Radiografía de los hallazgos de la ASF en el gasto de 2020

En las dos partes anteriores de esta radiografía se analizaron los resultados en términos generales de la auditoría a la Cuenta Pública de 2020 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), separando las irregularidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos subnacionales. Una vez definido el panorama que nos permitió identificar las principales instituciones, fondos y entidades en que hubo uso de recursos al margen de la ley, en esta tercera parte se detallan los principales resultados específicos de los entes fiscalizados y las irregularidades detectadas entre los principales programas y proyectos del Gobierno Federal.

Por Unidad de Investigación Aplicada de MCCI

TERCERA PARTE:

El detalle de las auditorías

  • Los 25 entes auditados con mayores irregularidades concentran el 70.7% de los daños a la Cuenta Pública de 2020.
  • En Insabi no  acreditó la recepción de 650 ventiladores con un costo de 920.4 millones, no acreditó la entrega de un millón de mascarillas por 40 millones y no proporcionó la documentación justificativa para la compra de 2,250 ventiladores más por 1,600.3 millones de pesos.
  • Segalmex tuvo irregularidades por 5,641 millones de pesos debido a que hubo numerosas inconsistencias en el ejercicio del programa Precios de Garantía.
  • Los principales programas y proyectos del Gobierno Federal suman 10,985 millones de pesos en irregularidades, el equivalente al presupuesto para Sedatu en el 2020.


En cuanto a los entes fiscalizados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizó el ejercicio del gasto de 496 diferentes entes públicos mediante 1,616 auditorías. Como resultado, se encontraron irregularidades en 298 de ellas, aunque los montos varían considerablemente. En consecuencia, este análisis se enfoca en aquellos casos que tuvieron la mayor cantidad de irregularidades. 

Irregularidades por entes fiscalizados

Como puede observarse en la siguiente gráfica, si dividimos las irregularidades determinadas por la ASF entre los entes auditados y seleccionamos los 25 casos con mayores montos de inconsistencias, encontramos que hay posibles daños a la Hacienda Pública desde los 581 millones de pesos hasta los 7,931 millones. En su conjunto, estas instituciones concentran 70.7% de todas las irregularidades. Tan solo los tres entes fiscalizados con mayores irregularidades suman probables daños al presupuesto por 16,780 millones. 

En primer lugar, la institución que presentó mayores problemas fue el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). En teoría, esta institución tiene la misión de garantizar atención y medicamentos gratuitos a toda la población. Sin embargo, la auditoría encontró que, al ejercer recursos para atender los efectos de la pandemia, 650 ventiladores con un costo de 920.4 millones no fueron entregados, que no se acreditó la entrega de un millón de mascarillas por 40 millones y que está pendiente la aclaración de los pagos por 1,600.3 millones de pesos para la compra de 2,250 ventiladores más. Además, este instituto sumó 4,874 millones en irregularidades por transferir estos recursos al Fondo de Salud para el Bienestar en detrimento de los convenios de salud con las entidades federativas.

En segundo lugar, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) tuvo irregularidades por 5,641 millones de pesos debido a que hubo numerosas inconsistencias en el ejercicio del programa Precios de Garantía. Segalmex realizó la adquisición y pagos de productos sin soporte documental, hizo pagos que excedieron los límites establecidos en las reglas de operación del programa, pagó servicios sin acreditar su realización, transfirió recursos fuera de la vigencia del contrato de servicios de fletes, perdió productos, no acreditó la entrada y salida de ciertos bienes, entre otras inconsistencias.

En tercer lugar, el Gobierno del Estado de Oaxaca tuvo irregularidades por 3,214 millones. Tales montos son resultado de diez auditorías sobre el ejercicio de los recursos federales por parte del Ejecutivo de la entidad. Los daños a la Hacienda Pública más grandes se deben al pago de salarios sin haber concluido la reasignación correspondiente y por no haber acreditado la recepción de medicamentos comprados durante el primer año de la pandemia. 

