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Los sobornos de Segalmex.
Por María Amparo Casar
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
@amparocasar
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Esta semana comenzamos con un tema muy importante: los sobornos en torno a los contratos “lecheros” en Segalmex. Resulta que uno de los amigos de Andy, hijo del presidente, fue quien firmó uno de esos contratos a favor de Alejandro Puente, empresario y amigo de Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano. Los detalles te los contamos en nuestra sección Arenas Movedizas.
Esta semana se cumplieron seis años del sismo del 19 de septiembre de 2017. Por eso, es necesario hablar de la corrupción inmobiliaria que en la Ciudad de México tuvo consecuencias letales.
Por último pero no menos importante, hablemos de la complejidad para evaluar los datos abiertos del gobierno, en esta edición les traemos un análisis donde desmenuzamos por qué en este sexenio la transparencia no es más que un ejercicio de simulación.
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El empresario Alejandro Puente, amigo de Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, sobornó con 6.7 millones de pesos a René Gavira Segreste, exdirector de finanzas Segalmex, para obtener contratos para el procesamiento de leche en polvo.
Uno de esos contratos fue firmado por Hugo Buentello Carbonell, amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador y por esos contratos a favor de Puente Córdoba, Buentello es investigado por la Fiscalía General de la República.
Además, el hijo de René Gavira recibió un lujoso departamento en Texas de parte de Carlos Herrera Reza, un proveedor que recibió contratos por la venta de productos lácteos a sobreprecio. Recientemente el periódico Reforma reportó que se trató de un soborno en especie.
Es importante recordar que Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, está ligado a Movimiento Ciudadano desde hace una década.
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La corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México puede tener consecuencias letales. Cuando grandes redes de impunidad permiten construir obras al margen o fuera de la ley, pueden tener efectos negativos para el bienestar de las personas y consecuencias catastróficas, como quedó en evidencia con los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
En MCCI, encontramos que vivir cerca de edificios con algún tipo de corrupción inmobiliaria disminuye la probabilidad de mejorar tu situación económica, especialmente en contextos de incidentes como sismos u otros desastres naturales.
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Desde que asumió la presidencia, López Obrador ha repetido que ya no hay corrupción y que ese problema únicamente ocurrió en sexenios anteriores, sin embargo, hay evidencias de que esta afirmación sólo pertenece al discurso y no a los hechos. En nuestro Tablero de la Impunidad hemos documentado diez casos de corrupción ocurridos en el actual sexenio. Curiosamente la mayoría de los implicados son actores políticos que han sido beneficiados por la impunidad, pues no han recibido una sanción adecuada por las faltas que cometieron.
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La saxofonista María Elena Ríos denunció que el pasado 15 de septiembre sufrió un ataque armado cuando viajaba de México a Oaxaca. María Elena fue atacada con ácido en septiembre de 2019. El delito fue de tentativa de feminicidio. En el caso hubo 5 agresores, entre autores intelectuales y materiales.
Ahí se exhibió un acto de corrupción en el que la hija de Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado federal del PRI, dio a tres magistrados un pago para resolver un amparo a favor del agresor que sigue libre, Juan Antonio Vera Hernández, también hijo del ex diputado.
Antonio Vera Carrizal es el presunto autor intelectual de los hechos y se encuentra en prisión preventiva desde 2020.
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A inicios de agosto publicamos Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública, un estudio que analiza la política de transparencia de la actual administración.
Los indicadores para medir la calidad en los datos fueron los siguientes: primero, que haya formatos abiertos, lo que se refiere a que los archivos se puedan consultar sin necesidad de contar con un software especializado o de paga. Segundo, que sean formatos operables, es decir, que estos archivos se puedan modificar, alterar o procesar. Tercero es que incorporen un diccionario de datos o un descriptor que explique los registros que contienen. El último criterio es la oportunidad de los datos, que se refiere a que la información sea reciente. En la revisión se detectó que solo 3 de cada 10 bases de datos cumplen con estos criterios.
Sin embargo, evaluar la calidad de los datos es una tarea complicada porque no se ha encontrado un indicador conciso y generalizable que permita medir al mismo tiempo qué tan útiles son los datos en áreas muy diferentes del quehacer del gobierno, en áreas tan distintas como migración, programas sociales o productividad.
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