Ciudad de México, a 19 de julio del 2016
El tortuoso camino de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 inició hace un par de semanas con la publicación de la Estructura Programática (EP). La EP es el catálogo de programas presupuestarios que emplea la SHCP para distribuir los recursos e integrar el Proyecto de PEF (ej: Prospera, Programa de Empleo Temporal, Programa Nacional de Becas, etc.) y que explica cómo las acciones de las diferentes secretarías contribuyen a los grandes objetivos nacionales.
Una vez publicada la EP es muy difícil que el Congreso la modifique. Los diputados pueden aumentar o recortar los montos asignados a cada programa, pero es virtualmente imposible que desaparezcan o creen uno nuevo. Las únicas modificaciones que podemos esperar son las que se necesitan para dotar de recursos al Sistema Nacional Anticorrupción, una vez que sus leyes sean publicadas.
En medio de esos números y procesos que poco le dicen al ciudadano, hay algunos cambios que vale la pena destacar:
- Se eliminaron los programas Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal y Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, que ejercía SEGOB, aludiendo a la “conclusión de la implementación del Nuevo Sistema”. Es decir, ya no habrá recursos para la transición entre sistemas, a pesar de que sabemos que son pocas las instituciones a nivel nacional que están listas para el nuevo modelo. Tendría que analizarse la calidad del gasto en estos fondos durante los años anteriores y, mediante nuevas estrategias de financiamiento, destinar recursos suficientes para asegurar que la reforma logre reducir los altos índices de impunidad que derivan de un sistema de justicia que no funciona.
- Por tercer año consecutivo, se incluye el programa Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable en la cartera de SEDATU. Los dos años anteriores, tanto Hacienda como los diputados le asignaron… cero pesos. A ver si este año, después de la crisis de contingencias ambientales en el Valle de México, el Gobierno Federal es congruente con su discurso y decide invertir en modos sustentables de transporte.
- Se eliminaron 14 fondos financiados a través del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas). De este ramo, que el año pasado contó con $204,773,235,641 (Cuenta Pública 2015), salen los recursos de bolsas tan codiciadas como el Fondo Metropolitano y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). La suma del presupuesto 2016 de los fondos extintos asciende a casi 15 mil millones de pesos.
La desaparición de estos fondos podría ser una buena noticia por varias razones:
- Los fondos de los ramos 23 y 33 suelen ejercerse con mucha más discreción que otros programas presupuestarios, pues la mayoría de los fondos no cuentan con reglas de operación sino, cuando mucho, con lineamientos generales.
- Al ser fondos que ejercen los estados y municipios, los diputados suelen asignarles mayor presupuesto para congraciarse con sus votantes. En 2016, entre la propuesta que presentó SHCP y el presupuesto aprobado de la Cámara de Diputados, el ramo 23 creció casi 39 mil millones de pesos. Haciendo uso de facultades casi ejecutivas, los diputados etiquetan estas ampliaciones en el decreto del PEF para proyectos tan específicos como:
- Adoquinamiento de la calle Venadito entre calle Sin hombre (sic) y Carretera Federal Atlixco, en el municipio de Santa Isabel Cholula, en el estado de Puebla.
- Calle Río Coatzacoalcos entre calle Papaloapan y calle Tecolutla de la colonia Ampliación Veracruz, en el municipio de Perote, en el estado de Veracruz.
- Guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y de red de agua potable en calle Juan Bosco en Cabecera Municipal de Valle de Juárez, Jalisco.
Sin embargo, parece difícil creer que los diputados vayan a renunciar a estas bolsas con las que reparten calles, banquetas y adoquines. Habrá que estar atentos a la propuesta de presupuesto y a las modificaciones del Congreso para entender cómo se compensará tal pérdida.
El lenguaje de SHCP suele alienar hasta a los propios funcionarios públicos, pero el diablo está en estos detalles. Hay que entrarle al laberinto de siglas y acrónimos, funciones, subfunciones, objetos de gasto y entidades ejecutoras, porque, la verdad sea dicha, ahí está toda la información que se necesita para dar seguimiento y señalar la opacidad, discrecionalidad e ineficiencia en el uso de los recursos públicos. No lo hacen fácil para revisar el gasto público, pero la responsabilidad social es entender el galimatías y denunciar irregularidades.
