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La lucha por el agua
del río Chalma

El Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, asociación civil que forma parte del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, tiene una concesión para uso de terrenos ubicados al margen del río Chalma. Ese permiso que le entregó Conagua en 2010 y que es para actividades de jardinería, según los documentos, desató una confrontación con los ejidatarios de la zona que aprovechan el agua del afluente para el cultivo de sus tierras. El asunto llegó al Tribunal Agrario donde un juez dio la razón a los campesinos. Aún así, el conflicto sigue.

Por Aminetth Sánchez

Fotografías y videos: Lucía Vergara y Adolfo Valtierra

El agua comenzó a escasear en agosto de 2012. Los cultivos de caña, arroz y maíz lo resintieron: existía el riesgo de que se perdiera la cosecha. De inmediato, se dispararon las alertas de unos 80 productores del ejido Chalmita, ubicado en los límites de los municipios Ocuilan de Arteaga y Malinalco, en el Estado de México. Algo estaba sucediendo con el agua que debía llegar hasta sus terrenos desde el río Chalma.

Un grupo de ejidatarios —liderados por el presidente del comisariado Roberto Jesús Valle, el secretario Marcos Chaqueco y el tesorero Félix Rojas— decidió acudir al río para verificar que no estuviera bloqueado el paso del agua que surte sus canales de riego. Ni siquiera pudieron comprobarlo. Cercas de alambre de púas y un equipo de vigilantes les impidieron pasar por el único camino que ellos y otros ejidatarios de poblados cercanos tienen para llegar al Canal número 2 del río, el punto donde tienen acceso al agua.

La noticia comenzó a circular por las calles de Chalmita y los otros seis poblados afectados: Jalmolonga, La Cañada, Los Tepehuajes, Chalma, La Lagunita y San Sebastián. Era grave para todos porque sus cultivos dependían de esa agua. Se preguntaban quiénes les impedían pasar al río.

Malinalco, en el Estado de México, es una comunidad marcada por el río Chalma, el cual es parte de su identidad y mueve parte de la economía de la zona.
Malinalco, en el Estado de México, es una comunidad marcada por el río Chalma, el cual es parte de su identidad y mueve parte de la economía de la zona.

Los mismos vigilantes les dieron la respuesta: “Nos dijeron que eran terrenos de (Ricardo) Salinas Pliego —fundador y presidente de Grupo Salinas, integrado por empresas como TV Azteca, Elektra y Totalplay— y que tenían el derecho para usar el agua de esa zona”, recuerda uno de los ejidatarios, quien solicitó el anonimato. Apenas se supo, más personas empezaron a concentrarse en el camino bloqueado, que está casi al pie de la carretera Chalma-Malinalco, esa por la que pasan los peregrinos que desean llegar al Santuario del Señor de Chalma.

Los pobladores creían que se trataba de un error, pues Chalmita y otros ejidos tenían derecho a usar esas aguas desde la época en que Lázaro Cárdenas fue presidente de México. El 5 de noviembre de 1935, el ejido fue dotado de 708 hectáreas de riego y uso común, mediante resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1936.

Además, la dirección de Tierras y Aguas del entonces Departamento Agrario les comunicó que el Cuerpo Consultivo Agrario había aprobado un acuerdo de accesión de aguas —instrumento a través del cual se le asignaban a los ejidos agua para el riego de sus parcelas y para uso humano— para utilizar un millón 102 mil 183 metros cúbicos al año. Podrían acceder al agua a través del Canal número 2 del río Chalma, ese al que ahora les impedían el paso.

Seguros de que ellos tenían derecho a utilizar el agua del río, los ejidatarios intentaron quitar la cerca. Cómo iban a saber Roberto Jesús Valle, Marcos Chaqueco y Félix Rojas que este intento los llevaría a la cárcel acusados de despojo y daño en los bienes.

Los tres fueron detenidos por elementos policiacos, los presentaron ante el Ministerio Público y luego fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, a casi 40 minutos de Malinalco. Estuvieron un día en el penal y el Ministerio Público cuantificó que los daños no superaron los 2 mil 500 pesos. Al final fueron absueltos.

