Complejos industriales, inmobiliarias y hasta dependencias de gobierno tienen a su nombre concesiones de agua para uso agrícola. Con estos permisos no solo operan sus propios pozos, también tienen la puerta abierta para obtener otros beneficios, por ejemplo, no desembolsar un peso por el agua que utilizan, ya que la Ley de Derechos Fiscales los exime de este pago.
Por Paris Martínez
Fotografías y videos: Lucía Vergara y Adolfo Valtierra
A los ojos de la autoridad, el agua que se extrae del pozo que funciona en lo que alguna vez fue el rancho El Tajuelo, en la localidad de Las Ánimas, municipio de Tepozotlán, Estado de México, se usa para regar campos de cultivo. La realidad, sin embargo, es distinta a lo que la autoridad dice ver: hace varias décadas desapareció ese rancho y en su lugar hoy se encuentra un complejo de almacenes comerciales de 80 hectáreas de extensión, bautizado como Megapark Tepotzotlán.
En lo que era el rancho agrícola El Tajuelo hoy hay un pozo cuyas aguas ya no riegan cultivos, sino que son explotadas con fines industriales por el complejo Megapark.
Ese pozo fue autorizado como parte del título de concesión 13MEX104329/26AMGR99 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó a la asociación civil FREN SC para extraer 432 mil metros cúbicos de agua para uso agrícola.
Quienes tienen concesiones para uso agrícola no están obligados a pagar por el agua, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede otorgarles una tarifa preferencial para que paguen lo mínimo por la energía eléctrica que emplean al bombear el agua de sus pozos.
Así que Megapark no paga por el agua que extrae de un pozo que está a nombre de FREN SC, sociedad civil cuyo objeto social legalmente declarado es la promoción de actividades deportivas y culturales.
Datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestran que, hasta septiembre de 2019, había 415 mil 793 títulos de concesiones para aprovechamiento de agua subterránea y superficial; casi la mitad de ellos —42%— son para “uso agrícola”. Y solo 5 mil 986 —es decir el 1.4%— son para “uso industrial”.
En todo el país hay empresas que han obtenido concesiones de agua para uso agrícola que en la realidad utilizan para otros fines. Y, por lo tanto, no desembolsan un peso por utilizar ese recurso.
Tan solo en el Estado de México, al hacer un análisis y mapeo de las 785 concesiones de aguas subterráneas para uso agrícola que están registradas en el REPDA es posible identificar que, por lo menos, 110 de estos títulos no benefician a campesinos, sino a industrias, empresas de servicios, ranchos de descanso, fraccionamientos, centros religiosos, predios urbanos e, incluso, instalaciones gubernamentales.
En conjunto estas 110 concesiones tienen autorizado extraer, de acuerdo con los datos disponibles en el REPDA, un total de 32 billones de litros de agua al año, lo que equivale a 15% del agua subterránea que supuestamente se destina a uso agrícola en el Estado de México.
Esa cantidad de agua permitiría cubrir las necesidades mínimas de 100 mil pobladores del Estado de México, la segunda entidad en el país con menos disposición per cápita de agua, según datos de la misma Conagua.
Nadie vio que ya no era rancho
El 7 de septiembre de 2015, el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dio a conocer que la firma inmobiliaria Sibra Capital, del empresario Carlos Smeke, invertiría 350 millones de dólares en el municipio de Tepotzotlán, para la construcción del complejo Megapark, un "parque logístico y centro comercial" de 80 hectáreas, cuya principal característica serían sus sistemas de protección al ambiente y cuidado del agua.
Para el momento del anuncio, de hecho, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México ya había otorgado su aval para la construcción de este complejo de naves comerciales, luego de constatar, entre otras cosas, que "el proyecto denominado Plaza Comercial Megapark cuenta con suministro de agua potable".
Al extender su aval, las autoridades estatales no consideraron relevante que el agua aprovechada por Megapark no estaba autorizada para uso industrial, sino únicamente para uso agrícola. Tampoco tomaron en cuenta que el agua no estaba concesionada a Megapark, o a su promotora, la inmobiliaria Sibra Capital, sino a FREN SC, sociedad civil dedicada a la creación de deportivos.
Las autoridades mexiquenses no han sido las únicas en desviar la mirada y permitir que este complejo comercial utilice una concesión de agua para uso agrícola.
En mayo de 1999, Conagua otorgó la concesión a FREN SC pese a que esta sociedad civil entregó información en donde señalaba que se dedicaba a la creación de clubes deportivos privados, tal y como lo muestran los documentos notariales incluidos en el expediente de la concesión 13MEX104329/26AMGR99, obtenido a través de una solicitud de información.
En enero del 2000, FREN SC tramitó y obtuvo de Conagua autorización para realizar una “reposición” del pozo en el mismo predio. A partir de ese momento, sin embargo, el rancho El Tajuelo dejó de ser un lugar con actividad agrícola.
