La Secretaría de Marina otorgó contratos para realizar obras en el puerto de Tampico a empresas en las que ha participado Christian Julián Cazarín Meza, empresario mexicano que se declaró culpable en Estados Unidos por participar en una trama de corrupción para pagar sobornos a funcionarios relacionados con Pemex y ocultar el dinero mediante empresas fachada y cuentas bancarias en México y el extranjero.
Los contratos de la Marina fueron otorgados en 2024 y 2025, cuando Cazarín ya había comparecido ante una corte federal de Nueva York y se había declarado culpable de conspirar para violar la legislación estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero.
Una de las empresas beneficiadas fue Constructora Terco, de la que Cazarín fue socio fundador mayoritario. Actas inscritas en el Registro Público de Comercio muestran que en 2020 poseía 80% de las acciones de la compañía. Su participación empresarial se mantuvo durante los años siguientes y en mayo de 2025 fue designado administrador único.
El 12 de julio de 2024, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico (ASIPONA), dependiente de la Secretaría de Marina, contrató a un consorcio integrado por Constructora Terco y Servicios y Soluciones La Heroica para realizar trabajos de “Mantenimiento a Bodegas Campo A”. La adjudicación había ocurrido dos días antes y el contrato ascendió a 21 millones 226 mil pesos, incluido el IVA.
Menos de un año después, otra empresa relacionada con Cazarín apareció junto con Terco en una contratación de la misma ASIPONA. El 3 de abril de 2025 fueron adjudicados a Insumos y Comercializadora del Sureste Aspac y Constructora Terco trabajos de mantenimiento en las bodegas 10 y 14 del puerto de Tampico, por 11 millones 887 mil pesos, incluido el IVA.
En conjunto, los dos contratos otorgados por ASIPONA Tampico sumaron 33 millones 114 mil 260 pesos.
Documentos mercantiles muestran que Cazarín aparece desde la constitución de la compañía Aspac, en octubre de 2020, y posteriormente recibió poderes de ésta. La empresa nació además con un objeto que incluía el transporte nacional e internacional de mercancías peligrosas, entre ellas hidrocarburos.
La contratación de sus empresas adquiere relevancia por el lugar en el que ocurrió. El puerto de Tampico quedó en el centro de una de las principales investigaciones federales sobre contrabando de combustible, luego de que el 19 de marzo de 2025 atracó ahí el Challenge Procyon, el buque procedente de Texas cuyo aseguramiento destapó el escándalo del huachicol fiscal.
Las investigaciones realizadas a partir del decomiso de 10 millones de litros del buque revelaron, según las autoridades, una estructura en la que participaron empresarios, agentes aduanales y elementos de Marina. Entre los implicados aparecen el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En los testimonios incorporados a la investigación también surgieron referencias a Adán Augusto López Hernández y a un “hijo del Presidente”. La defensa de los hermanos Farías ha relacionado esa referencia con el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán.
Fue precisamente en ese puerto donde la ASIPONA había contratado a Terco en julio de 2024. Y el 3 de abril de 2025, apenas dos semanas después del arribo del Challenge Procyon, adjudicó a Terco y Apasc el contrato para el mantenimiento de las bodegas 10 y 14.
Para entonces, Christian Julián Cazarín Meza ya era un personaje conocido por la justicia estadounidense. El empresario, vinculado con Terco y Apasc, se había declarado culpable desde el 27 de octubre de 2023 de participar como intermediario en una trama de sobornos a funcionarios relacionados con Pemex.
El operador de los sobornos con Peña y AMLO
El caso que llevó a Cazarín ante la justicia estadounidense se originó en una trama de corrupción de Vitol, una de las mayores comercializadoras de combustibles del mundo, para obtener ventajas en negocios con Pemex.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que Cazarín participó en un mecanismo utilizado para hacer llegar dinero de Vitol a Gonzalo Guzmán Manzanilla y Carlos Espinosa Barba, funcionarios de Pemex Procurement International (PPI), filial de Pemex ubicada en Texas, encargada de adquisiciones internacionales.
