El ex procurador Jesús Murillo Karam fue acusado ante la Fiscalía General de la República por tráfico de influencias, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito también identificado como lavado de dinero.
La denuncia fue formalizada este lunes 14 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancia que reveló que una empresa en la que destacan como socios el sobrino, yerno e hijos del ex procurador, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.
La UIF reveló que la empresa relacionada a la familia de Murillo Karam obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre los años 2013 y 2015. La autoridad confirmó que, en ese mismo lapso, el ex procurador tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
Esta última revelación fue la hipótesis de trabajo de la primera investigación periodística publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 23 de junio de 2016.
En aquella investigación, MCCI reveló que dos empresas constructoras de hijos, sobrinos y parientes políticos de Jesús Murillo Karam, y una más estrechamente vinculada a ellas, ganaron contratos de obra por 4,625 millones de pesos (más de 300 millones de dólares al tipo de cambio de 2016), justo durante los tres años en que él ocupó uno de los puestos más importantes en el gabinete presidencial.
Las empresas Alvarga, Kuoro e Itrio multiplicaron, en ese periodo, 714% sus contratos de obra pública. Y las tres vieron apagarse su estrella cuando Murillo Karam salió del gabinete presidencial.
Kuoro es la empresa que pertenece a los hijos de Murillo Karam, que es la que es acusada por la UIF.
MCCI obtuvo copia de 43 contratos asignados a estas empresas en 17 estados, y tras una revisión encontró aumentos injustificados en precios, adjudicaciones directas poco claras, obras entregadas a destiempo, un fraude probado, e incluso un caso, en el estado de Campeche, en el que se usaron productos piratas en la construcción de un rompeolas.
El 61% del monto de los contratos (2 mil 837 millones de pesos) los otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada en ese momento por Gerardo Ruiz Esparza, en obras carreteras y portuarias.
Ruiz Esparza es el padre de Gerardo Ruiz Dosal, quien fue secretario particular del mismo Jesús Murillo Karam durante el periodo en que éste fue procurador General de la República (de diciembre de 2012 a febrero de 2015).
Una tarjeta informativa revelada este martes por la UIF, añadió que la empresa investigada (Kuoro) presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.
Según la UIF, también se identificó que Kuoro envió y recibió recursos con empresas catalogadas como “fantasma” por el SAT, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
De acuerdo a la investigación encabezada por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021 el ex procurador colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que presuntamente no fue declarado al fisco.
La empresa acusada ante la FGR… ¡es proveedora de la FGR!
En julio del 2021 MCCI también reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) asignó tres contratos a dos hijos del ex procurador por casi 7 millones de pesos con esta administración.
Estos contratos fueron asignados por funcionarios que trabajaron para Murillo Karam cuando fue procurador. Los contratos se asignaron bajo licitaciones públicas en junio de 2020 a las compañías Kuoro Desarrollos, propiedad de dos hijos de Murillo Karam, en sociedad con Concretos San Cayetano.
Kuoro tiene como socios a Sandra Georgette y Jesús Murillo Ortega, quienes son hijos del ex procurador, mientras que en Concretos San Cayetano aparecen como accionistas Carlos Eduardo Luna Mora y Miguel Ángel Tello Ludlow, estos últimos comparten acciones con el hijo de Murillo Karam en empresas del giro restaurante y en dos inmobiliarias.