Las alertas de género y las fallas para atender la violencia contra las mujeres en México

La violencia feminicida, así como los homicidios dolosos de mujeres, no han disminuido en los últimos años. Cuando se trata de los feminicidios, las víctimas en 2022 siguen exactamente en el mismo punto que hace cuatro años: 1.5 por cada 100 mil habitantes. Al considerar las mujeres que han sido víctimas de homicidios dolosos (que no han sido clasificados como feminicidios), la situación no solo es más preocupante por su dimensión, sino que en 2022 creció 2% con respecto al año pasado.

La falta de resultados para disminuir estos delitos no es coincidencia. La negligencia de las fiscalías —en el orden federal y local— para investigar estos crímenes, así como la falta de capacitación y recursos destinados, provocan que los violentadores no perciban una verdadera consecuencia de sus acciones y la impunidad se asome como el resultado más probable. Así, se siguen replicando manifestaciones de odio hacia las mujeres que desafortunadamente encuentran su última consecuencia en las muertes violentas que no disminuyen. 

Para tratar de atender este entorno de violencia de género en el país, una de las principales acciones que se han desarrollado desde el gobierno han sido las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Se trata de una herramienta que se materializa mediante ayuda monetaria que da el gobierno federal a distintos estados en los que se ha reconocido la existencia de un problema grave de violencia de género para la implementación de políticas que atiendan este problema. Están establecidas en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV) y pretenden, mediante acciones inmediatas, erradicar la violencia feminicida, las desapariciones forzadas de niñas, adolescentes y mujeres, así como modificar el actuar de órganos gubernamentales que estén vulnerando los derechos humanos y el libre desarrollo de las mujeres en un territorio determinado.

Fueron creadas desde 2008, pero no comenzaron a ser activadas sino hasta 2015. Esto debido a que el reglamento de dicho subsidio se prestaba a muchos problemas políticos para poder ser aplicable, pero en 2013 se modificó y el proceso que debían pasar para obtenerlo ya no era tan arduo.

Sin embargo, dada la falta de mecanismos claros de diseño, implementación y evaluación en algunas de las entidades, las alertas de género tienen resultados variables que no permiten catalogarla como una política pública exitosa. Del total de estados que tienen activa la alerta de género, tres es donde más ha aumentado la violencia: Guerrero, Colima y Sonora; mientras que cuatro han reducido la violencia de forma significativa: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Chiapas, esto de acuerdo con la comparación de datos de violencia total en contra de la mujeres de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 y ENDIREH 2021.

El impacto de las políticas de la AVGM ha sido poco significativa en 9 de las entidades en las que se encuentra activa. Según las estadísticas del INEGI, al analizar el cambio en la «violencia total» que viven las mujeres en cada entidad —entendida como la medición que considera las violencias físicas, sexuales, psicológicas y económicas/patrimoniales que sufren las mujeres—, es posible encontrar casos como los de los estados de Guerrero o Colima en los que la situación sigue empeorando a pesar de la existencia de una alerta de género desde hace más de un lustro.

ESTADOS CON ALERTAS DE GÉNERO Y SU PROGRESO EN DISMINUIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Sin embargo, este no es el único problema que han experimentado las AVGM. Desde su creación y a lo largo de su implementación, no han sido una herramienta que ha cumplido con el papel de «acciones de emergencia», ya que existen estados que la han mantenida activa desde hace años, sumando incluso más de una alerta en vigor de manera simultánea, sin resultados efectivos de largo plazo. Tampoco cumplen con ser un refuerzo de la LGAMVLV como se tenía previsto, sino que pareciera que es su sustituto. El uso discrecional de esta medida por los diferentes estados, así como los nulos mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de medidas que tienen la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) —que son quienes las decretan— han llevado a que no pueda medirse realmente la efectividad de las AVGM. Por ocho años el Estado mexicano ha financiado un proyecto cuya efectividad ha mostrado resultados contradictorios. 

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dos instituciones que han evaluado en diferentes momentos la política de alertas de género, han hecho observaciones sobre problemas en la misma. Ambas coinciden en la falta de reglamentación de las AVGM, que hace imposible poder dar seguimiento oportuno a la implementación de las políticas, así como al cumplimiento de las recomendaciones que realiza. Asimismo, la ASF resalta que no cuentan con la capacidad institucional, humana, administrativas y económicas para poder cumplir de forma efectiva las acciones que pretenden realizar pues no hay una clara delimitación de responsabilidades, a la vez que 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LAS AVGM HECHA POR LA ASF

Fuente: ASF (2021), Resultados de la Evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Si bien es cierto que algunos estados que cuentan con alertas de género han reducido la violencia en contra de las mujeres en algunos aspectos, como lo son los estados de Chiapas, Jalisco y la Ciudad de México, también es que existen resultados diferenciados. Los estados donde más se ejerce la violencia en contra de las mujeres como lo son Guerrero, Sonora y Colima, cuentan con alertas de género. Esto refuerza las declaraciones de las diferentes instituciones que la AVGM no es una herramienta de la cual se pueda medir el impacto o atribuir la disminución o el incremento de la violencia en contra de las mujeres. 

