En 2023 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado al menos 1,598,626 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los ha llevado a destinos diferentes a los establecidos legalmente por la Cámara de Diputados. Esto representó 25% del total del presupuesto del Poder Ejecutivo aprobado en el PEF de 2023. Es decir, uno de cada cuatro pesos del presupuesto fueron desviados de su propósito original y llevados a otros destinos, decididos por el propio Poder Ejecutivo.
Así, la administración de López Obrador pudo quitarle dinero a temas tan importantes como la salud, la educación o la seguridad pública. Además, estos cambios se hicieron sin la participación del Poder Legislativo, pues no requirieron ser votados ni discutidos con nadie. Esta cifra es la más grande de la que se tengan registros en lo que va de este siglo, en términos netos (por el monto total deflactado) y relativos (como porcentaje del PEF), de acuerdo con datos de la Cuenta Pública 2023 presentada hace tres semanas por la Secretaría de Hacienda.
Los párrafos anteriores describen una de las explicaciones principales detrás de los fracasos del gobierno para construir políticas públicas e instituciones efectivas para enfrentar los problemas de la sociedad mexicana: existe un mecanismo que le puede quitar dinero a programas o dependencias que simplemente no sean del agrado del gobernante, sin importar su relevancia para la población. Este es uno de los mayores defectos del presidencialismo mexicano que nuestra democracia no ha logrado limitar. Y, sin embargo, a primera vista son difíciles de apreciar las dimensiones y peligros de un párrafo que es tan aburrido de leer como casi incomprensible.
Comencemos por la parte de lo incomprensible. La cifra de la que estamos hablando —1,598,626 millones de pesos— es estratosférica. Se trata de más de un millón de millones de pesos; lo que en español se denomina un billón (los billones en inglés son más chicos, pues se usan para hablar de miles de millones). Un billón y medio de cualquier cosa es mucha cosa; más si se trata de dinero.
De acuerdo con la lista de la revista Forbes, la fortuna de Carlos Slim ha crecido tanto estos años —se ha duplicado desde el inicio del sexenio a la fecha— que en la última edición fue la 14ª persona en entrar al club de los 100 000 millones de dólares. Si convertimos su fortuna al tipo de cambio actual, se trata de 1.7 billones de pesos. El presidente López Obrador redireccionó en un solo año 1.5 billones: una cantidad que es casi del mismo tamaño que toda la fortuna del hombre más rico de México. Si el dinero puede servir como una idea del poder de alguien, esto ayuda a entender el tamaño de lo que significa el poder del presidente.
Aún con este comparativo, sigue siendo difícil comprender de cuánto dinero se trata. Pensemos que el presupuesto de toda la Secretaría de la Defensa Nacional es de 259 000 millones de pesos. Eso significa que los militares gastan en un año una cantidad de recursos seis veces menor que el monto del presupuesto que el gobierno de López Obrador desvió de su destino original. Con esos 1.5 billones de pesos también hubiera podido incrementarse diecisiete veces todo el presupuesto de la Secretaría de Salud o quince veces el de toda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El monto del programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, que sustituyó a todo el programa Prospera con una beca de 920 pesos mensuales por familia, sin importar el número de hijos, podría incrementarse 45 veces con el presupuesto modificado por el presidente en un solo año.
Una última manera de tratar de hacer comprensible estas enormes cantidades de dinero es como un ritmo. Si tomamos esos 1.5 billones de pesos del presupuesto que el presidente pudo quitarle a algunas instituciones y programas para asignarlo a otra cosa en un año y lo dividimos por el número de minutos en el año, nos da 3 millones de pesos por minuto. ¿Cuántos mexicanos saben lo que es tener 3 millones de pesos en la mano? Muy pocos. En el tiempo que te ha tomado llegar hasta este punto del texto, el gobierno cambió alrededor de 10 millones de pesos a otro destino. En un lapso de seis horas, el Poder Ejecutivo ha desviado una cantidad de recursos equivalentes al presupuesto de todo el año del INAI, que el presidente señala como una institución que le cuesta mucho dinero a los mexicanos. Poner las cifras en perspectiva facilita entender el enorme poder presupuestal en manos de una sola persona.
¿Por qué decir que la presidencia desvía el presupuesto?
