Han transcurrido prácticamente 100 días desde que el Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió la solicitud de indulto de Sanjuana Maldonado. Esta es la única vía legal que le queda a ella para obtener su libertad por un delito que no cometió. Son 15 años los que lleva en prisión y le quedarían 15 más si no se resuelve su petición. Del expediente de Sanjuana se desprenden irregularidades en su proceso penal, violaciones a sus derechos humanos y la omisión de las autoridades jurisdiccionales de juzgar su caso con perspectiva de género. Estas inconsistencias son suficientes argumentos para que el Congreso local indulte a Sanjuana y ordene su inmediata libertad, como facultad exclusiva del legislativo en la entidad de conformidad con la Constitución local.
Sanjuana creció en Charco Cercado, Guadalcázar, una comunidad con un alto índice de marginación, que carece de servicios básicos y no existen oportunidades educativas. Por eso, Sanjuana decidió migrar a otro municipio de la entidad, Matehuala, para iniciar sus estudios superiores y poder cambiar su condición de vida. En el año 2009, mientras estudiaba la universidad, conoció a José Cruz en la tienda de autoservicio donde ella trabajaba. José era un hombre quince años mayor, quien ejerció violencia psicológica, simbólica y emocional en su contra durante su relación de pareja. Ese mismo año, José la llevó bajo amenazas a cobrar un dinero a un cajero automático, del cual Sanjuana desconocía su procedencia. Sanjuana decidió no entrar a realizar el cobro y se quedó esperando en el estacionamiento. Minutos después fue detenida por elementos de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), acusada del delito de secuestro agravado.
Perteneces A.C., la organización de la que formo parte, decidió representar a Sanjuana en este proceso de indulto. De la lectura de su expediente, que está conformado por cientos de hojas, es posible asegurar que no existen elementos suficientes para determinar su responsabilidad en el delito del que es acusada. Pero no solo no hay evidencia de su involucramiento en el delito, sino que existen múltiples irregularidades en su proceso. Por ejemplo, su detención fue ilegal porque quienes la detuvieron aseguran que fue en flagrancia, pero no pudieron demostrarlo. Además, Sanjuana estuvo en arraigo por más de cuarenta días sin que se justificara la medida, tiempo que fue utilizado para obligarla a declarar sobre su participación en el delito. Su defensa fue inadecuada porque no realizó actos tendientes a demostrar su inocencia. Las pocas pruebas que fueron presentadas a su favor no fueron valoradas correctamente durante el proceso, al grado que se excluyeron las declaraciones de las personas que sí realizaron el cobro del dinero, quienes sostuvieron que Sanjuana no sabía por qué se encontraba en el lugar de los hechos y que no había cobrado ningún rescate.
Si Sanjuana hubiera sido juzgada con perspectiva de género, en este momento estaría en libertad, con su familia e hijos, porque aún y cuando se le hubiera considerado responsable, las condiciones de pobreza y violencia de las que fue víctima obligaban que se le eximiera de cualquier responsabilidad. Por ello, en la solicitud de indulto, adjuntamos un peritaje antropológico con perspectiva de género, en el que consta que debido a que Sanjuana experimentó durante su infancia y adolescencia violencia, no tuvo oportunidad de actuar con completa autonomía en la decisión de acompañar a José Cruz al lugar de los hechos y poder salir de la relación violenta que llevaba con él.
Este mismo peritaje también sostiene que Sanjuana fue víctima de una política criminal, en el marco de la guerra contra el crimen organizado, que implicó que fuera juzgada con mayor severidad por el presunto delito que cometió. Esta decisión la discriminó y la revictimizó porque construyó una historia falsa, en la que se le hizo ver como una mala mujer, sin que fuera escuchada su versión de los hechos ni fuera considerada su experiencia de vida.
En días pasados, diputados integrantes del Congreso señalaron que la solicitud de indulto está en estudio en las Comisiones de Justicia y Gobernación, para que después sea votada en el Pleno. Es necesario que tenga la aprobación de 14 miembros. De una simple lectura a su caso, es posible concluir que efectivamente Sanjuana cumple con los requisitos para que se elija por su libertad, pues sólo es necesario que se demuestren la violación a sus derechos humanos y un indebido proceso, de acuerdo con la Constitución del estado.
Hace una semana, familiares, sus maestros de la Universidad y colectivas de derechos humanos protestaron afuera del Congreso del Estado con la finalidad de conocer el estado en el que se encuentra la petición de indulto. Uno de los momentos más emotivos de ese día fue cuando Martin Luis Ledezma Hernández, profesor de la universidad de Sanjuana, se acercó a los diputados para pedirles que otorgaran la libertad para que pudiera estudiar su último semestre.
Si bien, la ley no establece un plazo al Congreso para resolver la solicitud, cada día que pasa es un día más de violaciones ae sus derechos humanos, que el Estado mexicano se encuentra obligado a evitar. La historia de Sanjuana refleja las deficiencias del sistema de justicia penal en México y las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres como consecuencia de la ausencia total de una perspectiva de género para juzgar casos en los tribunales. Por eso, es un momento histórico para el Congreso de San Luis Potosí para reivindicar no sólo los derechos humanos de Sanjuana, sino de todas las mujeres en México privadas injustamente de su libertad.
Sobre la autora:
Abogada en Perteneces A.C.
