Nota de editor: A las 9:30 de la mañana se corrigió un fragmento en esta publicación, en la que se aseguraba que un comunicado difundido por la ASF estaba firmado por el exauditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael.
MCCI aclara que dicho comunicado tiene el nombre de Caso Raphael, pero no su firma.
Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores por el error.
La auditoría que calculó el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco se convirtió en el primer punto de quiebre en la relación de Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño, y David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación.
La relación entre los funcionarios tuvo su desenlace la semana pasada, cuando Caso Raphael dio a conocer en una carta que había sido cesado de la ASF y en la que denunció presiones al interior del órgano fiscalizador para obstruir sus labores auditoras al grado de imposibilitar la publicación de informes o de decidir de manera discrecional cuáles auditorías debían o no practicarse dentro del Programa Anual de Auditorías a realizar.
Punto de quiebre
Era febrero de 2021, en su informe de fiscalización para la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Especial de Desempeño, a cargo de Caso, estimó que cancelar el NAIM tendría un costo superior a 331 mil millones de pesos.
El escándalo fue mayúsculo: Una de las promesas más populares de la campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador implicaría un desembolso estratosférico para las arcas públicas y contradecía el argumento público de que permitiría ahorrar dinero del erario.
En 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró que la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) costaría 75 mil millones de pesos; es decir, que al costo de construcción habría que sumar el de la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, que sería cuatro veces mayor que el costo de la ampliación del aeródromo de Santa Lucía.
Como respuesta a la publicación del informe, Caso Raphael asegura que comenzó a ser objeto de presiones, las cuales llegaron al grado de que Colmenares le exigió su salida de la Auditoría Superior.
“El auditor (David Colmenares) estaba muy molesto conmigo, evidentemente. Después de mi comparecencia ante la Comisión de Vigilancia (de la ASF en la Cámara de Diputados), de la que salí airoso, y que además me di la oportunidad de presentar la visión de la Auditoría de Desempeño y la visión de la otra auditoría que hizo Cumplimiento Financiero, a la semana el auditor me pidió la renuncia y no se la di. No se la di”, dice.
Para el 22 de febrero de 2021, solo dos días después de la entrega de los informes de la Cuenta Pública 2019, que incluyó la auditoría sobre la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el presidente López Obrador cuestionó directamente a la ASF e indicó: “me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado”. Ese mismo día, por la tarde, la ASF difundió un comunicado reconociendo inconsistencias en la cuantificación. En dicho comunicado aparecía el nombre de Caso Raphael, pero no contenía su firma. Se estableció que dicha auditoría estaba siendo objeto de una revisión exhaustiva.
Sobre la auditoría del NAIM se registró un hecho atípico. Arturo Herrera, quien entonces se desempeñaba como secretario de Hacienda y Crédito Público, difundió en sus redes sociales un video desmintiendo el cálculo de los 331 mil millones de pesos, mencionó que “sorprendió a propios y extraños” y estableció que el 75 por ciento de lo reportado era erróneo.
La publicación del video ocurrió un día después de que la ASF lanzó el comunicado.
“A raíz de eso lo que en gran parte pasó es que las auditorías de desempeño estuvieron sujetas en escrutinio por parte de los asesores del auditor superior para expurgarlas no de resultados, eso yo nunca lo permití”, agrega Agustín Caso. El economista expone que, a partir de esos hechos, el auditor Colmenares y sus cercanos iniciaron una política de aislamiento al no avisarle de reuniones de trabajo y al mostrar su molestia con el trabajo de la Auditoría Especial de Desempeño.
—¿Cómo lo hizo sentir esa cuestión? Porque al final de cuentas usted ha defendido esa auditoría hasta la fecha. Nos gustaría conocer, ¿cómo fue esa confronta al interior de la ASF?
—Fue muy fuerte y le puedo decir que mi decisión fue misión personal, defender la institución y velar, ser un centinela de las auditorías de desempeño. Le pedí consejo a don Carlos Urzúa, don Carlos que en paz descanse, que me guió mucho en todo eso, yo le pedí consejo ¿qué hago, Carlos?
Me dijo: mantente firme porque hay que defender a las instituciones y sigue adelante, sigue adelante con tus procesos de defensa jurídica, que es lo que hice. Tres largos años de Texcoco, tres largos años.
