Una de las expresiones más claras de la corrupción como forma de captura del Estado consiste en otorgar cargos, contratos o concesiones a familiares, amistades o aliados políticos, al margen del mérito y la capacidad. Los casos de esta sección documentan beneficios indebidos o, cuando menos, cuestionables otorgados desde posiciones de poder a personas cercanas a quien decide: contratos para empresas de la familia, reformas legales hechas a la medida y concesiones para parientes. En conjunto, estos beneficios difícilmente son explicables sin los vínculos políticos que los sostienen.
En febrero de 2025, MCCI dio a conocer que Pedro Haces Barba, diputado federal por Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) impulsó una reforma para permitir la retención del salario de los trabajadores por parte de financieras de crédito de nómina. Esta medida beneficiaría a Inmediprest, empresa en la que participa su hija. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que vetaría una medida así, lo que frenó el dictamen. Aun así, Inmediprest mantiene convenios con dependencias gubernamentales. Otra empresa vinculada a Haces, Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento (SEGLIM), acumula contratos con distintas entidades públicas.
En contraste con el discurso de austeridad de Morena, Haces es propietario de un rancho de al menos ocho hectáreas en el Ajusco, con plaza de toros y hotel boutique. En julio de 2025, Latinus reportó que Haces festejó su cumpleaños en el hotel St. Regis de la Ciudad de México.
En octubre de 2024, Martín Borrego —entonces jefe de la oficina de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena—celebró en el Museo Nacional de Arte (Munal) un evento que, de acuerdo con una columna publicada en diciembre en El Universal, habría sido su boda. Borrego, quien para ese momento ya había pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostuvo que no se trató de una boda sino de un acto privado cubierto con recursos propios. Reconoció, sin embargo, que solicitó el espacio usando su correo institucional y ofreció versiones distintas sobre el motivo del encuentro: en una, un acto por los 89 años de relaciones entre México y Rumania; en otra, un brindis por el término de la misión diplomática de su pareja, Ionuț Vâlcu, de la Embajada de Rumania.
Alicia Bárcena, quien aparece en videos e imágenes del evento, señaló que no fue informada ni autorizó la gestión del recinto y pidió la renuncia de Borrego, quien dejó el cargo días después. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció una investigación a cargo del Órgano Interno de Control. En enero de 2025, apenas un mes después de la polémica, la Secretaría de Cultura designó a Mireida Velázquez Torres como nueva directora del Munal, en sustitución de Héctor Palhares Dos Santos Meza.
Una publicación de Latinus de febrero de 2025 dio cuenta de que en 2022 el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), entonces presidido por Guadalupe Taddei, firmó un contrato anual por 1.2 millones de pesos con Inmobiliaria Alta Sierra para arrendar oficinas. De acuerdo con registros mercantiles citados por este medio, la empresa tenía por accionistas a la esposa y dos de los hijos del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; él mismo fungió como administrador en 2022. Posteriormente, en agosto de 2025, Durazo designó a Luis Rogelio Piñeda Taddei —hijo de Taddei, presidenta del INE— como su secretario particular.
En febrero de 2025, MCCI dio a conocer que Pedro Haces Barba, diputado federal por Morena y líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) impulsó una reforma para permitir la retención del salario de los trabajadores por parte de financieras de crédito de nómina. Esta medida beneficiaría a Inmediprest, empresa en la que participa su hija. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que vetaría una medida así, lo que frenó el dictamen. Aun así, Inmediprest mantiene convenios con dependencias gubernamentales. Otra empresa vinculada a Haces, Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento (SEGLIM), acumula contratos con distintas entidades públicas.
En contraste con el discurso de austeridad de Morena, Haces es propietario de un rancho de al menos ocho hectáreas en el Ajusco, con plaza de toros y hotel boutique. En julio de 2025, Latinus reportó que Haces festejó su cumpleaños en el hotel St. Regis de la Ciudad de México.