La lucha por el agua del río apenas comenzaba.

A partir de entonces, a algunos de los ejidatarios les tocaría reunirse con abogados, enfrentarse en tribunales, adoptar medidas de protección ante el temor de ser intimidados e implementar acciones para terminar con campañas de desprestigio lanzadas en su contra.

Casco de la Hacienda Jalmolonga, propiedad del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca.
Casco de la Hacienda Jalmolonga, propiedad del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca.

Sin paso y sin agua

Los habitantes de Ocuilan de Arteaga y Malinalco señalan que, por lo menos, desde 2008, Ricardo Salinas Pliego comenzó a comprar propiedades en esa región. A ellos no les sorprendió que el fundador y presidente de Grupo Salinas y uno de los hombres más ricos del país se interesara en esta zona, en donde desde hace tiempo empresarios y políticos tienen haciendas y casas de descanso.

La asociación civil llamada Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, vinculada al grupo empresarial de Salinas Pliego, compró las exhaciendas de Tepopula y los ranchos El Rocío y El Rosal, conocidos como Hacienda Jalmolonga.

Las construcciones de las haciendas, coronadas con grandes cúpulas, están rodeadas de amplios terrenos con pasto y vegetación diversa. El Canal número 2 pasa justo por esas propiedades.

En noviembre de 2010, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó al Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca —con domicilio en exhacienda Tepopula, en la carretera Malinalco-Chalma— la concesión 04MEX108514/18EADL10 para aprovechar 20 mil 290 metros cuadrados de la zona federal, ubicada al margen izquierdo del río Chalma. El uso que se autorizó fue “servicios”.

En el expediente del título de concesión —obtenido a través de una solicitud de información a Conagua— se establece que el uso que el centro daría a los 20 mil 290 metros cuadrados de zona federal sería jardinería: limpiar, preservar y cuidar el área cercana al río. La actividad considera realizar encostalado, desmonte y extracción de tocones con máquina retroexcavadora, poda de árboles y plantas existentes, desmonte y movimiento de piedras y nivelación de terreno accidentado.

Amparados en esta concesión, el equipo de vigilancia del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca bloqueó el único paso que los ejidatarios tienen para acceder al Canal número 2, darle mantenimiento y conservarlo limpio con el único objetivo de que no se tape el paso y deje de fluir el agua hacia sus ejidos.

La actual Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, establece que tanto personas como empresas u organizaciones pueden solicitar concesiones para aprovechar zonas federales, terrenos contiguos a cauces, lagos, lagunas o pantanos de propiedad nacional administradas por la Conagua.

La concesión la puede obtener cualquiera que cumpla con el trámite y cubra con los pagos y obligaciones que marca la ley, aunque la legislación establece que el poseedor de una propiedad colindante a la zona federal tendrá preferencia. El solicitante puede dar diversos usos al terreno: agrícola, pecuario, silvícola, servicios, acuícola, ocupación con obras o cualquier otro que indique en la solicitud de servicios, como jardinería.

Elena Burns, integrante de la organización Agua para [email protected] Agua para la Vida, destaca que la autoridad no puede garantizar que el uso otorgado en una concesión se cumpla y no afecte los derechos de terceros: “No hay inspectores suficientes para vigilar todas las concesiones, entre ellas las de zonas federales".

Objetivo final: ¿una hidroeléctrica?

El Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca A.C. se constituyó el 17 de febrero de 2005 en la notaría número 90 de la Ciudad de México, cuyo titular es Joel Chirino Castillo, uno de los notarios al que recurre en forma constante Grupo Salinas. Los socios fundadores de la asociación fueron: TV Azteca, Grupo Elektra y Teleactivos.

En el acta constitutiva de la asociación —que forma parte del expediente del título de concesión obtenido vía transparencia— se señala que el centro fue creado para organizar e impartir “clases, seminarios, talleres de capacitación para la enseñanza de mejoras ejecutivas encaminadas al desarrollo y conocimientos del personal de empresas, sociedades, instituciones, ya sean gubernamentales o no, en materia administrativa, fiscal, recursos humanos, derecho y demás ramas para el funcionamiento y dirección de sociedades”.

