Digámoslo con claridad: dinero que se entrega a un partido político sin ser declarado a las autoridades electorales, sin importar su origen o destino, es dinero ilegal. Entregarlo, aceptarlo, o utilizarlo configura un delito. No importa si es mucho o es poco.
Esto es así porque en la lucha por la democratización se decidió que había que romper el monopolio electoral del PRI: gobierno y partido oficial era una misma cosa que tenía a su disposición una cantidad masiva de recursos con los que podía aplastar a la oposición. El PRI no sólo usaba los recursos del gobierno como propios; también se allegaba de capital privado que creció bajo su cercanía al gobierno. Fueron muchos los episodios de complicidad en los que los empresarios entregaron cuantiosos recursos para el partido. En estas condiciones, la competencia electoral era prácticamente imposible. Por ello se creó un sistema de financiamiento público: para emparejar la cancha y permitir una mayor competencia y pluralidad política.
Se decidió convertir a los partidos políticos en organizaciones de interés público que, en su mayoría, serían financiadas por recursos de todos para evitar que la competencia fuera determinada por quién podía conseguir más dinero. Las aportaciones de militantes y simpatizantes no quedaron prohibidas: la ley estableció que deberían ser el componente minoritario del financiamiento; además, deberían ser completamente transparentes. Lo que sí se cerró de manera definitiva, al menos en la ley, fue la entrada de recursos de gobiernos, empresas privadas, organizaciones internacionales y otras fuentes que pudieran viciar la competencia.
Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, respectivos presidentes del PAN y del PRD a finales de los noventa, fueron algunos de los principales beneficiarios de esta profunda reforma electoral: contaron con una fuente de recursos importante y segura que les permitió competir con mejores condiciones en las siguientes elecciones.
Sin embargo, rápidamente el ideal de blindar a los partidos de la influencia del dinero privado comenzó a mostrar problemas durante su implementación. Un escándalo tras otro puso en evidencia las complejas tramas en las que el dinero seguía entrando a la política y permitía aberraciones. Una de éstas fue la campaña de Roberto Madrazo a la gubernatura de Tabasco en 1994: a pesar de que la ley establecía que no podían gastarse más de 4 millones de pesos, diversos documentos entregados a la oposición —encabezada por el candidato López Obrador— ofrecieron indicios de un gasto de campaña cercano a los 237 millones de pesos, casi 60 veces más de lo permitido. A comienzos del nuevo siglo surgieron los Amigos de Fox y el Pemexgate, mediante los cuales, respectivamente, se obtuvieron recursos de fuentes ilegales por 91 y 500 millones de pesos que llegaron a las campañas del PAN y del PRI.
La autoridad electoral identificó y sancionó muchas de estas conductas; también se fortalecieron las capacidades de fiscalización para ejercer un mayor control y vigilancia sobre las finanzas de los partidos y las campañas electorales. Pero, como en cualquier fenómeno sistémico, la corrupción encontró nuevas y mejores maneras para burlar la ley. De acuerdo con una investigación realizada por María Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde, Ximena Mata y el que escribe, por cada peso que los candidatos declararon públicamente haber gastado en sus campañas electorales de 2018, hubo en promedio 25 pesos que se movieron ilegalmente por debajo de la mesa.
Esta perturbadora proporción de lo que se dice contra lo que realmente hacen los políticos en campaña muestra el enorme desafío que sigue representando el financiamiento ilegal. En el origen de esos recursos también tienen su génesis muchas de las relaciones de corrupción, pues quienes ilegalmente aportan dinero saben que obtendrán algún tipo de beneficio y surge una complicidad que tira por la borda la relación de los electores con los candidatos. Precisamente por ello, combatir el dinero ilegal en las campañas permanece como uno de los principales desafíos para nuestra democracia.
La mejor muestra de la vigencia de este problema está en los últimos videoescándalos que muestran a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo ilegalmente millones de pesos para el financiamiento de Morena. En un solo evento, el discurso de combate a la corrupción y de la honestidad incuestionable quedó por los suelos ante la evidencia de la repetición de una conducta tan nociva, conocida y, paradójicamente, padecida por el propio López Obrador. Peor aún: la respuesta oficial para tratar de explicar los hechos parece más una justificación. El presidente López Obrador dijo el 21 de agosto:
En este caso del video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, que no es comparable. (…) En aquel caso, en aquellos casos, que los tiene muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es ‘mordidas’ para obtener de manera ilícita recursos públicos, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones.