De acuerdo con el propio Carlos Urzúa, que fue el primer secretario de Hacienda y Crédito Público de la administración de López Obrador, el haber cancelado el aeropuerto de Texcoco y hacer el proyecto de Santa Lucía tuvo un costo total de 450 mil millones de pesos, pues además de los costos hundidos por la obra que se abandonó y la construcción del AIFA, se firmó una deuda a 30 años por más de 196 mil millones de pesos.
Una investigación posterior realizada por el equipo de Aristegui Noticias reveló irregularidades y problemas alrededor de esta deuda, pues los 196 mil millones de pesos tendrán que ser pagados por todos los usuarios que del Aeropuerto Internacional Benito Juárez mediante el desvío de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA), que en lugar de destinarse a la mejora del aeropuerto existente de la Ciudad de México, servirán para pagar la deuda durante las siguientes décadas.
Una evaluación incómoda
Agustín Caso asegura que otro de los motivos por los cuales Colmenares Páramo habría decidido removerlo la semana pasada tiene su origen en una reciente declaración que emitió en la Cámara de Diputados.
El 7 de marzo de 2024, Caso acudió a la Comisión de Vigilancia a comparecer sobre los informes de auditoría que realizó el área de Desempeño sobre la Cuenta Pública 2022. En ese encuentro, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada del PAN, recordó que el 11 de febrero de 2022 la ASF determinó dar de baja el informe de Evaluación de Política Educativa para el Desarrollo Económico de México.
Dicho informe de evaluación fue recalendarizado nueve días antes de que la propia Auditoría presentara sus resultados a la Cámara. La legisladora expuso que, a dos años de ese hecho, el órgano fiscalizador más bien decidió darla de baja.
En su respuesta, Agustín Caso indicó que la Auditoría de Desempeño realizó todo el ciclo de la Evaluación, mismo que le fue presentado a la Secretaría de Educación Pública, ente responsable de revisar y atender lo señalado en esa revisión a la Política Educativa.
También señaló que, con base en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, él no tenía la atribución de pedir la baja de esa valoración y tampoco la solicitó.
Lo anterior dejó al descubierto que la decisión de recalendarizar y no difundir a tiempo la Evaluación a la Política Educativa no provino de su área ni de su persona. Es decir, Caso Raphael se desmarcó de esa determinación.
Ante esta situación, el auditor confiesa parte de lo sucedido:
“La Evaluación se había presentado al ente público, en este caso a la Subsecretaría de Educación Pública, la cual conocía su evaluación y sus alcances. Y yo nunca estuve de acuerdo en dictaminar su baja.
“Finalmente se dio de baja, a nueve días de la presentación de informes en la Cámara. O sea, no se presentó. Ahí hubo presiones de todo tipo del ente auditado. Hay un oficio que nunca estuvo en mis manos que emitieron dos subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública, en ese oficio criticaban y pedían que la Evaluación se revisara para darle una mayor expresión o una expresión como ellos la imaginaban”, asegura el exauditor.
Con base en esas presiones, Caso expresa que desde la alta dirección de la ASF se promovieron cambios para eliminar ese tipo de revisiones, con el objetivo de no generar confrontaciones con más entes auditados.
“Hubo mucho movimiento y mucho desasosiego. Yo me negué a dictaminar la baja. A raíz de que se suprimió esta evaluación a la Educación Superior, el auditor superior y sus asesores determinaron dar de baja también el ejercicio de evaluación de políticas públicas que llevaba la Auditoría de Desempeño, bajo la argumentación de que no son un acto de fiscalización y no habrían de formar parte del Programa Anual de Auditorías.
“Entonces, imagínese usted qué pasa cuando la sociedad se priva de tener conocimiento de lo que sucede con las políticas públicas. Es interés nacional, de la sociedad. Porque la sociedad debe velar por cómo se utilizan los recursos que son de la propia sociedad para que se lleve a cabo la gestión pública, entonces estos tres temas que yo le comento causaron mucha molestia, dicho por el auditor: ‘tus colegas están muy enojados contigo’”, añade.
