Las compras públicas y la contratación de servicios son de los espacios más susceptibles a la corrupción. Durante el último año, surgieron investigaciones sobre adjudicaciones por miles de millones de pesos a empresas sin experiencia, proveedores fantasma y compañías ligadas a personas cercanas al poder político. Estas prácticas se registraron tanto a nivel federal como local.
Algunos casos repiten patrones detectados en años anteriores, como las compras de medicamentos o las obras del Tren Maya y el AIFA, mientras que otros revelan nuevos problemas, como las irregularidades que apuntan a integrantes del poder legislativo. Estos casos exhiben la fragilidad de los controles institucionales para detectar irregularidades, así como la persistencia de redes de colusión entre funcionarios y una parte del sector privado.
En abril de 2025, la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno anuló la licitación consolidada de medicamentos a cargo de Birmex, tras detectar sobreprecios que sumaban más de 13 mil millones de pesos en 175 claves médicas (6% del total), con evidencia de colusión entre proveedores y funcionarios. El esquema consistió en inflar los precios de medicamentos clave y en presentar propuestas coordinadas de empresas vinculadas entre sí. Las compañías simularon competencia y pudieron garantizar adjudicaciones previamente pactadas.
Cuatro días después, el director general de Birmex, Iván de Jesús Olmos Cansino, junto con otros cuatro altos funcionariosde esta dependencia, fueron destituidos. Olmos, quien había asumido en octubre de 2024, fue sustituido por el diputado Carlos Ulloa. En junio, El Universal reveló que la Secretaría Anticorrupción investiga al menos a 13 funcionarios más, aunque reservó los nombres. También sancionó a una de las empresas involucradas, Biomics, y anunció que indaga a otras 59 compañías por posibles irregularidades.
Para enfrentar la crisis, la Secretaría de Salud organizó subastas inversas de emergencia, aunque se reportaron casos de desabasto de tratamientos oncológicos en Veracruz. Según Expansión, tres de cada diez insumos de salud se entregaron con retraso entre febrero y julio de 2025. Pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su primer informe de gobierno que el abasto de medicamentos supera el 90% en clínicas y hospitales.
Reforma dio a conocer en noviembre de 2024 el caso de Ego Móvil, una empresa sin experiencia previa en la venta de unidades de transporte y que no reportó ingresos entre 2019 y 2022. En 2023, el gobierno de Nuevo León le otorgó un contrato de 3,307 millones de pesos para arrendar 600 camiones chinos, que debía entregar a más tardar el 31 de octubre de ese año. Sin embargo, al 31 de diciembre sólo había entregado 328. Entre 2023 y 2024, Ego Móvil registró operaciones con compañías que compartían socios y reportaban domicilios en zonas habitacionales popular.
En diciembre de 2024, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal descalificó a la empresa de un concurso por otro contrato al no acreditar experiencia previa. Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar y dejar la investigación a la fiscalía estatal.
Ese mismo mes, Reforma cuestionó otra adjudicación del gobierno estatal: el gobernador Samuel García, a través de su empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, en la que también participa su padre, concretó la adquisición de un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, valuado en 800 millones de pesos. La operación ocurrió apenas dos días después de que su administración adjudicara a Constructora Garza Ponce, entonces propietaria del terreno, un contrato por más de 7,000 millones de pesos para la ampliación de las líneas 4 y 6 del Metro.
Tras el paso del huracán Otis en octubre de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional fue la encargada de adquirir enseres domésticos —refrigeradores, estufas, colchones— para los damnificados en Guerrero. Aunque las compras por adjudicación directa se justificaron bajo la figura de emergencia, estuvieron rodeadas de irregularidades documentadas por MCCI y la ASF. Algunos de los contratos no fueron registrados en el Programa Nacional de Adquisiciones, se repitieron de forma idéntica estudios de mercado para bienes distintos e, incluso, algunos apartados estaban censurados por completo.
Entre las empresas beneficiadas hubo antecedentes cuestionables: proveedores señalados por sobreprecios en Tabasco, Chiapas y Campeche o por vínculos con redes de corrupción. Destacó el caso de Adiam Abastecedora de Insumos y Alimentos, creada en 2021 por el exalcalde priista de Taxco, Omar Jalil Flores Majul. La compañía, con domicilio en un departamento en Iztacalco, obtuvo un contrato de adjudicación directa por 37.6 millones de pesos para 11 mil colchones. En agosto de 2025, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la inhabilitó por 15 meses.
