Los Mexicanos Frente a la Corrupción y la Impunidad 2020.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN APLICADA
Agosto 2020
Introducción.

¿Qué tanta corrupción hay en México?

La corrupción ha ocupado un lugar sobresaliente de la discusión pública en México durante los últimos 10 años. Muestra de ello fue que la elección nacional de 2018 orbitó alrededor de este asunto y actualmente continúa en el núcleo del discurso del gobierno federal. Ante la promesa perene de acabar con la corrupción, la pregunta de la ciudadanía subsiste: ¿hay ahora más corrupción? ¿hay menos?

Medirla con precisión siempre plantea disyuntivas, por lo que recurrir a encuestas que permitan dimensionar el temaño del problema resulta eficiente. Ese es el objetivo de la segunda edición de Los Mexicanos Frente a la Corrupción, un compendio de diecisiete ensayos realizados a partir del análisis de una encuesta levantada a nivel nacional entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Datología (periódico Reforma) en marzo 2020.

Entre la primera (2019) y segunda edición (2020) del estudio, una mayor proporción de los mexicanos consideró que la corrupción había aumentado, pasando de 46 a 53 por ciento. Asimismo, Andrés Manuel López Obrador registró una caída de 19 puntos en su aprobación como presidente de marzo de 2019 a marzo de 2020. Esta caída es el reflejo de la pérdida de apoyo ciudadano hacia las acciones gubernamentales. Las medidas anticorrupción no son la excepción, pues el apoyo en este rubro pasó de 70 por ciento en 2019 a 43 por ciento en 2020.

La edición 2019 reconocía la existencia de una ventana de oportunidad para sumar a amplios sectores de la sociedad en una estrategia nacional para acabar con la corrupción sistémica.

La evidencia de este año sugiere que esa ventana se ha reducido, pero aún existe la posibilidad de impulsar acciones institucionales que cuenten con gran aceptación para disminuir la prevalencia de este fenómeno: difundir los mecanismos de denuncia, transparentar las decisiones públicas, reducir los espacios para el intercambio ilegal de favores y extorsión, así como priorizar acciones que beneficien a la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables.

Este proyecto ofrece recomendaciones de políticas públicas que -de implementarse- permitirían disminuir la prevalencia de la corrupción y la impunidad en México.

Índice temático.
Recomendaciones de política pública.

Sólo lo que se nombra, existe. Sólo lo que se mide, se puede cambiar. La corrupción y la impunidad en México tienen solución.

Los Mexicanos Frente a la Corrupción y la Impunidad 2020 es un compendio de diecisiete ensayos que reportan las opiniones y percepciones de la ciudadanía en México sobre corrupción, impunidad y el Estado de Derecho; ofrece información de la frecuencia con la que ocurren las extorsiones, así como explicaciones sobre ello a lo largo del tiempo; y presenta recomendaciones factibles para solucionar estos problemas públicos.

Los diecisiete textos capturan las percepciones y la frecuencia con la que ocurren la corrupción y la impunidad. A cada hallazgo corresponde -al menosuna propuesta de acción, que a su vez conlleva una posibilidad de cambio hacia un Estado de Derecho más sólido. En esta sección son presentadas treinta recomendaciones de política pública agrupadas en seis ejes que, al igual que en otros ejercicios de MCCI, ofrecen una ruta de acción gubernamental factible y eficiente para disminuir la corrupción y la impunidad.

I. Acciones anticorrupción

1. Aplicar el marco legal vigente.
Si bien existe espacio de mejora para las medidas anticorrupción, el marco legal mexicano establece ya mecanismos, procesos y sanciones para contrarrestar acciones específicas como el enriquecimiento ilícito, la falta de transparencia, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, entre otros. Aplicar el marco legal vigente es la mejor forma de avanzar en la atención del problema.

2. Generar confianza ciudadana.
Difundir y publicitar los sistemas de denuncia y los procesos que una denuncia sigue, para fomentar la confianza en las instituciones y procesos, y que éstos sean conocidos y accesibles para la ciudadanía. Las personas no denuncian porque no confían en las autoridades, pero también porque no saben dónde ni cómo hacerlo.

3. Coordinación interinstitucional.
Llevar un meticuloso control de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de mayor rango y riesgo de corrupción; aprovechar los canales institucionales para establecer mecanismos de verificación de información entre la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, los Registros Públicos de la Propiedad, por citar algunos; y mejorar el registro de los hallazgos de las investigaciones hechas por las contralorías, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción para generar expedientes útiles para todas las autoridades involucradas.

4. Atajar la impunidad.
La impunidad es un factor que se asocia y alimenta a la corrupción, por lo que las medidas anticorrupción deben contemplar acciones que la disminuyan. Para disminuir la impunidad es necesario promover los sistemas de denuncias, iniciar procesos de investigación y sancionar a los funcionarios públicos responsables.

5. Recuperación de activos.
Incluir la recuperación de activos robados dentro del esquema de reparación del daño, articular la labor de las instituciones anticorrupción existentes y, en los casos en los que así amerite, plantear las reformas necesarias para garantizar que el hecho de corrupción no vuelva a ocurrir.