El esquema comenzó a operar en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y continuó después del cambio de administración. Los documentos judiciales estadounidenses muestran que los pagos a funcionarios vinculados con Pemex siguieron durante 2019 y al menos uno de ellos llegó hasta enero de 2020, ya en el sexenio de López Obrador.
A cambio del dinero, Guzmán y Espinosa proporcionaron información confidencial sobre procesos de contratación. Entre los negocios obtenidos por Vitol estuvo un contrato suscrito en junio de 2018 para suministrar a Pemex al menos 540 mil toneladas de etano líquido, con un valor aproximado de 230 millones de dólares.
La Fiscalía estadounidense documentó al menos siete pagos para beneficio de Guzmán por aproximadamente 371 mil 466 dólares, efectuados entre octubre de 2017 y enero de 2020, y ocho para Espinosa por alrededor de 255 mil 895 dólares, entre octubre de 2017 y septiembre de 2019.
De Curazao a México
El dinero destinado a los sobornos siguió una ruta para dificultar su rastreo. Desde Vitol era transferido a Lion Oil BV y Zanza Oil BV, sociedades controladas por una ciudadano neerlandés de nombre Lionel Hanst que operaba cuentas en Curazao. Posteriormente los recursos llegaban a México a través de empresas utilizadas para recibir, ocultar y distribuir los pagos.
La acusación contra Cazarín identifica cinco empresas mexicanas, pero mantiene reservadas sus razones sociales y las denomina simplemente como “Shell Company”, término que suele aplicarse a empresa “fantasma” o sin operaciones. Los documentos judiciales describen transferencias entre esas compañías y posteriores depósitos en cuentas utilizadas para beneficio de los funcionarios o sus familiares.
Para justificar los movimientos se utilizaron contratos y facturas que la Fiscalía estadounidense considera falsos. Parte del dinero también fue entregado en efectivo y los participantes recurrieron a comunicaciones cifradas y palabras en clave.
Ese mecanismo para borrar el rastro de los sobornos quedó expuesto en el proceso judicial seguido en Estados Unidos contra Javier Aguilar, exdirectivo de Vitol sentenciado este lunes 21 de septiembre por una trama internacional de corrupción y lavado de dinero que involucró a funcionarios de México y Ecuador.
La acusación contra Cazarín identifica cinco empresas mexicanas, pero mantiene reservadas sus razones sociales y las denomina simplemente como “Shell Company”, término que suele aplicarse a empresa “fantasma” o sin operaciones. Los documentos judiciales describen transferencias entre esas compañías y posteriores depósitos en cuentas utilizadas para beneficio de los funcionarios o sus familiares.
Para justificar los movimientos se utilizaron contratos y facturas que la Fiscalía estadounidense considera falsos. Parte del dinero también fue entregado en efectivo y los participantes recurrieron a comunicaciones cifradas y palabras en clave.
Ese mecanismo para borrar el rastro de los sobornos quedó expuesto en el proceso judicial seguido en Estados Unidos contra Javier Aguilar, exdirectivo de Vitol sentenciado este lunes 21 de septiembre por una trama internacional de corrupción y lavado de dinero que involucró a funcionarios de México y Ecuador.
Negociaban sobornos en clave por WhatsApp
Las comunicaciones incorporadas como evidencia al proceso permiten reconstruir cómo comenzó la negociación. En agosto de 2017, Carlos Espinosa Barba y Gonzalo Guzmán Manzanilla, entonces funcionarios de PPI, intercambiaron mensajes de WhatsApp mientras discutían la entrega a Aguilar de información confidencial de Pemex. Los fiscales mostraron al jurado un mensaje en el que Espinosa preguntó a Guzmán: “Pero la caja registradora debería empezar a sonar a partir de ahora, ¿no?”.
Interrogado durante el juicio sobre el significado de aquella frase, Espinosa explicó que estaba diciendo a Guzmán que, si comenzaban a proporcionar a Aguilar información confidencial que los comprometía, éste tendría que empezar a pagarles de inmediato. Los mensajes mostrados al jurado incluían una conversación sobre la impresión de una presentación interna de Pemex para entregársela a Aguilar. La información proporcionada por los dos funcionarios permitió a Vitol conocer datos internos sobre los procesos de contratación en los que pretendía participar.
