El desvío de recursos públicos ocurre cuando los recursos del erario son reorientados de su objetivo original para beneficiar intereses privados, ya sea económicos o políticos. En el último año, esta dinámica atravesó los tres órdenes de gobierno y alcanzó a los organismos autónomos. Sus efectos se tradujeron en derechohabientes afectados, servicios gubernamentales ineficientes, obras sin comprobación y daños significativos al patrimonio público.
En 2025, la Auditoría Superior de la Federación presentó la revisión de la Cuenta Pública 2023 y detectó posibles daños por 8,000 millones de pesos. En paralelo, se abrieron investigaciones oficiales sobre desvíos ocurridos en el pasado reciente. Esta categoría reúne expedientes que van desde redes de créditos para viviendas inexistentes hasta compras a proveedores fantasma.
En agosto de 2025, una investigación de MCCI documentó que Alimentación para el Bienestar replicó esquemas de contratación utilizados por su antecesora Segalmex: adjudicaciones directas, domicilios fiscales inexistentes y prestanombres usados sin consentimiento. Cinco compañías vinculadas entre sí —Konkistolo, FamilyDuck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todólogos.com— recibieron contratos por 184 millones de pesos en 2025. La supuesta socia mayoritaria de Konkistolo negó haber constituido la empresa y denunció robo de identidad. Al verificar los domicilios del resto de las empresas, MCCI encontró departamentos y bodegas donde nadie identificó a las proveedoras, e indicios de simulación de competencia entre las cinco. Alimentación para el Bienestar reconoció tener contratos con Grupo Pelmu y FamilyDuck, a pesar de las observaciones de la ASF sobre transferencias entre empresas relacionadas.
La Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad federal lanzaron en diciembre de 2024, la Operación “Enjambre”, que apuntó a redes político-criminales en municipios del sur del Estado de México. Autoridades municipales en Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico realizaron transferencias de recursos públicos al grupo delictivo La Familia Michoacana, incluso a través de acuerdos de cabildo. El operativo, implementado en dos fases, logró la detención de 59 personas involucradas. Entre los casos más sobresalientes, se encuentra el director del DIF de Tonatico, acusado de secuestro con fines de extorsión, así como la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos. Fueron asegurados más de cinco millones de pesos en efectivo y otros indicios que refuerzan la línea de uso de recursos del erario para favorecer a la organización criminal.
En enero de 2025, W Radio divulgó una auditoría forense, hecha por la ASF al INAI. Esta auditoría documentó que hasta 10% de los 687 servidores del Instituto tenían parentesco familiar y que algunos de ellos tenían que pagar un porcentaje de su sueldo al excomisionado Eugenio Monterrey. Asimismo, apuntó a costosos viajes nacionales e internacionales no autorizados y plazas usadas para servicios personales.
En febrero, MCCI reveló un correo institucional de la comisionada Norma Julieta del Río dirigido al comisionado presidente Adrían Alcalá, donde denuncia “extorsión con sueldos”, acoso e intimidación. MCCI añadió que la ASF promovió posibles responsabilidades administrativas. En abril, el INAI desapareció formalmente, derivado de una reforma constitucional, bajo el argumento de la simplificación administrativa.
En agosto de 2025, una investigación de MCCI documentó que Alimentación para el Bienestar replicó esquemas de contratación utilizados por su antecesora Segalmex: adjudicaciones directas, domicilios fiscales inexistentes y prestanombres usados sin consentimiento. Cinco compañías vinculadas entre sí —Konkistolo, FamilyDuck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todólogos.com— recibieron contratos por 184 millones de pesos en 2025. La supuesta socia mayoritaria de Konkistolo negó haber constituido la empresa y denunció robo de identidad. Al verificar los domicilios del resto de las empresas, MCCI encontró departamentos y bodegas donde nadie identificó a las proveedoras, e indicios de simulación de competencia entre las cinco. Alimentación para el Bienestar reconoció tener contratos con Grupo Pelmu y FamilyDuck, a pesar de las observaciones de la ASF sobre transferencias entre empresas relacionadas.
La Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad federal lanzaron en diciembre de 2024, la Operación “Enjambre”, que apuntó a redes político-criminales en municipios del sur del Estado de México. Autoridades municipales en Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico realizaron transferencias de recursos públicos al grupo delictivo La Familia Michoacana, incluso a través de acuerdos de cabildo. El operativo, implementado en dos fases, logró la detención de 59 personas involucradas. Entre los casos más sobresalientes, se encuentra el director del DIF de Tonatico, acusado de secuestro con fines de extorsión, así como la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos. Fueron asegurados más de cinco millones de pesos en efectivo y otros indicios que refuerzan la línea de uso de recursos del erario para favorecer a la organización criminal.