En octubre de 2024, Martín Borrego —entonces jefe de la oficina de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena—celebró en el Museo Nacional de Arte (Munal) un evento que, de acuerdo con una columna publicada en diciembre en El Universal, habría sido su boda. Borrego, quien para ese momento ya había pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostuvo que no se trató de una boda sino de un acto privado cubierto con recursos propios. Reconoció, sin embargo, que solicitó el espacio usando su correo institucional y ofreció versiones distintas sobre el motivo del encuentro: en una, un acto por los 89 años de relaciones entre México y Rumania; en otra, un brindis por el término de la misión diplomática de su pareja, Ionuț Vâlcu, de la Embajada de Rumania.
Alicia Bárcena, quien aparece en videos e imágenes del evento, señaló que no fue informada ni autorizó la gestión del recinto y pidió la renuncia de Borrego, quien dejó el cargo días después. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció una investigación a cargo del Órgano Interno de Control. En enero de 2025, apenas un mes después de la polémica, la Secretaría de Cultura designó a Mireida Velázquez Torres como nueva directora del Munal, en sustitución de Héctor Palhares Dos Santos Meza.
Una publicación de Latinus de febrero de 2025 dio cuenta de que en 2022 el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), entonces presidido por Guadalupe Taddei, firmó un contrato anual por 1.2 millones de pesos con Inmobiliaria Alta Sierra para arrendar oficinas. De acuerdo con registros mercantiles citados por este medio, la empresa tenía por accionistas a la esposa y dos de los hijos del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; él mismo fungió como administrador en 2022. Posteriormente, en agosto de 2025, Durazo designó a Luis Rogelio Piñeda Taddei —hijo de Taddei, presidenta del INE— como su secretario particular.
En julio de 2025, el comandante de la 30 zona militar, ubicada en Tabasco, dio a conocer en una entrevista radiofónica que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena estaba prófugo y había abandonado el país. Bermúdez Requena fue nombrado por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y mantenido en su cargo por el gobernador sustituto Carlos Manuel Merino. López Hernández y Bermúdez Requena coincidieron en el gabinete del gobernador Manuel Gurría Ordóñez en Tabasco en la década de los noventa.
Desde octubre de 2022, MCCI había revelado que Bermúdez Requena estaba vinculado con la organización criminal denominada “La Barredora”, de acuerdo con informes de inteligencia hackeados a la Defensa. Los informes militares señalaban que este grupo pretendía extraer combustible de un buque en el puerto de Dos Bocas.
MCCI también dio a conocer en julio que este grupo delictivo pretendía suministrar 180 mil litros a la semana de combustible robado para los trabajos del Tren Maya. El sobrino del entonces secretario de seguridad, Raúl Bermúdez Arreola, era responsable de los tramos 4 y 5 de construcción del Tren Maya, pero fue destituido por acusaciones de corrupción. Otro de sus sobrinos, Gerardo Bermúdez Arreola, está en arresto domiciliario en Paraguay por la operación de apuestas deportivas sin los permisos necesarios. Asimismo, su hermano, Humberto Bermúdez Requena, es investigado por presunto lavado de dinero.
En septiembre, Hernán Bermúdez fue detenido en Asunción, Paraguay. Posteriormente, fue expulsado por el gobierno paraguayo y llegó a México el 18 de ese mes. El senador Adán Augusto López Hernández ha negado tener conocimiento de sus actividades delictivas y de tener cualquier vínculo con La Barredora; además, se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades.
En diciembre de 2024, Latinus documentó que Avacor y Grupo Servicorvel, vinculadas a Carlos Prats García, obtuvieron al menos 32 contratos de la Defensa y la Secretaría de Seguridad por 1,107 millones de pesos para uniformes y equipo, con precios inflados y simulación de competencia. Posteriormente, en julio de 2025 la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno inhabilitó por 30 meses a Avacor e impuso una multa superior a 1.5 millones de pesos por proporcionar información falsa en una licitación.
En octubre de 2024, también Latinus exhibió que el empresario Maclovio Yáñez Villagrán —cercano a López Hernández— aseguró, vía Núcleo Sepec y Sepec Oilfield Services, cinco contratos multianuales con Pemex Exploración y Producción por más de 4,000 millones de pesos, con vigencia hasta 2026. Además, recordó que cuatro empresas de su padre, Maclovio Yáñez Mondragón, habían sido inhabilitadas en 2017 y que esa sanción fue revocada por un tribunal durante el sexenio pasado.