De acuerdo con los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la mayoría de los estados las víctimas de feminicidios han aumentado. Hoy solo 9 entidades registran una tasa menor a un feminicidio por cada 100 mil habitantes. Es importante aclarar que existen variaciones debido a que muchas fiscalías tienden a no contar bien los feminicidios, a pesar de que estos cumplan las características en el Código Penal Federal, como ha sido ampliamente documentado en otros trabajos de MCCI. 

Gracias a investigaciones anteriores, desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontramos que solamente una de cada cinco muertes violentas de mujeres ha sido investigada como feminicidio (aún cuando muchas de ellas debieron haber sido clasificadas como feminicidios). Es por ello que también contabilizamos los homicidios dolosos de mujeres como parte de la violencia de género que debemos considerar como parte de este problema público, ya que, por definición, los homicidios dolosos tienen la intención de matar a la persona víctima. Además de la falta de sensibilización del personal de las fiscalías y procuradurías para registrar los delitos como tal, también se debe a la falta de protocolos para atender escenas del crimen, a las asistentes de las fiscalías, y en especial, la tipificación de delitos menores

Además de contabilizar la expresión máxima de odio hacia las mujeres, que es el feminicidio y en este caso también los homicidios dolosos, si consideramos también las lesiones dolosas en contra de las mujeres, vemos una situación que también continúa agravándose. 15 entidades federativas tienen altos niveles de lesiones dolosas en contra de mujeres, destacando Campeche, Guanajuato, el Estado de México, Querétaro o Michoacán. Recuperando los datos de víctimas del Secretariado Ejecutivo, podemos identificar también el aumento a lo largo del tiempo.

Las tres tablas anteriores nos muestran una pequeña parte de cómo es que violencia en contra de las mujeres ha ido en aumento en los últimos años. Si bien solo se contabilizaron dentro de este artículo violencias físicas, es importante recalcar que no son las únicas que sufren las mujeres mexicanas. Desafortunadamente las violencias sexuales, psicológicas y económicas siguen muy presentes en el día a día de la violencia machista de este país. 

Otro punto importante a recalcar también son las fallas económicas-administrativas que ha señalado la ASF, las cuales son el fallo de los pagos de nómina al personal y servicios para atender las alertas de género. Además de esta falla constatada por la ASF, desde MCCI revisando los datos abiertos del Anexo 13, el cual es el destinado a promover la igualdad entre mujeres y hombres, notamos que existen diversas inconsistencias con lo que se aprueba, lo que las entidades federativas reportan que gastan y lo que se les paga a estos. En la siguiente gráfica se visibilizan las cuestiones antes mencionadas con datos desde el 2017:  

De la anterior gráfica, varias cosas son preocupantes: que los datos abiertos del presunto de la AVGM solo estén disponibles a partir del 2017, la discrepancia del dinero reportado por las entidades y lo que se pagó, que no se ejerza nunca el dinero aprobado con respecto al que se reporta que usan y que en el 2021 no exista registro de lo pagado en los datos abiertos del Anexo 13.  

El hecho de que no se ejerza nunca el dinero nos señala los problemas que hemos apuntado, el más importante: la falta de planeación y con ello, de acción. En cinco años que se destinando de manera recurrente dinero para atender las AVGM no se han usado nunca el 100% de los recursos, esto a pesar de que los estados proponen un plan de trabajo que elaboran de la mano de un grupo multidisciplinario, además de contar con ayuda de la CONAVIM e InMujeres para lograrlo. Además, no han habido indicios de querer mejorar dicha planeación o de tener herramientas para que el dinero pueda llegar de manera óptima a las entidades

 que lo requieran como lo solicitaron. 

Asimismo, es importante señalar que a través de una solicitud de acceso a la información la Conavim resolvió que antes del 2016 no había existido financiamiento para las alertas de género, a pesar de que entre 2015 y 2016 se declararon seis alertas de género en diferentes entidades. Además, el Instituto Belisario Dominguez en su informe «El financiamiento de la Alerta de Violencia de Género: entre la austeridad federal y las omisiones locales», reporta que sí existió un financiamiento de las Alertas de Género, inclusive desde 2014:

Más allá de contradecir la información proporcionada por la Conavim mediante una solicitud de acceso a la información y representar un problema más de la opacidad de los recursos públicos en México, la poca transparencia de los recursos destinados a erradicar, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres cuesta que 10 mujeres en todo el país pierdan la vida a causa de la violencia y aproximadamente 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH).

La falta de mecanismos oportunos, así como el no cumplimiento del uso de los recursos asignados crean una simulación de atención a la violencia de género que viven las mujeres en el país diariamente, esto permite que se sigan crean condiciones para que las y los políticos no atiendan los compromisos a los cuales se comprometieron y continúen manteniéndose impunes y permitiendo que en el territorio mexicanos las mujeres sigan estando constantemente violentadas.