En abril de 2025, la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno anuló la licitación consolidada de medicamentos a cargo de Birmex, tras detectar sobreprecios que sumaban más de 13 mil millones de pesos en 175 claves médicas (6% del total), con evidencia de colusión entre proveedores y funcionarios. El esquema consistió en inflar los precios de medicamentos clave y en presentar propuestas coordinadas de empresas vinculadas entre sí. Las compañías simularon competencia y pudieron garantizar adjudicaciones previamente pactadas.
Cuatro días después, el director general de Birmex, Iván de Jesús Olmos Cansino, junto con otros cuatro altos funcionarios de esta dependencia, fueron destituidos. Olmos, quien había asumido en octubre de 2024, fue sustituido por el diputado Carlos Ulloa. En junio, El Universal reveló que la Secretaría Anticorrupción investiga al menos a 13 funcionarios más, aunque reservó los nombres. También sancionó a una de las empresas involucradas, Biomics, y anunció que indaga a otras 59 compañías por posibles irregularidades.
Para enfrentar la crisis, la Secretaría de Salud organizó subastas inversas de emergencia, aunque se reportaron casos de desabasto de tratamientos oncológicos en Veracruz. Según Expansión,, tres de cada diez insumos de salud se entregaron con retraso entre febrero y julio de 2025. Pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su primer informe de gobierno que el abasto de medicamentos supera el 90% en clínicas y hospitales.
Reforma dio a conocer en noviembre de 2024 el caso de Ego Móvil, una empresa sin experiencia previa en la venta de unidades de transporte y que no reportó ingresos entre 2019 y 2022. En 2023, el gobierno de Nuevo León le otorgó un contrato de 3,307 millones de pesos para arrendar 600 camiones chinos, que debía entregar a más tardar el 31 de octubre de ese año. Sin embargo, al 31 de diciembre sólo había entregado 328. Entre 2023 y 2024, Ego Móvil registró operaciones con compañías que compartían socios y reportaban domicilios en zonas habitacionales popular.
En diciembre de 2024, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal descalificó a la empresa de un concurso por otro contrato al no acreditar experiencia previa. Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no politizar y dejar la investigación a la fiscalía estatal.
Ese mismo mes, Reforma cuestionó otra adjudicación del gobierno estatal: el gobernador Samuel García, a través de su empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, en la que también participa su padre, concretó la adquisición de un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, valuado en 800 millones de pesos. La operación ocurrió apenas dos días después de que su administración adjudicara a Constructora Garza Ponce, entonces propietaria del terreno, un contrato por más de 7,000 millones de pesos para la ampliación de las líneas 4 y 6 del Metro.
Tras el paso del huracán Otis en octubre de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional fue la encargada de adquirir enseres domésticos —refrigeradores, estufas, colchones— para los damnificados en Guerrero. Aunque las compras por adjudicación directa se justificaron bajo la figura de emergencia, estuvieron rodeadas de irregularidades documentadas por MCCI y la ASF. Algunos de los contratos no fueron registrados en el Programa Nacional de Adquisiciones, se repitieron de forma idéntica estudios de mercado para bienes distintos e, incluso, algunos apartados estaban censurados por completo.
Entre las empresas beneficiadas hubo antecedentes cuestionables: proveedores señalados por sobreprecios en Tabasco, Chiapas y Campeche o por vínculos con redes de corrupción. Destacó el caso de Adiam Abastecedora de Insumos y Alimentos, creada en 2021 por el exalcalde priista de Taxco, Omar Jalil Flores Majul. La compañía, con domicilio en un departamento en Iztacalco, obtuvo un contrato de adjudicación directa por 37.6 millones de pesos para 11 mil colchones. En agosto de 2025, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la inhabilitó por 15 meses.
En noviembre de 2024, MCCI reveló que entre 2023 y 2024 un total de 15 empresas vendieron al IMSS medicamentos para la diabetes a sobreprecios que alcanzaron hasta diez veces el valor acordado en las compras consolidadas de esos años. Estas adquisiciones se realizaron por delegaciones estatales del Instituto bajo el argumento de que no había dosis suficientes. Una de las compañías señaladas, Poyago, continuó recibiendo contratos hasta agosto de 2024. En ella participa una persona vinculada a Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien ha sido señalado previamente por obtener contratos públicos de forma irregular.