Ahora bien, la siguiente gráfica contrasta las irregularidades determinadas en las auditorías con las muestras auditadas. Como resultado, se puede observar que hay un número significativo de instituciones con alto porcentaje de inconsistencias como porcentaje de las muestras auditadas. De hecho hay diecisiete entes fiscalizados que tuvieron más de 50% de irregularidades del monto auditado. Incluso, el caso de Segalmex arrojó 22.6% más que la muestra que inicialmente se revisó. Además del caso de este órgano, el municipio de Empalme (Sonora),  el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, la U​​niversidad Tecnológica de Hermosillo y el municipio de Mazatlán (Sinaloa) presentaron irregularidades en todos los recursos investigados. 

Irregularidades en los programas y proyectos 

Algunos de los resultados más relevantes de las auditorías a la Cuenta Pública de 2020 revelan la gestión del Gobierno Federal sobre los principales programas y proyectos. Por tanto, en esta sección se analizan los resultados de dieciocho de los temas prioritarios de la actual administración. En su conjunto, las irregularidades de estos programas y proyectos suman 10,985 millones de pesos, el equivalente al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para el mismo año. 

Para entender a detalle cuáles son las razones que explican los montos de irregularidades antes señalados es necesario hacer una revisión de las auditorías de cada caso. En ese sentido, las auditorías de estos temas prioritarios para el Gobierno muestran los siguientes resultados. 

En cuanto a la gestión financiera de Segalmex y los recursos del Insabi para atender la pandemia, las irregularidades corresponden a las señaladas en la sección anterior debido a que corresponden con las dos instituciones con mayores irregularidades

Sembrando Vida, auditoría 311:

  • Se otorgaron apoyos económicos ordinarios bajo la modalidad de «entrega directa en efectivo» a 18,538 personas, por 243.8 millones, sin acreditar que sí se entregaron.
  • Se otorgaron apoyos a 19,743 personas, por 565.5 millones, sin proporcionar información que sustentara que los beneficiarios utilizaron los recursos para los fines correspondientes.
  • Se reportaron como ejercidos 81.0 mdp sin que se demostrara su uso.

La Escuela es Nuestra, auditoría 124:

  • Se estima un daño a la Hacienda Pública por 581 millones de pesos debido a que no se demostró el uso de los recursos para mejorar la infraestructura escolar en 1,686 casos.

Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, auditorías 339, 340, 356 y 359:

  • Se realizaron pagos sin la justificación correspondiente.
  • La ASF detectó pagos duplicados. 

Construcción del Tren Maya, auditorías 402, 403, 404, 405, 406 y 1527:

  • Se determinaron observaciones por 256.1 mdp, debido a que se pagó anticipadamente la elaboración de los proyectos ejecutivos considerados a precio alzado, los cuales debieron pagarse hasta estar concluidos y validados.
  • No se acreditó la metodología para la entrega, revisión y aprobación de los entregables que forman parte de los proyectos ejecutivos.
  • En los tramos 1 y 4 se generaron convenios modificatorios para la disgregación de los precios unitarios referente al suministro y colocación de durmientes y balasto, sin establecer alcances específicos y unidades de medida.
  • No se justificaron ni comprobaron diversos rubros considerados en los costos indirectos pactados en los contratos.
  • En los tramos 2 y 3 no se tramitó ni obtuvo, previo al inicio de los trabajos, la liberación total de los derechos de vía ni las manifestaciones de impacto ambiental.
  • Se comprobó que el FONATUR erogó 9,733.9 mdp, de los cuales no se reportaron 382.3 mdp en la Cuenta Pública.
  • Se detectó un pago por 650.1 mdp, sin que se cumpliera con la normativa presupuestal.
  • De los pagos de derechos de vía no proporcionó información que justificara el pago por los 11.8 mdp.
  • El monto de la inversión total estimada para el PTM entre 2019 a 2021, se incrementó 26.9% (37,963.6 mdp), al pasar de 141,020.8 mdp a 178,984.4 mdp.
  • En cuanto a la vertiente ambiental, se identificó que se carece de la definición de fuentes de financiamiento; de los costos aproximados de inversión destinados a las medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental, y de las fases o etapas en las que se pretende aplicar el monto reportado.
  • La MIA-R presenta múltiples inconsistencias.

