El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó congelar 147 mil pesos a Consultoría Tiverane, una empresa señalada como “facturera”, cuyo dueño ha participado en una red de compañías que recibió contratos por casi 800 millones de pesos en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex).

El pasado 9 de septiembre de 2022, la Administración desconcentrada de recaudación del SAT en Oaxaca notificó al representante legal de Tiverane que a petición de la autoridad fiscal, los bancos BBVA, Santander y Mifel habían inmovilizado cuatro cuentas bancarias.

Sin embargo, cuando se dio la inmovilización, ya había sido sacado todo el dinero de dos cuentas, las cuales aparecían con cero pesos, y en otro caso sólo se lograron congelar 1,131 pesos con 31 centavos. En una cuarta cuenta, en Banco Santander, el saldo inmovilizado fue de 146 mil 293 pesos.

En total, se inmovilizaron en las dos cuentas que sí tenían dinero, 147 mil 424 pesos con 39 centavos, para cubrir parcialmente  adeudos fiscales que Consultoría Tiverane acumulaba desde 2016.

El monto de 147 mil pesos “congelado” a Tiverane contrasta con los millones de pesos en contratos que empresas vinculadas han obtenido en Segalmex, como a continuación se explica.

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Fachada de la casa de Florencio Reséndiz Hernández, accionista de Professional Bright XRW la cual ha recibido 231 MDP en contratos de Segalmex. Fotografía: Lucía Vergara

El vínculo con la red de Segalmex

Tiverane tiene a Florencio Reséndiz Hernández como su accionista mayoritario, y en abril de 2019 fue incluida en el listado definitivo de empresas señaladas por el SAT como simuladoras de operaciones.

El dueño de Tiverane, a su vez, tiene participación en tres empresas que han sido contratistas en Segalmex: es accionista en Properloz y Profesional Bright XRW, así como representante de la asamblea de socios de Fluverloz, según reveló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en una investigación publicada el 19 de julio de 2021.

Segalmex ha dado contratos por 325 millones de pesos a Properloz y a XRW, mientras que a Fluverloz le asignó 342 millones de pesos.

Además, esas tres empresas han compartido teléfonos, correos electrónicos o domicilios legales con Denoter, Gentsai Hoon y Soluciones Globales NXK, que recibieron otros 130 millones de pesos en contratos en Segalmex.

En conjunto, esta red de empresas obtuvo de Segalmex contratos por 797 millones de pesos entre 2019 y 2020 para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado el incumplimiento de algunos de estos contratos.

MCCI pudo comprobar que los supuestos socios de esta red de contratistas de Segalmex viven en casas modestas, en colonias populares.

Es el caso de Florencio Reséndiz, vinculado a tres empresas de la red, quien aportó como su domicilio una casa en una zona popular cerca de El Potrero en el Estado de México. En el frente del inmueble hay una tienda de abarrotes y la mujer que la atiende dijo que Reséndiz renta un cuarto en esa vivienda.

Su modesta forma de vida contrasta con las asignaciones millonarias que recibieron las empresas en las que figura como dueño o representante.

El reporte del SAT

El 14 de mayo de 2019, el SAT incluyó a Consultoría Tiverane en el listado definitivo de contribuyentes que simulan operaciones, conocidos coloquialmente como empresas fantasma o “factureras”.

El motivo del procedimiento del SAT fue porque determinó que Tiverane carecía de activos, personal e infraestructura, además de no tener capacidad material para justificar los supuestos servicios por los que emitía comprobantes fiscales.

La empresa interpuso medios de defensa, que concluyeron con una resolución a su favor.

No obstante, el SAT determinó en una publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo de 2022, que el hecho de que el contribuyente haya obtenido una resolución favorable en contra del oficio de resolución definitiva, “no les exime de la responsabilidad que tengan respecto de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal”.