Este texto fue publicado en Animal Político el 28 de agosto de 2020.
Nueve de cada diez personas en México apoya la imposición de penas y castigos más severos para reducir la corrupción. Lo anterior debió haberle sumado popularidad a AMLO cuando siendo presidente electo, a finales de 2018, su partido promovió la incorporación de dos delitos de corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones) a la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. O lo que es lo mismo: que quien sea acusado de estos delitos, sea enviado a la cárcel antes de ser encontrado culpable e impidiendo que un juez dicte otro tipo de medida cautelar como el arresto domiciliario o portar un aparato localizador. Poco le importa a esta mayoría de mexicanos que meter a la cárcel a alguien sin un proceso judicial previo sea violatorio de la presunción de inocencia o que pueda ser utilizado por la autoridad con fines políticos en contra de sus opositores. Esta mayoría no considera por completo que, dada la impunidad casi absoluta que prevalece en México, un castigo de esta magnitud constituye sólo una amenaza poco probable, por lo que encarece el soborno que el acusado está dispuesto a pagar para no pisar la cárcel.
Nueve de cada diez mexicanos considera que la corrupción es un delito tan grave como el narcotráfico. Preocupa más la inseguridad que la corrupción, pero 8 de cada 10 personas considera que la corrupción de políticos y gobernantes afecta directamente su seguridad y la de su familia. La corrupción alimenta la violencia, según aciertan los mexicanos, y como sociedad estamos dispuestos a imponer estos grandes castigos porque sabemos que es sólo una amenaza; que la probabilidad de que agarren a alguien y lo procesen y sentencien por corrupción es casi nula. Y ya en ese tren de revancha contra los corruptos, los mexicanos casi nunca justificamos la corrupción: entre ocho y nueve de cada diez personas afirman que no se justifica el pago de un soborno para evitar una detención injusta o para acelerar un trámite. No es necesariamente un reflejo de lo que ocurre, pero es la respuesta que la gente ofrece.
Es de destacarse que no toda la corrupción se percibe como tal, sobre todo cuando implica a los ciudadanos. Cuando ésta consiste en intercambiar un beneficio social por apoyo político -por acudir a un mitin político, por ejemplo- una menor proporción de mexicanos considera siquiera que con ello se está consumando un acto de corrupción.
Sí, somos una ciudadanía harta de la corrupción, pero de parámetros flexibles si de recibir un beneficio social se trata, porque en México había, hasta antes de la pandemia de Covid-19, 52 millones de pobres (CONEVAL, mayo 2020) -más los 11 ó 12 millones de pobres que se sumarán a los registros post-Covid. Y es por todos sabido que en una sociedad tan desigual, con tantos pobres, los programas sociales –sobre todo si carecen de mecanismos de evaluación adecuados (CONEVAL, junio 2020)- se intercambian por apoyo político, social, y en las urnas.
El gobierno como origen de la corrupción, sin soluciones institucionales
Siete de cada diez mexicanos asociamos la corrupción con el gobierno, pues consideramos que la corrupción se origina mayoritariamente en el aparato gubernamental; que el mismo gobierno no parece respetar las leyes anticorrupción –nueve de cada diez considera que las leyes no se cumplen con suficiente frecuencia-, y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), si bien es cada vez más conocido por los mexicanos, pierde reputación ante la falta de resultados, a tres años de su implementación y a cinco de su inclusión en el texto constitucional.
Entre 2019 y 2020, la evaluación negativa del SNA se duplicó. Es un desgaste muy acelerado, que posiblemente responde a que ninguno de los casos más sonados de corrupción -tráfico de influencias, asignación de contratos con conflictos de intereses, declaraciones patrimoniales incompletas, contratación de empresas fantasma, por mencionar algunos– han sido procesados ni sancionados por el mecanismo de coordinación que prometía el SNA (“Anuario de la…”, 2019). Por el contrario, las acciones hasta ahora (sanciones, investigaciones) han sido señalamientos sueltos de autoridades dentro y fuera del SNA, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, o la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República – pero todas, en total desarticulación.
El desabasto de bienes y servicios: precio de las acciones anticorrupción de AMLO
AMLO ha sabido comunicar lo que la gente -harta de la corrupción- quiere escuchar. Además de ofrecer grandes castigos a los corruptos, ha alertado de afectaciones en los servicios -desabasto de medicamentos o de gasolina- como consecuencia del combate a la corrupción de su gobierno. En ese rubro, la ciudadanía ha respondido con generosidad. Cinco de cada diez mexicanos están dispuestos a asumir que el desabasto es el precio de acabar con la corrupción, aunque la opinión se mantiene muy dividida. Nadie quiere enfrentarse al desabasto de medicamentos en caso de enfermedad, pero antes de AMLO tampoco había medicinas en los hospitales y clínicas públicos; muchas veces, debido a la venta ilegal de medicamentos, los contratos amañados, o la ineficiencia en el abastecimiento oportuno. Es decir, debido a la corrupción.
¿Ahora qué hacemos?
La solución ante el ánimo punitivo de encerrar en la cárcel al político corrupto, de no tolerar la corrupción bajo ninguna circunstancia -respuesta dogmática pero poco realista-, no está en seguir endureciendo las penas. Las reformas impulsadas entre 2015 y 2017 diseñaron un marco normativo para sancionar a los corruptos, tanto por la vía administrativa como penal. Con la instalación del SNA era posible deliberar la mejor forma de proceder conjuntamente en casos específicos entre las dependencias que lo conforman (“Sesión de…”, 2017). A pesar de haber hecho ajustes, la administración de López Obrador recibió un sistema de declaraciones patrimoniales funcional y un nuevos formatos para la declaración de intereses de los servidores públicos (SFP, 2018).
Con la nueva administración, se incluyen instrumentos legales que precisan el deber de separarse de intereses empresariales antes de incorporarse al servicio público o que previenen que decisiones de gobierno sean influenciadas por los sectores regulados (art. 24, Ley de Austeridad Republicana, 2019). También se endurecen los castigos para ciertos actos de corrupción, al menos en el papel, con todas las consecuencias perniciosas que ya se discutieron. Pero no se articularon esfuerzos entre la Auditoría Superior de la Federación, la SFP y la Fiscalía Anticorrupción. Es más, no se dotó del presupuesto suficiente a esta última. Tampoco se nombraron los jueces anticorrupción (“El Magistrado Avelino…”, 2019) necesarios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ni se hicieron las reformas necesarias para hacer funcional su labor (“El Magistrado presidente…”, 2019).
Salvo por el discurso del fin de la corrupción y el inicio de un régimen de honestidad y austeridad, no se han invertido recursos en mejorar la calidad de las investigaciones ni en disminuir los índices de impunidad de prácticamente ningún delito o falta administrativa. Más allá de las buenas intenciones y de la importancia de tener un líder (un presidente) honesto, la corrupción siempre va a encontrar espacios para desviar recursos y abusar de posiciones de poder. La corrupción no se acaba por decreto.
Es inminente que, como parte de las acciones anticorrupción, se invierta en la confianza que la gente tiene (o aún no tiene) en nuestras autoridades. Por ejemplo, 6 de cada 10 personas consideraba ya desde 2019 que denunciar un acto de corrupción es inútil; y de entre quienes fueron víctimas de extorsión en el último año, 16% respondió que no denunció por miedo a represalias y 12% que no sabía dónde hacerlo.
Involucrar a la ciudadanía en prácticamente cualquier acción estratégica del gobierno es importante. Dos asuntos públicos que funcionan mejor mientras más ciudadanía esté involucrada son el monitoreo del ejercicio del gasto y el seguimiento de la divulgación de información pública. Por ejemplo, en 2020 siete de cada diez personas consideran que conocer la información sobre posibles conflictos de intereses económicos de los políticos y funcionarios ayuda a acabar con la corrupción. Las consecuencias de ventilar hechos de gran corrupción puede demorar años, y muchas veces sólo se puede sancionar a los corruptos en las urnas. Pero para eso somos una democracia. En materia anticorrupción, la labor del gobierno mexicano es promover la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y mecanismos formales; no quedarse en el discurso de honestidad, en la repetición del concepto corrupción, ni en la simulación punitiva, como es elevar las penas por ciertos delitos siendo que en realidad nunca se aplicarán tales. Dentro de este proceso democrático, la rendición de cuentas incluye una ciudadanía que confíe en sus autoridades, pero también que pueda verificar los mensajes oficiales haciendo uso de su derecho a la información y exigir rectificación a lo largo del camino, tantas veces como sea necesario.
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*Sofía Ramírez Aguilar es investigadora, analista política y directora adjunta de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
@Sofia_RamirezA
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Reconocimiento
Un reconocimiento a Katia Guzmán por el procesamiento de la base de datos de la encuesta para la elaboración de gráficas de este texto.
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Bibliografía
“Aunario de la corrupción” (2019), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, https://contralacorrupcion.mx/anuario-2019/
“El Magistrado Presidente del TFJA afirma que El Sistema Nacional Anticorrupción es perfectible” (01 de abril de 2019), Sistema Nacional Anticorrupción, SNA,
“El Magistrado Avelino Toscano Toscano urge al Legislativo a resolver la designación de los Magistrados Anticorrupción” (09 de abril de 2019), Sistema Nacional Anticorrupción, SNA.
“Sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción” (4 de abril de 2017), Sistema Nacional Anticorrupción, SNA.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL (mayo 2020), “La crisis sanitaria generada por la covid-19 y sus consecuencias económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en mayor medida a grupos vulnerables”, Dirección de Información y Comuniación social, https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_06_POLIITICA_SOCIAL_EN_CONTEXTO_COVID_19.pdf
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL (junio 2020), “Coneval presenta las evaluaciones de diseño con trabajo de campo a 17 programas prioritarios de desarrollo social 2019-2020”, Dirección de Información y Comunicación social,
Secretaría de la Función Pública, SFP (13 de septiembre de 2018), “Aprueba SNA nuevo formato para la declaración patrimonial y de intereses”, Gobierno de México, https://www.gob.mx/sfp/prensa/aprueba-sna-nuevo-formato-para-la-declaracion-patrimonial-y-de-intereses?idiom=es
“Ley de Austeridad Repúblicana” (19 de noviembre de 2019), Diario Oficial de la Federación, DOF.
