De forma recurrente surge la pregunta —o la molestia— sobre por qué las mujeres hacemos tanto ruido el 8 de marzo. Como si los datos de violencia, desigualdad económica y laboral —además de la imposición continua y sistematizada de los estereotipos de género— no fueran suficiente reclamo para que hordas de mujeres salgan a marchar. Marchamos también por la reivindicación de nuestros derechos más básicos: vivir seguras, recibir un salario digno, poder conciliar las responsabilidades laborales con el desarrollo personal, tener certeza de poder acceder a las mismas oportunidades que cualquier otra persona, más allá de nuestras condiciones particulares de vida.
Además de esto, también empezamos a reconocer que la corrupción afecta a las mujeres de formas particulares y diferenciadas. Este impacto distinto invariablemente nos lleva a un ciclo pernicioso donde —de nuevo— se ejerce violencia, se propicia la desigualdad en el acceso a los derechos y se refuerzan los estereotipos de género mediante el ejercicio de actos de autoridad ilegales.
La última publicación de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), publicada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información (INEGI), reporta la frecuencia con la que hombres y mujeres participamos o somos víctimas de actos de corrupción. En este último ejercicio, realizado con datos de 2019, señaló que por cada 100 000 habitantes, un total de 10 798 mujeres experimentaron actos de corrupción, frente a los 21 238 hombres que también lo hicieron.
De acuerdo con la misma encuesta, cada acto de corrupción experimentado por la población en México tuvo un costo aproximado de 3822 pesos. Esta cantidad representa un promedio para mujeres y hombres, pero su impacto resulta más significativo cuando lo ponemos en el contexto de la brecha salarial registrada para México, donde se estima que las mujeres ganan en promedio entre 27 y 33% menos que los hombres. En contextos de pobreza o marginación, la brecha puede ser aún más grande. La gravedad del asunto no sólo radica en la frecuencia con la que las mujeres se enfrentan a la corrupción o en el costo asociado a estos enfrentamientos. Es particularmente grave por las implicaciones de la corrupción en sus vidas, que pueden resultar mayores por las condiciones de su entorno.
Haciendo un ejercicio rápido —usando datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI— en 2020 las mujeres en México percibían en promedio un ingreso trimestral de 14 860 pesos. En un año, el ingreso de una mujer era en promedio de 59 440 pesos. Asumiendo que una mujer se enfrentara a un sólo acto de corrupción durante ese mismo periodo, y que pagara el costo promedio establecido en la ENCIG de 3822, perdería el 6.4% de sus ingresos anuales. Este porcentaje podría agravarse si se toman como referencia los datos de ingresos promedio trimestrales de mujeres con hijos, mujeres indígenas, mujeres con educación básica o mujeres jóvenes, cuyos ingresos trimestrales podrían ser de apenas 4012 pesos cada tres meses o aún menos.
Los efectos diferenciados de la corrupción no paran en las implicaciones económicas. Las mujeres además se enfrentan de forma recurrente a la corrupción en la forma de violencia sexual. En 2019 el Barómetro Global de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, reportó que una de cada cinco mujeres habían sido víctimas de extorsión sexual. La sexualidad de las mujeres, entonces, se utiliza como moneda de cambio para acceder a servicios públicos básicos, como salud, educación, vivienda o trabajo.
Los datos existentes sobre extorsión sexual son generales y no permiten conocer el tipo específico de extorsión sexual a la que se ven expuestas las mujeres. No es posible determinar si se trató de atentados contra la intimidad sexual, de hostigamiento sexual, de acoso sexual o de violación; tampoco existe información específica sobre los servicios públicos relacionados a estas prácticas de extorsión sexual. Igualmente, hay una carencia de información sobre la incidencia de extorsión sexual en el sector privado.
La discusión sobre los efectos de la corrupción en grupos vulnerables tiene un trecho importante que recorrer para conocer de forma específica quiénes sufren la corrupción, por qué causas y con qué implicaciones. El día de hoy, no contamos con los datos necesarios para responder con cabalidad a la pregunta de cómo es que la corrupción agrava los diferentes tipos de violencia a los que se enfrentan las mujeres. Entender las formas en las que la corrupción profundiza la precariedad de las condiciones de vida de las mujeres es todavía un asunto pendiente en la agenda para alcanzar la igualdad.
Más allá de los datos faltantes o por identificar, es necesario reconocer de forma inmediata que la corrupción tiene efectos diferenciados en hombres y mujeres, así como tomar acciones concretas para evitar la profundización de las brechas que enfrentamos las mujeres y los grupos vulnerables en el ejercicio de nuestros derechos.
Carla Crespo
Abogada, colaboradora de Transparencia Mexicana y emprendedora en temas de activación física
