La pasada temporada navideña significó una cosa para las empresas: regalos. Las ofertas fueron y vinieron para esos famosos “regalos corporativos navideños”. Llévele, llévele, desde canastas gourmet, hasta objetos de plata y libros de arte, lo que sea para quedar bien con el cliente. ¿Será que esta práctica común ya no es compatible con la nueva época anticorrupción? Partiendo de la definición de corrupción como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo” (Casar, 2016. Anatomía de la Corrupción), es válido decir que buscar influir la decisión sobre la compra de algún producto o la contratación de algún servicio para recibir un beneficio personal mediante un regalo puede ser considerado como una conducta corrupta.
¿Dar un regalo influye en el comportamiento de una persona? La respuesta lógica sería que depende cuál es el regalo y a quién se le da. En la mayoría de los países es considerado una falta administrativa si quien recibe el regalo es un servidor público. En México, a partir de julio 2017, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas —la famosa Ley 3 de 3—-, los funcionarios no pueden recibir ningún tipo de regalo. El límite planteado por esta ley es terminante: no es posible dar regalos a los funcionarios públicos. De ahí que llame mucho la atención el número 47 de los 50 puntos para combatir la corrupción propuestos por el presidente López Obrador durante el periodo de transición, el cual establecía que ningún funcionario público podría recibir regalos cuyo valor excediera los 5 mil pesos.
Ahora bien, entre dos privados es perfectamente legal recibir o dar un regalo sin importar el costo. No obstante, las políticas de la mayoría de las empresas que tienen programas de integridad robustos, permiten dar y recibir regalos siempre y cuando tengan un valor menor a cierta cantidad y sujeto a ciertas condiciones que varían de país en país y de empresa a empresa. Estas “reglas” implican un análisis profundo del contexto y del valor del regalo. Este análisis es forzosamente subjetivo y en muchas ocasiones complicado. ¿Algo que no tiene un valor material sustancial pero que significa mucho sentimentalmente para la persona que lo recibe, no influirá su conducta? ¿Cómo determinar si el valor de un regalo influye en el comportamiento?
Podemos encontrar un indicador en un estudio publicado por dos investigadores en mayo del año pasado en la Universidad de Zurich (Maréchal y Thöni). De acuerdo con el estudio, cinco vendedores (tres hombres y dos mujeres) visitaron 220 farmacias en Suiza. Durante estas visitas regalaban unas pequeñas pastas de dientes con un valor menor a 7 dólares americanos. Cuando el regalito se le dio al gerente de la farmacia las ventas se cuadruplicaron. Igual de importante es resaltar, que cuando el regalito se daba en la primera visita era contraproducente, ya que las ventas bajaron sustancialmente (probablemente por la obviedad de la intención de influir en el comprador).
El trabajo destaca la potencial influencia de la relación entre la persona que vende y la persona que compra en la asignación del contrato y en su monto. Así, resulta relevante la necesidad de que las organizaciones, públicas y privadas, definan una política de regalos que impida su posible influencia en las transacciones comerciales.
En el ranking de integridad corporativa elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Transparencia Mexicana (TM), el rubro con peor desempeño de las 500 empresas evaluadas en temas de integridad es el de regalos y hospitalidad: apenas 44% de las empresas publican en su página web una política de regalos y agradecimientos.
Los regalos pueden influir en el comportamiento de las personas, exponer a las empresas a un mayor riesgo de corrupción y permear una pobre cultura de competencia. No sólo en Navidad existe esta posibilidad, sino en cualquier fecha del año. Sumémonos a la tendencia internacional de cero tolerancia a dar y recibir regalos “corporativos”, evitemos posibles conflictos de intereses. Finalmente, vigilemos que el nuevo gobierno vaya para adelante y no para atrás en este tema tan relevante para el combate a la corrupción.
Eugenia Castañeda Gómez Mont es directora de Integridad Empresarial en MCCI. Maestra en Derecho por la Universidad de Northwestern y Licenciada con honores en Derecho por la Universidad Iberoamericana
