El financiamiento ilegal, el uso de recursos públicos y el aprovechamiento de posiciones de poder para influir en los resultados electorales es uno de los principales problemas de la democracia mexicana. En junio de 2025 se celebraron las primeras elecciones a nivel nacional para elegir a ministros, magistrados y jueces del poder judicial federal y de 19 poderes locales. Estos procesos electorales marcaron un notable retroceso en las reglas alrededor de los procesos de votación al vulnerar las condiciones de igualdad entre los participantes y la improvisación por parte de las autoridades electorales para definir las reglas.
Durante la sesión extraordinaria del domingo 15 de junio, el Consejo General del INE reconoció la existencia de casillas donde, de manera inexplicable, votó el 100% —o incluso más— de los electores registrados en la lista nominal. También se detectaron boletas “planchadas”, es decir, sin las marcas de doblez que naturalmente deberían presentar al haber sido introducidas en la urna. Además, se documentó la existencia de casillas “zapato”, en las que el 100% de los votos fueron emitidos a favor de las mismas candidaturas.
Al menos 818 casillas donde ocurrieron una o más de esas prácticas antidemocráticas e ilegales no fueron incluidas en el cómputo final. A esto se suman denuncias por la distribución ilegal de “acordeones” durante la jornada electoral. Cabe destacar que las candidaturas beneficiadas por esta práctica resultaron ganadoras en la elección para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y cuatro de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral.
Pese a las irregularidades, y aunque cinco de los once consejeros electorales votaron en contra, el Consejo General del INE —por mayoría— declaró válida la elección judicial en la sesión del 15 de junio. Si bien el INE no tiene la facultad de anular una elección, sí podía abstenerse de declarar su validez y remitir un informe al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte.
El proceso electoral para elegir a las personas integrantes del poder judicial sucedió junto con múltiples irregularidades. Por un lado, las candidatas que buscaban renovar su posición en la Suprema Corte iniciaron la promoción de sus candidaturas semanas antes de los tiempos marcados por las autoridades electorales. Además, durante las campañas, el Tribunal Electoral determinó que las personas funcionarias públicas sí podían promover la elección judicial, con la salvedad de que no apoyaran ninguna candidatura. Esta decisión le permitió a funcionarios de todos los niveles de gobierno promover la elección, a pesar de las restricciones marcadas por el nuevo marco legal.
A lo anterior, se suma la distribución masiva de acordeones, listas digitales o impresas con los números o nombres de ciertos candidatos a los que se pedía apoyar. Este tipo de propaganda fue detectado en diversas entidades. En Nuevo León, periodistas de El Norte documentaron sesiones de adiestramiento entre funcionarios del gobierno estatal. Mientras que Reforma dio cuenta de presuntos servidores de la nación, portando indumentaria en la que se podía leer “Gobierno de México”, repartían acordeones en Zapopán. Una investigación de la revista Proceso, publicada en agosto, recuperó parte de las evidencias mostradas por algunos candidatos para pedir la nulidad de la elección a la Suprema Corte. Entre estas evidencias estaba un supuesto contrato de Secretaría de Bienestar a una empresa para imprimir acordeones, así como el pago a promotores para que fueran distribuidos.
En junio, el Consejo General del INE declaró no elegibles a 45 candidatos ganadores en la elección judicial para magistraturas de circuito y jueces de distrito, por no cumplir con el requisito constitucional de tener el promedio mínimo. Sin embargo, en julio, la Sala Superior del TEPJF revocó esta decisión al considerar que el INE no tenía facultad para valorar los requisitos técnicos de especialidad, ya que eso es función de los Comités de Evaluación. Como efecto de esa resolución, el 18 de agosto de 2025, el INE entregó las constancias de mayoría a 45 candidaturas electas que habían sido previamente señaladas por no cumplir con los requisitos académicos. Entre estas candidaturas, ahora convertidas a juezas, están , Eluzai Aguilar y Madian Sinaí Menchaca, ligadas a la Iglesia de la Luz del Mundo.
