Podemos afirmar que el contexto de violencia contra la prensa es generalizado desde hace más de 10 años. Los números de homicidios y desapariciones así lo reconoce. Sin embargo, hoy contamos con un elemento que atiza el contexto adverso para el periodismo independiente: El presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente utiliza —de manera continua— la tribuna presidencial para atacar, denostar, mofarse o calumniar a periodistas y medios de comunicación que no son aplaudidores profesionales. Hasta el 22 de febrero de 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha sido atacado en 112 ocasiones desde el megáfono presidencial.
La narrativa polarizante de López Obrador ha colocado en el centro de la discusión pública el papel del periodismo en México. Los ataques presidenciales van solapados de feroces ataques de sus seguidores; y, por el otro lado, los actores anti-gobierno pregonan constantes insultos del mismo calibre. Lo preocupante es que hoy vivimos en un país partido a la mitad y sin puentes de diálogo o debate sano entre las partes. Una turbulencia que al final no ayuda a nadie en el país.
El presidente López Obrador se equivoca en su cálculo cuando decide atacar a los medios de comunicación y periodistas. El siendo tan buen y hábil comunicólogo, no necesitaría referirse peyorativamente a periodistas quienes, —guste o no guste— tienen todo el derecho de hacer periodismo conforme su línea editorial.
Para contrarrestar, el presidente decidió faltar a su promesa de campaña y omitir la regulación de la publicidad oficial, es decir, el dinero que gasta el gobierno para comprar espacios en medios de comunicación. El ejemplo más representativo es La Jornada, que recibió81contratos en 2021 por un monto de 185 millones 229 mil270 pesos. La historia se repite: Pareciera que el presidente tiene claro que hay que inyectar dinero a sus medios aliados.
Desde antes de la llegada de López Obrador, afirmé que el ecosistema de medios mexicano requería de una profunda transformación. La cercanía al poder político siempre distorsionó el quehacer periodístico real. Aún tenemos grandes pendientes: la profesionalización del periodismo, nuevas y mejoras en las condiciones laborales, nuevas facilidades para modelos de negocios, mayor cercanía con la audiencia, el fortalecimiento de los medios públicos, entre muchas otros aspectos que deben de reformarse urgentemente.
Con Los ataques del presidente contra Carlos Loret de Mola —luego de la publicación de la investigación periodística de MCCI y Latinus “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO”— constituyen un pésima señal para el ya de por sí precario contexto de seguridad para hacer periodismo en México. Puede uno estar de acuerdo o no con la trayectoria de Loret de Mola, pero aplaudir los ataques presidenciales contra un periodista es un síntoma más de lo desquebrajado que está el gremio en México.
El periodismo no es infalible. En todos los medios —aún en los de mayor prestigio— se pueden cometer errores y los medios deben rectificar la información. En el caso de la “Casa gris” el reportaje no ha sido desmentido de manera creíble sobre un posible conflicto de intereses entre el hijo del presidente de México y Baker Hughes sigue sin ser aclarado. No sobra resaltar que los reporteros que firmaron la investigación en ningún momento aseguran que hay conflicto de intereses o algún otro delito. Esa competencia es exclusiva del ministerio público. Hasta donde llega el periodismo es explicar con la información disponible (contratos celebrados entre Pemex y Baker Hughes, la confirmación de que el hijo del presidente vivió en la casa de un empleado de esa empresa, mientras los contratos crecían) lo que aparenta ser un conflicto de intereses.
Una vez más: el reportaje no ha sido desmentido, ha sido descalificado con una lista larga de adjetivos por los defensores del presidente, pero no desmentido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no es un ciudadano común y corriente. Su ejercicio de la libertad de expresión no puede ser otro que el del Presidente de la República. Sus palabras, dichos, ideas y expresiones tienen un efecto directo entre sus gobernados. La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha confirmado que el umbral de libertad de expresión de los servidores públicos es diferente al resto de la población.
En un país de estridencias es difícil escuchar a alguien que sostenga una idea diferente a la nuestra. En ese punto estamos en México. Gritos por doquier y nulo diálogo y debate que ayude a construir un mejor México. La legitimidad y el apoyo hacia el presidente es innegable, eso es de celebrase. Sin embargo, la crítica hacia el presidente también es parte importante de la democracia. La opinión de todos esos millones de electores que no están de acuerdo con su política es igual de importante.
Mientras el presidente ataca medios y periodistas, la violencia sistémica y generalizada contra la prensa se afianza en nuestro país. No es una crisis que haya comenzado con AMLO, pero sí se ha apuntalado en los años recientes; y ahora le toca a el, como gobierno federal, atender las causas de esta añeja violencia.
