La impunidad es un fenómeno que fortalece las condiciones que favorecen la comisión de actos de corrupción. A pesar de que diversos hechos de corrupción han sido registrados por los medios de comunicación, revelados a través de investigaciones periodísticas o denunciados por las organizaciones de la sociedad civil, sus protagonistas no han enfrentado sus responsabilidades. Los casos considerados en esta categoría incluyen a funcionarios y exgobernadores que hasta este momento han evitado sanciones en su contra, a pesar de la evidencia acumulada en su contra.
Un sistema que en lugar de sancionar estas acciones, protege a personajes con poder y les permite conservar cargos o postularse a nuevas posiciones perpetúa las condiciones políticas que facilitan futuros actos de corrupción. El resultado es un mecanismo institucional que no sólo tolera, sino que premia la impunidad.
En diciembre de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal decidió cerrar la investigación interna por la presunta coacción de jueces, durante el periodo en el que Arturo Zaldívar fue presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. En abril de 2024, una denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal acusó al exministro Arturo Zaldívar y otros cuatro funcionarios del Poder Judicial de presionar a más de 70 jueces y magistrados de resolver al menos 18 casos en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Reforma, la decisión de cerrar la investigación contra Antonio Alpízar Salazar, quien fuera secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura, fue tomada en una votación dividida de cuatro contra tres. Los cuatro votos fueron de Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyvés y Sergio Molina. En marzo de 2025, la misma mayoría de votos en el Consejo de la Judicatura determinó revocar el acuerdo emitido por la ministra Norma Piña por el que ordenó investigar a Zaldívar, dejando sin consecuencias las denuncias recibidas un año antes.
Bernardo Bátiz, Celia Maya y Verónica de Gyvés lograron mantenerse en sus cargos, al resultar electos como magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, con Celia Maya como presidenta por los primeros dos años.
En noviembre de 2024, un juez federal canceló la orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez por presunta falsificación de documentos. Apenas en septiembre de 2024, cuando era integrante de la bancada panista, su voto a favor de la reforma judicial fue fundamental para lograr la mayoría calificada necesaria.
En 2021, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló a Jorge Luis Lavalle Maury de haber recibido un soborno por parte de Odebrecht para votar a favor de la reforma energética, cuando era senador (de este caso, MCCI tiene una de las coberturas más completas). Ese mismo año, Lavalle fue acusado de los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa y detenido bajo prisión preventiva. En 2022, logró modificar la medida cautelar a portar un brazalete electrónico.
En diciembre de 2024, la gobernadora de Campeche nombró a Lavalle como secretario de Desarrollo Económico. Ante la polémica, ella defendió la designación al decir que no se ha comprobado nada en contra del exsenador panista.
En diciembre de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal decidió cerrar la investigación interna por la presunta coacción de jueces, durante el periodo en el que Arturo Zaldívar fue presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. En abril de 2024, una denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal acusó al exministro Arturo Zaldívar y otros cuatro funcionarios del Poder Judicial de presionar a más de 70 jueces y magistrados de resolver al menos 18 casos en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Reforma, la decisión de cerrar la investigación contra Antonio Alpízar Salazar, quien fuera secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura, fue tomada en una votación dividida de cuatro contra tres. Los cuatro votos fueron de Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyvés y Sergio Molina. En marzo de 2025, la misma mayoría de votos en el Consejo de la Judicatura determinó revocar el acuerdo emitido por la ministra Norma Piña por el que ordenó investigar a Zaldívar, dejando sin consecuencias las denuncias recibidas un año antes.
Bernardo Bátiz, Celia Maya y Verónica de Gyvés lograron mantenerse en sus cargos, al resultar electos como magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, con Celia Maya como presidenta por los primeros dos años.
En noviembre de 2024, un juez federal canceló la orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez por presunta falsificación de documentos. Apenas en septiembre de 2024, cuando era integrante de la bancada panista, su voto a favor de la reforma judicial fue fundamental para lograr la mayoría calificada necesaria.
