Este texto fue publicado en Animal Político el 31 de agosto.
La corrupción opera siempre a través de redes de personas que colaboran para poder llevar a cabo alguno de los múltiples esquemas con los que obtienen beneficios indebidos. Políticos, empresarios, funcionarios, compadres, familiares, amigos y cómplices que operan de manera coordinada son la piedra angular para echar a andar cualquier operación de corrupción, con su consecuente halo protector de impunidad.
Siempre es necesaria la participación de más de dos personas para que un acto de corrupción pueda materializarse. Desde los sofisticados mecanismos de creación de empresas fantasmas y simulación de contratos públicos (“La Estafa Maestra…”, 2017) ; pasando por la entrega por adjudicación directa a empresas de familiares o amigos; hasta las redes de complicidad en manos de exgobernadores usadas para despojar «legalmente» de sus bienes a propietarios (Ibarra y Meza, 2016). En todos los casos, la corrupción y la impunidad recorren un intrincado camino de mano en mano que garantiza que la acción colectiva, aunque sea para fines totalmente ilícitos, pueda llegar a buen puerto.
En la medida que estas redes operan fuera de la luz pública, las posibilidades de combatirlas y neutralizarlas se hacen cada vez más complicadas. Precisamente por ello se han dado múltiples pasos para tratar de tener una imagen más precisa de las posibles redes en las que pueden participar funcionarios y políticos. Por ejemplo, los servidores públicos deben presentar y hacer pública su declaración patrimonial (qué y cuántos bienes tienen) y de intereses (en qué empresas participan o qué relaciones tienen que podrían interferir con el desempeño de un cargo); mientras que la iniciativa conocida como «3 de 3» amplió la presentación de estos dos documentos y de la declaración de la situación fiscal a los candidatos de elección popular. Pero aún falta un largo camino por recorrer.
La demanda por conocer esta información sigue siendo significativa por parte de la ciudadanía. En 2020, 77% de los mexicanos considera que es importante saber si los funcionarios, políticos y representantes populares tienen empresas o negocios privados, y sólo 20% creen que es poco o nada relevante conocer estos datos. Igualmente, 74% creen que es importante conocer si los funcionarios públicos tienen amigos o familiares en el gobierno, mientras que el porcentaje que cree que esta información es poco o nada relevante es de 23%.
La mayoría de las personas considera fundamental esta información para poder identificar áreas de riesgo y posibles actos ilícitos: el 66% de los mexicanos cree que hacer pública esta información ayuda a combatir la corrupción en el Gobierno. Sin embargo, sería ingenuo pensar que aquellos funcionarios o políticos involucrados en actos de corrupción harían pública de manera voluntaria información que los incriminara, por lo que es necesario poner en evidencia la importancia de tener múltiples fuentes de información que permitan a la ciudadanía inspeccionar de manera más cercana las actividades de sus servidores públicos.
El caso del que fuera súperdelegado del actual gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, resulta revelador. En su declaración 3de3 el funcionario reconoció su participación en 4 compañías farmacéuticas, en las cuales también se encontraban su esposa, su exesposa, tres de sus hijos, antiguos colaboradores y amigos vinculados a MORENA. El problema es que, además de estas 4 compañías, las mismas personas formaban parte de otras 5 compañías farmacéuticas que también compartían oficinas con el resto de empresas de Lomelí. Además, habían recibido contratos públicos por parte del gobierno actual, como el caso de la empresa Abisalud, que en 2019 firmó un contrato por 164 millones de pesos con el gobierno federal y otro contrato por 36 millones de pesos con el nuevo gobierno de Veracruz del morenista Cuitláhuac García (Durán y Sánchez, 2019).
El súperdelegado Lomelí rechazó tener algún vínculo con estas empresas, pero el entrecruzamiento de redes y la cercanía filial y política de todos los involucrados era evidente, además de que se demostró que el político tenía acceso a las cuentas bancarias de las empresas que decía desconocer, lo que llevó al funcionario a presentar su renuncia en julio de 2019 y a que algunas de sus empresas fueran inhabilitadas temporalmente (“SFP inhabilita…”, 2019), aunque después las sanciones fueron suspendidas (Linares, 2020).