En enero de 2025, W Radio divulgó una auditoría forense, hecha por la ASF al INAI. Esta auditoría documentó que hasta 10% de los 687 servidores del Instituto tenían parentesco familiar y que algunos de ellos tenían que pagar un porcentaje de su sueldo al excomisionado Eugenio Monterrey. Asimismo, apuntó a costosos viajes nacionales e internacionales no autorizados y plazas usadas para servicios personales.
En febrero, MCCI reveló un correo institucional de la comisionada Norma Julieta del Río dirigido al comisionado presidente Adrían Alcalá, donde denuncia “extorsión con sueldos”, acoso e intimidación. MCCI añadió que la ASF promovió posibles responsabilidades administrativas. En abril, el INAI desapareció formalmente, derivado de una reforma constitucional, bajo el argumento de la simplificación administrativa.
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero” por presuntamente haber facilitado el tráfico ilícito de fentanilo. La dependencia advirtió que eventualmente publicaría órdenes que prohibirían ciertas transacciones. Las medidas, previstas para entrar en vigor el 21 de julio, se aplazaron para el 20 de octubre.
Por su parte, MCCI publicó que la UIF conocía desde agosto de 2024 operaciones sospechosas en Vector, ligadas a Samuel y Alexis Weinberg. Su empresa Nunvav Inc. transfirió 47 millones de dólares, provenientes de supuestos desvíos de recursos públicos mexicanos, a cuentas de Vector entre 2015 y 2016, desde Barbados.
El 19 de diciembre de 2024, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso una supuesta red delictiva que entre 2014 y 2022 otorgó múltiples créditos sobre una misma vivienda. El Instituto detectó que fueron asignados 12,000 créditos en 1,400 inmuebles. Esto implica que algunas propiedades fueron vendidas hasta cuatro veces. El daño estimado suma 1,200 millones de pesos y poco menos de 400,000 derechohabientes. En este esquema habrían participado funcionarios del instituto, notarios, despachos y peritos valuadores.
El 11 de enero de 2025, Reforma dio a conocer que el Infonavit investigaba una red de representantes obreros, constructores y notarios que, entre 2012 y 2016, habrían defraudado al instituto. Cuatro empresas recibieron pagos por más de 270 millones de pesos para construir viviendas inexistentes. En los meses siguientes, el Infonavit informó que presentó 28 denuncias penales ante la FGR y alistaba otras 3,405 denuncias por presuntos fraudes por juicios masivos, hechos por gestores que usurparon la identidad de los derechohabientes, así como fraudes hechos por la construcción de casas que no existieron, así como actos de corrupción de funcionarios del Instituto por quitar viviendas de los derechohabientes.
En febrero de 2025, el director del ISSSTE, Martí Batres, denunció que la asociación civil “Fundación ISSSTE A.C.”, creada en 2016 durante la gestión de José Reyes Baeza, lucró con 27 espacios dentro de instalaciones médicas, como cafeterías y máquinas expendedoras. Esta asociación arrendó al menos 15 de estos espacios a terceros sin contratos ni beneficio alguno para el Instituto; además, recibió 5 millones de pesos para equipamiento, cuyo destino no fue comprobado. En consecuencia, el ISSSTE presentó denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y la FGR.
En marzo de 2025, la Secretaría de Economía revocó la autorización de uso de la denominación “Fundación ISSSTE, A.C.” para evitar confusión con el organismo público. En abril, el Instituto informó la recuperación de los 27 espacios. La asociación fue constituida por Rafael Manuel Navarro Meneses, José Narro Robles, José Ignacio Campillo, Delia Mendía Zubieta y, como presidente honorario, José Reyes Baeza.
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como “instituciones de preocupación principal en materia de lavado de dinero” por presuntamente haber facilitado el tráfico ilícito de fentanilo. La dependencia advirtió que eventualmente publicaría órdenes que prohibirían ciertas transacciones. Las medidas, previstas para entrar en vigor el 21 de julio, se aplazaron para el 20 de octubre.
Por su parte, MCCI publicó que la UIF conocía desde agosto de 2024 operaciones sospechosas en Vector, ligadas a Samuel y Alexis Weinberg. Su empresa Nunvav Inc. transfirió 47 millones de dólares, provenientes de supuestos desvíos de recursos públicos mexicanos, a cuentas de Vector entre 2015 y 2016, desde Barbados.
El 19 de diciembre de 2024, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso una supuesta red delictiva que entre 2014 y 2022 otorgó múltiples créditos sobre una misma vivienda. El Instituto detectó que fueron asignados 12,000 créditos en 1,400 inmuebles. Esto implica que algunas propiedades fueron vendidas hasta cuatro veces. El daño estimado suma 1,200 millones de pesos y poco menos de 400,000 derechohabientes. En este esquema habrían participado funcionarios del instituto, notarios, despachos y peritos valuadores.
