En la zona centro de Jalisco los campos que antes cultivaban los campesinos locales, ahora se rentan o venden a grandes empresas agrícolas, entre ellas a las productoras de frutos rojos, cultivo que no ha encontrado ningún obstáculo para extenderse y dejar secas a las comunidades. La agroindustria es uno de los acaparadores de agua que, además de no pagar por ese recurso, provoca conflictos ambientales.
Por Sonia Serrano Íñiguez
Fotografías y videos: Lucía Vergara y Adolfo Valtierra
“Ellos no tenían agua, pero les autorizaron los pozos. Ahora los que no tenemos agua somos nosotros”, asegura Trinidad Novoa. Su comunidad, El Platanal, en el municipio de Tala, en Jalisco, se abastecía de un venero que les permitía incluso almacenar agua para todo el año. Hace una década esto comenzó a cambiar con la perforación de pozos cerro arriba.
Cuando dice “ellos” se refiere a los productores de arándanos. A la comunidad se le han negado la posibilidad de buscar agua en el subsuelo, con el argumento de que están en una zona donde ya no es posible otorgar nuevas concesiones, pero las productoras de frutos rojos —entre los que destaca la empresa Fruticultura FM y Berries Paradise— sí tienen pozos.
El campo de Jalisco se ha cubierto de blanco. Desde carreteras o montañas se ven las manchas que forman los invernaderos que cubren las plantas de arándanos, fresas y otros frutos, y que cuentan con sistemas sofisticados de riego, debido al cuidado que requieren. Su producción es un mejor negocio que otros cultivos, pero la inversión que se necesita —más de un millón y medio de pesos por hectárea— deja fuera a los campesinos. A lo más que aspiran es a rentar sus tierras a las empresas que los producen o incluso a trabajar para ellas.
Antes de la expansión de los berries, los campesinos de Jalisco ya rentaban sus tierras a grandes compañías agrícolas que resaltan por tener un gran número de concesiones de agua. Una de esas empresas es ITLC Agrícola Central que, de acuerdo con datos disponibles en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), tiene 24 títulos de concesión en Jalisco y seis en Michoacán. Tan solo la suma de los volúmenes anuales de agua que tiene en Jalisco alcanza los 10 millones 930 mil metros cúbicos, una cantidad similar a la que puede almacenar el Lago Nabor Carrillo, de Texcoco.
“El sistema de concesiones es un instrumento tan perverso que permite la captura corporativa y el control del agua en México”, resalta María González Valencia, investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y coordinadora del trabajo “Los Acaparadores del Agua en Jalisco”, que presentó esta organización en marzo de 2019.
Del campo a una refresquera
ITLC Agrícola Central pertenece a Grupo Azucarero México, el cual se integra por Ingenio Tala, Ingenio Lázaro Cárdenas, Proveedora de Alimentos México y Empresas y Servicios Organizados.
Grupo Azucarero México, a su vez, forma parte de Organización Cultiba SAB de CV, “una empresa integrada de bebidas no alcohólicas con una participación relevante en México. A través de nuestras asociadas y subsidiarias operativas, respectivamente, producimos, vendemos y distribuimos en todo el territorio mexicano bebidas carbonatadas, garrafones de agua, y también producimos y vendemos azúcar y productos relacionados. Nuestra asociada de bebidas es el embotellador exclusivo de las marcas PepsiCo en México”, de acuerdo con el perfil de la compañía publicado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores.
Es una de las empresas más importantes del ramo en el país, con una producción anual de alrededor de 400 mil toneladas de azúcar —cuarto lugar nacional—, con una derrama económica de unos 3 mil 800 millones de pesos al año, según datos de la propia empresa.
La Ley de Aguas Nacionales, en su Artículo 21 Bis, señala que para solicitar un título de concesión se deben presentar los documentos que acrediten la propiedad o posesión del inmueble en el que se localizará la extracción de agua.
En todos los expedientes de las concesiones de agua a nombre de ITLC en Jalisco —obtenidos a través de solicitudes de información— se incluyen contratos de arrendamiento que la empresa ha celebrado con los dueños de las parcelas en donde ha construido sus pozos de extracción de agua y que se encuentran distribuidos en los municipios de San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Tala, Magdalena, Guachinango, Villa Corona, Teuchitlán, Magdalena, Ameca y San Martín Hidalgo.
Todas las concesiones que están a nombre de la empresa son para extracción de agua para uso agrícola, en particular la siembra de caña.
