Tres características hacen de la corrupción un tema difícil de abordar. Es mucho más fácil describirla o ejemplificarla que definirla. Es más fácil esconderla que exhibirla y es más fácil exhibirla que probarla.
Otras tres la hacen dura de matar. Un sistema que la lleva como parte de su ser, como sello de la casa. Dice Sarah Chayes y dice bien que la corrupción, “más que un problema para el gobierno es una forma de gobernar”1. Los incentivos para practicarla. Las bajas probabilidades de ser castigada.
Así que no, no está fácil ya no digamos erradicarla sino moderarla.
La corrupción es sistémica no sólo porque está en todas partes –sector público, sector privado, ciudadanía- sino porque es parte de la forma de operar del entramado institucional público y privado. Es, por decirlo de alguna manera, un modo de vida: permea casi la totalidad del cuerpo político y, también, el social. No se trata sólo de actos de corrupción cometidos por individuos aislados. La corrupción alcanza el nivel de norma social: de una creencia compartida de que usar el cargo público (o la posición de poder en caso de los privados, agregaría yo) para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o a los amigos es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual.2
Además, están los incentivos.
Un marco que describe sus muchas modalidades, sus múltiples consecuencias y algunas medidas para combatirla. Se parte de la base de que la corrupción puede evitarse si la dejamos de hacer rentable y para ello no hay más remedio que prevenirla, denunciarla y castigarla. Podemos demostrar que sus consecuencias son negativas para la economía, para la política y para la sociedad, pero si persiste es porque alguien se beneficia.
El ciudadano y la autoridad en México se enfrentan diariamente a elecciones entre las que deben optar.
¿Esperar días o meses para obtener una cita con el doctor del sector salud o sobornar al encargado de otorgar los turnos?
¿Quedar sin siquiera poder competir o pagar por obtener información sobre los tiempos y requisitos de una licitación?
¿Denunciar al oficial corrupto que te dejo fuera de la licitación, que tu denuncia no prospere y quedar en la lista negra para todo el sexenio o callarte y esperar mejores tiempos?
¿Rebasar el tope de campaña, meter dinero ilegal a tu campaña, comprar medios para una mejor cobertura?
¿Mantener el precio de mercado y que tu competidor se lleve el contrato de la compra gubernamental o acceder a sobrefacturar los bienes y servicios que ofreces, aunque sepas que parte de ese dinero caerá en manos de algún funcionario?
¿Construir un edificio de cuatro pisos porque es lo que permite el plan de desarrollo urbano de la zona o darle un “pago extra oficial” a la autoridad competente para construir seis pisos más?
¿Correr el riesgo de que te cierren el restaurante porque el extinguidor está 5 cm fuera de lugar o pagar el derecho de piso que cobran los delegados por dejarte operar?
¿Denunciar a tu oficial mayor porque sabes que está pasando información privilegiada a una empresa o voltear la cara y mantener tu empleo?
¿Pisar la cárcel o sobornar al juez?
Cuando se enfrentan estos dilemas no desde un punto de vista ético sino del beneficio personal (incluida la avaricia), está claro que por interés o por necesidad la opción a elegir es siempre la segunda: pagar para recibir un bien o servicio al que tendríamos derecho pero que sabemos que no lo vamos a recibir si no incurrimos en un acto de corrupción o pagar por un privilegio al que no tendríamos derecho si no va de por medio un soborno. Denunciar no es opción cuando de antemano se sabe que los delitos de corrupción alcanzan el 98% de impunidad.
Pero esta “elección racional” solo explica una parte del problema. Javier y César Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington o Roberto Sandoval no tenían que corromperse. Tampoco tenían que hacerlo las dependencias públicas y las universidades estatales que se prestaron para montar la trama de La Estafa Maestra. Lo hicieron porque quisieron y porque pudieron. Por avaricia y porque apostaban a salir impunes. Porque pudieron capturar o aprovecharse de las instituciones a su cargo y, como lo sugiere la frase de Chayes, porque su “concepción” de lo que es el ejercicio de gobierno supone la posibilidad de acceder a recursos mal habidos, al enriquecimiento personal y a privilegios ilimitados para cualquier fin: un yate, un patrimonio, un “cochinito para la campaña”, la compra de apoyos de un sindicato que te ayude a mantener la gobernabilidad.
En lo que no se repara es que esta opción distorsiona tanto al mercado como al Estado y todo lo que cabe dentro de estos dos conceptos: desde la competencia económica hasta los precios; desde la recaudación de impuestos hasta la cantidad y calidad de los servicios públicos; desde las elecciones hasta el desempeño de los representantes; desde la confianza en las instituciones hasta el aprecio por el régimen democrático; desde la seguridad hasta la justicia; desde los medios hasta la cultura.