Me parece elemental afirmar: el gobierno federal no puede detener la violencia contra la prensa. Y no la puede detener porque la crisis de seguridad pública e impunidad que afecta a toda la sociedad. ¿Podría el gobierno federal llevar a cabo mayores esfuerzos para garantizar un mejor clima para hacer periodismo? Sí, sí podría. Pero vamos por partes.
La ola de violencia sistémica contra la prensa comenzó en 2006 con la abierta “guerra contra el narco” del presidente Felipe Calderón. Durante varios años organizaciones de la sociedad civil, y algunos grupos de periodistas, buscamos la creación de instituciones especializadas para la protección de periodistas y comunicadores. En esos momentos volteamos a revisar lo que se hacía en Colombia en la materia. Se podía aprender mucho del país sudamericano toda vez que la crisis de violencia contra la prensa que padecieron por mucho tiempo tenía elementos semejantes a nuestra realidad nacional.
Y así fue. Exportamos: El Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Se debe de reconocer como un gran logro de la sociedad civil su creación el 25 de junio 2012, inclusive con presupuesto para ejecutar medidas a favor de periodistas en riesgo. Sin embargo, años después, el fracaso del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se explica por dos cosas: 1. El catálogo de medidas de protección que pueden otorgar que no sirven absolutamente de nada; por ejemplo: el botón de pánico. 2. La incapacidad burocrática para actuar de manera rápida ante la urgencia en cualquier parte del país.
Está claro que las medidas de protección solo podrían ser temporales y una solución duradera es castigar a los perpetradores.
Por otra parte, el 5 de julio de 2010 se creó la Fiscalía para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). La idea detrás de esta fiscalía especializada era que dotarla de un marco jurídico amplio, (reforma al artículo 73 de la Constitución) que permitiera investigar los homicidios de periodistas en todo el país, se cambiaría el paradigma de la impunidad. La FEADLE tiene un 1% de resolución de casos que tienen que ver con violencia grave contra la prensa. A pesar de que nos cuesta millones de pesos al año, la FEADLE, a cargo de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, es una institución que indirectamente afianza la impunidad en los casos de homicidio y desaparición de periodistas. Su inacción tiene graves consecuencias; al Fiscal Gertz Manero y al presidente parece no importarles este.
Hoy a casi dos décadas de su creación, podemos afirmar que nos equivocamos. Las instituciones creadas no cumplieron sus propósitos y tendrían que ser modificadas de manera profunda para atender una realidad lacerante para el periodismo en México.
El gobierno federal y los locales tienen una importante responsabilidad para proveer un contexto de seguridad favorable para ejercer el periodismo. Sin embargo, la responsabilidad es compartida y los otros elementos necesarios también están ausente. Veamos:
- Los medios de comunicación son incapaces de hacer un frente común para defender el periodismo. Su incapacidad descansa en que sus intereses meta periodísticos toman prioridad. Es decir, si el presidente ataca a Reforma de manera constante, lo óptimo sería un frente de medios de comunicación que demande respeto y seguridad, no por defender a Reforma, sino porque hoy es Reforma y después puede ser otro.
- Esa desunión baja hasta los reporteros, reportaras, camarógrafos y fotógrafos quienes a pesar de estar en la primera línea y en un alto grado de vulnerabilidad, son incapaces de demandar como un frente firme mejores condiciones ante sus empleadores y de no impunidad ante las autoridades.
- A pesar de que los números de homicidios de periodistas se incrementan constantemente, este hecho parece no mermar dentro de la sociedad mexicana. Parecería que esta situación no afecta de ninguna manera el derecho a la información de la población en general. Y esto es completamente falso. Mientras la sociedad no defienda a sus informadores y estos estén del lado del interés público de la información, será difícil crear una sociedad que defienda a quienes nos informan diariamente.
La crisis de violencia en el país y la perorata de violencia y descalificación del presidente son dos elementos que dibujan un futuro sombrío para el periodismo mexicano. Se equivoca el presidente cuando cree que los periodistas deben estar en algún bando del espectro político. No dudo que los haya, pero el periodismo de calidad que este país necesita —y que al gobierno le incomoda— es necesariamente independiente. Sugerir desde la tribuna presidencial que un periodista o medio está en contra de un movimiento o de un grupo amplio de la sociedad coloca al periodista en un mayor grado de vulnerabilidad.
Director durante 10 años de Artículo 19 en México y actualmente director de Comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