La candidata de Morena a la alcaldía de Santiago Papasquiaro, en la sierra de Durango, Karen Pérez Herrera, fue detenida por la Policía Ministerial de Investigación. Supuestamente, la morenista llevaba más de 100 mil pesos en sobres y listados de electores que participaron en las elecciones de Durango, donde se renovaron las 39 presidencias municipales. Pérez Herrera fue puesta en libertad tras hora y media de arresto. La candidata resultó ganadora de la elección con 57% de los votos y tomó protesta como presidenta municipal el 1° de septiembre.
En abril de 2025, la dirigente estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, denunció mediante un video que tres ambulancias rotuladas con el nombre y fotografías de la senadora por Morena Andrea Chávez ofrecían servicios médicos en Ciudad Juárez. Ante la acusación de realizar actos anticipados de campaña al promover su imagen, la senadora pidió retirar su imagen de las unidades y acotó que se trataba de donativos hechos por empresarios. Sin embargo, en marzo, al hablar de nuevo del tema, Chávez aseguró que no eran donativos sino que eran parte de un convenio de colaboración con empresarios. Latinus dio a conocer que las unidades médicas eran de FMedical, propiedad de Fernando Padilla Farfán, quién también es dueño de la Revista Líder de México que en 2023 colocó por lo menos 136 anuncios espectaculares promocionando la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández.
PAN y PRI presentaron denuncias ante la FGR por lavado de dinero, peculado y financiamiento ilegal. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió en mayo una carta a Morena en la que llamó a prohibir los actos anticipados de campaña. Esto se tradujo en lineamientos éticos que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Morena.
Durante la sesión extraordinaria del domingo 15 de junio, el Consejo General del INE reconoció la existencia de casillas donde, de manera inexplicable, votó el 100% —o incluso más— de los electores registrados en la lista nominal. También se detectaron boletas “planchadas”, es decir, sin las marcas de doblez que naturalmente deberían presentar al haber sido introducidas en la urna. Además, se documentó la existencia de casillas “zapato”, en las que el 100% de los votos fueron emitidos a favor de las mismas candidaturas.
Al menos 818 casillas donde ocurrieron una o más de esas prácticas antidemocráticas e ilegales no fueron incluidas en el cómputo final. A esto se suman denuncias por la distribución ilegal de “acordeones” durante la jornada electoral. Cabe destacar que las candidaturas beneficiadas por esta práctica resultaron ganadoras en la elección para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y cuatro de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral.
Pese a las irregularidades, y aunque cinco de los once consejeros electorales votaron en contra, el Consejo General del INE —por mayoría— declaró válida la elección judicial en la sesión del 15 de junio. Si bien el INE no tiene la facultad de anular una elección, sí podía abstenerse de declarar su validez y remitir un informe al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte.
El proceso electoral para elegir a las personas integrantes del poder judicial sucedió junto con múltiples irregularidades. Por un lado, las candidatas que buscaban renovar su posición en la Suprema Corte iniciaron la promoción de sus candidaturas semanas antes de los tiempos marcados por las autoridades electorales. Además, durante las campañas, el Tribunal Electoral determinó que las personas funcionarias públicas sí podían promover la elección judicial, con la salvedad de que no apoyaran ninguna candidatura. Esta decisión le permitió a funcionarios de todos los niveles de gobierno promover la elección, a pesar de las restricciones marcadas por el nuevo marco legal.
A lo anterior, se suma la distribución masiva de acordeones, listas digitales o impresas con los números o nombres de ciertos candidatos a los que se pedía apoyar. Este tipo de propaganda fue detectado en diversas entidades. En Nuevo León, periodistas de El Norte documentaron sesiones de adiestramiento entre funcionarios del gobierno estatal. Mientras que Reforma dio cuenta de presuntos servidores de la nación, portando indumentaria en la que se podía leer “Gobierno de México”, repartían acordeones en Zapopán. Una investigación de la revista Proceso, publicada en agosto, recuperó parte de las evidencias mostradas por algunos candidatos para pedir la nulidad de la elección a la Suprema Corte. Entre estas evidencias estaba un supuesto contrato de Secretaría de Bienestar a una empresa para imprimir acordeones, así como el pago a promotores para que fueran distribuidos.