El 11 de enero de 2025, Reforma dio a conocer que el Infonavit investigaba una red de representantes obreros, constructores y notarios que, entre 2012 y 2016, habrían defraudado al instituto. Cuatro empresas recibieron pagos por más de 270 millones de pesos para construir viviendas inexistentes. En los meses siguientes, el Infonavit informó que presentó 28 denuncias penales ante la FGR y alistaba otras 3,405 denuncias por presuntos fraudes por juicios masivos, hechos por gestores que usurparon la identidad de los derechohabientes, así como fraudes hechos por la construcción de casas que no existieron, así como actos de corrupción de funcionarios del Instituto por quitar viviendas de los derechohabientes.
En febrero de 2025, el director del ISSSTE, Martí Batres, denunció que la asociación civil “Fundación ISSSTE A.C.”, creada en 2016 durante la gestión de José Reyes Baeza, lucró con 27 espacios dentro de instalaciones médicas, como cafeterías y máquinas expendedoras. Esta asociación arrendó al menos 15 de estos espacios a terceros sin contratos ni beneficio alguno para el Instituto; además, recibió 5 millones de pesos para equipamiento, cuyo destino no fue comprobado. En consecuencia, el ISSSTE presentó denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y la FGR.
En marzo de 2025, la Secretaría de Economía revocó la autorización de uso de la denominación “Fundación ISSSTE, A.C.” para evitar confusión con el organismo público. En abril, el Instituto informó la recuperación de los 27 espacios. La asociación fue constituida por Rafael Manuel Navarro Meneses, José Narro Robles, José Ignacio Campillo, Delia Mendía Zubieta y, como presidente honorario, José Reyes Baeza.
En 2019, el gobierno de Diego Sinhue en Guanajuato creó el Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG) con recursos del Impuesto sobre Nóminas para financiar obras y programas sociales. Este instrumento llegó a concentrar hasta 1,500 millones de pesos y fue administrado por un patronato relacionado con actores políticos y empresariales. Una investigación, publicada por Reforma en diciembre de 2024, documentó sueldos elevados entre organizaciones beneficiarias, así como cobros irregulares para financiar proyectos.
En 2025, la Auditoría Superior del Estado detectó posibles desvíos por 214 millones de pesos. Ante las irregularidades, la gobernadora Libía García propuso la desaparición del fideicomiso. Algunas cámaras empresariales promovieron amparos contra esta medida; sin embargo, en julio de 2025 alcanzaron un acuerdo con el gobierno estatal. A cambio de retirar los amparos, la administración local crearía un nuevo programa con un presupuesto de 1,167 millones para financiar proyectos de desarrollo social y prevención de la violencia.
En junio de 2025, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero denunció ante la Fiscalía estatal a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por no haber podido comprobar el gasto por casi 900 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal durante el ejercicio de 2023. La edil respondió que al tratarse de recursos federales, sólo la ASF puede fiscalizar esos recursos. No obstante, la Auditoría local ha subrayado que la fiscalización estatal es concurrente y no exclusiva de la ASF en este caso.
López promovió amparos en contra de esta denuncia y afirmó ser objeto de persecución política por parte del grupo gobernante en Guerrero. Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado negó cualquier injerencia y pidió a la edil solventar las observaciones. En junio de 2025, medios locales reportaron que la alcaldesa se negó a entregar estados financieros a la ASE. En agosto, el Congreso local solicitó a la ASF aclarar si el municipio ya solventó la cuenta 2023. El auditor estatal precisó que las suspensiones judiciales obtenidas por la edil no concluyen el procedimiento de fiscalización. Al cierre de este recuento, las irregularidades no habían sido solventadas y el caso contra la alcaldesa sigue abierto.
En mayo de 2025, la Contraloría de Veracruz presentó una denuncia por posible daño patrimonial de 1,600 millones de pesos en la Secretaría de Salud, derivado de observaciones de la ASF a la Cuenta Pública 2023. La gobernadora Rocío Nahle Medios declaró que se llamaría a cuentas a exfuncionarios responsables. El 30 de junio de 2025, Nahle confirmó que el Órgano Interno de Control presentó una denuncia específica contra la exsecretaria de Salud Guadalupe Díaz del Castillo.
En 2019, el gobierno de Diego Sinhue en Guanajuato creó el Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG) con recursos del Impuesto sobre Nóminas para financiar obras y programas sociales. Este instrumento llegó a concentrar hasta 1,500 millones de pesos y fue administrado por un patronato relacionado con actores políticos y empresariales. Una investigación, publicada por Reforma en diciembre de 2024, documentó sueldos elevados entre organizaciones beneficiarias, así como cobros irregulares para financiar proyectos.