Es importante hacer énfasis en el verbo desviar, pues lo que hace el Poder Ejecutivo al redireccionar el presupuesto es quitarlo de un lugar para llevarlo a otro. En ese proceso se desvían las prioridades del gobierno que, se supone, son definidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprueba cada año la Cámara de Diputados.
Como he escrito en otras ocasiones, el problema principal es que estos cambios se realizan al amparo de la ley, pues legalmente las adecuaciones presupuestarias permiten que el Poder Ejecutivo manipule el presupuesto sin que tenga que ser discutido ni votado por las y los legisladores. No tenemos noticia de un país democrático donde el presidente tenga tanto poder presupuestal como en México. En nuestro caso han fracasado todos los intentos para acotarlo, al punto que hoy el tema ni siquiera está sobre la mesa como uno de los asuntos principales sobre el que las fuerzas políticas podrían dar una lucha.
El principio básico de que el Ejecutivo debería ceñirse a lo que establece la Cámara de Diputados en el PEF está plasmado con claridad en la Constitución, pero es vulnerado a través de la ley secundaria. No haber atendido este problema en el pasado y seguir ignorándolo es uno de los mayores riesgos para nuestra joven democracia, pues aquí está el origen de buena parte de la destrucción institucional que impunemente puede realizarse desde el Poder Ejecutivo de manera unilateral.
Que el presidente le quite presupuesto a algún tema no se trata de una política de austeridad republicana. Hoy el gobierno gasta mucho más que al inicio de sexenio. De hecho, el presupuesto de 2024 es 25% más grande que el de 2018 en términos reales (es decir, considerando la inflación). La supuesta política de austeridad en realidad se ha convertido en una herramienta para apretar presupuestalmente, según los intereses y prioridades del gobierno, como fue documentado en el estudio sobre el desmantelamiento de las capacidades del Estado que presentamos en el número de octubre de la revista Nexos.
El problema es que el uso discrecional del presupuesto no solo ha afectado a instituciones que el presidente considera sus enemigas, como el INAI, el INE o el Poder Judicial, sino que también ha tocado a muchas funciones de gobierno que son vitales para las personas. La imagen más elocuente de la Cuenta Pública 2023 es ver a las instituciones a las que se les han quitado más recursos y a las que se les ha dado.
En la siguiente gráfica pueden verse los cambios en el gasto total de los diferentes ramos que componen al Poder Ejecutivo. En color rojo se identifica a cuáles dependencias se les quitó dinero que ya tenían legalmente autorizado, mientras que en color azul se ven las que fueron beneficiarias de esos desvíos. Debería ser un escándalo que entre las dependencias más afectadas está la Secretaría de Salud, que terminó ejerciendo 50% menos de todo el dinero que debió haber gastado o que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejerció 41% menos recursos. En contraste, es muy claro que los beneficiarios son instituciones como la Secretaría de Energía o la Secretaría de la Defensa Nacional.
En los análisis que hacemos en la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI, como parte del proyecto de Nuestro Dinero, damos seguimiento a cambios y problemas de gasto en instituciones o políticas públicas concretas. Este no es el espacio para hacer un desglose pormenorizado, pero sépase que en cada problema público que se ha agravado en este sexenio hay un componente de desvío de recursos mediante el mecanismo descrito. A manera de ejemplo, las siguientes cuatro gráficas muestran esa diferencia entre lo que decía el PEF (representado por las líneas rojas) y lo que realmente se gastó (en barras azules). La distancia entre ambas cifras cada año es el ejemplo de un problema público para el que el gobierno decidió gastar menos recursos.
La reorientación del gasto de manera unilateral y sus consecuencias provocan perdedores y ganadores claros que deben ser analizados a detalle. El objetivo de este texto no es hacer una radiografía detallada de todas las partidas, ramos y programas a los que se les retiraron esos 1.5 billones de pesos, ni tampoco determinar en dónde terminaron esos recursos, sino poner sobre la mesa la dimensión del desvío y las implicaciones de este enorme poder que se ejerce sin ningún tipo de contrapeso.
La promesa de Morena cuando eran oposición fue enfrentar este problema, pero ya como gobierno, lo olvidaron y se dedicaron a aprovechar este problema como ningún otro gobierno de la historia. Las consecuencias están a la vista. ¿Haremos algo al respecto?
Sobre el autor:
Analista político y director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI
