Este texto fue publicado en Excélsior el 24 de agosto.

La corrupción es clandestina. Como ocurre con otros actos socialmente sancionados, quienes la cometen buscan borrar la evidencia, cubrir sus rastros y diluir la responsabilidad entre sus cómplices. Existe, sin embargo, un agravante particular: los corruptos utilizan estratégicamente su posición de poder para no ser detectados, investigados y sancionados. En pocas palabras, para quedar impunes.

La encuesta realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Periódico Reforma muestra que la sociedad en México identifica una estrecha relación entre corrupción e impunidad: 39% de las personas consultadas consideraron que la impunidad es la principal causa de la corrupción en México. Asimismo, 45% cree que actualmente los actos de corrupción no se castigan nunca o casi nunca y 41.5%, sólo algunas veces.

Si bien corrupción e impunidad son fenómenos sociales diferentes, es innegable que están estrechamente relacionados. Uno facilita al otro y viceversa. Ambos doblan las reglas, levantan barreras de información y generan zonas oscuras de discrecionalidad: construyen un laberinto que les permite existir y crecer.

Muchas propuestas para solucionar la corrupción ofrecen mecanismos de control y vigilancia. Sin embargo, es posible que estos mecanismos sean bloqueados y capturados. Supongamos que un municipio coloca cámaras en las patrullas para evitar las mordidas; los oficiales podrían encontrar los puntos ciegos de la cámara para hacer ahí el intercambio de dinero o podrían ofrecer una comisión al responsable de monitorearlos a cambio de no reportar irregularidades. Estos mecanismos pueden llevar a más corrupción y más impunidad. Pero no todo está perdido. Aún queda una alternativa para salir de este círculo vicioso: la denuncia.

La denuncia: accesible, ágil y conocida por todos

Una denuncia implica señalar algo indebido que está ocurriendo ante una autoridad para iniciar un proceso de investigación y sanción (Arellano y Hernández, 2016). Podemos detectar tres tipos de denunciantes, de manera general: Primero, el usuario de un servicio público que experimenta una extorsión para concluir un trámite. Segundo, un detractor del esquema de corrupción al interior de una organización o una red, y que busca denunciar con el objetivo de evitar una sanción. El tercero es el público: una investigación periodística o académica que documenta una irregularidad o un reclamo preciso desde la sociedad civil organizada. 

Es claro que un mismo acto de corrupción puede tener diferentes fuentes de denuncia: Revisemos brevemente el proceso judicial contra Emilio Lozoya. Diversas investigaciones periodísticas (MCCI y Quinto Elemento Lab) denunciaron desde 2017 presuntos actos de corrupción durante la gestión de esta persona al frente de Petróleos Mexicanos. Estas publicaciones llevaron a las autoridades a iniciar una investigación que concluyó en una orden de aprehensión en 2019. Durante su extradición de vuelta a México, en julio de 2020, Lozoya Austin anunció que cuenta con testimonios y pruebas para demostrar la participación de otros altos funcionarios en la red de corrupción y a legisladores de prácticamente todos los partidos políticos.

La denuncia debe detonar un proceso -no una venganza- con reglas transparentes y conocidas por todos para que funcione como salida al ciclo de corrupción e impunidad. Para que funcione esta salida es fundamental contar con la mayor información posible y con la capacidad para procesarla. 

Un reto para que funcione esta media es eliminar barreras de acceso que podrían enfrentar potenciales denunciantes y garantizar tanto su confidencialidad como que no tendrá represalias. El mecanismo de denuncia debe tener la sensibilidad de confirmar o desestimar las declaraciones que recibe: no todas las denuncias serán verdaderas y es necesario distinguir las falsas de las que valen la pena. Otro aspecto crucial de este proceso es la recolección de pruebas suficientes (testimonios, documentos, etcétera) que, en caso de confirmarse, lleven a sanciones administrativas o -incluso- penales. Finalmente, es indispensable promover la cultura de la denuncia en la sociedad (Arellano y Hernández, 2016): esto implica una campaña de difusión permanente que deje claro qué se puede denunciar, dónde hacerlo y las garantías que ya han sido expuestas.

En democracia, la participación más importante de las y los ciudadanos es votar y ser votado. Pero no es la única, también está el derecho y la responsabilidad civil de levantar la voz y señalar cuando algo no funciona en el ámbito público a través de la denuncia. Debido a su potencial éxito, los gobiernos alrededor del mundo diseñan incentivos, buscando que la mayor parte de los casos de corrupción sean reportados ante las autoridades.

¿Qué nos dice la encuesta sobre las denuncias?