“¿Por qué rentan sus tierras?”, se le pregunta a Humberto Vázquez, quien vende al Ingenio de Tala —propiedad de ITLC— toda la caña que cosecha. Después de unos segundos de silencio justifica a quienes prefieren no sembrar. En su caso, la ganancia por hectárea es apenas de unos 50 mil pesos, “pero eso sin sacar cuentas de todos los gastos, porque si se los sumo, seguramente salgo casi tablas”.
Para la renta de las tierras las empresas exigen firmar contratos de arrendamiento por diez años. En el caso de los terrenos que se utilizan para la siembra de caña, les pagan desde 15 mil pesos anuales por hectárea. Ese monto representa menos de la mitad del salario mínimo anual vigente en este año, que es superior a los 37 mil pesos. “Pero si tienes varias hectáreas, recibes el dinero todo junto, sin los riesgos de un mal año en el que le pierdes a la caña”, afirma el campesino.
Las empresas que producen frutos rojos pagan mejor por la renta de las tierras: hasta 65 mil pesos al año por una hectárea.
Tiempos de zarzamora
Los proyectos para la siembra de frutos rojos en Jalisco comenzaron a desarrollarse durante la administración del panista Emilio González Márquez (2007-2013), al entregarse los apoyos para favorecer este cultivo, que registra su auge justo al final del sexenio, a partir de 2012, y especialmente durante el siguiente gobierno que encabezó el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria Pesquera (SIAP), de ese año a 2017 el número de hectáreas sembradas con fresa, arándano, frambuesa y zarzamora se triplicó, al pasar de 2 mil 182 a seis mil 646.
En Jalisco, los municipios que tiene una mayor cantidad de hectáreas con estos cultivos son Zapotlán el Grande, Jocotepec, Gómez Farías, Zacoalco de Torres, Tuxpan y Zapotiltic. La producción anual ya rebasa las 100 mil toneladas.
Además de Jalisco, su producción se ha intensificado en Michoacán, Baja California y Guanajuato. Según datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), 25 por ciento de las hectáreas de este cultivo están en Jalisco, aunque de esta entidad sale 60 por ciento de la exportación. Los países a los que van las cosechas jalisciense son Estados Unidos, Canadá, Holanda y, en menor medida, Japón, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.
Según productores de frutos rojos, la inversión anual por hectárea es de alrededor de 1.7 millones de pesos, que incluye el sistema especial de riego, el sustrato que se aplica y la instalación del macrotúnel que protege la siembra. Esto es, con unas 8 mil plantas por hectárea.
Humberto Vázquez asegura que para él, que siembra caña, es imposible pensar en berries, pues no tendría dinero para invertir. Incluso, asegura que solo hay una persona que de cultivos básicos pasó a los frutos rojos, pero invirtió todo lo que tenía. El resto, son empresas cuyos propietarios no estaban relacionados con el campo.
Este es el caso de la productora Fruticultura FM, empresa que se creó en 2016, de acuerdo con los datos del Registro Público de la Propiedad. Uno de sus accionistas, y administrador único, es Arturo Facundo Ramírez, médico cirujano que también fue presidente municipal de Cocula entre 2007 y 2009.
“Al ser un cultivo muy rentable y al ser impulsado por gente con más capacidad económica y política, se están sobreponiendo a quienes cultivan maíz o frijol”, resalta Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco.
En el municipio de Tala, entre las comunidades de Ahuisculco, Cuxpala y San Isidro Mazatepec, se han ido instalando los invernaderos, especialmente para la producción de arándanos y frambuesa. Entre las empresas que siembran están, además de Fruticultura FM, Berries Paradise, que fue creada en 2009 en Los Reyes, Michoacán; esta productora de frutos rojos está conformada, a su vez, por la empresa Aba Solares.
La renta de tierras para siembra de bayas se puede constatar, incluso, en los sitios de venta y renta de inmuebles. Uno de los anuncios ofrece un terreno en Cuxpala “para siembra de berries o construcción de naves industriales”, el cual “cuenta con dos pozos de agua equipados y electrificados”.
Sin agua y con una tierra inservible
Entre las empresas productoras de frutos rojos que tienen concesiones de agua en Jalisco se encuentra Agroberries El Rosario; solo tiene una concesión, pero ésta le permite contar con cuatro pozos y extraer un millón 53 mil metros cúbicos de agua al año. Con esa cantidad se podrían llenar 421 mil 280 tinacos, con una capacidad de 2 mil 500 litros cada uno.
