En materia de corrupción, es necesario reconocer que hasta el momento la narrativa presidencial ha ganado la partida. De acuerdo con el seguimiento que realizamos desde hace 5 años con la Encuesta Nacional sobre Corrupción y la Impunidad, elaborada por Reforma y MCCI, al preguntarle a los ciudadanos si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho una diferencia en esta materia, una mayoría de 56% cree que su administración ha logrado tener un impacto significativo en el combate a la corrupción.
Este hallazgo es desconcertante para instituciones como la nuestra, en la que un día sí y otro también investigamos, encontramos y documentamos actos de corrupción e impunidad que, imaginamos, deberían de tener grandes consecuencias en la opinión pública. Sin embargo, al preguntar cómo califican la forma en que el gobierno actual combate a la corrupción, 45% de los mexicanos la evalúan positivamente, mientras que 32% opina lo contrario.
El éxito de esta narrativa no sólo se limita al presidente, sino que se extiende también a otras instituciones apuntaladas por su discurso oficial. PEMEX y CFE son los casos más claros, pues mientras al inicio de sexenio la percepción de que ahí había mucha corrupción se encontraba en 68% y 50%, respectivamente, hoy se encuentran en 48% para el caso de la petrolera y 38% para la institución encabezada por Manuel Bartlett.
Las evidencias de que la corrupción y la impunidad persisten en México surgen a cada paso que damos en el terreno de la realidad de nuestro país. De acuerdo con el INEGI y su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal reportado por los propios ciudadanos —que es de 14,701 por cada 100 mil habitantes— hoy es 21% superior que hace 10 años. También la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública nos muestra que 93.2% de los delitos que se cometieron en el país en el último año o no fueron denunciados, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación.
Cuando les preguntamos a los ciudadanos su opinión sobre la corrupción y sus consecuencias, sin involucrar la participación del presidente, encontramos una visión más certera, y tal vez más pesimista, del problema. Por ejemplo, mientras que en 2019 el sexenio abrió con una gran expectativa y esperanza, ya que 57% de las personas creían que la corrupción disminuiría pronto; para el año siguiente esta esperanza se desplomó y hoy, cuatro años después, se ubica en 36%. La corrupción se sigue situando entre los tres principales problemas del país, en esta ocasión solo superada por la opinión de 54% de las personas que señalan, con razón, que la inseguridad es un problema todavía más acuciante.
Hoy la encuesta de MCCI-Reforma muestra que 7 de cada 10 personas piensan que son comunes los actos de corrupción en el país. 4 de cada 10 personas reportan haber sufrido actos de corrupción que les afectan a ellas o sus familias, durante el último año. Igualmente, las denuncias de actos de corrupción han bajado: de la ya de suya ridícula cifra de 7% al inicio del sexenio, a 4% en nuestra última medición. También ha disminuido la efectividad de la denuncia: hace cinco años los denunciantes de la corrupción reportaban que en 20% de sus casos había resultados, hoy esa cifra ha caído a casi la mitad, 11%. Una síntesis eficaz de esta percepción es que hoy 2 de cada 3 personas considera que es inútil denunciar la corrupción. Acaso la narrativa de la actual administración, que pregona por decreto el fin de la corrupción, ha ignorado la posibilidad de fortalecer los mecanismos elementales para combatirla: la denuncia y la sanción.
Las investigaciones que se realizan desde el periodismo, la academia y la sociedad civil en materia de corrupción e impunidad dan cuenta de que, lejos de haber disminuido, hoy estos problemas siguen igual o peor que en el pasado. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse esta disociación entre el discurso y la realidad?