Cuatro años después de que se constituyó la organización comenzó el trámite en la Conagua para obtener la concesión para uso de la zona federal ubicada al margen del río Chalma.

En documentos incluidos en el expediente de la concesión, se puede conocer que fue en 2009 cuando Luis Reyes Varela, apoderado legal del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, presentó ante el Centro Integral de Servicios de la Dirección Local Estado de México de Conagua la solicitud de concesión para ocupar los terrenos federales.

El proceso incluyó un ir y venir de documentos, solicitudes y correcciones, según consta en el expediente. Primero, solicitaron “por un error involuntario” la concesión para un área de 12,500 metros cuadrados y se corrigió a 20,290 metros cuadrados. Luego, el dictamen técnico daba la autorización para el margen derecho del río Chalma, no el izquierdo que era el que solicitaba el centro.

Después, Santiago González Martínez, director local de la dirección del Estado de México de Conagua, informó a Reyes Varela que al revisar el expediente MEX-L-0474-10-11-09 detectó que carecía de información para emitir la resolución al trámite, por lo que le dio cinco días para subsanar las deficiencias.

Fue hasta el 25 de noviembre de 2010 cuando se autorizó la concesión; el 17 de marzo de 2011 se publicó en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda).

Cuando aún no se había autorizado la concesión, durante ocho meses personal del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca realizó mediciones diarias del caudal del río que fluía al margen de la propiedad. Así lo revela una carta que firma Juan Luis Del Valle Luarca, gerente de área del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, integrada en la carpeta del expediente, enviada el 7 de mayo de 2010 al director local de Conagua en el Estado de México, Santiago González Martínez.

El objetivo de las mediciones era hacer estudios de factibilidad para una futura utilización del cauce para generación hidroeléctrica en pequeña escala, buscando el autoabasto eléctrico de sus equipos.

En la carta del 7 de mayo de 2010, los representantes del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca ya daban por hecho que les entregarían la concesión. Incluso, tenían el número del permiso: “Cabe señalar de manera informativa que actualmente contamos con el título de concesión 04MEX108514/18EADL10 para usar la zona federal al margen del río, por lo que el acceso al vertedor y las actividades diarias de medición no presentarán problemas”, aseguró Juan Luis Del Valle Luarca, gerente de área del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, quien firmó el documento.

No existe registro oficial que indique la existencia de permisos para instalar una hidroeléctrica en la propiedad. Hasta septiembre de 2019 tampoco existían en el lugar obras relacionadas con la generación de energía, de acuerdo con los pobladores. En el expediente de la concesión solo se detalla que en la zona se construyeron puentes para conectar los diferentes terrenos del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, que tiempo después se transformó.

El 12 de julio de 2017, la asociación modificó sus estatutos sociales y se transformó en Red Inmobiliaria Los Verdes Campos S.A. de C.V., detalla el acta de protocolización de la notaría número 89 de la Ciudad de México a la que se tuvo acceso. El objeto social establece que será una empresa dedicada a la construcción, consultoría, venta de maquinaria y administración de bienes raíces. Los socios: Corporación RBS SA de CV y Diego Gerardo Foyo Mejía, director de Azteca Holdings SA de CV.

Vista aérea del poblado de Malinalco, Estado de México.
El río Chalma tiene una longitud de 50.7 kilómetros y atraviesa Malinalco.

Sustento para las comunidades

En los límites de Ocuilan de Arteaga y Malinalco, la economía corre principalmente por dos vías.

La primera: el comercio. Al ser una zona turística —con el pueblo mágico de Malinalco y el Santuario del Señor de Chalma—, las familias diversifican sus ingresos con la venta de comida, bebidas y artesanías. Otras apuestan por construir balnearios con grandes albercas, que en primavera y verano son un éxito.