José Jesús Naranjo Nuñez y Ricardo Naranjo González, accionistas de Frutos Verdes La Quinta —empresa registrada en Michoacán y cuyo objeto social es producción y comercialización de aguacate y berries— tienen en conjunto 25 concesiones, distribuidas en Michoacán y Jalisco, que les autorizan el uso de 4 millones 572 metros cúbicos de agua.
En el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), Fruticultura FM no aparece con títulos de concesión de agua a su nombre; tampoco ninguno de sus accionistas. Sin embargo, imágenes de Google maps muestran que en los terrenos donde tiene sus cultivos hay decenas de invernaderos, así como un sistema de riego.
Francisco Quintero, quien encabeza un proyecto ecológico de la Fundación Selva Negra en la comunidad de Ahuisculco, en Tala, estima que 99 por ciento de las tierras en las que las grandes empresas tienen concesiones de agua, son rentadas. “¿Por qué están rentando?, porque les entregan el dinero todo junto, a pesar que es poca cantidad, se les hace llamativo. Cualquier cultivo implica trabajo, un riesgo de perder si baja el precio, pero si les ofrecen una cantidad que es igual o poquito más que lo que ganan con la cosecha, lo agarran”.
El problema a futuro, destaca, es que cuando los contratos terminen la tierra ya no servirá. “El cultivo de los berries en general necesita que el suelo o el sustrato esté totalmente estéril, y para eso utilizan boro, lo gasifican y hacen que el suelo quede totalmente inerte. El problema es que el boro es bioacumulable, queda en el suelo y cuando se van estas empresas queda prácticamente inservible. Esto no se los explican.”
Juan Guillermo Márquez, por su parte, explica que “los cultivos básicos sin tecnificación son poco rentables para la gente, entonces dan (sus tierras) en arrendamiento a terceras personas, que aprovechan el nivel de relación o el poder económico que tienen para abrir la puerta a otro tipo de cultivos”.
Los campesinos que tienen tierras pero que no cuentan con títulos de concesión de agua, están en desventaja ante las empresas, sobre todo si desean obtener una concesión porque, de entrada —explica Francisco Quintero— los trámites son complicados “y hay muchos intermediarios… gestores que tienen quién les arregle rápido adentro (en la Comisión Nacional del Agua)”.
Aquellos campesinos que sí cuentan con títulos de agua también terminan haciendo lo que la Ley de Aguas Nacionales llama una “transmisión total de derechos”, que en términos prácticos es la venta de la concesión, o una “transmisión parcial” que es vender parte del volumen de agua autorizado y que, aparentemente, no utilizan.
Agua, solo para algunos
“Nosotros nacimos aquí y tenemos la tierra, pero no nos dejan abrir ni un pozo. Y a ellos, los que quieran”, reflexiona Fernando mientras camina rumbo a una pequeña represa que construyó para captar agua de lluvia. Le servirá para tener agua unos meses para consumo humano y sus tierras, en las que siembra caña.
Otros pequeños propietarios de El Platanar lo cuestionan por almacenar agua, pero Fernando considera que deben buscar alternativas. De hecho, la misma comunidad improvisó un ducto para llevar el agua de la presa a las parcelas de caña, pues cuando lo hacían a cielo abierto las pérdidas por evaporación e infiltración eran importantes. El rezago tecnológico y la imposibilidad de invertir se ha convertido en el principal enemigo de los campesinos.
El agua en el campo no es para todos, advierte el investigador Antonio Gómez Reyna. “Hay gente que en su vida ha sembrado, no saben de agricultura y tienen concesiones de agua de uso agrícola. En la región Lagunas de Jalisco hay ejidos que han estado peleando por un nuevo pozo por años porque ya no tenía agua la población y se los negaron y en el transcurso de diez a quince años aprobaron como 70 pozos de agua para los berries. Ahí es cuando te das cuenta que es el mismo acuífero, pero por qué para unos sí hay y para otros no”.
La Ley de Aguas Nacionales señala que para obtener un título de concesión de agua es necesario cumplir con varios requisitos, entre ellos presentar la documentación técnica que “soporte la solicitud en términos del volumen de consumo requerido”.
En los expedientes de los títulos de concesión que la Conagua ha otorgado a ITLC Agrícola Central en Michoacán sí es posible encontrar documentos técnicos sobre la disponibilidad de agua, la calidad de la misma y el tipo de minerales que contiene, entre otros.
Pero en las concesiones otorgadas a la misma empresa en Jalisco, solo se encuentran estos estudios en uno de los expedientes.