Fotografías satelitales que se pueden consultar en Google Earth dejan ver que en el lugar, en el año 2003, se edificó una residencia campestre rodeada de jardines y con un lago privado; después, en 2015, esta residencia de descanso fue demolida y en el sitio se comenzó a construir Megapark.
Los registros de Conagua revelan que funcionarios de este organismo federal nunca ha acudido a la zona para inspeccionar cuánta agua se saca de este pozo y cuál es su uso real. De acuerdo con los documentos incluidos en el expediente, la concesión que permite utilizar este pozo venció en 2017. Sin embargo, hasta octubre de 2019 el pozo aún funcionaba y los datos de la concesión seguían en la página de internet del REPDA.
Comprar el paquete: el terreno
y los derechos para explotar agua
En septiembre de 2015, cuando el entonces gobernador mexiquense, y hoy senador, Eruviel Ávila Villegas, anunció el arranque del proyecto Megapark, este complejo comercial en realidad ya tenía nueve meses en construcción.
Imágenes satelitales muestran que esta obra se emprendió en enero de 2015. Es decir, la construcción del complejo Megapark inició cuando aún no contaban con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, permiso que se expidió hasta el 18 de febrero de ese mismo año. En la actualidad, Megapark Tepotzotlán está totalmente terminado.
Para saber por qué Megapark Tepotzotlán utiliza una concesión de agua para uso agrícola, cuya vigencia terminó hace dos años y que está registrada a nombre de una asociación civil deportiva sin fines de lucro, se solicitó una entrevista con representantes de Sibra Capital, propietaria del complejo comercial; personal de administración de la empresa otorgó los datos del ingeniero Juan García, “quien ve todos los trámites con Conagua”.
El ingeniero Juan García —quien explicó que trabajó en Conagua y se jubiló— aseguró que Sibra Capital compró los terrenos agrícolas, “junto con los derechos para explotar sus aguas”.
El actual Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales contempla la “transmisión” de los derechos de concesiones para aprovechamiento. En la legislación no menciona las palabras venta o compra, pero en los hechos es lo que sucede: las concesiones de agua, sobre todo aquellas que tienen “uso agrícola”, se venden al mejor postor.
Cuando se realiza una transmisión de derechos, es necesario notificar a Conaga para que sea esta dependencia la que autorice esa transmisión. Además, se debe solicitar que se cambie el uso de la concesión, en caso de que ya no se utilice para fines agrícolas.
—Conagua es muy lenta con todos los procedimientos, y tienen corrupción (...) Tú vas a Conagua y les dices que compraste terrenos agrícolas, junto con los derechos para explotar sus aguas, y que quieres cambiar el titular y el uso de la concesión, eso es algo que contempla la ley, y la ley también dice que los trámites no deben tardar más de 60 días, pero yo tengo trámites que ingresé en 2016 y no me los han contestado... ¿qué me piden? Me piden dinero —explicó vía telefónica el ingeniero Juan García.
—¿Le piden dinero en Conagua para hacer avanzar su trámite?
— Claro —responde el ingeniero García—, a todos. Quien diga que no, es mentira…
—¿Y cuál es la tarifa de las mordidas?
—Como dicen, según el sapo es la pedrada... Yo soy gestor independiente, me contratan empresas para realizar estos trámites ante Conagua, y luego mis clientes me preguntan cuánto hay que dar, y yo les digo que nada. Yo soy profesional, y creo que las autoridades me tienen que dar lo que gestiono, porque sigo lo que marca la ley y sé lo que la ley permite. Lo que no logro hacer es que me lo den rápido.
—¿Esto es lo que sucede en el caso de Megapark?
—Es lo que está pasando, tienen atorados todos los trámites en Conagua. El usuario no tiene la culpa.
—¿Y cuándo inició Megapark los trámites para regularizar el pozo agrícola que aprovechan?
—Fácil fue hace unos dos o tres años.
En el expediente de la concesión que explota Megapark, y que Conagua entregó como respuesta a una solicitud de información, no se incluye ninguna solicitud de Sibra Capital para regularizarlo ni para que se les autorice aprovechar esas aguas con fines industriales.
Para constatar que Sibra Capital efectivamente haya solicitado la regularización del pozo del Megapark, se le solicitó al ingeniero García que exhibiera la documentación oficial que respaldara tal versión, pero no la entregó.
También se solicitó una entrevista con funcionarios de Conagua, sin embargo no se tuvo respuesta.
Los campos de las inmobiliarias
Además de Sibra Capital y su complejo comercial Megapark Tepotzotlán, hay otras empresas que poseen concesiones de agua para uso agrícola —y por lo tanto, no pagan por ella—, pero que la utilizan para otros fines. Varias de ellas son empresas a las cuales la Conagua entregó concesiones para uso agrícola a pesar de que sus actividades legalmente declaradas no se cruzan con las labores del campo.