La negociación avanzó con un lenguaje en clave. Aguilar y sus colaboradores utilizaron cuentas de correo con identidades falsas y se referían a los sobornos con las palabras “zapatos”, “medicina”, “receta”, “invitaciones” y “café”, según consta en los documentos del Departamento de Justicia. En las conversaciones llegaron a llamar “gringo” a cada mil dólares y “dulces para la fiesta” al dinero que esperaban recibir
El expediente permite seguir algunas operaciones casi paso por paso. El 19 de diciembre de 2017, por ejemplo, Cazarín escribió a Guzmán mediante WhatsApp cifrado para preguntarle si lo esperaba con parte de la “medicina” o si debía enviarla por otra vía. Enseguida precisó las cantidades con otra clave: “Son 416 mexicanos. Alrededor de 21 gringos en la fiesta”, en referencia a las cantidades a pagar.
Luego, el 16 de marzo de 2018, los involucrados en la trama hicieron transferir aproximadamente 42 mil 695 dólares desde la cuenta en México de una de las empresas fantasma hacia una cuenta estadounidense controlada por Guzmán. Tres meses después, el 15 de junio, el funcionario de Pemex preguntó a Cazarín por WhatsApp si podía conseguir que le llevaran “unos cinco pares de zapatos”. El 11 de julio, Cazarín le informó que ya había sido enviada una “receta” y que, según le habían dicho, sería surtida en los siguientes días. Cinco días después volvió a escribirle: “La primera receta está lista” y agregó que estaría disponible después de las cuatro de la tarde.
El expediente registra enseguida movimientos bancarios. El 19 de julio de 2018 fueron transferidos aproximadamente 741 mil pesos entre dos cuentas mexicanas de empresas utilizadas en el esquema. Ese mismo día, salieron 37 mil dólares de una de esas cuentas hacia otra en Estados Unidos controlada para beneficio del otro funcionario de Pemex. La secuencia se repitió en octubre: el día 30 se transfirieron alrededor de 900 mil pesos entre dos de esas empresas y el 31 se realizaron otras dos operaciones por 642 mil 333 y 875 mil 647 pesos. Ese mismo día fueron enviados 76 mil dólares en dos tandas a los beneficiarios de los sobornos.
Uno de los documentos más reveladores apareció casi un año después. El 18 de octubre de 2019, Cazarín envió por WhatsApp a Guzmán un documento cifrado denominado “G.1050 invitations”, en el que aparecían cuatro cantidades que habían sido “distribuidas en México” y en Texas. Después le pidió revisar la distribución de las “invitaciones”, una de las palabras utilizadas para encubrir los sobornos.
Obtuvo contratos a la par que negociaba sobornos
Casi a la par que fungía como intermediario de sobornos para funcionarios de Pemex, Christian Julián Cazarín Meza empezó a obtener millonarios contratos en el gobierno de Veracruz, durante la administración del morenista Cuitláhuac García.
Su empresa Constructora Terco obtuvo o participó en contratos de distintas dependencias estatales por más de 111 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales revisados para esta investigación. Entre las dependencias contratantes estuvieron la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Veracruzano de la Vivienda y los Servicios de Salud de Veracruz.
Los beneficios otorgados por el gobierno veracruzano continuaron incluso después de que Cazarín fue acusado penalmente en Estados Unidos. El 27 de junio de 2024, ocho meses después de que se abrió el proceso en su contra ante una corte federal de Nueva York, la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz concedió a Constructora Terco una autorización condicionada para la recolección y transporte de residuos de manejo especial, con vigencia de doce meses.
El permiso, identificado como SEDEMA/TRME-CTE130624HB2-2023/0036, facultó a la compañía para recolectar y transportar, entre otros materiales, lodos de plantas de tratamiento, residuos de construcción y demolición, metales ferrosos y residuos generados por actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias.