En noviembre de 2024, Reforma reportó que Gerardo Sánchez Zumaya fue denunciado en la Fiscalía de Tabasco por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. Latinus había señalado que una empresa suya, Petro Gesa recibió entre 2021 y 2024, cuatro contratos de Pemex por 522 millones. En mayo de 2025, Pemex reconoció tener un adeudo con esta empresa por poco menos de 24 millones de pesos. El empresario de 34 años buscó ser candidato a la gubernatura de Tabasco en 2024 con el apoyo de Adán Augusto López Hernández y ahora pretende ser el candidato de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.
MCCI dió a conocer que IBN Industrias Militares —vinculada a Arturo Ávila, hoy vocero del grupo parlamentario de Morena— obtuvo un contrato en el AICM para servicios de seguridad y vigilancia, que se refrendó hasta 2022, luego de que Ávila participara en la campaña presidencial de López Obrador en 2018. En Pemex, IBN recibió en 2021 dos contratos para arrendamiento de camionetas blindadas. Ese mismo año, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años a la empresa por incumplimiento en un procedimiento del Banco del Bienestar. Entre 2020 y 2024, Blindajes Urbanos —empresa del padre de Ávila— consiguió al menos 13 contratos estatales y municipales por 72.7 millones de pesos.
En marzo de 2024, Ávila adquirió una casa en Rancho Santa Fe, San Diego, California, valuada entre 3.6 y 4.8 millones de dólares. Esta operación fue realizada mientras dos empresas vinculadas a él tenían sus cuentas bloqueadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta propiedad no estaba considerada en su declaración patrimonial.
Investigaciones adicionales de MCCI documentaron muestran que Share y Asociados —firma donde Ávila ha sido socio y apoderado— intermedió con la Secretaría de la Defensa la venta de 600 licencias del sistema “Galileo” de Hacking Team (por 2.8 millones de euros), con negociaciones documentadas en correos difundidos por Guacamaya Leaks. En octubre de 2021, una filial de su grupo empresarial vendió 10 vehículos “Yagu” al Ministerio de Defensa de El Salvador por 2.6 millones de dólares.
En julio de 2025, el comandante de la 30 zona militar, ubicada en Tabasco, dio a conocer en una entrevista radiofónica que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena estaba prófugo y había abandonado el país. Bermúdez Requena fue nombrado por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y mantenido en su cargo por el gobernador sustituto Carlos Manuel Merino. López Hernández y Bermúdez Requena coincidieron en el gabinete del gobernador Manuel Gurría Ordóñez en Tabasco en la década de los noventa.
Desde octubre de 2022, MCCI había revelado que Bermúdez Requena estaba vinculado con la organización criminal denominada “La Barredora”, de acuerdo con informes de inteligencia hackeados a la Defensa. Los informes militares señalaban que este grupo pretendía extraer combustible de un buque en el puerto de Dos Bocas.
MCCI también dio a conocer en julio que este grupo delictivo pretendía suministrar 180 mil litros a la semana de combustible robado para los trabajos del Tren Maya. El sobrino del entonces secretario de seguridad, Raúl Bermúdez Arreola, era responsable de los tramos 4 y 5 de construcción del Tren Maya, pero fue destituido por acusaciones de corrupción. Otro de sus sobrinos, Gerardo Bermúdez Arreola, está en arresto domiciliario en Paraguay por la operación de apuestas deportivas sin los permisos necesarios.Asimismo, su hermano, Humberto Bermúdez Requena, es investigado por presunto lavado de dinero.
En septiembre, Hernán Bermúdez fue detenido en Asunción, Paraguay. Posteriormente, fue expulsado por el gobierno paraguayo y llegó a México el 18 de ese mes. El senador Adán Augusto López Hernández ha negado tener conocimiento de sus actividades delictivas y de tener cualquier vínculo con La Barredora; además, se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades.
