Con las recientes reformas aprobadas que modifican de fondo al Poder Judicial, que formalizan la militarización de la seguridad pública y eliminan la mitad de los organismos autónomos y otras instituciones, no cabe duda de que nuestro país va dejando atrás un modelo de democracia constitucional para abrazar el autoritarismo. De acuerdo con Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro Cómo mueren las democracias, actualmente las democracias no son eliminadas de golpe, como antaño, con un golpe de estado militar o la toma del poder por una revuelta. En su lugar, se van erosionando lentamente —en el caso de México pareciera que mucho más rápido— gracias a procesos como la cooptación de otros poderes y el debilitamiento o la eliminación de instituciones. En palabras de Roberto Gargarella, “se trata de la muerte de la democracia no con un solo golpe, sino con mil golpes, mil cortes, que la van desangrando”.
Sin embargo, este desmantelamiento institucional, esta centralización del poder en manos del Poder Ejecutivo, ¿podría ser una estrategia para un combate a la corrupción más efectivo? Me explico: existen países preponderantemente autoritarios en los que la centralización del poder les ha servido para combatir la corrupción. ¿Cómo? A costa de violentar los derechos humanos. Este es el caso de Singapur, uno de los cuatro Tigres Asiáticos junto con Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong. Se trata de la economía más competitiva del mundo, de acuerdo al Ranking de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development y uno de los países con mayor PIB per cápita.
En lo que respecta al combate a la corrupción, Singapur se encuentra en el quinto lugar a nivel mundial en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Su éxito en el combate a este problema se debe a una combinación de leyes efectivas, aplicadas de manera rigurosa, un servicio público con altos estándares de comportamiento íntegro y transparente, una eficaz investigación y sanción de delitos, así como la implementación de un gobierno electrónico. Todas estas medidas están respaldadas por un fuerte liderazgo con una clara voluntad política.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Singapur es considerada una “dictadura” de acuerdo al Índice Democrático que elabora la Unidad de Inteligencia Económica de The Economist y una “dictadura en proceso de apertura”, de acuerdo al Índice Global de Democracia del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. El país ha sido gobernado de forma ininterrumpida por un partido hegemónico por más de 60 años, que además controla todos los aspectos de la vida pública: las designaciones del Poder Judicial y de la Oficina Anticorrupción, por poner algunos ejemplos.
Además, está en los peores lugares de los índices de libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de reunión. Existen leyes que limitan la libertad de prensa y controlan el contenido que se publica en redes sociales; otras que que distinguen entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones políticas, restringiendo a estas últimas recibir financiamiento de fuentes extranjeras. Asimismo, para poder ejercer el derecho de reunión, es necesario solicitar permisos que prácticamente nunca se conceden. La policía puede prohibir a una persona el acceso a un espacio público durante 24 horas si sospecha que está defendiendo una causa política, por ejemplo. Es un país donde hasta hace unos años se condenaba la homosexualidad y en el que, incluso, existe la pena de muerte.
En materia anticorrupción, Singapur utiliza métodos extremos para llevar a cabo sus investigaciones. Su Ley de Prevención de la Corrupción permite el arresto de personas sin órden judicial cuando existe la sospecha de estar involucrado en un acto de corrupción. La ley también permite revisar a la persona y confiscar sus bienes si considera que son fruto o evidencia del delito. Su oficina anticorrupción hace uso del polígrafo para hacer controles de confianza a sus empleados.
Como podemos observar, la efectividad de este país en el combate a la corrupción y en muchas otras políticas es gracias a la violación reiterada de los derechos humanos. En la medida en que un gobierno centraliza el poder y toma el control de las instituciones, elimina toda posibilidad de contrapeso y prácticamente puede hacer lo que quiera: modificar la constitución, aprobar leyes a modo, callar a la oposición o mantener su decisiones en la opacidad y no rendir cuentas.
En México, desde el sexenio pasado, el discurso anticorrupción se ha centrado en que las instituciones que actualmente previenen y combaten la corrupción han sido ineficientes y corruptas. Tal es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, a quien AMLO acusó de no funcionar, de ser una simulación, un gasto innecesario y el cuál, según el exmandatario, permite el “control de áreas estratégicas en donde se puede robar con impunidad”. En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los ataques escalaron hasta la eliminación del organismo en días pasados.
Sin embargo, ¿cuál ha sido la propuesta del partido en el poder para acabar con la corrupción? Durante el sexenio anterior se dijo que la corrupción, “ocasionada durante el periodo neoliberal” se acabaría “barriendo las escaleras de arriba hacia abajo” y aplicando la austeridad republicana; sin embargo, siguieron ocurriendo escándalos de corrupción multimillonarios como el caso de SEGALMEX.
Ahora, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que vemos es una centralización del poder y una eliminación de instituciones para supuestamente acabar con la corrupción. Las reformas están encaminadas a contar con un Poder Judicial débil, que no pueda hacer contrapeso a las decisiones del gobierno. De igual manera, buscan centralizar la agenda de transparencia y anticorrupción en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes denominada Secretaría de la Función Pública). Esta secretaría, al estar bajo las órdenes directas del Poder Ejecutivo, no cuenta con la autonomía e independencia para transparentar la información que el gobierno se resista a revelar, crear mecanismos efectivos de coordinación o investigar los casos de corrupción.
Además, la nueva secretaria, Raquel Buenrostro (conocida por su mano dura cuando estaba a cargo del SAT) ha dicho que aplicará sanciones más fuertes, incluso por la vía penal, para quienes cometan corrupción; así como medidas más rigurosas de control de confianza, como la prueba del polígrafo, exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos a altos funcionarios. Finalmente, también vemos un asedio en contra de los contrapesos no institucionales. En días pasados, la presidenta mencionó que pedirá al gobierno de Estados Unidos que cese el financiamiento a organizaciones civiles que han exhibido la corrupción de su gobierno.
Con todas estas acciones ¿estaremos encaminandonos a la estrategia de Singapur para combatir la corrupción? ¿Será esta la apuesta del actual partido en el poder? Si no es así, en todo caso, será importante que el actual gobierno no pierda de vista la relevancia de respetar los derechos humanos en el marco de una sociedad democrática, como la que todavía es México.
Sobre el autor:
Emiliano Montes de Oca
@EmilianoMDO
Coordinador de los proyectos anticorrupción en Ethos Innovación en Políticas Públicas.
@EthosInnovacion
