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Eduardo Buendía, periodista de MCCI, explica cómo las entidades públicas encargadas de prevenir los riesgos por fenómenos naturales reciben cada vez menos dinero.
Eduardo Buendía
Eduardo Buendía

Organismos fundamentales para advertir los peligros de los fenómenos naturales sufrieron recortes a su presupuesto en los últimos años o ejercen menos recursos de los que les son programados. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se concentra en vigilar e identificar los fenómenos meteorológicos que pueden afectar a la población, ha tenido bajas drásticas en la asignación de recursos. 

En el presupuesto de 2023 no se aprobó ni un peso por concepto “inversión del SMN”. En el presupuesto modificado se le destinaron 6 millones de pesos, pero durante los primeros seis meses de este año no se habían ejercido recursos en ese concepto.

Información del sitio Transparencia Presupuestaria muestra que 2023 ha sido el peor del sexenio en inversiones en el Servicio Meteorológico, lo que implica la falta de actualizaciones y modernización en el sistema de monitoreo. 

Lo anterior, a pesar de que una de las funciones más importantes del meteorológico es mantener informada a la ciudadanía sobre la situación climatológica nacional y al Sistema Nacional de Protección Civil. Ese organismo es el que aporta información de alerta ante fenómenos de alta peligrosidad, como fue el huracán Otis, que destruyó el puerto de Acapulco.

En 2019 se habían asignado cero pesos en inversiones en el SMN, pero una modificación permitió que ese organismo ejerciera 25 millones de pesos.

Para 2020 la inversión aumentó a 63 millones de pesos y en 2021 hubo una baja drástica, pues sólo se destinaron 12 millones en la modernización del meteorológico. El 2022 fue el mejor año para esa dependencia, a la que se le asignaron 72 millones de pesos para inversiones, aunque sólo se ejercieron 67 millones.

En 2023 -el año del desastre- hubo un nuevo desplome en la inversión, pues el meteorológico apenas dispone de 6 millones de pesos para nuevas inversiones.

Las variaciones en el dinero público para invertir en el SMN también se habían presentado en el sexenio anterior, de Enrique Peña Nieto. En 2016, por ejemplo, se asignaron 153 millones de pesos, solo se emplearon 56 millones.  

“Los objetivos del SMN se concentran en la vigilancia continua de la atmósfera para identificar los fenómenos meteorológicos que pueden afectar las distintas actividades económicas y sobre todo originar la pérdida de vidas humanas”, se lee en el sitio web del Servicio Meteorológico. 

En los últimos días, parte de su labor se enfocó en informar la evolución del huracán Otis, que impactó en las costas de Guerrero, afectando a varios municipios como Acapulco, Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, entre otros. 

El presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional no es la única bolsa enfocada en labores preventivas de desastres que ha disminuido en la actual Administración.

CENAPRED, cada vez menos recursos

Aunque en menor proporción, los recursos destinados al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) también han ido a la baja en los últimos años. 

Hasta el 2018 esta área tuvo un presupuesto anual que rondaba los 80 millones de pesos, de acuerdo con información de Transparencia Presupuestaria. 

En 2019, el primer año del actual Gobierno, se gastaron 66 millones de pesos, lo que representó una disminución del 23 por ciento. 

Para el 2020, los recursos utilizados para el CENAPRED cayeron en un 31 por ciento respecto al 2018 -el último año de la anterior gestión- pues se gastaron solamente 59 millones de pesos. 

La cifra fue similar en 2021, cuando los recursos pagados para esta área ascendieron a 60 millones de pesos. Y aunque en 2022 el gasto creció ligeramente a 65 millones de pesos, la cifra está aún por debajo de lo presupuestado cuatro años antes.

El CENAPRED es un órgano desconcentrado que anteriormente dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Coordinación General de Protección Civil.  Ahora forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Como su nombre lo indica, entre las funciones de esta área creada tras el sismo de 1985 están precisamente las labores de prevención y de estudio y análisis de riesgos para reducir las afectaciones en caso de desastres, así como la difusión de medidas de protección para la población expuesta. 

“Promover acciones de política pública para prever, reducir y controlar el riesgo de desastres con base en la investigación, monitoreo y análisis de peligros y vulnerabilidades de los sistemas expuestos, la capacitación y profesionalización, así como el desarrollo de la cultura de la gestión integral del riesgo de desastres, a fin de contribuir al bienestar y el desarrollo de una sociedad segura y sostenible”, detalla su misión en su página oficial.