El jueves 16 de febrero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO) tomó protesta a las siete personas que conforman el Comité Técnico de Evaluación, quienes darán seguimiento a las candidaturas para ocupar las vacantes de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Los nombramientos fueron realizados solo con los votos a favor de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. El resto de los partidos se abstuvieron o votaron en contra.
De acuerdo con la convocatoria que había sido aprobada de manera unánime por todos los partidos políticos para este proceso, las designaciones del Comité Técnico deben «garantizar los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo». Sin embargo, no deja de llamar la atención que los perfiles que han sido aprobados por la coalición de gobierno —en particular los 3 nombramientos impulsados por la propia JUCOPO— tienen vínculos notorios con el presidente y el partido en el poder, derivados de cargos públicos, encomiendas presidenciales o empleos partidistas.
En MCCI expresamos nuestra preocupación por estos hechos. Hay que decirlo: la cercanía de algunos miembros del Comité Técnico con el gobierno en turno compromete la imparcialidad en el proceso de selección para Consejeros Electorales nacionales. Una selección de candidatos a modo para conformar las quintetas que se presentarán al Congreso representaría otro ataque desde el gobierno federal a la labor del Instituto Nacional Electoral.
Hacemos un llamado a las siete personas que integran el Comité Técnico para que lleven a cabo un trabajo apegado a la ley, con profesionalismo, objetividad y transparencia. Es su obligación frente a la ciudadanía que se hagan públicos los criterios de evaluación, así como los resultados de cada una de las fases de revisión documental, verificación de conocimientos y entrevistas de los participantes. Desde la sociedad civil cumpliremos nuestra labor de vigilarlas.
Varias generaciones de mexicanos lucharon por lograr una democracia autónoma y ciudadana. Es labor del Comité Técnico demostrar que hay condiciones para asegurar que la selección de Consejeras y Consejeros garantice la autonomía y el funcionamiento de su principal institución. Una cosa es clara: el INE no puede pertenecer al partido del gobierno porque eso comprometería fundamentalmente su capacidad como árbitro electoral.
Desde hace unos años, el gobierno en turno ha intensificado sus ataques contra el INE. Más que una reforma, el gobierno parece buscar un sabotaje. Más que en la transformación, este gobierno parece empeñado en concentrar de nuevo todo el poder en manos del Ejecutivo. Sin embargo, es todavía momento de revertir esta trayectoria. No hay que olvidar que serán las generaciones futuras las que tendrán que enfrentar lo que suceda durante los próximos meses con la democracia en México.