Tres funcionarios del IMSS autorizaron estas compras, quienes fueron intimidados. En diciembre de 2023 apareció, a las puertas de sus oficinas en la colonia Roma, una cartulina con amenazas en su contra junto al cuerpo de un vendedor de dulces que había sido asesinado.
En mayo de 2025, Animal Político documentó un caso similar de compras de medicamentos con sobreprecio a dos empresas de la familia de Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Díaz Pérez trabajó con René Gavira en Segalmex, durante el periodo en que se presume sucedieron los desvíos en esta institución.
Una investigación de El Universal, publicada en diciembre de 2024, dio a conocer un modelo de simulación utilizado por el gobierno federal y siete gobiernos estatales durante 2023 para asignar por adjudicación directa 151 obras públicas con un valor de 4,542 millones de pesos más IVA. En este esquema, los gobiernos abrían una licitación pública, descalificaban a todos los proveedores por incumplir requisitos y luego adjudicaban el contrato a uno de los participantes previamente descartados.
La investigación documentó que este mecanismo se aplicó en al menos 12 dependencias federales e involucró a 117 proveedores. Entre ellos se encontraban una empresa inhabilitada en 2018, otra con observaciones de la ASF, tres con exfuncionarios de áreas de licitaciones entre sus socios y seis creadas después de 2018. Cuatro de cada diez contratos se otorgaron en menos de diez días tras declararse desierta la licitación y en 27 casos el monto final aumentó respecto a la propuesta original.
En junio de 2025, Reforma publicó que tres implicados en una presunta red de sobornos en España —el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama— también gestionaron contratos en México para el Tren Maya, según reconoció De Aldama ante la justicia española. En julio, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ingresó en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
De Aldama declaró que en 2019 viajó a México con Ábalos y García y se reunió con Javier Jiménez Espriú (entonces titular de SCT) y el senador Ricardo Monreal; dijo que las gestiones fueron facilitadas por Alejandro Murat y Pedro Haces. Los funcionarios mexicanos negaron actos de corrupción.
La constructora Azvi, investigada en España, ganó junto con Grupo Indi el Tramo 3 del Tren Maya(Calkiní–Izamal) por 10,193 millones de pesos; para 2023, el monto rebasó los 23 mil millones. La Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario por 65.5 millones en la revisión de la cuenta pública 2021. El 19 de agosto de 2025, un vagón se descarriló en la estación Izamal sin heridos; la versión oficial lo atribuyó a un fallo de señalización.
En noviembre de 2024, MCCI reveló que entre 2023 y 2024 un total de 15 empresas vendieron al IMSS medicamentos para la diabetes a sobreprecios que alcanzaron hasta diez veces el valor acordado en las compras consolidadas de esos años. Estas adquisiciones se realizaron por delegaciones estatales del Instituto bajo el argumento de que no había dosis suficientes. Una de las compañías señaladas, Poyago, continuó recibiendo contratos hasta agosto de 2024. En ella participa una persona vinculada a Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien ha sido señalado previamente por obtener contratos públicos de forma irregular.
Tres funcionarios del IMSS autorizaron estas compras, quienes fueron intimidados. En diciembre de 2023 apareció, a las puertas de sus oficinas en la colonia Roma, una cartulina con amenazas en su contra junto al cuerpo de un vendedor de dulces que había sido asesinado.
En mayo de 2025, Animal Político documentó un caso similar de compras de medicamentos con sobreprecio a dos empresas de la familia de Aldo Díaz Pérez, socio del yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Díaz Pérez trabajó con René Gavira en Segalmex, durante el periodo en que se presume sucedieron los desvíos en esta institución.
Una investigación de El Universal, publicada en diciembre de 2024, dio a conocer un modelo de simulación utilizado por el gobierno federal y siete gobiernos estatales durante 2023 para asignar por adjudicación directa 151 obras públicas con un valor de 4,542 millones de pesos más IVA. En este esquema, los gobiernos abrían una licitación pública, descalificaban a todos los proveedores por incumplir requisitos y luego adjudicaban el contrato a uno de los participantes previamente descartados.
La investigación documentó que este mecanismo se aplicó en al menos 12 dependencias federales e involucró a 117 proveedores. Entre ellos se encontraban una empresa inhabilitada en 2018, otra con observaciones de la ASF, tres con exfuncionarios de áreas de licitaciones entre sus socios y seis creadas después de 2018. Cuatro de cada diez contratos se otorgaron en menos de diez días tras declararse desierta la licitación y en 27 casos el monto final aumentó respecto a la propuesta original.