La segunda: la agricultura. Los sembradíos de caña, arroz y maíz son los más comunes, pero también hay rosas, gladiolas y frijol. “Somos poblados agricultores”, dice uno de los ejidatarios. Cuando el agua comenzó a faltar en los ejidos, las alertas se prendieron: pues el río Chalma mueve la economía de ahí hasta el estado de Morelos.

El río mide 50.7 kilómetros de longitud y tiene dos nombres Chalma y Tembembe. Su agua surte de manera casi natural al ejido Chalmita: el Canal número 2 es suficiente para abastecer las tierras, la gravedad lleva el agua en forma directa sin necesidad de bombeo. El ejido toma lo que necesita durante la época de riego y deja correr el resto para otros poblados.

El agua está en el centro de la economía de las comunidades, por eso los ejidatarios decidieron luchar por ella.

El agua del río Chalma permite regar los sembradíos de los ejidatarios de diversas comunidades de la región.
El agua del río Chalma permite regar los sembradíos de los ejidatarios de diversas comunidades de la región.

En 2012, Roberto Jesús Valle, Marcos Chaqueco y Félix Rojas interpusieron el juicio de amparo 59/2012-V en el Juzgado Quinto de Distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México. Denunciaron a Conagua la desposesión de los “derechos de accesión” otorgados al ejido Chalmita.

La dependencia argumentó que en sus archivos no se encontró ningún título de concesión que amparara la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, cauces, vasos, zona federal o bienes a cargo del ejido Chalmita. Esta explicación se repite una y otra vez en el expediente del juicio, al cual se tuvo acceso.

Elena Burns —coordinadora de Planeación del Centro para la Sustentabilidad CENTRLI de la Universidad Autónoma Metropolitana— explica que, desde la entrada en vigor de la actual Ley de Aguas Nacionales, en 1992, la Conagua comenzó a otorgar concesiones para zonas federales e ignoró las dotaciones presidenciales previas. “La comisión —asegura— nunca ha reconocido esos documentos. Entonces se inició esta dinámica de que los ejidos y los pueblos originarios dicen que tienen esos derechos y la Conagua se rehúsa a reconocerlos”.

Vista aérea la exhacienda de Tepopula, del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, en donde se bloqueó el único paso que los ejidatarios tienen para acceder al Canal número 2 del río Chalma.
Vista aérea la exhacienda de Tepopula, del Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, en donde se bloqueó el único paso que los ejidatarios tienen para acceder al Canal número 2 del río Chalma.

El actual sistema de concesiones para aprovechamiento de agua, apunta, abre la puerta a “la discrecionalidad, la discriminación y el despojo”.

Hasta finales de octubre de 2019, la Conagua había otorgado al menos 114 mil 885 concesiones para uso de zonas federales, según datos del Registro Público de Derechos de Agua. De ellas, cerca del 17 por ciento se localizaba en núcleos de pueblos indígenas, de acuerdo con datos de Agua para [email protected] Agua para la Vida.

En el expediente judicial, la Conagua explica que las concesiones, asignaciones o permisos que se otorgaron previo a la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales debían de inscribirse en el Registro Público de Derechos del Agua.

Los ejidatarios de Chalmita, así lo hicieron. El 25 de enero de 1994, el ejido registró su derecho para usar el agua del río, de acuerdo con el comprobante de inscripción que los ejidatarios conservan; a su trámite le otorgaron el folio 4-MEX.3.00005/18-A-A-PR-35 y el número MEX-11-00006. Pero la Conagua, aseguran, no les entregó el título de concesión.

Los ejidatarios ganaron el juicio de amparo 59/2012-V en contra de la concesión que entregó Conagua al Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca. Sin embargo, la sentencia del juzgado de distrito fue revocada por el tribunal colegiado.

Zona en donde el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca impidió el paso de ejidatarios del ejido Chalmita.
Zona en donde el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca impidió el paso de ejidatarios del ejido Chalmita.