Un caso equivalente es el de Manuel Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad. En su declaración patrimonial el servidor público señaló tener un patrimonio de 51 millones pesos, ingresos anuales por 11 millones más, así como dos edificios y tres locales; sin embargo, una investigación periodística señaló la existencia de 23 bienes inmuebles en las zonas más caras de la Ciudad, 10 empresas propiedad de su pareja sentimental y de sus hijos (algunas de ellas beneficiarias de contratos con el gobierno), así como 2 empresas en las que participaba Manuel Bartlett, que no fueron declaradas por Bartlett (Quintero y Loret de Mola, 2019).
La Secretaría de la Función Pública realizó una investigación al respecto y logró confirmar que los bienes y empresas efectivamente eran propiedad de quienes se había denunciado, pero «se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato» (SFP, 2019), por lo que la omisión de hacer públicos dichos bienes con valor de más de 800 millones de pesos no violó ninguna ley. La resolución, tomada a partir de una interpretación formalista de la ley, permitió absolver a un miembro del propio gobierno, aunque es probable (como se analizará con mayor detalle en apartados posteriores) que el impacto negativo en la percepción ciudadana fuera obvio.
La importancia que los ciudadanos dan a la publicidad de la información sobre las empresas y posibles conflictos de interés mostrada en esta sección, así como su papel en el combate a la corrupción, son un arma de doble filo. Si bien las declaraciones públicas por parte del presidente y de todo su equipo sobre la transformación del gobierno para desterrar la corrupción y la impunidad pueden tener un efecto positivo en las expectativas ciudadanas y en su valoración de la lucha anticorrupción, también las muestras de la vigencia de nuevas redes de posible complicidad y de múltiples intereses que se esconden de la luz pública, pero son protegidos, pueden terminar socavando la confianza ciudadana. La solución, entonces, pasa por convertir a la transparencia en algo más que un elemento discursivo para poder convertirla en una realidad.
*Leonardo Nuñez Gonzalez
Investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y analista político.
@leonugo
Se agradece a Katia Guzmán por la elaboración de las gráficas de este texto.
Bibliografía
“La Estafa Maestra. Graduados en desaparecer dinero público” (5 de septiembre de 2017), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político, https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/
“SFP inhabilita por dos años y medio a dos farmacéuticas del exdelegado Carlos Lomelí” (13 de septiembre de 2019), Redacción Animal Político, Animal Político, https://www.animalpolitico.com/2019/09/inhabilitas-farmaceuticas-superdelegado-carlos-lomeli-sfp/
Durán, Valeria y Sánchez, Laura (20 de mayo de 2019), “El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí”, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/
Ibarra, Mariel y Meza, Silber (6 de julio de 2016), “Los piratas de Borge: el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo”, Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, https://expansion.mx/nacional/2016/07/06/los-piratas-de-borge-el-saqueo-de-bienes-institucionalizado-en-quintana-roo#:~:text=Los%20piratas%20de%20Borge%3A%20El%20saqueo%20de%20bienes%20institucionalizado%20en,patrimonio%20de%20empresas%20y%20particulares.
Linares, José Raúl (23 de enero de 2020), “Suspenden sanciones contra empresa de Carlos Lomelí, exdelegado de AMLO”, Proceso, https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/1/23/suspenden-sanciones-contra-empresa-de-carlos-lomeli-exdelegado-de-amlo-237534.html
Quintero, Areli y Loret de Mola, Carlos (28 de agosto de 2019), “Bartlett bienes raíces”, W Radio, https://wradio.com.mx/programa/2019/08/28/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1567012801_212370.html
Secretaría de la Función Pública, SFP (19 de diciembre de 2019), “Informe Técnico de la Investigación iniciada sobre el Director General de la Comisión Federal de Electricidad”, Gobierno de México, https://bit.ly/3frbnMv
