FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro especializada en delitos financieros, identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo, como participantes del negocio ilícito del huachicol, que opera de ida y vuelta en la frontera de México y Estados Unidos.
Una parte del petróleo crudo es robado a Pemex y sale clandestinamente hacia Estados Unidos, en ocasiones declarado falsamente como aceite de desecho, y es vendido a compañías estadounidenses. Al menos una porción de ese flujo termina cerrando el circuito: el petróleo robado, una vez refinado en Estados Unidos, es enviado clandestinamente de regreso a México transformado en combustibles, mediante documentación aduanera falsificada y esquemas destinados a evadir el IEPS.
La estructura permite que dos modalidades del huachicol que durante años fueron vistas como problemas diferentes, terminan mezcladas. El combustible que entra de contrabando comparte canales de almacenamiento, distribución y venta con gasolina y diésel robados directamente de ductos e instalaciones de Pemex.
Las 49 empresas alrededor de “El Tanque”
Una base de datos elaborada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a partir del rastreo de actas mercantiles de empresas sancionadas por Estados Unidos, revela la complejidad y extensión de las estructuras empresariales creadas por cárteles de la droga para operar en el negocios de combustibles.
Al seguir a socios, administradores, apoderados y operadores de las compañías incluidas en las listas de OFAC aparecen decenas de sociedades dedicadas a actividades diversas, varias de ellas relacionadas con distintos eslabones del negocio de los hidrocarburos.
Uno de los casos que permite observar la amplitud de estas estructuras es el de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó como un miembro de alto nivel del CJNG, integrante del círculo cercano del fallecido líder de ese cártel, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, encargada de sancionar a personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas, identificó alrededor de El Tanque una estructura 26 empresas ––la mayoría comercializadoras de combustibles–– manejadas por al menos una docena de familiares, operadores y prestanombres.
El rastreo de las actas mercantiles realizado por MCCI identificó una red mucho más extensa. Al seguir las sociedades, accionistas, administradores y apoderados vinculados con las compañías sancionadas fueron identificadas 49 empresas (23 más que las detectadas por OFAC). Treinta son expendios de combustible, y las otras 19 de la red ligada a El Tanque incluyen comercializadoras, abarroteras, constructoras, restaurantes y empresas agrícolas, de la industria musical, bienes raíces y servicios turísticos.
El nombre de “El Tanque” había aparecido públicamente dos años antes de que se conociera su identidad. El 4 de abril de 2024, MCCI difundió un audio en el que Jorge Amílcar Olán hablaba de las minas que, según él, Gonzalo López Beltrán ––hijo del expresidente López Obrador–– le había ofrecido para explotar balasto en Oaxaca, para obras del Tren Interoceánico. Durante la conversación, un hermano de Amílcar afirmó conocer a “El Tanque”, a quien se refirió como integrante de “la maña”, y mencionó ese contacto al hablar de cómo habían dejado de molestar a una persona que había sido extorsionada.
Dos años después, en agosto de 2026, Latinus aseguró que “El Tanque” mencionado en aquella grabación era Iván Cazarín Molina, el integrante del CJNG sancionado por OFAC y ligado a una extensa red de empresas relacionadas con el negocio de los combustibles.
La conexión internacional: del petróleo venezolano al huachicol
Otro caso permite observar la dimensión internacional del negocio. En junio de 2026, OFAC sancionó a Jomadi Logistics & Cargo, a Ahavat Logistics Solution y al socio de ambas empresas, Refugio Ruiz Villagómez, por introducir combustible de Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes y pagar cuotas a cárteles y otras organizaciones criminales que controlaban puntos fronterizos.
Según el Departamento del Tesoro, Jomadi y Ahavat realizaron operaciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con intermediarios vinculados al CJNG involucrados en actividades de huachicol.
Jomadi había obtenido permisos del gobierno mexicano para importar y comercializar enormes volúmenes de combustibles. Primero obtuvo en septiembre de 2016 autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para distribuir petrolíferos en territorio nacional. Un año después, el 9 de agosto de 2017, en el tramo final del gobierno de Enrique Peña Nieto, obtuvo un primer permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel. Las autorizaciones se multiplicaron el año siguiente, hasta sumar otras cuatro: una por mil millones de litros, otra de 50 mil y tres más por volúmenes de 9 mil millones de litros de gasolina cada una.
