En fechas recientes el oficialismo ha argumentado en la discusión pública que la propuesta de desaparecer los organismos constitucionales autónomos es una medida de austeridad para ahorrar dinero público. La propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo propone disolver la autonomía de estos organismos, al incorporarlos a diversas secretarías del gobierno federal. Las instituciones que serían afectadas por esta perjudicial transformación serían el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Frente a esta propuesta, en un diálogo que debe ser esencial para la deliberación democrática, es necesario argumentar en favor de mantener y mejorar las instituciones públicas autónomas. Defender los órganos autónomos y evitar su desaparición representa una forma de cuidar lo público. Para ello, vale la pena recurrir a un ejemplo futbolero.
Imaginemos, por ejemplo, que para el próximo campeonato mundial de fútbol a celebrarse en México, la federación que organiza el deporte anuncia que no aceptará a los árbitros con experiencia internacional de la FIFA. Por el contrario, impondrá sólo réferis mexicanos en los partidos de la selección. Por si eso no fuera poco, la federación mexicana será también responsable de sancionar las decisiones de sus empleados, de modo que cualquier posible queja por su desempeño será atendida por la federación que impuso a los árbitros, misma que sabemos está empeñada en favorecer a la selección mexicana a como dé lugar. En este ejemplo hipotético podría esperarse que los demás equipos participantes acusen de parcialidad a los oficiales mexicanos de crear condiciones para hacer trampa de forma impune. Por más que la federación asegure sus buenas intenciones, no habría nada en los hechos que pueda impedir una injusticia. El valor de un árbitro, por más que a veces nos disgusten sus decisiones, es ante todo su imparcialidad.
Ese valor tiene algunos símiles en instituciones de la vida pública. Los órganos autónomos surgieron para que ciertas áreas del gobierno protegieran los derechos de los ciudadanos de las decisiones del mismo gobierno. Un ejemplo que resuena en la historia del país es el caso del Banco de México (Banxico). Cuando las decisiones monetarias del país dependían del presidente de la república, el país enfrentó crisis inflacionarias que afectaron la economía de millones de familias mexicanas. De allí la decisión de dejar esas decisiones en manos de expertos independientes del gobierno en turno. El Banco de México ha trabajado según esos criterios desde 1994, lo que le ha permitido proteger el valor de la moneda en muy diversos momentos políticos.Algo similar sucede con otras instituciones, que por su labor y características, son acaso menos conocidas por la ciudadanía. Para dar a conocer algunos de los principales órganos autónomos del país, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad llevó a cabo un estudio para identificar sus funciones y los procesos de designación que garantizan su autonomía. Está investigación solicitó a expertos en cada ámbito de lo público que evaluaran las características y capacidad de gestión en cada uno de los órganos autónomos del estado mexicano. La siguiente gráfica, que compone el Índice para la Evaluación de los Organismos Constitucionales Autónomos (EVOCA) en 2023, presentan los principales resultados del estudio.
El tamaño de los círculos en la gráfica representa la evaluación general, por lo que se puede apreciar que las instituciones mejor evaluadas en cuanto a su desempeño fueron el Instituto Nacional Electoral (INE), CONEVAL, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Banxico. Las peor evaluadas fueron la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía Anticorrupción. El valor de su evaluación por expertos, definida en una escala del 0 al 100, aparece al interior de los círculos.
En cuanto a la posición de los círculos en el plano cartesiano, aquellos que están más próximos al margen derecho representan a las instituciones que a juicio de los expertos consultados ejercen mayor autonomía: el INE, INEGI, CONEVAL, el Banxico y el INAI. Contrariamente, aquellas más próximas al margen izquierdo son consideradas con menor autonomía, entre las que se encuentran, de nuevo, la CNDH, la FGR y la Fiscalía Anticorrupción.
De la misma manera, aquellas instituciones más próximas al margen superior son aquellas que los expertos consideran cuentan con mayores capacidades de gestión para llevar a cabo su labor. Entre ellas están el INE, INEGI, CONEVAL y la FGR. Por el contrario, las instituciones más cercanas al margen inferior son las que son percibidas con menores capacidades de gestión. Entre estas últimas la CNDH, la Fiscalía Anticorrupción y el INAI, que enfrentó una parálisis impuesta ante la falta de nombramientos durante una parte de 2023.
La gráfica nos permite ver una relación clara entre los parámetros de la evaluación que los expertos consultados hicieron de las instituciones: a mayor autonomía, mayor capacidad de gestión. En sentido contrario, las instituciones con menor autonomía son las peor evaluadas en términos de capacidad de gestión. Contrario a la propuesta presidencial, es preciso hacer notar que la autonomía fortalece las capacidades de estas instituciones para trabajar en favor de las y los ciudadanos. De ahí que cualquier revisión de los presupuestos de estas instituciones tendría que garantizar su autonomía de las decisiones del Poder Ejecutivo. De otra forma, el principal valor público de los órganos estaría en riesgo.Es pertinente recordar el principio que sustenta esta iniciativa de austeridad. La propuesta de reforma señala que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Este principio expone algunas de las contradicciones centrales de esta administración, en la que ha aumentado la pobreza extrema en 5% entre 2018 y 2022. Que el oficialismo busque recortar las labores de las instituciones autónomas no hace al pueblo más rico, pero sí destruye el valor público de organismos necesarios para proteger los derechos de la ciudadanía. Tal como respalda la evidencia, un Estado incapaz de cumplir sus funciones perjudica a los más pobres más que a nadie. En lugar de menos gobierno, es necesario pensar en un Estado mejor capacitado para administrar los muchos problemas públicos que enfrenta el país.
¹ De acuerdo con CONEVAL, la pobreza extrema se refiere a las personas que disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicaran por completo a la compra de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. En México entre 2018 y 2022 esa población de mexicanos pasó de 8.7 a 9.1 millones. Aunque otras mediciones de la pobreza son más optimistas, en este periodo el número de personas en pobreza extrema aumentó.