El 14 de mayo de 2009, por ejemplo, Conagua registró en el REPDA una concesión a nombre de GEO Edificaciones S.A. de C.V. para aprovechar 130 mil metros cúbicos de agua para uso agrícola, en el municipio de Texcoco.
Algunos detalles de la concesión, como las coordenadas geográficas del pozo, se encuentran disponibles en el portal del REPDA. Así es posible ubicar que en ese lugar opera una planta de fabricación de materiales para construcción de GEO Edificaciones; en el sitio, incluso, hay una fosa para el almacenaje del agua que se extrae.
Se solicitó también una entrevista con GEO Edificaciones para saber por qué tiene concesiones para uso agrícola cuando esa agua la utiliza para otros fines, sin embargo, en sus oficinas corporativas se informó que, debido a la quiebra financiera de esta empresa inmobiliaria, no había ya ningún representante que pudiera dar una explicación.
A pesar de la quiebra financiera, durante el recorrido realizado por la planta de materiales de GEO Edificaciones de Texcoco se pudo constatar que ésta sigue operando.
En el Estado de México GEO Edificaciones tiene a su nombre otras cinco concesiones para aprovechamiento de agua subterránea para uso agrícola. Todas se localizan en el municipio de Ixtapaluca.
Además, con el nombre de GEO Hogares Ideales tiene otra concesión de agua para uso agrícola en Zumpango, Estado de México.
En el Estado de México, Consorcio de Ingeniería Integral, empresa subsidiaria de Consorcio Ara, también tiene a su nombre una concesión de este tipo en el municipio de Cuautitlán.
En casi todos los estados se encuentran empresas constructoras a las que Conagua les ha otorgado concesiones de agua para uso agrícola. Por ejemplo, Inmobiliaria JJK, S.A. de C.V. (en Querétaro), Desarrollos y Construcciones del Centro (en Aguascalientes), Inmobiliaria Carso (en Tlaxcala), Casa y Residencias Inmobiliaria (en Yucatán) e Inmobiliaria Marcopolis (en Jalisco), solo por mencionar algunas.
También dependencias estatales
En julio de 2019, el actual gobernador mexiquense Alfredo del Mazo anunció once obras hidráulicas que permitirían entregar más agua a campesinos de la entidad ya que, aseguró, "necesitamos llevar al campo mexiquense el agua que se requiere" para que las familias campesinas "puedan producir más y tener mejores ingresos".
En esa ocasión el gobernador Del Mazo enfatizó: "queremos fortalecer a las familias que se dedican a esta noble actividad (la agricultura) y queremos que les rinda mucho más lo que están produciendo, lo que están sembrando", aspiración que formuló teniendo a su costado a Darío Zacarías Capuchino, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal.
Este acto político no sería más que una anécdota si no fuera porque la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, órgano encargado de la política de apoyo a campesinos para labores de riego, utiliza una concesión de agua para uso agrícola.
Las oficinas de esta dependencia del gobierno estatal, instaladas en el municipio de Zumpango, aprovechan una concesión de aguas subterráneas que Conagua otorgó originalmente a la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural “Tepetzingo".
Según el expediente del título 13MEX101015/26AMDA16, del que se obtuvo copia a través de una solicitud de información, esta concesión fue otorgada a la unidad de riego en 1996. Desde entonces se le autorizó tener un pozo para extraer 303 mil metros cúbicos de agua al año.
Para 2005, cuando la vigencia de esta concesión estaba por extinguirse, la Unión de Riego solicitó a Conagua renovar el permiso de explotación. Sin embargo, para ese momento el predio en donde se encuentra el pozo, de acuerdo con las coordenadas geográficas que se pueden consultar en el REPDA, ya no era un campo agrícola.
La Ley de Aguas Nacionales señala que el agua concesionada solo puede aprovecharse para el fin que fue autorizado y, en caso de que el uso pretenda modificarse, el titular debe solicitar la autorización a la autoridad.
Sin embargo, el expediente oficial de esta concesión no incluye ninguna autorización para cambiar el tipo de aprovechamiento del agua que se extrae de él.
Tal como demuestran fotografías satelitales históricas, que se pueden consultar a través de Google Earth, el predio donde se encuentra este pozo dejó de ser un campo de cultivo para convertirse en un inmueble de oficinas en el año 2005, es decir, justo cuando la renovación del pozo "agrícola" se tramitó por diez años más.
En 2015, se solicitó una nueva prórroga, por diez años más, para esta concesión. Para ese momento, el inmueble de oficinas ya era ocupado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado de México, la cual nunca notificó a Conagua el cambio de aprovechamiento de la concesión.