Producción para el Bienestar, auditoría 321:

  • En este programa se realizaron pagos por 79.6 millones sin siquiera acreditar quién es el beneficiario. 
  • No se comprobó la entrega de 43.6 millones en apoyos a los productores agrícolas.

Construcción del bancos del bienestar, auditoría 65:

  • Hubo incrementos en el costo de la construcción por 118 millones debido a que se realizaron modificaciones por la falta de un proyecto ejecutivo. 

Construcción de la refinería de Dos Bocas, auditorías 438 a 444:

  • Se determinaron observaciones por 59.2 millones debido a
    • Diferencias entre los volúmenes estimados y los ejecutados;
    • Pagos de servicios profesionales sin acreditar su especialidad;
    • Pagos en exceso por el desmonte en zonas de selva;
    • Diferencias entre los productos pagados y la integración de matrices; y
    • Falta de licitaciones públicas.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, auditoría 309:

  • Se realizaron pagos por 22.6 millones a 1,575 adultos mayores que no presentaron la Clave Única de Registro de Población (CURP), aunque es indispensable según las reglas de operación.
  • Transferencias por un monto de 10.1 millones a personas que fallecieron antes de recibir los apoyos.
  • Además, se hicieron pagos de marcha por 10.2 millones de pesos, de los cuales no se acreditaron las defunciones.

Jóvenes Construyendo el Futuro, auditoría 394:

  • De la revisión efectuada, se encontraron pagos por 19.6 millones a 1,315 beneficiarios que también están inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro.
  • 252 beneficiarios recibieron pagos por 4.7 mdp aunque también están inscritos como tutores.
  • Se pagaron inscripciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 3.2 mdp correspondientes a 17,283 personas no registradas.

Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, auditorías 379:

  • Fueron transferidos 3.1 millones de pesos a 124 beneficiarios que tenían edades de entre 2 y 17 años. 
  • No se acreditó la entrega de los apoyos a 22 beneficiarios por un monto de medio millón.
  • 134 beneficiarios, quienes recibieron 3.4 millones, también fueron beneficiarios del programa de Tandas para el Bienestar
  • No se reintegraron 564 millones de la cuenta bancaria de la Secretaría de Economía.

Construcción del Tren Transístmico, auditorías 418:

  • Se encontraron diferencias entre los contratos pagados y la verificación de los bienes y servicios por 4.4 millones de pesos. 
  • Se encontraron diferencias entre los volúmenes pagados y los estimados en los contratos por 279 mil pesos. 
  • Se identificó el pago de adelantos por 20% del contrato sin que se hayan comenzado las obras. 

Construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, auditorías 69:

  • En este caso no se identificaron daños directos a la Hacienda Pública, pero se encontró que Sedena no reportó 20,243 millones de gasto del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar para este proyecto.

Por último, al comparar las prioridades del Gobierno con respecto a la muestra auditada se puede observar que, al igual que en la sección de entes auditados, Segalmex tuvo irregularidades por arriba de la muestra auditada. Además, otros programas y proyectos presentaron porcentajes importantes de irregularidades. En particular, la construcción de los bancos del bienestar y La Escuela es Nuestra tuvieron 63% y 49% de irregularidades respectivamente.

En conclusión, se identificó que 25 de los entes auditados carecen particularmente de mecanismos internos para evitar irregularidades en el ejercicio del gasto. En particular, es preocupante la gestión de entes como el municipio de Empalme (Sonora),  el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, la U​​niversidad Tecnológica de Hermosillo y el municipio de Mazatlán (Sinaloa) debido a que todos sus recursos analizados constituyen un probable daño a la Hacienda Pública. Además, se revisaron las irregularidades de los principales programas y proyectos más importantes del Gobierno Federal.