Ilustración de Izak Peón, cortesía de Nexos.

“Con la mano puesta sobre el corazón
Musitemos fervorosamente la siguiente promesa:
Somos mexicanos, somos nuevoleoneses…
Prometemos ser siempre dignos y grandes,
conservar la herencia de honor, valor y de progreso.”


Así dice la Promesa Estudiantil de Nuevo León, un juramento a los principios de honradez y entrega que deriva del ser neoleonés. Sin embargo, el apego a estos principios se ha vuelto bastante cuestionable tras la desaparición de varios paquetes electorales en la elección del pasado primero de julio.

Aunque el candidato del PRI, Adrián de la Garza, pretenda impugnar el resultado de la elección en una supuesta cruzada heroica por socorrer los principios de la democracia, y el virtual ganador del PAN, Felipe de Jesús Cantú, aparente dirigir una ola democratizadora al levantar denuncias contra “aquellos que hayan incurrido en irregularidades,” sabemos muy bien que tanto el PRI como el PAN han socavado los principios de la democracia neoleonesa desde hace tiempo. El “robo” que Adrián de la Garza acusa con tanto fervor no es cosa de hoy ni de ayer. Es un fenómeno que ha surgido una y otra vez en administraciones pasadas, de modo que este nivel de corrupción está lejos de ser noticia nueva. Hay en Monterrey una evidente fuga de valores democráticos, una crisis que supera la singularidad y la gravedad sugerida por ambos funcionarios.

La magnitud de la corrupción  neoleonesa se revela por sí misma en las frecuentes,  pero indudablemente invaluables cifras presentadas por la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). Dicha encuesta nos arroja que en 2016—cuando Adrián de la Garza encabezaba la alcaldía de Monterrey—9 de cada 10 empresas (86.7 por ciento) declararon que los actos de corrupción por parte de los servidores públicos en Nuevo León eran “frecuentes” o “muy frecuentes”.

Se esperaría algún tipo de sanción ante cifras tan desconcertantes, alguna medida correctiva para evitar la propagación de la corrupción—el cáncer que tanta vida le ha robado a Nuevo León. Sin embargo, el gasto anual promedio por diputado ese mismo año era de 7 millones 190 mil 476 pesos. No sólo carecieron de castigo, sino que fueron sustancialmente remunerados. De igual manera, aún se siente arder la herida que infligió el exgobernador priista Rodrigo Medina, al desfalcar miles de millones de pesos y no enfrentar más que unas cuantas horas en prisión.

Pero no seamos ingenuos, los empresarios también desempeñan un papel importante en esta dinámica, pues “para que exista corrupción se ocupan dos” como bien lo señala Alejandro González. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que, entre 2014 y 2016, el 11 por ciento de las 4,329 empresas fantasma detectadas en México se concentraba en Nuevo León, por lo que ocupó el segundo lugar precedido solamente por la Ciudad de México con un 14 por ciento. Además, el reporte de la ENCRIGE también comprobó que muchas empresas neoleonesas participan deliberadamente en actos de corrupción; 57.9 por ciento de las veces para agilizar trámites, 46.1 por ciento para evitar multas y el 10.1 por ciento para eludir licitaciones y ganar contratos gubernamentales.

Así es como estas cifras regresan para darnos una lección. Mostramos la realidad e invitarnos a hacer conciencia. El problema de la corrupción va más allá de lo ocurrido en las pasadas elecciones del primero de julio; es toda una tradición de negligencia arraigada en los gobiernos neoleoneses que se caracteriza por la ceguera ante la impunidad. Pero las tradiciones no son permanentes, no están escritas en piedra. La interrupción de tal costumbre queda a nuestra merced, de nosotros quienes la presenciamos día a día.

Ahora, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2017 revela que, desgraciadamente, el 84.1 por ciento de la población neoleonesa no denuncia actos de corrupción. Estadísticamente es muy probable que tú y yo, neoleoneses, no denunciemos un acto de corrupción. Y es así como la culpa no recae solamente en los funcionarios públicos o los empresarios. Tú y yo entramos en juego también. Ya sea como funcionario público practicando la malversación de fondos, como empresario abusando de la ley, o como ciudadano postergando nuestra responsabilidad de denunciar, todo contribuye a un círculo vicioso de corrupción persistente.

Entonces, yo te pregunto: ¿realmente quieres un Nuevo León como el que se prevé en la Promesa Estudiantil, donde gobierne la honestidad y la jurisprudencia? Cuando dices “prometemos ser siempre dignos y grandes,” ¿lo articulas a conciencia y en todo su sentido?

Bien dice Adrián de la Garza que los acontecimientos de las elecciones pasadas “son violaciones que atentan contra muchos de los principios que deben consagrarse”. Pero estos hechos capturan una realidad mucho mayor a los resultados de la elección. Estos hechos pintan una realidad que parece ser pesadilla. Despertemos, hagamos lo que nos toca, para que aquella promesa se vuelva más que una simple fantasía.

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Erick Guajardo. Estudiante de Política Económica en el colegio de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.

Twitter: @eguajardot