“Que el sistema judicial […] no se haya detenido frente a quien, por su trayectoria, es el político más importante del país, es una señal promisoria”.
Carlos Pagni, El País, 9 de abril 2018
Si nuestro candidato fuera encarcelado en plena contienda electoral, ¿cómo me sentiría? La respuesta es única, sin matices: estaríamos muy enojados. Es el puntero en las encuestas, tiene experiencia gobernando y es popular entre la gente.
Si diseccionamos el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil en dos ocasiones consecutivas (2003-2010), encontramos que enfrentó acusaciones penales por delitos de corrupción desde septiembre 2016 sobre hechos ocurridos durante su gobierno y el de su sucesora, Dilma Rousseff, de quien fuera, incluso, ministro por un día. Sin embargo, no fue sino hasta julio de 2017 que Lula recibiera una condena por 9 años de prisión. En libertad y sin cárcel preventiva, Lula no declinó su candidatura y continuó en campaña por el Partido de los Trabajadores (PT) -que él mismo fundó años antes- mientras apelaba las sentencias en su contra con la esperanza de poder contender por un tercer mandato.
A la luz de los hechos, no es evidente que Lula duerma hoy en la cárcel directa e ineludiblemente por una revancha política embebida en la actual contienda electoral. En términos legales, el encarcelamiento de Lula deviene, fundamentalmente, de un proceso judicial iniciado hace más de un año por hechos de corrupción acontecidos muchos años antes, cuando él y, posteriormente, Dilma Rousseff, eran presidentes.
Lula era hasta hace unos días el candidato más popular y probablemente hubiera ganado la presidencia de Brasil en la segunda vuelta. Lula es también un expresidente que terminó su mandato con un nivel de aprobación inusitado porque, entre otras cosas, tuvo suerte con los altos precios del petróleo y supo administrar bien la riqueza, enfocando sus esfuerzos en políticas sociales exitosas que sacaron a casi 30 millones de brasileños de la pobreza y mejoraron el acceso, la provisión y la cobertura de servicios de salud y educativos.
Entonces, si la gente lo quiere tanto y su gestión como presidente fue célebre ¿por qué meterlo a la cárcel justo ahora si no es con fines electorales?
La respuesta es que Brasil enfrenta una crisis cuyo origen político son los hechos de corrupción que sucedieron durante los mandatos de Lula (2003-2010) y Rousseff (2011-2016), y que involucran a miembros de sus antiguos gabinetes y a legisladores de su partido y de otros. Esta crisis, de la cual no es posible extraer a Lula, no sólo lo llevó a la cárcel, sino que polarizó a la población al grado de provocar brotes de violencia social, e incluso, ha propiciado que algunos militares se manifiesten abiertamente sobre asuntos civiles.
Aunado a ello, el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, no tuvo la suerte de tener una economía boyante como la que le tocó a él (los precios internacionales del petróleo y de los commodities cayeron abruptamente a mediados de 2014), ni tuvo capacidad de ajustar el gasto público a la nueva realidad global (las políticas públicas cuestan dinero, aún si son efectivas).
Si bien esta crisis política ha mermado la confianza no sólo de los inversionistas extranjeros sino también del electorado brasileño, la buena noticia es que la impunidad está disminuyendo. Hoy sabemos que en Brasil hay funcionarios públicos -jueces, policías federales y ministerios públicos- dispuestos a dar la batalla contra la corrupción usando las leyes y las instituciones y las reglas del juego democrático.
Pero eso no basta para que la confianza de la gente regrese. Policías, investigadores y jueces ahora deben probar que esto no es una venganza política en contra de un personaje particularmente popular.
Lula fue sentenciado a 12 años de cárcel por actos de corrupción pasiva (recibir sobornos), lavado de dinero y tráfico de influencias; su sucesora fue removida del cargo permanentemente por maquillar las finanzas públicas y ambos están acusados de intentar silenciar a un testigo que los incriminaba en el escándalo de Petrobras. Si policías, investigadores y jueces logran vincular y sentenciar con asertividad y celeridad a funcionarios del actual gobierno y legislatura -algunos de ellos acusados de comprar y vender silencios, influencias, contratos y leyes por montos y favores mayores a los que se le imputan a Lula- el mensaje será claro: por encima de la ley no hay nadie, por más cercanía al poder que se tenga, por más popularidad de la que se goce.