6. Evaluar eficacia de medidas anticorrupción.
Diseñar un sistema de indicadores públicos que permita evaluar periódicamente las medidas anticorrupción establecidas en la Política Nacional Anticorrupción, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, así como establecer fechas específicas de puesta en marcha de las medidas.

II. Intercambio de información, datos abiertos y transparencia

1. Datos abiertos.
Sistematizar la información en plataformas y registros públicos. La presentación de la información pública en formatos distintos a los datos abiertos tiene efectos perniciosos en la rendición de cuentas.

2. Intercambio de información sobre empresas.
Generar los cambios institucionales y reglamentarios necesarios para permitir a la Secretaría de la Función Pública hacer cumplir las nuevas disposiciones previstas en la Ley de Austeridad Republicana en lo que respecta a la obligación legal de los funcionarios públicos de separarse formalmente de sus intereses económicos antes de tomar posesión de su encargo. Como parte de estos cambios, sería posible articular el registro de proveedores del gobierno federal con la lista de empresas denunciadas por corrupción en el marco del programa de alertadores y la lista de empresas fantasma o fachada (regulada en art. 69-B del Código Fiscal de la Federación).

3. Intercambio de información sobre personas físicas.
Contar con mecanismos institucionales para el intercambio de información entre las Secretarías de la Función Pública, Economía y Hacienda en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, permitiría verificar los nombres de personas físicas y morales relacionados con empresas proveedoras del gobierno o vinculadas a funcionarios públicos.

4. Transparencia en los programas gubernamentales.
Transparentar la información relacionada con los programas gubernamentales, desde los padrones de beneficiarios, los indicadores de desempeño y el ejercicio de su presupuesto. Publicar, actualizar y monitorear los indicadores de eficacia, efectividad y legalidad. Estas dos medidas pueden evitar el uso político-electoral de los programas.

5. Transparencia en las declaraciones patrimoniales.
Mantener consistencia de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios; no reducir la cantidad ni calidad de información que se comparte, garantizando la protección a los datos confidenciales. Cambiar injustificadamente el formato y la periodicidad con la que esta información se publica tiene efectos negativos en la confianza de las acciones anticorrupción del gobierno e impide realizar ejercicios de seguimiento y consistencia desde la academia, el periodismo y las organizaciones de la sociedad civil.

III. Priorizar a la ciudadanía

1. Hogares más pobres.
Atender la extorsión que sufren los hogares más pobres y garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a bienes y servicios gratuitos, sin excluir a quienes no pueden costear mordidas y sobornos caros. Garantizar el acceso a servicios públicos de los grupos más vulnerables, para reducir el abuso de las autoridades.

2. Enfoque de género.
Disminuir la frecuencia con la que ocurre la corrupción requiere un enfoque de género, pues si bien la corrupción afecta tanto a hombres como a mujeres, lo hace de manera diferenciada. Diseñar políticas públicas diferenciadas por género y asignarles recursos públicos.

3. Conocer cifra negra.
Ampliar los parámetros para identificar los casos y espacios de corrupción; hacer mediciones de incidencia y preguntas indirectas para disminuir el subregistro de actos de corrupción.

4. Mejores servicios.
Mejorar la calidad de los servicios, eficientar y transparentar los trámites que realizan los ciudadanos ante autoridades del gobierno. Por ejemplo, aumentar el número de trámites que puedan realizarse de manera remota; que no incluyan contacto directo con alguna autoridad para reducir la probabilidad de ocurrencias de sobornos; o atender la corrupción en las instancias que debieran ofrecer seguridad y certeza a la ciudadanía -como la policía de proximidad-.

IV. Justicia y corrupción

1. Imparcialidad.
Aplicar el marco normativo anticorrupción sin distinciones ni concesiones de ningún tipo. Garantizar un trato imparcial a todos los acusados. Las indagatorias deben estar apegadas a derecho; se deben documentar los hechos imputados con pruebas de calidad pericial y garantizar procesos justos antes de imponer las sanciones.

2. Denuncias.
Atender las denuncias según proceda e iniciar investigaciones en tiempo y forma para evitar que los delitos o faltas graves prescriban.

3. Víctimas.
Atender a víctimas de corrupción extractiva (sobornos) pero también para las víctimas de la gran corrupción -la corrupción sistemática y de gran escala-, que son quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, como la salud, la seguridad pública, la procuración de justicia y los programas sociales. Estos mecanismos de atención a víctimas deben ser adecuados a cada caso, accesibles y eficaces.

4. Reparación del daño.
Centrar esfuerzos en la reparación integral del daño, que incluye la impartición de justicia, la recuperación de activos y la garantía de no repetición, para lo cual en algunos casos exige que se aprueben reformas legales y modifiquen protocolos de actuación.

