Los mandamientos de ejecución fiscal que el Servicio de Administración Tributaria emitió en abril de 2026 contra Dalcrise SA de CV, una empresa de Zapopan hasta ahora fuera del radar público, revelan adeudos por más de 31 mil millones de pesos. Es el hallazgo más reciente —y el más grande— en la investigación de una red de huachicol fiscal que tiene su base en Jalisco, pero que ha extendido su presencia en Nuevo León y Tamaulipas.
Sumados a los más de 29 mil millones que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó previamente en Marlaya SA de CV, y a los 3,859 millones determinados contra Nafta Aditivos Orgánicos, el daño al fisco acreditado hasta ahora solo en tres de las empresas de esta estructura supera los 63 mil millones de pesos. Ocho veces el monto desfalcado en La Estafa Maestra, durante el gobierno de Peña Nieto, y cuatro veces el fraude en Segalmex, en el sexenio de López Obrador.
Lo que hace relevante el caso es la posición de Dalcrise en el organigrama de la red: es la bisagra que conecta con otras cinco empresas en una sola estructura de tráfico de combustible.
Dalcrise es accionista mayoritaria de Impulsora de Productos Sustentables (IPS), firma que conecta esta red ––a través de Ecocarburante y Mefra–– con la Sedena, con Pemex y con el hermano del exalcalde de Teuchitlán, preso por su presunta participación en el rancho Izaguirre, el campo de exterminio del CJNG descubierto en 2025.
Mefra, a su vez, está conectada con la red Intanza, involucrada en el caso de huachicol que involucra a mandos de la Marina. Unidades de esa empresa transportista participaron en la descarga masiva del buque Challenge Procyon, en marzo de 2025, en Tampico.
Lo que el aseguramiento parcial de ese cargamento reveló no fue una novedad para quienes conocían los registros mercantiles y fiscales de varias empresas de Jalisco. La red llevaba operando al menos seis años, bajo la cobertura de permisos legítimos de importación y distribución de combustibles.
Los vínculos de la red
Cada compañía de la red cumple una función de importación, distribución y comercialización; los socios se intercambian entre ellas y los representantes legales actúan en varias simultáneamente.
La estructura la forman decenas de empresas, pero las autoridades federales han enfocado su investigación en Impulsora de Productos Sustentables (IPS), señalada por la FGR en el presunto tráfico de 21 millones de litros de combustible en 2019 en el puerto de Tuxpan; Dalcrise y Nafta Aditivos, grandes importadoras de diésel que fueron incluidas en julio de 2026 por el SAT en la lista definitiva de simuladoras de operaciones o factureras; Marlaya, comercializadora que en febrero también entró a la lista negra del SAT, y Mefra Fletes, empresa transportista que participó en la descarga de buques con huachicol. Estas empresas han compartido socios y apoderados con Ecocarburante, que recibió dos contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por 500 millones de pesos, para suministrar diésel para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).
Edgar Marín Meza Moreno fue Presidente del Consejo de Administración tanto de IPS como de Ecocarburante.
José Isabel Murguía Santiago “El Choko” ha sido accionista y Presidente del Consejo de IPS desde diciembre de 2020, y administrador único y apoderado general de Mefra Fletes desde marzo de 2019. La FGR ordenó su aprehensión en la causa 325/2025. Es hermano del exalcalde de Teuchitlán, preso por los crímenes del Rancho Izaguirre.
Miguel Castellanos Cruz fue socio de Ecocarburante a través de Petro Almacenes de Occidente, representante de Mefra Fletes y delegado de asamblea en Dalcrise en 2022. Fue él quien siguió el contrato que Ecocarburante tenía suscrito con la Sedena para el suministro de diésel en el AIFA.
Daniel Alejandro Soto Manrique, coordinador de logística de Ecocarburante, fungió como representante simultáneamente en Ecocarburante, IPS y Mefra Fletes, y como delegado de asamblea en Dalcrise en 2021, desde un domicilio en Tultitlán, Estado de México.
Aldo Ignacio Ulloa Temblador es el hilo que conecta Marlaya con el resto de la estructura. Fue representante legal de Marlaya, delegado en la asamblea de mayo de 2018 en que esa empresa amplió su objeto social a los hidrocarburos, representante de Mefra Fletes en 2019 y representante legal de Dalcrise.