En junio de 2025, Reforma publicó que tres implicados en una presunta red de sobornos en España —el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama— también gestionaron contratos en México para el Tren Maya, según reconoció De Aldama ante la justicia española. En julio, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ingresó en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
De Aldama declaró que en 2019 viajó a México con Ábalos y García y se reunió con Javier Jiménez Espriú (entonces titular de SCT) y el senador Ricardo Monreal; dijo que las gestiones fueron facilitadas por Alejandro Murat y Pedro Haces. Los funcionarios mexicanos negaron actos de corrupción.
La constructora Azvi, investigada en España, ganó junto con Grupo Indi el Tramo 3 del Tren Maya(Calkiní–Izamal) por 10,193 millones de pesos; para 2023, el monto rebasó los 23 mil millones. La Auditoría Superior de la Federación detectó un posible daño al erario por 65.5 millones en la revisión de la cuenta pública 2021. El 19 de agosto de 2025, un vagón se descarriló en la estación Izamal sin heridos; la versión oficial lo atribuyó a un fallo de señalización.
En diciembre de 2024, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, denunció irregularidades en dos contratos por 150 millones de pesos otorgados durante la legislatura pasada, cuando Ricardo Monreal encabezaba esa cámara. Habló de “dos negocitos añejos” en beneficio de las empresas Full Service de México y Grupo Piasa. López Hernández afirmó que el Senado había anulado los contratos y presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. Según se interpretó, el origen de estas acusaciones estaba vinculado a la reducción de 123 millones de pesos en el presupuesto del Senado para 2025.
Aunque López Hernández nunca señaló de forma directa a Monreal, éste respondió como coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Defendió la legalidad de los contratos y calificó las acusaciones como de mala fe. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino pidiendo “cabeza fría” y, tras una reunión con la Secretaria de Gobernación, ambos legisladores dieron el pleito por superado. Sin embargo, las denuncias quedaron sin aclararse y no volvió a difundirse información adicional sobre las acusaciones de corrupción.
En enero de 2025, una publicación de W Radio dio cuenta de una adjudicación directa realizada en 2020 por el Instituto Nacional de Migración, bajo la dirección de Francisco Garduño, por más de 100 millones de pesos a Comercializadora Antsua para el arrendamiento y mantenimiento de equipos informáticos. La empresa está identificada como proveedora del software de espionaje Pegasus. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que los recursos de este contrato fueron transferidos a una red de seis compañías con coincidencias en domicilios, accionistas y fechas de constitución, por lo que se presumen como empresas fantasma.
De acuerdo con la ASF, la gestión de Garduño entre 2019 y 2022 acumuló posibles daños al erario por más de 157 millones de pesos. Pese a ello, Garduño permaneció al frente del INM desde 2019 hasta abril de 2025, incluso después del incendio en un centro de detención migratoria en marzo de 2023, en el que murieron 40 personas.
En marzo de 2025, Reforma reveló que el PAN en el Estado de México adjudicó entre 2015 y 2023 más de 270 contratos a tres redes de empresas fachada, por un total de 73 millones de pesos. En total, son 27 compañías que cuentan con domicilios inexistentes, comparten representantes legales o notarios y que no pueden documentar la capacidad de prestar servicios. Los servicios otorgados al partido son impresión de revistas y lonas, rotulación de vehículos, pinta de propaganda, asesoría en redes sociales, entre otros. Nueve de estas empresas fueron identificadas previamente por MCCI como parte de una red de contratistas que recibieron 71.4 millones de pesos por parte del gobierno de Huixquilucan.
En diciembre de 2024, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, denunció irregularidades en dos contratos por 150 millones de pesos otorgados durante la legislatura pasada, cuando Ricardo Monreal encabezaba esa cámara. Habló de “dos negocitos añejos” en beneficio de las empresas Full Service de México y Grupo Piasa. López Hernández afirmó que el Senado había anulado los contratos y presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. Según se interpretó, el origen de estas acusaciones estaba vinculado a la reducción de 123 millones de pesos en el presupuesto del Senado para 2025.
Aunque López Hernández nunca señaló de forma directa a Monreal, éste respondió como coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Defendió la legalidad de los contratos y calificó las acusaciones como de mala fe. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino pidiendo “cabeza fría” y, tras una reunión con la Secretaria de Gobernación, ambos legisladores dieron el pleito por superado. Sin embargo, las denuncias quedaron sin aclararse y no volvió a difundirse información adicional sobre las acusaciones de corrupción.