5. Eliminar enfoque punitivo.
A pesar de la popularidad de la medida, aumentar los castigos por corrupción sin antes resolver la impunidad no disminuye la frecuencia con la que ocurre la corrupción. Incluso puede encarecer el monto del soborno solicitado para no recibir el castigo. La prisión preventiva oficiosa para algunos delitos de corrupción, lejos de desincentivar la comisión de actos de corrupción, incrementa el monto que los acusados están dispuestos a pagar con tal de no ir a la cárcel sin juicio previo ni derecho a fianza.

6. Evaluación de gestión y eficacia.
Evaluar la capacidad del sistema de justicia para garantizar investigaciones imparciales y atender todos los delitos de corrupción.

V. Instituciones

1. Soluciones institucionales, no discursivas.
Ofrecer soluciones institucionales permite modificar las condiciones estructurales que permitieron, de origen, que la corrupción ocurriera. Identificar al responsable de la corrupción que aqueja a los mexicanos es una herramienta discursiva que se agota rápidamente en ausencia de acciones institucionales.

2. Suficiencia presupuestal.
Proveer con recursos suficientes para el óptimo funcionamiento de las instancias anticorrupción. La austeridad en ámbitos como la transparencia y el buen funcionamiento de los registros públicos anticorrupción, es contraproducente. La consecuencia de recortar el financiamiento de estas instancias en el corto plazo es que éstas dejan de ser eficaces.

3. Capacitar y rediseñar.
Implementar una capacitación anticorrupción dentro de cada una de las instancias gubernamentales como parte del proceso de evaluación de las condiciones laborales de quienes integran estas instituciones. Identificar carencias y desarrollar soluciones a partir de estándares internacionales; intervenir los procesos internos y la articulación entre instituciones (auditorías, contralorías, corporaciones policiales, ministerios públicos, por ejemplo).

4. Sumar a otros agentes.
Aprovechar la responsabilidad que tienen empresas y medios de comunicación en la corrupción existente para sumarlos en el diseño e implementación de una agenda anticorrupción amplia. Crear políticas que, en lugar de excluir, sumen a estos sectores en la prevención, atención y denuncia de la corrupción.

VI. Sistema Nacional Anticorrupción

1. Política Nacional Anticorrupción.
Impulsar la Política Nacional Anticorrupción, aprobada por el Sistema Nacional Anticorrupción, la cual incorpora acciones de los sectores privado, ciudadano, social y público en una serie de acciones articuladas para prevenir, investigar, procesar y sancionar la corrupción.

2. Indicadores útiles.
Revisar y replantear los indicadores de programas y acciones anticorrupción, tanto del gobierno federal como del Sistema Nacional Anticorrupción, de forma que las métricas de éxito se establezcan con base en resultados. Para ello, es inminente la acción coordinada dentro del propio gobierno. Los indicadores deben estar dirigidos a medir avances útiles de una estrategia anticorrupción; por ejemplo, “monto recuperado” o “número de redes de corrupción desmanteladas”.

3. Acción coordinada.
Aprovechar los hallazgos y denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y sus contrapartes locales, para proceder, desde las contralorías y fiscalías especializadas, con las investigaciones y la imposición de sanciones, agotando instancias y con estricto apego a la ley.

4. Sistema Nacional de Fiscalización.
Mantener y revisar la calidad de la gestión en las auditorías superiores de los estados a través del Sistema Nacional de Fiscalización, de forma que no sólo se homologue la presentación de la información sino que mejore la calidad de las denuncias ante contralorías y fiscalías.

5. Nombramientos y reformas pendientes.
Nombrar sin dilaciones a los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como también trabajar en las reformas necesarias que permitan regular su adecuado funcionamiento.

Metodología y datos.

Encuesta nacional en vivienda 2020

Marco muestral:
Catálogo de secciones electorales del INE.

Tamaño de la muestra:
1,500 entrevistas.

Población objetivo:
Mexicanas y mexicanos de 18 años cumplidos en adelante.

Fechas de levantamiento:
29 de febrero al 6 de marzo de 2020.

Diseño muestral:
Bietápico, estratificado y por conglomerados. Se utilizaron estimadores de Horvitz-Thompson para el cálculo de las proporciones. La calibración se realizó por género, edad y circunscripción* , lo cual permite que los resultados obtenidos por cada una de estas categorías sean representativos.

Error de estimación:
+/-3.9% con un 95% de confianza.

Tasa de rechazo a las entrevistas:
43%.

*Definición de circunscripciones electorales: La determinación oficial de las circunscripciones electorales corresponde al Instituto Nacional Electoral, disponible en https://cartografia.ife.org.mx/sige7/? mapoteca=planos&mrm

Circunscripción I: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Circunscripción II: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Circunscripción III: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Circunscripción IV: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Circunscripción V: Colima, Hidalgo, México, Michoacán.

Levantamiento y procesamiento: El levantamiento de la encuesta y el procesamiento inicial de los datos estuvo a cargo de Lorena Becerra y su equipo en Datología (Reforma). El procesamiento de la información para la redacción de los ensayos estuvo a cargo de Katia Guzmán Martínez, investigadora y analista de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI, 2020

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