Según informes de Conagua, obtenidos a través de solicitudes de acceso a información pública, no hay registro de pagos que correspondan a la concesión que seguirá vigente hasta el año 2025.
Para saber por qué la Secretaría de Desarrollo Agropecuario aprovecha este pozo agrícola para el funcionamiento de sus oficinas en Zumpango, se solicitó una entrevista con un representante de la dependencia, misma que fue denegada.
Y los campesinos tienen menos agua
El ejido Montecillos fue creado oficialmente en el año 1936, en Texcoco, aunque no fue sino hasta los años 70 que los títulos ejidales les fueron entregados a los campesinos de la localidad.
Estos títulos ejidales, recuerdan los más viejos del poblado, les fueron otorgados por el presidente Luis Echeverría, quien aprovechó la ocasión para dirigir a la comunidad de Montecillos un mensaje especial.
“Las comunidades agrarias —les advirtió el entonces mandatario federal, en una misiva que los ejidatarios aún conservan— no deben ser víctimas de nuestro desarrollo urbano, sino que, por el contrario, su cercanía a las ciudades las transformará en beneficiarias de los valores citadinos, al procurarse la protección de los derechos campesinos”, a los cuales, además, Echeverría les prometió obras de riego tecnificado, para que pudieran beneficiarse efectivamente de las tierras de las que fueron dotados a raíz de la Revolución.
Casi medio siglo después de la promesa, los ejidatarios de Montecillos ven poco a poco desaparecer sus campos de cultivo. Varios prefieren ya no sembrar, porque obtienen pocas ganancias, así que mejor venden sus tierras. Además, los pozos que tenían se han ido secando.
Luego de la entrega de los títulos ejidales, los campesinos de Montecillos esperaron en vano las obras de tecnificación anunciadas por Echeverría, y siguieron cultivando estas tierras como lo hacían antes de la Revolución, es decir, solo con agua de lluvia y manantiales naturales, pero la expansión urbana en esta región de Texcoco fue limitando su acceso a los ríos y pozas cercanas, y para los años 90 los ejidatarios decidieron solicitar la autorización para excavar un pozo, en lo que entonces se conocía como paraje San Felipe.
Tal como consta en el expediente de Conagua sobre este pozo, también obtenido a través de una solicitud de información, el permiso de excavación les fue otorgado a los campesinos en 1999. Durante varios años no tuvieron problemas con ese pozo, pero con el tiempo fue bajando su nivel de agua.
En 2009, junto a su ejido, y a unos metros de su pozo, comenzó la construcción del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, una de tantas obras con las que se conmemorarían 200 años de la Independencia, así como el centenario de la Revolución Mexicana.
Parado ante la puerta de su hogar, desde donde alcanza a apreciarse el complejo cultural, uno de los ejidatarios de Montecillos —cuyo nombre pidió mantener en reserva— mira la mole de piedra en cuyo interior se realizan actividades artísticas bajo patrocinio del gobierno mexiquense.
“¿Ves todo lo grande que es? —pregunta el campesino— Es bien alto el Centro Bicentenario, ¿no? Pero antes de construir todo eso para arriba, lo primero que hicieron (las autoridades estatales) fue escarbarle para abajo: lo primerito que hicieron fue un hoyo y poner un pozo, como a 100 metros de donde está nuestro pozo ejidal. Y sí nos extrañó, porque nosotros llevamos tiempo pidiendo que nos dejen excavar otro pozo”.
El pozo del ejido Montecillos, explica el campesino, daba ocho pulgadas cúbicas de agua por segundo antes de que existiera el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, pero desde su construcción, lamenta, ese volumen de agua se redujo a cuatro pulgadas cúbicas.
“Ya nada más sale un chorrito del tubo —se queja el campesino—, y desde hace tres años, o un poco más, vamos a Conagua para que nos autoricen a abrir otro pozo, para poder seguir sembrando. Fíjate, hace varios años que metimos la petición y apenas (con la nueva administración de Conagua) avisaron que ya nos van a dar una cita, y la mayoría de los ejidatarios son ya gente muy grande, yo soy de los jóvenes –ironiza el anciano–, y eso dificulta todo, porque cuesta trabajo ir a las oficinas de Conagua”.
Tal como en el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se solicitó una entrevista con representantes del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, para saber por qué el pozo con el que funcionan estas instalaciones no aparece inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), bajo ninguna categoría de aprovechamiento (industrial, pecuario, agropecuario, agrícola, público urbano, servicios, doméstico o diversos usos) pero las autoridades responsables no aceptaron hablar del tema.
El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario —el cual ocupa 35 mil metros cuadrados— tiene un lago artificial de media hectárea, cuyo único fin es adornar el inmueble. “Seguramente —dice el ejidatario— allá dentro no tienen problemas de agua, pero nosotros sí”.