Una de las medidas más promovidas por el actual gobierno federal para resolver la corrupción es el fomento de la denuncia. No obstante, la realidad aún plantea un reto enorme: 61% de las y los mexicanos cree que es inútil denunciar un acto de corrupción (el resultado es similar al de 2019). La denuncia es vista como una actividad desagradable y engorrosa; además, lo cierto es que las personas no sabemos qué cosa se puede denunciar, ni cómo o dónde hacerlo: más de la mitad de las personas reconoció no saber en dónde podría denunciar. De ahí que resulte tan relevante contar una política de difusión, sobre cómo y dónde pueden interponerse denuncias. 

A la luz de esta falta de conocimiento de los mecanismos de denuncia, el Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, destinado a promover la denuncia dentro del gobierno federal y habilitado por la Secretaría de la Función Pública desde mediados de 2019, no parece ser un mecanismo conocido y utilizado por la gente, pues entre 2019 y 2020 la proporción de mexicanos que dice no saber dónde se denuncia se ha mantenido igual.

El desconocimiento no es el único reto de esta iniciativa. Hay dos grandes problemas con los lineamientos del Sistema (DOF 11 de junio 2020). Primero, aluden a los actos de corrupción que sean probables, antes de haberse consumado. Esto abre la posibilidad de que el sistema se convierta en un mecanismo de persecución contra funcionarios incómodos a partir de falsas acusaciones. Segundo, el uso de recompensas monetarias permite incrementar el número de denuncias, pero también aumenta la proporción de denuncias falsas o sin respaldo, por lo que elevar el monto y la cantidad de recompensas tampoco garantiza mayor calidad en las denuncias (Orozco, 2019).

Del otro lado está la ciudadanía, que confía cada vez más en que denunciar sirve de algo: cerca de un tercio de los mexicanos consideran que es útil denunciar, pero no saben cómo hacerlo. Además, 39% cree que es útil y sabe cómo hacerlo. Es decir, una clara mayoría de las personas en México ya sabe que es importante denunciar. Sólo falta hacerles saber en dónde y cómo.

Otra noticia positiva que reporta la encuesta es que la gente no sólo denuncia más sino que empieza a percibir resultados. En 2020, una mayor proporción de mexicanos interpuso una denuncia: 7% en 2019 frente a 10% en 2020; y un mayor porcentaje obtuvo un resultado, pasando de 20% en 2019 a 26% en 2020 entre quienes levantaron una denuncia.

De  un año al otro, parece haberse incrementado la confianza de que denunciar vale la pena, junto con la tasa de denuncia y la proporción de personas que indica que su denuncia tuvo consecuencias.

Entre 2019 y 2020, la percepción de que denunciar no sirve de nada permanece igual. Este año la encuesta captura ya la operación piloto del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción con resultados esperanzadores. En 2020 se reporta un mayor número de denuncias y una mayor tasa de resolución. Pareciera ser un paso en la dirección correcta, siempre que estén garantizada la seguridad, la confidencialidad y los derechos tanto del denunciante como del denunciado. Lo que sigue ahora deben ser más y mejores investigaciones, así como una campaña mucho más intensa que promueva su uso entre la ciudadanía.

*Leonor Ortiz Monasterio y Ricardo Alvarado Andalón son investigadores de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Sofía Ramírez Aguilar es investigadora, analista política y directora adjunta de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

@theleonor

@ricalvan

@Sofia_RamirezA

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Reconocimiento

Un reconocimiento a Katia Guzmán por el procesamiento de la base de datos de la encuesta para la elaboración de gráficas de este texto.

Bibliografía:

Arellano Gault, David y Hernández Galicia, Jesús F. (2016) Corrupción y denuncia. La denuncia como instrumento social: sus retos, Serie Cultura de la Rendición de Cuentas, Auditoría Superior de la Federación, Ciudad de México. Recuperado de https://bit.ly/3gcuP0v el 29 de julio de 2020.

García, Arizbet. (3 de diciembre 2019) “Función Pública ha recibido cerca de 37,000 denuncias ciudadana”, El Economista, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Funcion-Publica-ha-recibido-cerca-de-37000-denuncias-ciudadanas–20191203-0095.html.

Guerrero Orozco, Carlos. (9 de enero 2019) “Recompensar la denunca en México”, Nexos y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, https://contralacorrupcion.mx/denuncia-mexico/. 

Ortega, Ariadna. (25 de julio 2019) “SFP lanza plataforma para ‘soplones’ de la corrupción” Expansión Política, https://politica.expansion.mx/mexico/2019/07/25/sfp-lanza-plataforma-para-soplones-de-la-corrupcion.