Una segunda batalla

Después de que se les negó el amparo 59/2012-V, los ejidatarios decidieron dar otra batalla legal, ahora frente al Tribunal Unitario Agrario Distrito 9 con sede en Toluca, en el Estado de México. El 11 de marzo de 2013 presentaron la demanda donde solicitan condenar al Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca A.C. a respetar y no perturbar la posesión, usufructo, uso y aprovechamiento del Canal número dos.

Además, pidieron que se ordenara a la asociación la no obstrucción de la entrada a los ejidatarios y la demolición de las obras que impidan el libre tránsito, de acuerdo con el expediente al que se tuvo acceso.

El tribunal ordenó emplazar al centro de capacitación y a la Conagua para que en la audiencia del 23 de mayo de 2013 respondieran a la demanda. Nadie se presentó a comparecer y la diligencia se suspendió porque el centro de capacitación no fue notificado, detalla la resolución del juicio. Tres meses después, el 27 de agosto, se reanudó el proceso y comparecieron todos, excepto los representantes de la Conagua.

La audiencia de aquel martes de agosto se suspendió y continuó hasta el 23 de octubre del mismo año. Ahí, según el expediente 232/2013, el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca argumentó que la demanda no era competencia del tribunal agrario y pidió que se abstuviera del caso. La petición no fue atendida: el tribunal continuó con el juicio.

El expediente revela que la defensa del centro argumentó que no afectaban derecho alguno; que las aguas que se derivan del río Chalma y que corren por el canal que cruza los ranchos el Rosal, El Rocío y Tepopula, así como las obras de infraestructura hidráulica en el lugar, son bienes propiedad de la Nación; que no había registro de una concesión a nombre del ejido Chalmita y que los derechos del acuerdo de accesión de 1957 ya no estaban vigentes.

Los ejidatarios de Chalmita siguen en su lucha para evitar que se les niegue el paso para hacer uso del agua del río.
Los ejidatarios de Chalmita siguen en su lucha para evitar que se les niegue el paso para hacer uso del agua del río.

El 7 de junio de 2019, la magistrada del Tribunal Unitario Agrario distrito 9, Araceli Cubillas Melgarejo, ordenó al centro de capacitación no obstruir los accesos a los ejidatarios y demoler las obras que impiden el libre tránsito, pues en el expediente del juicio agrario se detalla que hay cuatro puentes construidos sobre el canal que comunican diferentes parajes de la propiedad del centro. “Si bien no impiden el paso del agua, sí impiden el paso peatonal por el borde del mismo canal”, se explica en la página 19 de la resolución.

Como parte del juicio agrario, la perito María del Sagrario Alonso Zepeda inspeccionó la zona y determinó en su informe, integrado al expediente, que el Canal número 2 está afectado por la construcción de dos bardas de postes de madera y alambre de púas que impiden la circulación hacia el canal para realizar trabajo de mantenimiento, limpieza y conservación.

Estas tareas solían hacerlas los ejidatarios de Chalmita. Si no se realizan, explica uno de los pobladores, el canal se tapa y baja la cantidad de agua disponible. “Se ve afectada la rentabilidad o producción de los cultivos de la zona de riego que es para lo cual se aprovecha el agua de ese canal”, concluye el tribunal agrario.

Para los ejidatarios la resolución era un gran avance. Sin embargo, en octubre de 2019 fueron notificados de que el centro interpuso un recurso para suspender la resolución.

A Grupo Salinas y a Conagua se le solicitó una entrevista sobre el tema, sin embargo, hasta la publicación del reportaje no se tuvo respuesta de ninguno de los dos.

El ejido ya presentó una queja contra la suspensión y los pobladores prevén que el proceso tome otra vez algunos meses. Mientras tanto, el agua que corre por el Canal número 2, sigue intermitente. Los ejidatarios —que piden el anonimato por temor a represalias— siguen sin entender por qué las autoridades de Conagua entregaron la concesión de los terrenos federales que están al margen del río Chalma a un particular, sin tomar en cuenta que con ello afectaban a quienes viven y siembran las tierras de alrededor.

“Seguiré en esta lucha —dice uno de los ejidatarios— porque con qué cara le diré a mis hijos que no luché por lo que es nuestro”.