Hay muchos elementos problemáticos en la reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente envió al legislativo, y que ya fue aprobada por los diputados. Uno de los aspectos más peligrosos de estos nuevos cambios es que pretenden quitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de castigar a los candidatos y precandidatos que hagan trampa y violen la ley, pues la iniciativa de reforma elimina la posibilidad de sancionarlos con el retiro de la candidatura. Este retroceso sobrevive en el dictamen publicado por el senador de Morena Ricardo Monreal, por lo que el riesgo persiste. Para explicarlo en términos sencillos, esto equivale a que, de repente, a los árbitros de fútbol les quitaran las tarjetas rojas y amarillas y así tuvieran que pitar en un partido repleto de patadas, piquetes de ojos y golpes entre los jugadores.
Comparar las elecciones con el fútbol es una buena herramienta para imaginar las consecuencias de esta reforma propuesta desde el poder. En ambas arenas hay una competencia en la que los bandos buscan hacer todo lo posible para ganar y, aun cuando hay reglas bien definidas, es probable que muchos, si se les ofrece la oportunidad, intentarán torcerlas o ignorarlas, ya sea metiendo un gol con la mano o gastando un dineral por debajo de la mesa sin reportarlo en sus gastos de campaña. Precisamente por ello es indispensable tener un árbitro que, además de vigilar y revisar cada jugada, pueda hacer cumplir las reglas incluso al jugador más cochino, poderoso o envalentonado.
No es casualidad que uno de los mejores árbitros de fútbol de la historia, Pierluigi Collina, fuera conocido precisamente porque no le perdonaba la menor infracción a nadie. En su larga carrera se ganó el miedo, respeto y admiración de muchos jugadores, precisamente porque no le temblaba la mano cuando veía una falta: sacó 1445 tarjetas amarillas y expulsó con una tarjeta roja a 158 futbolistas. Sus partidos eran los más limpios y justos de la época.
En el caso del INE, el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) le otorga la facultad de sancionar a las personas aspirantes, precandidatas o candidatas que violen las reglas electorales con tres diferentes tipos de sanciones:
I. Amonestación pública.
II. Multa de hasta 5000 días de salario mínimo (alrededor de 860 000 pesos).
III. La pérdida del derecho a ser candidato o la cancelación del registro.
El proyecto de reforma electoral, aprobado por los diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde el pasado 6 de diciembre, modifica este artículo y deroga —es decir: elimina— la máxima pena, dejando al árbitro electoral con solo dos herramientas: la amonestación pública o el pago de una multa.
Sobre la ineficacia de la sanción verbal no hay mucho que agregar. Imaginar que un político va a cumplir la ley solo porque se lo piden es ingenuo, especialmente en tiempos como los nuestros, cuando desde la tribuna presidencial escuchamos: “No me vengan con que la ley es la ley”. En el caso de las sanciones económicas, por más impresionante que pueda sonar una multa de cientos de miles de pesos, resultan risibles considerando los millones de pesos de dinero ilegal que corren en las maquinarias políticas de todos los partidos políticos, sumadas a los otros millones que ya reciben del erario.
Morena, por ejemplo, ha sido en épocas recientes el partido con más multas, porque el INE le acreditó más violaciones a la ley electoral durante las elecciones de 2021 que a cualquier otro partido. De los 673 millones de pesos de sanciones que se impusieron a todos los partidos, Morena concentró el 48%, con 323 millones en multas. Si se suman las multas de sus otros dos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, en conjunto la coalición en el poder fue responsable de 66% del total de sanciones económicas por violar la ley. ¿Eso los disuadió de continuar con esas conductas ilegales o de no repetirlas? Difícilmente. Problema que se arregla con dinero sale barato, dice el dicho. Si consideramos que Morena recibió 2195 millones de pesos de financiamiento público federal en 2021, las multas que recibió no representan ni 15% de ese monto.
Sanciones impuestas a los partidos políticos por violaciones a la ley electoral en 2021
Por todo esto, la tarjeta roja, la medida más fuerte que tiene el INE a su disposición para sancionar a un candidato, también es la que más incomodidad les ha traído a los políticos que violan la ley. Ante esta decisión no hay dinero que valga para darle la vuelta. Por eso Félix Salgado Macedonio, el senador que intentó ser gobernador de Guerrero y acabó cediendo su lugar a su hija, perdió la candidatura por no reportar ni un solo peso de gasto de su precampaña (pese a la acumulación de evidencia de que sí hizo), tuvo que recurrir a la amenaza directa a los consejeros del INE, pues no tenía nada más que hacer una vez que la medida fue confirmada por el Tribunal Electoral.
El caso de Salgado Macedonio es el más llamativo, pero no es el único. Pablo Amilcar Sandoval (hermano de la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval), Adela Román Ocampo, Raúl Morón Orozco, así como otros sesenta precandidatos, incurrieron en la misma conducta ilícita: hicieron precampaña, pagaron por publicidad, eventos y materiales, pero no declararon un solo peso de gasto a la autoridad electoral. Que perdieran su registro como candidatos fue una medida fuerte, sin duda, pero la única a disposición de la autoridad para castigar uno de los problemas más grandes de la política mexicana: la abundancia de dinero ilegal en las campañas políticas y el ocultamiento del mismo con finanzas paralelas que no son reveladas a la autoridad y que únicamente conocemos cuando el periodismo o las investigaciones oficiales las revelan.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado en múltiples ocasiones cómo el círculo cercano del presidente ha incurrido en mecanismos de financiamiento electoral ilegal. Por ejemplo, su propio secretario particular, Alejandro Esquer, haciendo carruseles de cash en bancos para llevar dinero supuestamente para damnificados de los sismos a manos de políticos de Morena. Naturalmente no son los únicos, pues el dinero ilegal ha sido detectado prácticamente en todos los partidos políticos; por eso, el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y sanción es una tarea pendiente en cualquier reforma electoral que quiera una competencia democrática pareja.
Sin embargo, la medida —propuesta desde el poder— que limita la capacidad de sanción del árbitro no solo le quita dientes a la autoridad, sino que abre la puerta a la violación descarada de la ley. Es también una forma de reducir las atribuciones del INE como árbitro electoral. Sin miedo a que los expulsen, nada detiene a los jugadores de usar sin vergüenza algunos de sus trucos más sucios para atropellar al rival. En el proceso de hacer cambios que los beneficien en la contienda política —pues desde el poder existen mayores recursos y capacidades para desequilibrar el juego— Morena le estaría abriendo la puerta a todos los tramposos, de su partido y de todos los demás.
Precisamente por ello es necesario alzar la voz desde la ciudadanía. Si solo quedase en manos de los jugadores, casi todos aceptarían de buena gana poder hacer trampa sin miedo a pagar las consecuencias. Ahora que la iniciativa está en el Senado, es el momento de exigir cambios que nos lleven a tener un árbitro fuerte, capaz y que pueda obligar al cumplimiento de la ley. Sin un árbitro creíble en la cancha, todo se puede convertir fácilmente en una batalla campal. En ese camino, perderíamos todos.
Leonardo Núñez González
Analista político y director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI
