Por: MCCI
16 diciembre, 2024
Una de las formas más efectivas de controlar la corrupción es abatir la impunidad. Un sistema de justicia capaz de investigar y sancionar actos de corrupción no sólo permite recuperar los recursos desviados, sino también modificar las condiciones que permitieron estos actos y disuadir que sucedan en el futuro.
Al analizar los casos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, es evidente que la impunidad fue un factor que los favorecía. Seis años después, el sistema de justicia aún opera como una extensión del poder político. Aquellas personas que forman parte del grupo en el poder —o que se alinean con él— reciben un trato preferencial e incluso pueden evadir las sanciones. En cambio, quienes no aceptan enfrentan un trato más severo. Aún peor: algunas de las voces críticas acaban por recibir acusaciones sin pruebas.
Un elemento adicional de preocupación es que muchas de las acusaciones penales en casos de corrupción no han resultado en sentencias. Esto no sólo es reflejo de un sistema judicial ineficaz, sino de fallas en las autoridades responsables de investigar.
Ante las acusaciones de corrupción en contra de aliados, el gobierno de López Obrador adoptó cuatro estrategias: negó o minimizó las acusaciones, las atribuyó a maquinaciones de sus opositores, defendió a los acusados como personas honorables o, ante la abrumadora evidencia, prometió una investigación que nunca sucedía.
Desde sus conferencias mañaneras, el presidente defendió a Ignacio Ovalle por los desvíos en Segalmex alegando que eran sus subordinados los responsables; elogió a Delfina Gómez tras las acusaciones de cobrar diezmos en Texcoco y justificó a Alejandro Esquer tras la divulgación de videos en los que se le ve depositar millones de pesos en efectivo a un fideicomiso de Morena, como lo dio a conocer MCCI en diciembre de 2021. Ante las acusaciones contra su familia —hermanos, hijos, primas—, fustigó a los medios que lo revelaron.
En 2024, la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero cumplió 10 años sin que fuera esclarecida. Resolver este caso fue uno de los 100 compromisos anunciados por el presidente López Obrador al inicio de su sexenio. Para ello, el gobierno federal instaló una Comisión de la Verdad en la Secretaría de Gobernación y una fiscalía especializada en la Fiscalía General de la República; además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudo retomar sus investigaciones, luego de que fueran suspendidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los tres grupos de investigación coincidieron en señalar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el ejército, la noche que desaparecieron los estudiantes. Sin embargo, luego de presentar acusaciones formales contra integrantes del ejército, el titular de la fiscalía renunció y salió del país y el celular del subsecretario Alejandro Encinas fue presuntamente intervenido. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró 2024, en una carta publicada en La Jornada, que no había evidencia de la participación directa de las Fuerzas Armadas
De acuerdo con reportes oficiales, al menos 120 personas enfrentan un proceso penal por estos hechos, entre los que se cuentan alrededor de 60 policías locales, 17 militares y el exprocurador Jesús Murillo Karam. Durante 2024, fueron detenidas de nuevo tres personas, quienes presuntamente pertenecían al grupo que desapareció a los jóvenes normalistas. Estas tres personas ya habían sido detenidas en el pasado, pero fueron eventualmente liberadas. Hasta diciembre de 2024, no se sabe qué pasó con los 43 estudiantes ni el nivel de responsabilidad de las autoridades involucradas.
El presidente López Obrador decidió que en cada entidad federativa hubiera una sola persona que coordinara todos los programas sociales federales; esta figura fue señalada por medios y analistas como superdelegados. Carlos Lomelí renunció como coordinador de los programas del Bienestar en Jalisco en julio de 2019, apenas siete meses después de su nombramiento y luego de que MCCI revelará que estaba en el centro de una red de nueve empresas dedicadas a vender medicamentos al gobierno. En septiembre de ese año, dos de sus empresas fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública por falsear información en licitaciones.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la sanción en 2021. Sin embargo, entre 2019 y 2021, cuando aún estaban inhabilitadas, el gobierno mexicano siguió comprando sus medicamentos a través de empresas distribuidoras, a pesar de estar prohibido por la ley. Carlos Lomelí intentó ser nuevamente candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena, pero no fue seleccionado por un criterio de cuota de género. En la elección de 2024 contendió por un escaño en el Senado y ganó.
Las y los superdelegados recibieron 209 denuncias ante la Función Pública durante el sexenio de López Obrador, acusadas del uso indebido de programas sociales, enriquecimiento ilícito, nepotismo y abuso de funciones. Sin embargo, de acuerdo con El Universal 181 expedientes fueron concluidos sin que la autoridad considerara que había elementos suficientes para acreditar una falta. Algunas de estas denuncias provinieron de servidores de la nación o empleados inconformes y, en algunos casos, incluso provinieron de gobernadores de Morena, como el caso de la denuncia del gobernador de Puebla Miguel Barbosa contra el superdelegado Rodrigo Abdalá. En total, siete superdelegados sí lograron convertirse en gobernadores de su entidad.
En 2021, un tramo elevado de la Línea 12 del Metro colapsó, provocó la muerte de veintiséis personas y dejó heridas a más de ochenta. Una investigación independiente atribuyó el colapso a fallas en la construcción, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, y de mantenimiento durante el de Claudia Sheinbaum; no obstante, el presidente López Obrador exculpó a ambos e insistió en considerarlo como un “incidente”. Claudia Sheinbaum es ahora presidenta de México y Marcelo Ebrard es su secretario de Economía. La fiscalía de la Ciudad de México realizó un tercer peritaje que determinó deficiencias en la construcción. De acuerdo con una investigación de Nexos (2023), a pesar de los graves problemas que tiene la infraestructura del Metro, el gasto de 2023 fue 18% menor al de 2018 en términos reales.
La empresa que construyó ese tramo, Carso Infraestructura y Construcción, negó tener responsabilidad aunque acordó realizar trabajos de rehabilitación. Sin embargo, una investigación de MCCI reveló que un peritaje realizado por Grupo Carso encontró que la causa del accidente fue la sobrecarga durante y después del periodo de mantenimiento entre 2014 y 2015, a la que se sumaron los daños estructurales provocados por sismos, particularmente el de 2017. Este mismo reportaje también dio a conocer anomalías documentales en la obra de construcción como sustracción de bitácoras y la subcontratación de empresas sin certificación.
La fiscalía de la Ciudad de México busca fincar responsabilidades a 10 exfuncionarios públicos de mediana responsabilidad por este caso, pero no ha obtenido ninguna sentencia en firme. Sin embargo, no existe ningún funcionario capitalino de alta responsabilidad que esté siendo investigado, sancionado o inhabilitado.
En 2024, la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero cumplió 10 años sin que fuera esclarecida. Resolver este caso fue uno de los 100 compromisos anunciados por el presidente López Obrador al inicio de su sexenio. Para ello, el gobierno federal instaló una Comisión de la Verdad en la Secretaría de Gobernación y una fiscalía especializada en la Fiscalía General de la República; además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudo retomar sus investigaciones, luego de que fueran suspendidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los tres grupos de investigación coincidieron en señalar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el ejército, la noche que desaparecieron los estudiantes. Sin embargo, luego de presentar acusaciones formales contra integrantes del ejército, el titular de la fiscalía renunció y salió del país y el celular del subsecretario Alejandro Encinas fue presuntamente intervenido. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró 2024, en una carta publicada en La Jornada, que no había evidencia de la participación directa de las Fuerzas Armadas
De acuerdo con reportes oficiales, al menos 120 personas enfrentan un proceso penal por estos hechos, entre los que se cuentan alrededor de 60 policías locales, 17 militares y el exprocurador Jesús Murillo Karam. Durante 2024, fueron detenidas de nuevo tres personas, quienes presuntamente pertenecían al grupo que desapareció a los jóvenes normalistas. Estas tres personas ya habían sido detenidas en el pasado, pero fueron eventualmente liberadas. Hasta diciembre de 2024, no se sabe qué pasó con los 43 estudiantes ni el nivel de responsabilidad de las autoridades involucradas.
El presidente López Obrador decidió que en cada entidad federativa hubiera una sola persona que coordinara todos los programas sociales federales; esta figura fue señalada por medios y analistas como superdelegados. Carlos Lomelí renunció como coordinador de los programas del Bienestar en Jalisco en julio de 2019, apenas siete meses después de su nombramiento y luego de que MCCI revelará que estaba en el centro de una red de nueve empresas dedicadas a vender medicamentos al gobierno. En septiembre de ese año, dos de sus empresas fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública por falsear información en licitaciones.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la sanción en 2021. Sin embargo, entre 2019 y 2021, cuando aún estaban inhabilitadas, el gobierno mexicano siguió comprando sus medicamentos a través de empresas distribuidoras, a pesar de estar prohibido por la ley. Carlos Lomelí intentó ser nuevamente candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena, pero no fue seleccionado por un criterio de cuota de género. En la elección de 2024 contendió por un escaño en el Senado y ganó.
Las y los superdelegados recibieron 209 denuncias ante la Función Pública durante el sexenio de López Obrador, acusadas del uso indebido de programas sociales, enriquecimiento ilícito, nepotismo y abuso de funciones. Sin embargo, de acuerdo con El Universal 181 expedientes fueron concluidos sin que la autoridad considerara que había elementos suficientes para acreditar una falta. Algunas de estas denuncias provinieron de servidores de la nación o empleados inconformes y, en algunos casos, incluso provinieron de gobernadores de Morena, como el caso de la denuncia del gobernador de Puebla Miguel Barbosa contra el superdelegado Rodrigo Abdalá. En total, siete superdelegados sí lograron convertirse en gobernadores de su entidad.
En 2021, un tramo elevado de la Línea 12 del Metro colapsó, provocó la muerte de veintiséis personas y dejó heridas a más de ochenta. Una investigación independiente atribuyó el colapso a fallas en la construcción, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, y de mantenimiento durante el de Claudia Sheinbaum; no obstante, el presidente López Obrador exculpó a ambos e insistió en considerarlo como un “incidente”. Claudia Sheinbaum es ahora presidenta de México y Marcelo Ebrard es su secretario de Economía. La fiscalía de la Ciudad de México realizó un tercer peritaje que determinó deficiencias en la construcción. De acuerdo con una investigación de Nexos (2023), a pesar de los graves problemas que tiene la infraestructura del Metro, el gasto de 2023 fue 18% menor al de 2018 en términos reales.
La empresa que construyó ese tramo, Carso Infraestructura y Construcción, negó tener responsabilidad aunque acordó realizar trabajos de rehabilitación. Sin embargo, una investigación de MCCI reveló que un peritaje realizado por Grupo Carso encontró que la causa del accidente fue la sobrecarga durante y después del periodo de mantenimiento entre 2014 y 2015, a la que se sumaron los daños estructurales provocados por sismos, particularmente el de 2017. Este mismo reportaje también dio a conocer anomalías documentales en la obra de construcción como sustracción de bitácoras y la subcontratación de empresas sin certificación.
La fiscalía de la Ciudad de México busca fincar responsabilidades a 10 exfuncionarios públicos de mediana responsabilidad por este caso, pero no ha obtenido ninguna sentencia en firme. Sin embargo, no existe ningún funcionario capitalino de alta responsabilidad que esté siendo investigado, sancionado o inhabilitado.
En octubre de 2020, Salvador Cienfuegos, quien fuera el Secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue arrestado en Estados Unidos acusado de conspirar para traficar drogas y lavar dinero. En una primera reacción, el presidente López Obrador adelantó que los funcionarios de la Defensa que resultaran involucrados en esta investigación, serían “suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades”; incluso, el mandatario señaló que sabía desde hacía 15 días de la posible detención.
Unos días después, sin embargo, el gobierno federal cambió por completo su postura. Para noviembre, las autoridades mexicanas buscaban que el general fuera enviado a México para ser investigado. Para demostrar la voluntad de llevar a cabo la investigación, el canciller Marcelo Ebrard declaró que sería “casi suicida” que fuera retornado a México y luego no hacer nada.
Apenas un mes después de haber sido detenido, Salvador Cienfuegos fue liberado por las autoridades estadounidenses y trasladado de vuelta a México, donde la Fiscalía General de la República le informó que existía una investigación abierta en su contra y lo dejó libre. En enero de 2021, la Fiscalía determinó que las pruebas contra Cienfuegos habían sido inventadas por la DEA y cerró la investigación. A petición del presidente López Obrador, la carpeta de investigación fue publicada por la Fiscalía.
Tres años después de su detención, en octubre de 2023, el presidente López Obrador entregó a Cienfuegos la condecoración “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con Santiago Nieto, jugó un papel clave en muchas acusaciones sin resultados concretos. En 2019 bloqueó las cuentas bancarias de Eduardo Medina Mora y su familia. Luego de que éste anunciara su renuncia como ministro de la Suprema Corte y que el presidente aceptara su dimisión, las cuentas fueron liberadas. La FGR eventualmente determinó que no había operaciones irregulares en las cuentas del exministro. No queda más que interpretar que fue un claro acto de extorsión por parte de la presidencia. En la misma línea está el caso de Guillermo Garcia Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, quien renunció tras ser acusado de conflicto de intereses.
Ese mismo año, Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex, renunció tras ser investigado por la UIF pero nunca enfrentó cargos hasta su muerte en octubre de 2023.
El titular de la UIF renunció a su cargo tras el escándalo de su boda en Guatemala. En su lugar, fue designado Pablo Gómez. El uso político de la Unidad siguió siendo el mismo o peor. Uno de los casos más notables fue la divulgación ilegal de datos personales de periodistas e investigadores que habían dado a conocer casos de corrupción, sin presentar evidencias de las posibles irregularidades. En 2020, de forma similar, el gobierno señaló en 2020 a organizaciones que recibieron fondos internacionales, como Artículo 19, CEMDA, México Evalúa y MCCI, y las acusó de tener una intención de desprestigiar al gobierno.
