El Tribunal Electoral revocó al INE la facultad de verificar requisitos de elegibilidad para cargos judiciales, como el promedio de calificación y la buena reputación. Ahora, estos criterios se consideran de “idoneidad” y no obligatorios para asumir el cargo.Esto sienta un precedente que debilita el control institucional y permite que aspirantes cuestionados lleguen al poder judicial. La decisión deja la verificación en manos de Comités de Evaluación sin lineamientos claros ni capacidad real de revisión.