En 2021, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló a Jorge Luis Lavalle Maury de haber recibido un soborno por parte de Odebrecht para votar a favor de la reforma energética, cuando era senador (de este caso, MCCI tiene una de las coberturas más completas). Ese mismo año, Lavalle fue acusado de los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa y detenido bajo prisión preventiva. En 2022, logró modificar la medida cautelar a portar un brazalete electrónico.
En diciembre de 2024, la gobernadora de Campeche nombró a Lavalle como secretario de Desarrollo Económico. Ante la polémica, ella defendió la designación al decir que no se ha comprobado nada en contra del exsenador panista.
En abril de 2025, el exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, enfrentó una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados por acusaciones de tentativa de violación presentadas por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, así como por otras denuncias de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado. El pleno de la Cámara de Diputados rechazó retirar la inmunidad a Blanco con 291 votos en contra. Esta decisión fue cuestionada por diputadas de diferentes partidos, incluido Morena. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum justificó la decisión al señalar que la denuncia provenía de un fiscal “corrupto” —en alusión a Uriel Carmona, quien fue destituido en febrero, tras pedir el desafuero de Blanco. El legislador acudió a la Fiscalía de Morelos de forma voluntaria a declarar, pero su defensa señaló que no pudo tener acceso a la carpeta de investigación.
De forma paralela, en julio de 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo inscribió en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por impedirle acceder al palco principal de un evento institucional cuando era gobernador de Morelos. La sanción fue fijada por un año y seis meses, así como la obligación de tomar un curso sobre la protección de los derechos de las mujeres.
En marzo de 2025, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán entre 2015 y 2021, por diversos delitos de corrupción. La investigación de la Fiscalía estimó un desvío de 3,400 millones de pesos por la construcción de siete cuarteles policiacos. Ese mismo mes, tres funcionarios de su administración fueron detenidos, incluido su secretario de finanzas, Carlos Maldonado Mendoza. Este es investigado por autorizar la entrega de cuatro millones de pesos para la construcción de una obra en Zitácuaro de la que no existe evidencia.
Si bien Aureoles Conejo obtuvo temporalmente una suspensión contra la orden de aprehensión, mediante un amparo, ésta quedó sin efecto por decisión de una jueza federal en agosto. El exgobernador no asistió a una audiencia programada ese mismo mes y a la fecha se desconoce su paradero.
En abril de 2025, el exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, enfrentó una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados por acusaciones de tentativa de violación presentadas por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, así como por otras denuncias de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado. El pleno de la Cámara de Diputados rechazó retirar la inmunidad a Blanco con 291 votos en contra. Esta decisión fue cuestionada por diputadas de diferentes partidos, incluido Morena. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum justificó la decisión al señalar que la denuncia provenía de un fiscal “corrupto” —en alusión a Uriel Carmona, quien fue destituido en febrero, tras pedir el desafuero de Blanco. El legislador acudió a la Fiscalía de Morelos de forma voluntaria a declarar, pero su defensa señaló que no pudo tener acceso a la carpeta de investigación.
De forma paralela, en julio de 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo inscribió en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por impedirle acceder al palco principal de un evento institucional cuando era gobernador de Morelos. La sanción fue fijada por un año y seis meses, así como la obligación de tomar un curso sobre la protección de los derechos de las mujeres.
En marzo de 2025, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán entre 2015 y 2021, por diversos delitos de corrupción. La investigación de la Fiscalía estimó un desvío de 3,400 millones de pesos por la construcción de siete cuarteles policiacos. Ese mismo mes, tres funcionarios de su administración fueron detenidos, incluido su secretario de finanzas, Carlos Maldonado Mendoza. Este es investigado por autorizar la entrega de cuatro millones de pesos para la construcción de una obra en Zitácuaro de la que no existe evidencia.
Si bien Aureoles Conejo obtuvo temporalmente una suspensión contra la orden de aprehensión, mediante un amparo, ésta quedó sin efecto por decisión de una jueza federal en agosto. El exgobernador no asistió a una audiencia programada ese mismo mes y a la fecha se desconoce su paradero.