En junio, el Consejo General del INE declaró no elegibles a 45 candidatos ganadores en la elección judicial para magistraturas de circuito y jueces de distrito, por no cumplir con el requisito constitucional de tener el promedio mínimo. Sin embargo, en julio, la Sala Superior del TEPJF revocó esta decisión al considerar que el INE no tenía facultad para valorar los requisitos técnicos de especialidad, ya que eso es función de los Comités de Evaluación. Como efecto de esa resolución, el 18 de agosto de 2025, el INE entregó las constancias de mayoría a 45 candidaturas electas que habían sido previamente señaladas por no cumplir con los requisitos académicos. Entre estas candidaturas, ahora convertidas a juezas, están , Eluzai Aguilar y Madian Sinaí Menchaca, ligadas a la Iglesia de la Luz del Mundo.
La candidata de Morena a la alcaldía de Santiago Papasquiaro, en la sierra de Durango, Karen Pérez Herrera, fue detenida por la Policía Ministerial de Investigación. Supuestamente, la morenista llevaba más de 100 mil pesos en sobres y listados de electores que participaron en las elecciones de Durango, donde se renovaron las 39 presidencias municipales. Pérez Herrera fue puesta en libertad tras hora y media de arresto. La candidata resultó ganadora de la elección con 57% de los votos y tomó protesta como presidenta municipal el 1° de septiembre.
En abril de 2025, la dirigente estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, denunció mediante un video que tres ambulancias rotuladas con el nombre y fotografías de la senadora por Morena Andrea Chávez ofrecían servicios médicos en Ciudad Juárez. Ante la acusación de realizar actos anticipados de campaña al promover su imagen, la senadora pidió retirar su imagen de las unidades y acotó que se trataba de donativos hechos por empresarios. Sin embargo, en marzo, al hablar de nuevo del tema, Chávez aseguró que no eran donativos sino que eran parte de un convenio de colaboración con empresarios. Latinus dio a conocer que las unidades médicas eran de FMedical, propiedad de Fernando Padilla Farfán, quién también es dueño de la Revista Líder de México que en 2023 colocó por lo menos 136 anuncios espectaculares promocionando la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández.
PAN y PRI presentaron denuncias ante la FGR por lavado de dinero, peculado y financiamiento ilegal. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió en mayo una carta a Morena en la que llamó a prohibir los actos anticipados de campaña. Esto se tradujo en lineamientos éticos que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Morena.
Carlos Loret de Mola reveló un video en el que David León Romero, exoperador político del gobierno de Chiapas, entrega un sobre con 300 mil pesos al general José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena en Villaflores durante la campaña municipal de 2015. En el clip, David León aclara que el dinero viene “del gobernador”, refiriéndose a Manuel Velasco Coello. Moreno Alvarado respondió con expresiones de lealtad al gobernador. La grabación ocurrió días antes de los comicios municipales del 19 de julio de 2015. La revelación coincide con la reciente exoneración por parte del INE de Pío López Obrador. El senador Manuel Velasco ha negado categóricamente que su administración haya contribuido económicamente a campañas políticas.
Carlos Loret de Mola reveló un video en el que David León Romero, exoperador político del gobierno de Chiapas, entrega un sobre con 300 mil pesos al general José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena en Villaflores durante la campaña municipal de 2015. En el clip, David León aclara que el dinero viene “del gobernador”, refiriéndose a Manuel Velasco Coello. Moreno Alvarado respondió con expresiones de lealtad al gobernador. La grabación ocurrió días antes de los comicios municipales del 19 de julio de 2015. La revelación coincide con la reciente exoneración por parte del INE de Pío López Obrador. El senador Manuel Velasco ha negado categóricamente que su administración haya contribuido económicamente a campañas políticas.