Ahavat, en tanto, obtuvo el permiso de comercialización de la CRE el 26 de junio de 2020.
Jomadi tenía antecedentes en el comercio internacional de hidrocarburos desde marzo de 2020, cuando la compañía mexicana firmó un contrato mediante el cual recibiría 5 millones de barriles de petróleo crudo de la estatal venezolana PDVSA, equivalentes a unos 795 millones de litros, a cambio de gasolina de 95 octanos. El acuerdo contemplaba entregas de crudo en puertos de Turquía.
En aquel momento, otras dos compañías mexicanas, Libre Abordo y Schlager Business Group, participaban en operaciones paralelas con PDVSA de intercambio de petróleo por alimentos que posteriormente fueron sancionadas por Estados Unidos.
La huella del CJNG en embarque de Tampico
La presencia del CJNG también se manifestó en el decomiso del Challenge Procyon en Tampico, que en marzo de 2025 detonó el escándalo nacional del huachicol fiscal. Mefra Fletes, una de las compañías involucradas en el traslado del hidrocarburo descargado del buque, fue relacionada con el CJNG por el entonces fiscal general Alejandro Gertz.
Durante la conferencia presidencial del 20 de mayo de 2025, Gertz afirmó que los propietarios de los camiones utilizados para movilizar combustible en los grandes aseguramientos de Tamaulipas y Ensenada estaban vinculados con ese cártel.
Mefra tenía además antecedentes documentados en el huachicol fiscal. Cinco años antes, el 20 de marzo de 2020, una de sus pipas fue detenida en Matamoros con 28 mil 262 litros de diésel respaldados por un pedimento clonado que había sido utilizado por otras seis unidades. Los inspectores determinaron que se habían omitido los impuestos de importación y la documentación señalaba como destinataria del combustible a Ecocarburante.
Las investigaciones del caso Tampico abrieron además otra vertiente: el posible tráfico de armas en los mismos circuitos utilizados para mover combustible. Un informe de investigación criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consignó que agentes observaron salir del área donde se encontraba el Challenge Procyon una pipa de Mefra Fletes en cuya cabina eran cargadas cajas de madera que, según el reporte, parecían contener armamento de grueso calibre.
La causa penal 325/2025, relacionada con la red descubierta en Tampico, describe una extensa red empresarial en torno al huachicol, con 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas, como lavado de dinero, contrabando, corrupción en aduanas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, vínculos con el crimen organizado y empresas factureras.
La ruta del dinero
La estructura empresarial del huachicol se completa con las instituciones financieras. En junio de 2026, OFAC sancionó a Centro Cambiario La Peseta junto con Óscar Guillermo Juraidini Silva, a quien el Tesoro identificó como operador de una red de huachicol fiscal del Cártel Jalisco. Una hermana ocupaba la Jefatura de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, uno de los principales puntos de acceso del contrabando de combustible.
La investigación mexicana sobre el huachicol de Tampico también condujo a operaciones financieras. En la causa penal del caso, la FGR identificó operaciones de empresas bajo investigación de huachicol con Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de la oficina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2020. Grupo Potesta, por ejemplo, transfirió 220 millones de pesos a través de Vector, con la posible intención de “ocultar recursos”, según refiere el expediente.
Una investigación independiente del Departamento del Tesoro colocó a Vector bajo la lupa por sus relaciones financieras con organizaciones criminales mexicanas. El 25 de junio de 2025, FinCEN afirmó que la casa de bolsa había facilitado actividades de lavado para cárteles de la droga mexicanos.
Además de Romo Garza, las investigaciones sobre huachicol fiscal han involucrado a otros políticos cercanos al ex presidente López Obrador. Su hijo Andrés Manuel “Andy” López Beltrán ha sido mencionado en testimonios incorporados a expedientes de la FGR. Dos exfuncionarios de Aduanas declararon que Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”, aludió al “hijo del Presidente” tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico y habló de “un tema de Andy” durante otra operación en Guaymas.
En la misma investigación de la FGR sobre el caso Tampico aparece una referencia a Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y actual senador. Alejandro Torres Joaquín, “Santo”, exdirector de la Aduana de Tampico y testigo colaborador, declaró que el empresario Saúl Vera Ochoa, vinculado al muelle fiscal 289 donde descargaron buques investigados por contrabando de combustible, tenía “lazos y muy buena amistad” con Adán Augusto López.
Tanto Andy como Adán Augusto han desacreditado esos testimonios.