La empresa ITLC realizó los trámites en Jalisco en el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y casi todos los títulos fueron autorizados por Raúl Antonio Iglesias Benitez y María Oyuka Romero Echavarría. Solo en la concesión bajo el número de expediente 08JAL138456/14AMOC11, correspondiente a un pozo en el municipio de Magdalena, se incluyen los resultados de los estudios. En el resto tampoco hay una justificación de la omisión.
Para este reportaje se solicitó entrevista con algún representante de ITLC, pero no se tuvo respuesta.
Además, en algunos casos hay observaciones por la falta de documentos que acrediten el derecho sobre la tierra de quienes se los rentan. Sin embargo, no se subsana la falta y se autoriza la perforación.
Otro detalle que llama la atención en los expedientes de concesiones es la facilidad para pedir cambios de uso o prórrogas por hasta una década.
Naturesweet Invernadero, por ejemplo, tiene al menos once concesiones de agua en Jalisco, que le permiten extraer del subsuelo 9 millones 297 mil 317 metros cúbicos al año.
Esta empresa se dedica, principalmente, a la producción de jitomates. Fue creada el 31 de julio de 2002 como Desert Glory México S de RL de CV, con el objeto social de “contratar y prestar todo tipo de servicios, incluyendo los de naturaleza administrativa a toda clase de personas físicas morales”.
En la misma fecha se creó la empresa Desert Glory Inmobiliaria, con el objeto de “adquirir, poseer, arrendar, comprar y vender todo tipo de bienes muebles o inmuebles necesarios para cumplir con el objeto social, incluyendo la formalización de fideicomisos sobre inmuebles y otros tipos de operaciones permitidas por la ley”.
Ambas empresas cambiaron su razón social en agosto de 2011 a Naturesweet Invernaderos e Inmobiliaria, respectivamente.
En los expedientes de las concesiones de Naturesweet en Jalisco solo aparecen los documentos correspondientes a un trámite administrativo de cambio de razón social, en los que la empresa hace la solicitud y adjunta el acta de la modificación. La empresa aprovecha para incorporar en ese mismo trámite prórrogas de hasta diez años, cambios de uso del agua, de agrícola a diferentes usos y hasta incremento en los volúmenes de extracción. Para estos últimos permisos no entrega documento alguno. Aun así, la Conagua autoriza todas las solicitudes.
Otro ejemplo de cambios de uso en las concesiones, sin contar con estudios que sustenten la modificación, es el de la empresa Nutrilite, creada en el municipio de Zapotlán el Grande.
En el expediente 08JAL101413/16IMOC09 se señala que en abril de 2009 su concesión en la cuenca del río Armería era por 648 mil 169 metros cúbicos anuales de agua subterránea para uso agrícola. Pidió la modificación para que una parte, 22 mil metros cúbicos, pudiera tener un uso industrial. Por este trámite, que le autorizaron sin problema, solo pagó mil 404 pesos.
La falta de transparencia sobre cómo se dan estas autorizaciones abre la puerta a “la corrupción del agua”, considera el académico de la Universidad de Guadalajara, Antonio Gómez Reyna, quien forma parte del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua.
El sistema actual de concesiones de agua —resalta Gómez Reyna— fomenta la existencia de “mexicanos de primera y de segunda, quien tiene derecho al agua y quien no tiene derecho al agua”.
María González, investigadora de Imdec, resalta que la actual Ley de Aguas Nacionales permite irregularidades como que las concesiones puedan otorgarse por un periodo de hasta 30 años, con posibilidad de renovarse por el mismo tiempo. “Son concesiones que se entregan a la iniciativa privada a perpetuidad y eso contribuye a que no haya una distribución en México, y en este caso en Jalisco, de manera equitativa y sustentable del agua”.
El que la ley también permita las “transmisiones” de agua y los cambios de su uso sin cumplir mayores requisitos —añade María González— lleva a tener un sistema “que permite que el agua se acapare, que la controle el capital —las empresas nacionales y transnacionales— y que genere una serie de conflictos socioambientales, sobreexplotación y contaminación de acuíferos”.
El acceso al agua no es igual para todos, remarca el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez: “Vemos criterios muy distintos (...) se niega a comunidades el uso de agua para consumo humano, para uso público urbano, pero se privilegian los cultivos de berries. Es un caso que contrasta mucho con la región de Los Altos, donde se emite un decreto para reservar toda el agua de toda la región para el uso doméstico y público urbano, no privilegiando ni siquiera un poco la producción de alimentos. Tiene que existir un trato equitativo”.