En diciembre de 2024, Latinus documentó que Avacor y Grupo Servicorvel, vinculadas a Carlos Prats García, obtuvieron al menos 32 contratos de la Defensa y la Secretaría de Seguridad por 1,107 millones de pesos para uniformes y equipo, con precios inflados y simulación de competencia. Posteriormente, en julio de 2025 la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno inhabilitó por 30 meses a Avacor e impuso una multa superior a 1.5 millones de pesos por proporcionar información falsa en una licitación.
En octubre de 2024, también Latinus exhibió que el empresario Maclovio Yáñez Villagrán —cercano a López Hernández— aseguró, vía Núcleo Sepec y Sepec Oilfield Services, cinco contratos multianuales con Pemex Exploración y Producción por más de 4,000 millones de pesos, con vigencia hasta 2026. Además, recordó que cuatro empresas de su padre, Maclovio Yáñez Mondragón, habían sido inhabilitadas en 2017 y que esa sanción fue revocada por un tribunal durante el sexenio pasado.
En noviembre de 2024, Reforma reportó que Gerardo Sánchez Zumaya fue denunciado en la Fiscalía de Tabasco por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. Latinus había señalado que una empresa suya, Petro Gesa recibió entre 2021 y 2024, cuatro contratos de Pemex por 522 millones. En mayo de 2025, Pemex reconoció tener un adeudo con esta empresa por poco menos de 24 millones de pesos. El empresario de 34 años buscó ser candidato a la gubernatura de Tabasco en 2024 con el apoyo de Adán Augusto López Hernández y ahora pretende ser el candidato de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.
MCCI dió a conocer que IBN Industrias Militares —vinculada a Arturo Ávila, hoy vocero del grupo parlamentario de Morena— obtuvo un contrato en el AICM para servicios de seguridad y vigilancia, que se refrendó hasta 2022, luego de que Ávila participara en la campaña presidencial de López Obrador en 2018. En Pemex, IBN recibió en 2021 dos contratos para arrendamiento de camionetas blindadas. Ese mismo año, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años a la empresa por incumplimiento en un procedimiento del Banco del Bienestar. Entre 2020 y 2024, Blindajes Urbanos —empresa del padre de Ávila— consiguió al menos 13 contratos estatales y municipales por 72.7 millones de pesos.
En marzo de 2024, Ávila adquirió una casa en Rancho Santa Fe, San Diego, California, valuada entre 3.6 y 4.8 millones de dólares. Esta operación fue realizada mientras dos empresas vinculadas a él tenían sus cuentas bloqueadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta propiedad no estaba considerada en su declaración patrimonial.
Investigaciones adicionales de MCCI documentaron muestran que Share y Asociados —firma donde Ávila ha sido socio y apoderado— intermedió con la Secretaría de la Defensa la venta de 600 licencias del sistema “Galileo” de Hacking Team (por 2.8 millones de euros), con negociaciones documentadas en correos difundidos por Guacamaya Leaks. En octubre de 2021, una filial de su grupo empresarial vendió 10 vehículos “Yagu” al Ministerio de Defensa de El Salvador por 2.6 millones de dólares.
Entre 2020 y 2024, la CFE —entonces dirigida por Manuel Bartlett— otorgó más de 6 mil millones de pesos en contratos por adjudicación directa a nueve empresas que estaban vinculadas con el diputado por el Partido del Trabajo en el Congreso de Coahuila, Antonio Flores Guerra. El legislador local, quien subió en octubre de 2024 un vídeo conduciendo un Lamborghini color guinda, declaró que no tiene contratos con el gobierno; sin embargo, al menos una empresa de su propiedad sí los recibió. Tras la revelación de estos contratos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún legislador debe tener contratos con el gobierno y planteó cambios legales para impedir este tipo de conflictos de intereses.
En mayo de 2025, Flores Guerra se vio involucrado en un choque mientras conducía una camioneta Lamborghini Urus, con un valor aproximado de 6 millones de pesos. Informó que si bien fue responsabilidad del otro vehículo, él asumiría los costos de reparación por alrededor de 250 mil pesos. Su hermana, Tania Flores Guerra, fue presidenta municipal de Múzquiz entre 2022 y 2024.
El actual senador panista por primera minoría, Enrique Vargas, fue presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, de 2016 a 2021. Posteriormente, fue sucedido por su esposa, Romina Contreras Carrasco, quien actualmente sigue en el cargo, luego de ganar la reelección en 2024.