El primer elemento que llama la atención es la explicación de que no estamos ante un acto de corrupción porque se trataba de “aportaciones” para fortalecer al movimiento en momentos de necesidad. Tal necesidad resulta paradójica. Para 2015, momento en que se grabó el video, Morena ya tenía registro como partido político, quedando obligado a respetar las leyes que le prohibían recibir dinero sin declararlo y le permitió tener acceso a recursos públicos. Ese año, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a Morena 78.1 millones de pesos (mdp) para sus actividades ordinarias, 23.4 mdp para sus gastos de campaña y, en total, 120.8 mdp de financiamiento público. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, entidad para la que, según declaraciones del presidente, se utilizaron los recursos, también entregó a Morena 2.8 mdp de financiamiento público ese año.
Si, a pesar de contar con financiamiento público, el movimiento seguía recolectando dinero a espaldas de las autoridades estamos ante una flagrante violación de la ley: un delito electoral. La evidencia de que estas actividades se dieron por debajo de la mesa es contundente si analizamos otra fuente de información: los reportes de ingresos y gastos de los partidos.
Al consultar los reportes que los partidos enviaron al INE, encontraremos que Morena informó que para la campaña local de Chiapas tuvo un total de 6,521,499.03 como ingresos, de los cuales 1,081,628.63 fueron reportados como aportaciones de simpatizantes. Hay que contrastar dicha cantidad con los videos: una primera entrega por un millón de pesos, seguida de otro encuentro en el que se dan 400 000. En conjunto, las dos entregas de recursos documentadas son superiores a lo que Morena declaró legalmente como apoyo ciudadano.
A esto hay que sumar los otros apoyos que Pío López Obrador registró en una libreta de cuentas, cuya dimensión desconocemos; además, la declaración de David León de que esas entregas se realizaban mensualmente desde un año y medio antes, nos permite imaginar que los 1.4 millones son sólo la punta del iceberg de una recaudación que no se declaró a la autoridad electoral. Digámoslo sin tapujos: Morena, en ese momento bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador, violó la ley y abiertamente le mintió a la autoridad electoral al operar un esquema de financiamiento paralelo. La información actual nos impide conocer la dimensión real de esta operación, pero el hecho es incontrovertible.
Si los recursos vinieron de un esquema de aportaciones ciudadanas, como asegura el presidente, o si llegaron por el desvío de recursos de Chiapas, como sugiere que David León era entonces un operador del Partido Verde muy cercano al gobernador Manuel Velasco, es un detalle irrelevante para la violación a la ley. De cualquier manera fueron deliberadamente ocultados a las autoridades. Adicionalmente, el destino electoral de estos recursos también fue reconocido por el presidente, pues dijo que “se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento”. De esta manera, es claro que estamos ante una abierta y flagrante comisión de delitos electorales.
No estaríamos ante la primera evidencia de esta clase de actividades por parte de Morena. A pesar de que el TEPJF anuló la multa, el INE logró acreditar con información bancaria incontrovertible que Morena utilizó el fideicomiso para apoyo de víctimas de los sismos de 2017 para recolectar 44.4 millones de fuentes ilegales. En ese caso, aportaciones en efectivo depositadas anónimamente en operaciones coordinadas de carrusel en diferentes sucursales bancarias. Estos recursos se distribuyeron mediante cheques de caja: un mecanismo de conversión en efectivo que hacía imposible rastrear su destino final.
Acaso el único señalamiento válido del presidente sea sobre las dimensiones de estos actos de corrupción. El titular del Ejecutivo ha sido enfático en señalar que los delitos electorales son uno de los peores actos de corrupción; son diferentes de los multimillonarios desfalcos de los que tenemos conocimiento por investigaciones periodísticas o los trabajos de instituciones como la Auditoría Superior de la Federación. Esto puede ser cierto dado que no conocemos el verdadero tamaño de la operación electoral de Morena para hacerse de recursos ilegales, pero nos deja un trago muy amargo a la luz de tantos años de lucha por un sistema democrático y justo: los que prometieron ser diferentes se revelan como continuadores de la triste tradición del uso ilegal de recursos.
Peor aún: López Obrador y quienes lo apoyan parecen creer, en una incorrecta lectura de Maquiavelo, que los fines políticos justifican utilizar los medios electorales más ruines; que, en nombre de la transformación, un poquito de corrupción no importa. Hoy el presidente asegura seguir siendo un ave que pasa por el pantano y no se mancha. Tal vez lo que ha sucedido es que las manchas no se ven porque su plumaje y el de su partido ya son del mismo color que las aguas hediondas por las que se han paseado.
Leonardo Núñez González es analista político e Investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
@leonugo