En 2025, la Auditoría Superior del Estado detectó posibles desvíos por 214 millones de pesos. Ante las irregularidades, la gobernadora Libía García propuso la desaparición del fideicomiso. Algunas cámaras empresariales promovieron amparos contra esta medida; sin embargo, en julio de 2025 alcanzaron un acuerdo con el gobierno estatal. A cambio de retirar los amparos, la administración local crearía un nuevo programa con un presupuesto de 1,167 millones para financiar proyectos de desarrollo social y prevención de la violencia.
En junio de 2025, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero denunció ante la Fiscalía estatal a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por no haber podido comprobar el gasto por casi 900 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal durante el ejercicio de 2023. La edil respondió que al tratarse de recursos federales, sólo la ASF puede fiscalizar esos recursos. No obstante, la Auditoría local ha subrayado que la fiscalización estatal es concurrente y no exclusiva de la ASF en este caso.
López promovió amparos en contra de esta denuncia y afirmó ser objeto de persecución política por parte del grupo gobernante en Guerrero. Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado negó cualquier injerencia y pidió a la edil solventar las observaciones. En junio de 2025, medios locales reportaron que la alcaldesa se negó a entregar estados financieros a la ASE. En agosto, el Congreso local solicitó a la ASF aclarar si el municipio ya solventó la cuenta 2023. El auditor estatal precisó que las suspensiones judiciales obtenidas por la edil no concluyen el procedimiento de fiscalización. Al cierre de este recuento, las irregularidades no habían sido solventadas y el caso contra la alcaldesa sigue abierto.
En mayo de 2025, la Contraloría de Veracruz presentó una denuncia por posible daño patrimonial de 1,600 millones de pesos en la Secretaría de Salud, derivado de observaciones de la ASF a la Cuenta Pública 2023. La gobernadora Rocío Nahle Medios declaró que se llamaría a cuentas a exfuncionarios responsables. El 30 de junio de 2025, Nahle confirmó que el Órgano Interno de Control presentó una denuncia específica contra la exsecretaria de Salud Guadalupe Díaz del Castillo.
En marzo de 2025, MCCI documentó que Samuel y Alexis Weinberg, señalados por autoridades en Estados Unidos de formar parte de la red de desvío de recursos públicos de Genaro García Luna, transfirieron 4.5 millones de dólares a Julia Elena Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, entre 2012 y 2017. Esta información provino de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante una corte en Florida.
Abdalá declaró, en una entrevista en radio, que los pagos recibidos por los Weinberg se debieron a la venta de un hotel en la colonia Anzures de la Ciudad de México. MCCI. revisó los registros de esa propiedad y no detectó la supuesta operación con los Wienberg.
En febrero de 2025, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos vinculó a proceso penal a seis exfuncionarios de la administración de Graco Ramírez, quien gobernó la entidad entre 2012 y 2018, entre ellos el exsecretario de Hacienda y el extesorero. La acusación fue por el presunto desvío de 81.5 millones de pesos destinados originalmente a becas escolares, primas de antigüedad y otros beneficios. Los fondos se pagaron a la empresa Serveis Akram S.A. de C.V., sin evidencia de entrega de bienes o servicios.
En agosto de 2025, dos excolaboradores adicionales de Ramírez fueron sujetos a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público por autorizar, de manera irregular, un contrato adjudicado directamente para la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo “Juan Soriano”.
En marzo de 2025, MCCI documentó que Samuel y Alexis Weinberg, señalados por autoridades en Estados Unidos de formar parte de la red de desvío de recursos públicos de Genaro García Luna, transfirieron 4.5 millones de dólares a Julia Elena Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, entre 2012 y 2017. Esta información provino de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante una corte en Florida.
Abdalá declaró, en una entrevista en radio, que los pagos recibidos por los Weinberg se debieron a la venta de un hotel en la colonia Anzures de la Ciudad de México. MCCI. revisó los registros de esa propiedad y no detectó la supuesta operación con los Wienberg.
En febrero de 2025, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos vinculó a proceso penal a seis exfuncionarios de la administración de Graco Ramírez, quien gobernó la entidad entre 2012 y 2018, entre ellos el exsecretario de Hacienda y el extesorero. La acusación fue por el presunto desvío de 81.5 millones de pesos destinados originalmente a becas escolares, primas de antigüedad y otros beneficios. Los fondos se pagaron a la empresa Serveis Akram S.A. de C.V., sin evidencia de entrega de bienes o servicios.
En agosto de 2025, dos excolaboradores adicionales de Ramírez fueron sujetos a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público por autorizar, de manera irregular, un contrato adjudicado directamente para la construcción del Museo Morelense de Arte Contemporáneo “Juan Soriano”.