Desde 2016, el municipio asignó 82 millones de pesos a 24 empresas aparentemente fantasma, de acuerdo con una investigación de MCCI. Diez de estas compañías comparten domicilio en el centro de Cuernavaca y fueron constituidas por el notario Manuel Carmona Gándara, hermano del exfiscal de Morelos. Vargas negó las irregularidades y aseguró que existen comprobantes de los servicios prestados.
En diciembre de 2023 se inauguró la planta de Mainland Headwear en Agua Prieta, Sonora. En el acto, el gobernador Alfonso Durazo afirmó que su hijo, Alfonso Durazo Chávez, y Alexander Ngan, director ejecutivo de la compañía, “fueron compañeros de escuela”. En enero de 2025, una investigación de Latinus documentó que la empresa obtuvo beneficios extraordinarios, incluida la cesión sin costo de 150 hectáreas mediante un fideicomiso cuyo comité técnico presidió el hijo del mandatario, así como un esquema de incentivos fiscales. Para operar en México, Mainland creó dos filiales en las que Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar de Sonora, figuraba como administrador único. Rojo de la Vega formó al menos cuatro sociedades comerciales con el hijo del gobernador Durazo y con David Soto Alday, quien es secretario de Trabajo también del gobierno de Sonora.
El secretario de bienestar estatal confirmó su participación y defendió que recibió los mismos incentivos que cualquier inversionista. Por su parte, el gobernador Durazo negó irregularidades, aunque dijo que hizo “absolutamente todo” para que la empresa fuese instalada en el estado.
Entre 2020 y 2024, la CFE —entonces dirigida por Manuel Bartlett— otorgó más de 6 mil millones de pesos en contratos por adjudicación directa a nueve empresas que estaban vinculadas con el diputado por el Partido del Trabajo en el Congreso de Coahuila, Antonio Flores Guerra. El legislador local, quien subió en octubre de 2024 un vídeo conduciendo un Lamborghini color guinda, declaró que no tiene contratos con el gobierno; sin embargo, al menos una empresa de su propiedad sí los recibió. Tras la revelación de estos contratos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún legislador debe tener contratos con el gobierno y planteó cambios legales para impedir este tipo de conflictos de intereses.
En mayo de 2025, Flores Guerra se vio involucrado en un choque mientras conducía una camioneta Lamborghini Urus, con un valor aproximado de 6 millones de pesos. Informó que si bien fue responsabilidad del otro vehículo, él asumiría los costos de reparación por alrededor de 250 mil pesos. Su hermana, Tania Flores Guerra, fue presidenta municipal de Múzquiz entre 2022 y 2024.
El actual senador panista por primera minoría, Enrique Vargas, fue presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, de 2016 a 2021. Posteriormente, fue sucedido por su esposa, Romina Contreras Carrasco, quien actualmente sigue en el cargo, luego de ganar la reelección en 2024.
Desde 2016, el municipio asignó 82 millones de pesos a 24 empresas aparentemente fantasma, de acuerdo con una investigación de MCCI. Diez de estas compañías comparten domicilio en el centro de Cuernavaca y fueron constituidas por el notario Manuel Carmona Gándara, hermano del exfiscal de Morelos. Vargas negó las irregularidades y aseguró que existen comprobantes de los servicios prestados.
En diciembre de 2023 se inauguró la planta de Mainland Headwear en Agua Prieta, Sonora. En el acto, el gobernador Alfonso Durazo afirmó que su hijo, Alfonso Durazo Chávez, y Alexander Ngan, director ejecutivo de la compañía, “fueron compañeros de escuela”. En enero de 2025, una investigación de Latinus documentó que la empresa obtuvo beneficios extraordinarios, incluida la cesión sin costo de 150 hectáreas mediante un fideicomiso cuyo comité técnico presidió el hijo del mandatario, así como un esquema de incentivos fiscales. Para operar en México, Mainland creó dos filiales en las que Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar de Sonora, figuraba como administrador único. Rojo de la Vega formó al menos cuatro sociedades comerciales con el hijo del gobernador Durazo y con David Soto Alday, quien es secretario de Trabajo también del gobierno de Sonora.