Las auditorías canceladas
Desde el nombramiento de David Colmenares como titular de la ASF, en marzo de 2018, hasta la fecha, se han cancelado y dado de baja 194 auditorías que originalmente se habían aprobado en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF). El momento más controversial fue cuando, durante la pandemia de COVID-19, se cancelaron 114 auditorías propuestas de un solo golpe, el 26 de junio de 2020. Sin embargo, hay otras 80 auditorías y estudios que han sido “dados de baja”, que es el término oficial para la cancelación de las revisiones que estaban planificadas.
Los temas de estos trabajos cancelados por la ASF son tan preocupantes como reveladores pues, por ejemplo, el 8 de julio de 2021 se canceló “Evaluación a la Política de la Deuda Pública Nacional” que se realizaría a la SHCP como parte de las evaluaciones de políticas públicas a cargo de la Auditoría Especial de Desempeño; en esa misma fecha también se canceló la auditoría del programa “Vigilancia Epidemiológica” a cargo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Igualmente, se eliminó del PAAF la revisión de la “Adquisición y Acondicionamiento de Vía Férrea entre Palenque y Campeche, en los Estados de Chiapas y Campeche” a cargo de FONATUR, como puede verificarse en el Diario Oficial de la Federación de ese día, en el que se dieron de baja 8 auditorías.
El 15 de diciembre de 2021 se canceló la auditoría 1531-DS, que revisaría el tema de “Medicamentos para el Tratamiento del Cáncer Infantil” a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar. El 11 de febrero de 2022 se canceló el estudio 1523-DS, que abordaría el “Panorama del Agua en México” mediante la investigación de los trabajos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; en esa misma fecha se canceló la auditoría “Evaluación de la Política Educativa en el Desarrollo Económico de México”, ya concluida que es la revisión a la que se refirió Agustín Caso Raphael durante la entrevista.
A partir de 2022 se dejaron de cancelar las auditorías, pues en lugar de tener que hacer ajustes al PAAF de cada año, dejaron de incluirse los “Estudios y Evaluaciones de Políticas Públicas”, que antes incluso se destacaban como un apartado especial. Después del PAAF 2021, que se publicó el 11 de febrero de 2022, ya no se incluyo ninguna evaluación de política pública. El último PAAF se presentó en el DOF del 19 de enero de 2024 y mantiene la misma situación: ya no se planifica hacer ninguno de estos trabajos que antes realizaba la Auditoría Especial de Desempeño a cargo de Caso Raphael.
El cese y la carta a los auditores
El martes 9 de abril de 2024 se difundió en redes sociales y chats de periodistas una carta que Agustín Caso Raphael dirigió a sus compañeros de la Auditoría Superior de la Federación y a la ciudadanía en general.
Dentro del escrito, anunció que David Colmenares lo cesó de su cargo como auditor especial de Desempeño y aprovechó para denunciar de manera pública acciones que se están promoviendo al interior de la institución que limitan y obstruyen la tarea principal del órgano: fiscalizar los recursos públicos y señalar las irregularidades en su ejercicio.
Por lo anterior, expuso que existe una autocensura para no fiscalizar temas de relevancia nacional. “Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece”, escribió el economista.
Caso Raphael considera que las actuales atribuciones que tiene el auditor superior le han permitido modificar el reglamento interior para tomar decisiones tan radicales como eliminar el Consejo Directivo.
“La Auditoría se volvió la auditoría de un solo hombre que determina las cosas con un grupo de asesores, cuando los que tenemos la responsabilidad de auditar somos los auditores en sus diferentes niveles jerárquicos”, manifiesta.
El economista finaliza confirmando que del Programa Anual de Auditorías se retiran de manera inexplicable revisiones que son elementales para conocer el destino de los recursos públicos, he ahí la importancia de voltear a ver lo que está ocurriendo en la institución que en gestiones anteriores a la de Colmenares fue indispensable para conocer fraudes multimillonarios a la Hacienda Pública como La Estafa Maestra.
“Hablando de mi oficina, lo que se hace es un ejercicio de planeación que le llamamos de la A a la Z, consideramos cualquier elemento que esté en el abecedario: analizamos la información pública, anteriores auditorías y la oportunidad de auditar programas y proyectos, ese es el ejercicio, digamos, serio, fundamentado y motivado que hacen los auditores de manera colectiva, así se integra el Programa Anual Auditorías. Ese programa se manda y se regresa con menos auditorías o quitando algunas auditorias que son estratégicas y ahí se pierde el sentido y la oportunidad de auditar”.