Con Lula en la cárcel poco se resuelve si la procuración e impartición de justicia no es universal.
Regresando a la pregunta inicial: si encarcelaran a nuestra candidato en plena contienda les garantizamos que no estaríamos tranquilos aun sabiendo que existen elementos para ello; vaya, ni siquiera si se nos presentaran pruebas irrefutables de su culpabilidad. No hasta que sepa que están midiendo con la misma vara a los contrincantes; que todos los actos de corrupción tendrán consecuencias, sin excepción ni distinción; sin filias ni fobias políticas.
La legitimidad del Estado no sólo se gana en las urnas sino también en la impartición de justicia. Medir con la misma vara equivale a impartir justicia: eso toca en Brasil y en cualquier régimen democrático. Sólo entonces podríamos votar con paz por otro candidato.
¿Quién es Lula da Silva?
Hasta antes de su encarcelamiento, Luiz Inácio Lula da Silva era el candidato favorito en la contienda para ocupar la presidencia de Brasil para el periodo 2019-2022 por el PT, con 44% de las preferencias. Tras tres derrotas electorales previas, Lula se convirtió en presidente con más de 60% de los votos en segunda vuelta en 2002; en 2006, ganó nuevamente las elecciones para un segundo periodo con una ventaja similar.
Durante la gestión de Lula, la pobreza se redujo a la mitad, pasando de 33% a 15% de la población: en total, salieron de la pobreza alrededor de 29 millones de personas. Al final de su gobierno, Brasil se puso de moda: se posicionó como una potencia petrolera, consiguió ser sede de la Copa del Mundo en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016. La bonanza petrolera y los precios internacionales favorables de los primeros años, le permitieron financiar la inversión en infraestructura y el gasto social. Lula dejó el cargo con un impresionante 80% de aprobación presidencial al final de su segundo mandato en 2010.
¿Por qué está Lula en la cárcel?
En noviembre 2015, un senador del PT detenido por obstruir una investigación sobre corrupción en Petrobras involucró a Lula y a la entonces presidenta, Dilma Rousseff, en la trama de sobornos. Para febrero 2016 empezaron a sumarse las acusaciones: primero por tráfico de influencias para beneficiar a fabricantes de automóviles; luego por enriquecimiento ilícito y ocultamiento patrimonial.
Para el 18 de marzo 2016 la todavía presidenta Rousseff lo habría nombrado ministro de su gabinete -cargo en el cual Lula obtendría inmunidad de cara a las investigaciones – pero en un día, el nombramiento fue suspendido por un magistrado del Supremo Tribunal Federal.
Las investigaciones sobre la participación de Lula en el escándalo de corrupción de Petrobras -iniciadas en 2014- avanzaron y para julio de 2016 ya estaba acusado de intentar comprar el silencio de otro implicado. Al poco tiempo la presidenta Rousseff, que había sido suspendida meses antes, es destituida permanentemente tras un juicio de impeachment en agosto de 2016.
El 20 de septiembre de 2016, el juez a cargo de las investigaciones de Petrobras, Sergio Moro, admitió las imputaciones de la fiscalía por las cuales Lula estaba acusado de haber recibido sobornos de la constructora OAS por más de un millón de dólares para realizar mejoras a un inmueble. Transcurrieron nueve meses antes de que se agotaran todas las instancias para no pisar la cárcel. En ese tiempo, el ministerio público (que en Brasil es independiente del ejecutivo federal) sumó pruebas en su contra.
El 5 de abril de 2018 el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil rechazó el último de los recursos para evitar el encarcelamiento y, dos días después, Lula da Silva se entregó a las autoridades judiciales.
Es muy poco probable que estando encarcelado continúe en la contienda como candidato pues el fallo de culpabilidad implica necesariamente su inhabilitación política, aunque algunas voces insisten en que su paso por la cárcel se limitará a algunas semanas.
Sofía Ramírez Aguilar, maestra en economía por el ITAM, es Directora General Adjunta de la Unidad Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