El secretario de bienestar estatal confirmó su participación y defendió que recibió los mismos incentivos que cualquier inversionista. Por su parte, el gobernador Durazo negó irregularidades, aunque dijo que hizo “absolutamente todo” para que la empresa fuese instalada en el estado.
En marzo de 2025, MCCIreveló que en noviembre de 2022, el Gobierno de Sonora adquirió 49% de Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, apenas siete meses antes de que la SICT aprobara la cesión del título del Libramiento de Nogales por 35 años. La decisión fue formalizada el 27 de junio de 2024, pese a que el propio titular Jorge Nuño y el gobernador Alfonso Durazo habían dicho públicamente que la vía se “recuperó” por incumplimientos del concesionario original. Ese supuesto impedía legalmente la cesión. Entre los socios de Nogamex figuraban, además del Gobierno de Sonora, Construcción e Instalación de Infraestructura Urbana (ligada a Daniel Madariaga) y MRII Capital Partners (con mayoría de Jaime Raúl Aceves Hungar). Los ingresos proyectados por peaje rondaban los 95 millones de pesos anuales. Tras la publicación de MCCI, N+ presentó la red de compañías y vínculos societarios alrededor de Jaime Raúl Aceves Hungar y reportó que la FGR abrió una investigación sobre la cesión del libramiento.
El 5 de abril de 2025, dos jóvenes fallecieron por el colapso de una estructura durante el AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario. Este espacio había sido concesionado el 1 de marzo de 2018 por 25 años a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, a cambio de una contraprestación anual de 1,271,000 pesos y autorizado para realizar hasta 10 eventos privados al año, como dio a conocer MCCI. Desde 2020, George Mac Mc Phail Trouyet presidía el consejo de esa empresa y es también accionista mayoritario de CAMSA, la compañía de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas en marzo de 2023.
Tras la tragedia en el festival musical, el Gobierno federal revocó la concesión y trasladó la operación del parque a la Secretaría de Cultura. El festival fue organizado por Grupo ECO, propiedad de Diego Jiménez Labora, quien tiene vínculos empresariales con Andrés López Beltrán. de acuerdo con diversos medios de comunicación.
En marzo de 2025, MCCIreveló que en noviembre de 2022, el Gobierno de Sonora adquirió 49% de Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, apenas siete meses antes de que la SICT aprobara la cesión del título del Libramiento de Nogales por 35 años. La decisión fue formalizada el 27 de junio de 2024, pese a que el propio titular Jorge Nuño y el gobernador Alfonso Durazo habían dicho públicamente que la vía se “recuperó” por incumplimientos del concesionario original. Ese supuesto impedía legalmente la cesión. Entre los socios de Nogamex figuraban, además del Gobierno de Sonora, Construcción e Instalación de Infraestructura Urbana (ligada a Daniel Madariaga) y MRII Capital Partners (con mayoría de Jaime Raúl Aceves Hungar). Los ingresos proyectados por peaje rondaban los 95 millones de pesos anuales. Tras la publicación de MCCI, N+ presentó la red de compañías y vínculos societarios alrededor de Jaime Raúl Aceves Hungar y reportó que la FGR abrió una investigación sobre la cesión del libramiento.
El 5 de abril de 2025, dos jóvenes fallecieron por el colapso de una estructura durante el AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario. Este espacio había sido concesionado el 1 de marzo de 2018 por 25 años a Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, a cambio de una contraprestación anual de 1,271,000 pesos y autorizado para realizar hasta 10 eventos privados al año, como dio a conocer MCCI. Desde 2020, George Mac Mc Phail Trouyet presidía el consejo de esa empresa y es también accionista mayoritario de CAMSA, la compañía de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas en marzo de 2023.
Tras la tragedia en el festival musical, el Gobierno federal revocó la concesión y trasladó la operación del parque a la Secretaría de Cultura. El festival fue organizado por Grupo ECO, propiedad de Diego Jiménez Labora, quien tiene vínculos empresariales con Andrés López Beltrán. de acuerdo con diversos medios de comunicación.