Eric Daniel Zamora Delgadillo fue copropietario de Ecocarburante en 2020 y apoderado de IPS. Antes había sido presidente de Agrícola Boreal, empresa incluida en la lista negra de la OFAC por vínculos con Los Cuinis y el CJNG.
Jessica Guadalupe Barajas Villaseñor es Administradora General Única y accionista fundadora de Dalcrise, y Secretaria del Consejo de Administración de IPS.
Hay además coincidencias de domicilios. El 8 de noviembre de 2018, Dalcrise y Marlaya presentaron ante la Comisión Reguladora de Energía sus solicitudes de permiso de comercialización el mismo día y con minutos de diferencia, registrando exactamente el mismo domicilio: Zaragoza 156-A, en el centro de Tonalá, Jalisco. En notificaciones de cobro del SAT quedó en evidencia un segundo domicilio compartido: Marlaya y Nafta Aditivos tienen su domicilio fiscal en Tequila 102, Colonia Vallarta Poniente, en Guadalajara, a espaldas de Plaza Exhimoda.
El SAT cobra $31 mil millones a empresa que nadie conocía
Hasta abril de 2026, Dalcrise SA de CV era casi invisible para el público general. Lo que la sacó de las sombras fue el ejercicio cotidiano del SAT: nueve mandamientos de ejecución fiscal emitidos el 20 de abril de 2026 por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco 3, todos dirigidos al mismo contribuyente, todos exigiendo el pago inmediato o el embargo de sus bienes.
El adeudo consolidado de Dalcrise supera los 31 mil millones de pesos. El mandamiento principal, emitido el 28 de febrero de 2025 por la Administración Central de Fiscalización de Hidrocarburos, detalla un crédito original de 17 mil 279 millones de pesos que con actualización y recargos asciende a 30 mil 954 millones.
Los cobros son por ISR omitido en 2022 e IVA no pagado en 2021-2022, a lo que se suman multas por infracciones a leyes tributarias federales, 6,132 millones históricos.
Dos de los nueve mandamientos contra Dalcrise fueron emitidos por adeudos determinados por la Comisión Reguladora de Energía por incumplimiento de obligaciones. Esa instancia le emitió permiso para comercializar combustibles el 30 de enero de 2019, en los primeros días del gobierno de López Obrador.
Siete años después, el 3 de julio de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó a Dalcrise en el listado definitivo de empresas que facturan operaciones simuladas. El mismo día se incluyó en esa lista negra a Nafta Aditivos Orgánicos, otra empresa de la red.
La causa documentada por la Administración Central de Fiscalización Estratégica fue, en ambos casos, la emisión de comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, ni infraestructura. Es decir, se determinó que eran factureras.
Lo que los impuestos revelan
Los créditos fiscales que el SAT reclama son un reflejo del tamaño de las operaciones de esta red. El caso más claro es Dalcrise. El SAT le determinó 3 mil 178 millones de pesos de IVA omitido, concentrado esencialmente en el ejercicio 2021, según se desprende del desglose por periodos contenido en el mandamiento de ejecución.
Dividir esa cifra entre la tasa del 16% arroja una base gravable de aproximadamente 19 mil 867 millones de pesos en ventas no declaradas en ese periodo. A los precios promedio del combustible en 2021, entre 19 y 21 pesos por litro, eso equivale a alrededor de 950 millones de litros comercializados. Y ese volumen es sólo de un año.
Si a los créditos fiscales de Dalcrise se suman los 29 mil 100 millones de pesos por ISR e IVA que el SAT reclama a Marlaya y los 3 mil 859 millones que adeuda Nafta Aditivos, el monto conjunto equivale al 36 por ciento del presupuesto anual de egresos de Jalisco, estado donde operan estas empresas de la red.
Lo que los documentos fiscales muestran es que la red de Jalisco operaba un negocio de dimensiones corporativas, montado sin pagar impuestos, que movió volúmenes de combustible equivalentes a un elevado porcentaje de los recursos con los que el propio gobierno de ese estado dispone para financiar sus hospitales, escuelas y servicios públicos.
