El día de ayer, la SCJN resolvió la inconstitucionalidad del Decreto emitido por el Ejecutivo el 18 de noviembre de 2022 mediante el cual se ordenó restringir la información de obras y proyectos prioritarios del gobierno que fueran considerados como asuntos de “interés público y seguridad nacional”. La invalidación del decreto obedeció a que atentaba contra la transparencia, el derecho al acceso a la información y a las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). De acuerdo a la resolución de la Corte la “amplitud y ambigüedad del decreto” … “obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto a las obras del gobierno”
Horas después, en lo que pareció un franco desafío a la resolución de la SCJN, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto para considerar como proyectos de seguridad nacional la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes de servicios del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
La seguridad nacional es un tema importante, delicado y real pero no puede ser utilizada como justificación para ocultar o restringir la información sobre costos, contratos y adjudicaciones de las principales obras de gobierno y que los ciudadanos tenemos derecho a conocer.
Precisamente porque existe un delicado equilibrio entre lo que puede y no puede transparentarse es que el INAI tiene entre sus facultades la de dirimir cuándo puede y debe ser reservada cierta información.
Hoy, este equilibrio se ha roto porque, por una decisión política atribuible al Presdente de la República y a su mayoría en el Senado, el órgano de transparencia se encuentra incompleto y por tanto inhabilitado para resolver los recursos de revisión para analizar si la información solicitada por los ciudadanos puede ser reservada o negada por el gobierno.
Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expresamos nuestra preocupación por las acciones deliberadas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su coalición de gobierno en contra de la transparencia y rendición de cuentas, así como nuestro derecho al acceso a la información.
La falta de voluntad política para nombrar al menos a uno de los tres comisionados del INAI faltantes junto con la insistencia por parte del titular del Poder Ejecutivo de usar por decreto la figura de seguridad nacional, cierra la puerta al derecho a la información y, con ello, a la rendición de cuentas.
No puede haber combate a la corrupción ahí donde la ciudadanía es excluida de exigir y acceder a la información de las acciones de gobierno.
Exigimos, con total apego a la legalidad vigente, que se detengan las acciones en contra de nuestro derecho al acceso a la información desde el Poder Ejecutivo, se reactive el proceso parlamentario en el Senado para realizar los nombramientos pendientes del INAI y se respete la autonomía e independencia de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