Márquez Gutiérrez se refiere a la forma en que se ha reservado el agua para el proyecto de la presa El Zapotillo, pues de esta cuenca se enviaría agua a la ciudad de León, Guanajuato. Esto afectaría a la zona de mayor producción de proteína en el país.
El control de la información y de los trámites son parte de las condiciones que propician que el acceso a las concesiones sea más fácil para las empresas grandes, resalta el académico Antonio Gómez Reyna. La Conagua tendría que publicar de manera periódica los datos sobre los distintos distritos de riego y las regiones hidrológicas, pero no lo hace.
“Muchos de los sistemas que vemos, principalmente de aguas subterráneas o superficiales están abatidos, ya no hay agua suficiente, los acuíferos están completamente abatidos, no hay áreas de recarga ni control sobre ellos”, pero aún así se entregan concesiones.
En marzo de 2019, Imdec presentó los primeros resultados de una investigación sobre quiénes acaparan el agua en la Región Hidrológica número 12 , la cual forma parte de la cuenca Lerma-Santiago y abarca los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Durango, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí.
María González, coordinadora del estudio, explica que seleccionaron esta región porque, en junio de 2018, fue una de las afectadas con el levantamiento de la veda que realizó expresidente Enrique Peña Nieto.
Además, es una región que “aglutina los conflictos socioambientales del agua más urgentes” del estado de Jalisco, relacionados con el lago de Chapala, el río Verde, el lago de Cajititlán, el río Santiago, las subcuencas y cuencas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde están concentradas las principales diferencias “por el agua entre el campo y la ciudad y entre las empresas privadas y comunidades urbanas y rurales o indígenas”.
El equipo de Imdec encontró que los principales acaparadores del agua en Jalisco son cerveceras, embotelladoras, inmobiliarias, empresas químicas, de agroexportación y fraccionamientos residenciales, “con concesiones otorgadas por 10 y hasta 50 años”.
Entre estas empresas con mayores volúmenes está la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (que pertenece a Heineken), Grupo Modelo, refresqueras como la Coca Cola, Jugos del Valle y la tequilera Brown Forman. También aparecen las químicas Grupo Celanese y Huntsman, así como la mexicana Mexichem, que están ubicadas sobre todo en la cuenca del río Santiago, “que es el río más contaminado de México. Entonces, por un lado acaparan el agua y, por otro, todos sus procesos tóxicos e industriales están contaminando con metales pesados, que lo que están ocasionando en esta zona de Jalisco un problema muy grave de salud pública”.
Las empresas agrícolas se encuentran principalmente en torno al los lagos de Chapala y Cajititlán, como Agropecuaria Sanfandila y la estadounidense Naturesweet. Además, María González resaltó la presencia de constructoras e inmobiliarias como Casas Geo y Casas Javer, así como fraccionamientos residenciales como Bienes Raíces Jardín Real, El Río Country Club, Bugambilias y Santa Anita.
Imdec, además, realizó solicitudes de información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre los pagos por los derechos de agua que han realizado estas empresas. La dependencia se ha negado a hacer públicos estos datos; sin embargo, a través de recursos de revisión la organización logró conocer cuánto pagaron algunos titulares de concesiones durante el periodo de abril de 2018 a marzo de 2019.
Entre esos datos, resalta el caso del fraccionamiento Condominio Santa Anita, el cual cuenta con un club de golf, y que de acuerdo con los datos entregados por Conagua, en el periodo de agril de 2018 a marzo de 2019, solo pagó 442 mil pesos por los derechos de agua para la concesión 08JAL102701/12HMDA17, que le autoriza contar con seis pozos para aprovechar un millón 859 mil 816 metros cúbicos de agua al año.
Mexichem derivados S.A. de C.V., empresa de productos químicos y petroquímicos, no tiene registrado ningún pago por derechos de agua durante ese periodo, pese a que tiene la concesión 08JAL101328/12FMDA17, que le autoriza utilizar tres pozos para extraer hasta un millón 942 mil 970 metros cúbicos de agua, para uso industrial. María González destacó el caso de “esta empresa mexicana química que está ubicada en una catástrofe ambiental, como es el río Santiago”.
Para María González “Ley de Aguas Nacionales permite, a través del sistema de concesiones, la privatización del agua. Esto para nosotros es privatizar el agua, quien la acapara la controla y decide”.