En enero de 2025, una publicación de W Radio dio cuenta de una adjudicación directa realizada en 2020 por el Instituto Nacional de Migración, bajo la dirección de Francisco Garduño, por más de 100 millones de pesos a Comercializadora Antsua para el arrendamiento y mantenimiento de equipos informáticos. La empresa está identificada como proveedora del software de espionaje Pegasus. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que los recursos de este contrato fueron transferidos a una red de seis compañías con coincidencias en domicilios, accionistas y fechas de constitución, por lo que se presumen como empresas fantasma.
De acuerdo con la ASF, la gestión de Garduño entre 2019 y 2022 acumuló posibles daños al erario por más de 157 millones de pesos. Pese a ello, Garduño permaneció al frente del INM desde 2019 hasta abril de 2025, incluso después del incendio en un centro de detención migratoria en marzo de 2023, en el que murieron 40 personas.
En marzo de 2025, Reforma reveló que el PAN en el Estado de México adjudicó entre 2015 y 2023 más de 270 contratos a tres redes de empresas fachada, por un total de 73 millones de pesos. En total, son 27 compañías que cuentan con domicilios inexistentes, comparten representantes legales o notarios y que no pueden documentar la capacidad de prestar servicios. Los servicios otorgados al partido son impresión de revistas y lonas, rotulación de vehículos, pinta de propaganda, asesoría en redes sociales, entre otros. Nueve de estas empresas fueron identificadas previamente por MCCI como parte de una red de contratistas que recibieron 71.4 millones de pesos por parte del gobierno de Huixquilucan.
En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien fue detenido, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, que está prófugo, de conspirar y violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero por presuntamente haber dado sobornos por al menos 150 mil dólares —en efectivo y artículos de lujo de marcas como Hublot y Louis Vuitton— a tres funcionarios de Pemex y Pemex Exporalción y Producción entre 2019 y 2021, para asegurar contratospor 2.5 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hubo “un intento de soborno”, pero que “los contratos no se llevaron a cabo”. Por su parte, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que Pemex reabrirá auditorías relacionadas con esta denuncia. Además, apuntó que la paraestatal detectó estas irregularidades a tiempo y cancelaron los procedimientos de contratación.
Un reportaje del diario israelí The Marker, publicado en julio de 2025, retomó declaraciones en un litigio mercantil de los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher. Estos dijeron haber “invertido” 25 millones de dólares en una “personalidad de alto rango” en México —identificada como Enrique Peña Nieto— para asegurar contratos públicos, incluida la venta del malware Pegasus. Peña Nieto negó tajantemente las acusaciones. Por su parte, la FGR anunció la apertura de una investigación.
En tanto, MCCI documentó que a finales de julio de 2018, poco antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación adjudicó un contrato por 4.2 millones de dólares a Air Cap, una empresa vinculada a Ansbacher y señalada como “fantasma” por el SAT en 2025.
En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a los mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien fue detenido, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, que está prófugo, de conspirar y violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero por presuntamente haber dado sobornos por al menos 150 mil dólares —en efectivo y artículos de lujo de marcas como Hublot y Louis Vuitton— a tres funcionarios de Pemex y Pemex Exporalción y Producción entre 2019 y 2021, para asegurar contratospor 2.5 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hubo “un intento de soborno”, pero que “los contratos no se llevaron a cabo”. Por su parte, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que Pemex reabrirá auditorías relacionadas con esta denuncia. Además, apuntó que la paraestatal detectó estas irregularidades a tiempo y cancelaron los procedimientos de contratación.
Un reportaje del diario israelí The Marker, publicado en julio de 2025, retomó declaraciones en un litigio mercantil de los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher. Estos dijeron haber “invertido” 25 millones de dólares en una “personalidad de alto rango” en México —identificada como Enrique Peña Nieto— para asegurar contratos públicos, incluida la venta del malware Pegasus. Peña Nieto negó tajantemente las acusaciones. Por su parte, la FGR anunció la apertura de una investigación.
En tanto, MCCI documentó que a finales de julio de 2018, poco antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación adjudicó un contrato por 4.2 millones de dólares a Air Cap, una empresa vinculada a Ansbacher y señalada como “fantasma” por el SAT en 2025.
