía vínculos con los cárteles y que, por ello, contaba con información privilegiada que le permitía llegar primero. Sus colegas ofrecieron una explicación más sencilla: Matus Peña había sido bombero y conservaba contactos cercanos entre el personal de los servicios de emergencia, que le avisaban cuando recibían reportes.
Ismael Villagómez Tapia fue uno de varios periodistas cuyas muertes documentamos y que también trabajaba como conductor de plataformas de transporte para obtener ingresos adicionales. Las autoridades citaban con frecuencia esta actividad como la circunstancia que había motivado sus muertes, minimizando su trabajo informativo y presentándolos como personas ajenas al periodismo.
«Es importante enfatizar que la situación de precariedad en la que viven muchos periodistas aumenta el riesgo de que sufran nuevas agresiones y también amplía la posibilidad de que sean estigmatizados o revictimizados», escribió Artículo 19 al documentar el asesinato de Saúl Tijerina Rentería, quien trabajaba en una fábrica para complementar sus ingresos. La organización no gubernamental señaló lo fácil que resulta para los funcionarios «justificar la omisión y la inacción de las autoridades con el argumento de que ‘no era periodista’».
Los requisitos burocráticos arbitrarios también ofrecen oportunidades para que el gobierno desacredite a periodistas en activo. Cuando Roberto Toledo fue ejecutado el 31 de enero de 2022, frente a la oficina donde trabajaba, en Monitor Michoacán de Zitácuaro, Jesús Ramírez Cuevas, el entonces vocero de López Obrador, publicó inicialmente en Twitter: «El Gobierno de México condena el asesinato del periodista Roberto Toledo».
Ramírez Cuevas se retractó después de que Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, entonces alcalde de Zitácuaro, afirmara que Toledo no estaba inscrito en el registro local de periodistas. El alcalde utilizó ese formalismo para desacreditar el trabajo de Toledo, quien informaba sobre presuntos actos de corrupción en la presidencia municipal. Ramírez Cuevas publicó enseguida otro mensaje acorde con esa nueva versión: «De acuerdo con las investigaciones judiciales, el ciudadano Roberto Toledo, asesinado hoy, trabajaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista».
Tres meses después, Armando Linares, colega de Toledo y director de noticias de Monitor Michoacán, fue asesinado en su domicilio. Tras su muerte, López Obrador y otros funcionarios lamentaron que Linares hubiera decidido no incorporarse al Mecanismo federal, pese a las fallas ampliamente documentadas de este y a las numerosas muertes de personas que estaban bajo su protección.

Documentar para exigir cuentas
Un recuento riguroso y exhaustivo de las personas asesinadas importa porque, sin un registro histórico verificado, no puede haber una posibilidad real de rendición de cuentas, esclarecimiento de los hechos y determinación de responsabilidades.
El gobierno mexicano lo sabe. Por eso ha modificado una y otra vez la «verdad histórica» sobre las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa para exonerar al Ejército mexicano por su participación en el crimen. Desde su creación, en julio de 2010, hasta finales de mayo de 2023, la FEADLE abrió 1,634 investigaciones. En ese lapso obtuvo apenas 35 sentencias condenatorias, solo siete de ellas por homicidio. Eso equivale a una tasa de condenas de 2.1 por ciento. La impunidad se ha convertido en la norma, no en la excepción.
La familia de Samir Flores Soberanes lo sabe muy bien. Su abogado declaró públicamente que no confiaban en que la Fiscalía General del Estado de Morelos realizara una investigación imparcial de su asesinato y pidió que el caso pasara a la jurisdicción federal. Para finales de 2021 se habían librado órdenes de aprehensión contra tres sospechosos. Uno ya había muerto cuando se expidió la orden, otro estaba desaparecido y el tercero se encontraba en prisión cuando ocurrió el asesinato.
Este último fue llevado a juicio por el asesinato de Flores Soberanes en febrero de 2026, una decisión que Samantha César, también activista, describió como «un montaje«. El acusado fue absuelto en marzo de 2026 después de un juicio plagado de irregularidades, entre ellas el asesinato de dos testigos clave de la fiscalía y pruebas consideradas inverosímiles u obtenidas ilegalmente. En junio de 2026, agentes federales detuvieron al presunto líder del grupo delictivo Comando Tlahuica por su posible relación con el asesinato de Flores Soberanes. Queda por ver si esta detención finalmente aportará respuestas o si será otro capítulo de una larga y dolorosa historia.
Los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos de México merecen algo mejor. Quienes vigilan y denuncian los abusos de poder deben contar con las condiciones necesarias para documentar los hechos, sobre todo cuando exigen cuentas a quienes tienen poder. Las redacciones de los medios y las organizaciones de defensa de derechos necesitan más recursos —y protección— para realizar su trabajo. El Mecanismo federal de protección debe ser tan preventivo como reactivo y contar con el financiamiento necesario para cumplir adecuadamente su mandato.
El 21 de agosto de 2026, la Secretaría de Gobernación anunció que había notificado a RCU Sistemas la terminación de su contrato y reconoció deficiencias en el Mecanismo, que para entonces protegía a unas tres mil personas. Su estructura de seguridad debe ser eficaz, eficiente y digna de la confianza de quienes han solicitado su protección.
López Obrador no apretó el gatillo contra los 337 periodistas y personas defensoras de derechos humanos asesinados durante su mandato presidencial, pero la negligencia de su gobierno contribuyó a hacer posibles esas muertes. Su retórica incendiaria contra periodistas desde el podio presidencial creó una cultura que normalizó las agresiones contra la prensa y sembró desconfianza hacia quienes se atrevieron a investigarlo o a cuestionar sus políticas.
Resulta preocupante que Claudia Sheinbaum parezca continuar por el mismo camino. Sus señalamientos sobre un «ecosistema digital» integrado por periodistas y opositores que conspiran contra su partido han provocado indignación. Algunas personas la acusan de mantener una lista negra de medios de comunicación, algo que ella niega.
El poder de la pluma es un arma de doble filo: puede servir para proteger o para perseguir. Las autoridades electas de México deben usar su poder para poner fin a la impunidad de los asesinatos de periodistas, en lugar de utilizarlo para condenarlos y sentenciarlos.
Como parte de la alianza con la revista Nexos, este texto también fue publicado en su sitio web.
Traducción al español: Leonardo Núñez González y Ricardo Alvarado Andalón
Como parte de la alianza con la revista Nexos, este texto también fue publicado en su sitio web.
Sobre el autora
Maggie Andresen
Responsable editorial y redactora principal del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Investigadora y capacitadora en investigación con fuentes abiertas, con experiencia internacional en periodismo y fotoperiodismo sobre derechos humanos.
https://www.linkedin.com/in/maggieandresen/