Es difícil cuantificar con alguna precisión los costos de la corrupción, pero sabemos que en el agregado sale muy muy cara. Los cálculos sobre el costo económico de la corrupción van desde el 2 hasta el 10% del PIB. Si se toma el promedio de esta estimación -5% del PIB de 2017- se alcanzaría la estratosférica cifra de $1,082,267 millones de pesos. No desdeño esta cifra cuyo cálculo es, hay que decirlo, incierto, pero me atrevo a decir que esto no es lo más relevante.
Lo fundamental es lo que la corrupción y la impunidad le hacen a la competencia económica, a la competitividad, a la inversión, a los precios y a la desigualdad. La corrupción impide la libre competencia porque no permite que las empresas concurran al mercado en igualdad de circunstancias. Esto ocurre cuando de manera sistemática se deja fuera de la competencia a empresas que podrían proveer un bien con la misma calidad y a menor precio como es el caso de los medidores de luz, en los que una sola empresa mantiene el cuasi-monopolio en ese mercado. También ocurre en el sector de la salud como lo muestra un estudio de COFECE en materia de libre concurrencia y competencia sobre los mercados de medicamentos con patentes vencidas. Según el reporte, de resolverse los problemas de competencia en este sector, se evitarían a los consumidores gastos adicionales (sobreprecios) en medicamentos por 2.5 mil millones de pesos anuales. Tiene efectos negativos sobre la competitividad y la inversión entre otras cosas porque las empresas no cuentan con un marco jurídico que les dé certeza, porque los derechos de propiedad pueden ser vulnerados, porque la propiedad intelectual no está garantizada y porque los pagos extra oficiales aumentan los costos de producción. Además, según el reporte del WEF (2014), los sobornos aumentan 10% el costo de las transacciones.
Otro efecto difícilmente cuantificable pero presente en las sociedades con mayores índices de corrupción es el de los dos principales servicios públicos que recibe la ciudadanía: la educación y la salud. Hay una correlación entre bajos niveles educativos y bajos indicadores de salud con altos índices de percepción en la corrupción.
La corrupción contribuye a la desigualdad: mientras que un hogar que recibe el ingreso anual promedio en México destina 14% a costear gastos de corrupción, los hogares que perciben un salario mínimo destinan el 33%. En palabras más simples, la corrupción representa un impuesto regresivo considerable.
La corrupción también distorsiona la política: desde el acceso al poder hasta el ejercicio del mismo. No hay competencia electoral que no esté viciada de inicio en relación al origen y al monto de los recursos. La ley se viola para llegar al cargo sobre todo si éste es de elección popular. La ley se vuelve a violar una vez que se llega al puesto por los compromisos adquiridos en campaña, los propios o los del jefe. Con la cantidad de dinero ilegal que entra a las campañas, los funcionarios electos y sus equipos asumen el cargo con deudas muy pesadas.
Agréguele a este hecho la baja probabilidad de que te sorprendan, te denuncien, te procesen y te castiguen y el escenario está listo para ocupar un lugar nada decoroso (135 de 180) en el Índice de Percepción de la Corrupción (TI-2017), un puntaje reprobatorio (35 de 100 posibles) y un Índice de Estado de Derecho (World Justice Project 2017-2018) que ubica a México entre los 20 países donde los servidores públicos son más corruptos junto con Pakistán, Afganistán, Liberia y Venezuela, entre otros (ocupa el lugar 92 de 113).
La respuesta más simplona pero creo la más certera a por qué tenemos los niveles de corrupción que tenemos es: porque se puede. El problema es que la corrupción –como casi todo- se reparte de manera desigual. Algunos viven atrapados por la corrupción mientras que otros viven de la corrupción. En efecto, la corrupción tiene un precio, pero este no es fijado por la oferta y la demanda sino por la necesidad que impone un sistema que la alienta y la tolera, por la posibilidad de abusar que éste alberga y por la inexistencia de un sistema de justicia que la castigue.
Igualmente, la respuesta más simplona pero más certera a los problemas de la corrupción y la impunidad es que pueden evitarse si las dejamos de hacer rentables. Podemos demostrar que sus consecuencias son negativas para la economía, para la política y para la sociedad, pero si persiste es porque alguien, o muchos, perciben en ellas más beneficios que costos.
La corrupción parece inevitable en el contexto en el que vivimos, pero no lo es. No es que nuestros valores sean muy distintos a los de otros pueblos, es que nuestras expectativas sobre el comportamiento de las autoridades y el funcionamiento de las instituciones es el que es: discrecional, opaco, clientelar, rentista, nepotista, selectivo e ineficaz. Quizá la mayoría de la población no tiene conciencia de ello, pero lo que se ha llamado la captura del Estado está en el corazón de una forma de hacer política que permite el uso y abuso del poder y de los recursos para fines particulares.
Ma. Amparo Casar
Investigadora del CIDE, analista político y presidente ejecutivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
1 Corruption is not so much a problem for governments as it is an approach to government.
2 World Bank, World Development Report, 2015: Mind, Society, and Behavior (Washington, DC: World Bank, 2015).