En la Ciudad de México, la fiscalía local, dirigida por Ernestina Godoy, operó con criterios políticos. Detenciones como la de Alejandra Cuevas y Uriel Carmona, ambos absueltos por la inexistencia del delito, muestran un uso discrecional del aparato de justicia. Incluso, algunas investigaciones con sustento, como las del cártel inmobiliario, se vieron manchadas por intereses políticos tras las revelaciones de que la fiscalía obtuvo indebidamente los registros telefónicos de opositores políticos, al acusarlos de secuestro, cuando estaba investigando delitos de corrupción en realidad. La fiscalía negó esta posición.
En el caso de la línea 12 del metro, la fiscalía sostuvo que la responsabilidad estaba exclusivamente en la construcción y no en el mantenimiento; además, buscó fincar responsabilidades penales contra una mujer que tiró las aspas de plástico de una lavadora a las vías del metro. Durante su gestión, las personas privadas de la libertad por prisión preventiva aumentaron considerablemente.
La propia Godoy tuvo un acceso discrecional al aparato de justicia. El Congreso de la Ciudad de México reformó la Constitución local en 2019 para modificar un requisito que Godoy no cumplía para poder asumir la titularidad de la Fiscalía. Posteriormente, en 2023, el Congreso de la Ciudad modificó la ley para facilitar el proceso de ratificación de la fiscal por un segundo periodo. La oposición denominó a esta reforma como Ley Godoy. Aún así, la titular de la fiscalía no reunió los votos suficientes para mantenerse en el cargo. Morena la nombró candidata a senadora por la Ciudad de México y en octubre, Claudia Sheinbaum la nombró consejera jurídica.
En octubre de 2020, Salvador Cienfuegos, quien fuera el Secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue arrestado en Estados Unidos acusado de conspirar para traficar drogas y lavar dinero. En una primera reacción, el presidente López Obrador adelantó que los funcionarios de la Defensa que resultaran involucrados en esta investigación, serían “suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades”; incluso, el mandatario señaló que sabía desde hacía 15 días de la posible detención.
Unos días después, sin embargo, el gobierno federal cambió por completo su postura. Para noviembre, las autoridades mexicanas buscaban que el general fuera enviado a México para ser investigado. Para demostrar la voluntad de llevar a cabo la investigación, el canciller Marcelo Ebrard declaró que sería “casi suicida” que fuera retornado a México y luego no hacer nada.
Apenas un mes después de haber sido detenido, Salvador Cienfuegos fue liberado por las autoridades estadounidenses y trasladado de vuelta a México, donde la Fiscalía General de la República le informó que existía una investigación abierta en su contra y lo dejó libre. En enero de 2021, la Fiscalía determinó que las pruebas contra Cienfuegos habían sido inventadas por la DEA y cerró la investigación. A petición del presidente López Obrador, la carpeta de investigación fue publicada por la Fiscalía.
Tres años después de su detención, en octubre de 2023, el presidente López Obrador entregó a Cienfuegos la condecoración “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con Santiago Nieto, jugó un papel clave en muchas acusaciones sin resultados concretos. En 2019 bloqueó las cuentas bancarias de Eduardo Medina Mora y su familia. Luego de que éste anunciara su renuncia como ministro de la Suprema Corte y que el presidente aceptara su dimisión, las cuentas fueron liberadas. La FGR eventualmente determinó que no había operaciones irregulares en las cuentas del exministro. No queda más que interpretar que fue un claro acto de extorsión por parte de la presidencia. En la misma línea está el caso de Guillermo Garcia Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, quien renunció tras ser acusado de conflicto de intereses.
Ese mismo año, Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex, renunció tras ser investigado por la UIF pero nunca enfrentó cargos hasta su muerte en octubre de 2023.
El titular de la UIF renunció a su cargo tras el escándalo de su boda en Guatemala. En su lugar, fue designado Pablo Gómez. El uso político de la Unidad siguió siendo el mismo o peor. Uno de los casos más notables fue la divulgación ilegal de datos personales de periodistas e investigadores que habían dado a conocer casos de corrupción, sin presentar evidencias de las posibles irregularidades. En 2020, de forma similar, el gobierno señaló en 2020 a organizaciones que recibieron fondos internacionales, como Artículo 19, CEMDA, México Evalúa y MCCI, y las acusó de tener una intención de desprestigiar al gobierno.
En la Ciudad de México, la fiscalía local, dirigida por Ernestina Godoy, operó con criterios políticos. Detenciones como la de Alejandra Cuevas y Uriel Carmona, ambos absueltos por la inexistencia del delito, muestran un uso discrecional del aparato de justicia. Incluso, algunas investigaciones con sustento, como las del cártel inmobiliario, se vieron manchadas por intereses políticos tras las revelaciones de que la fiscalía obtuvo indebidamente los registros telefónicos de opositores políticos, al acusarlos de secuestro, cuando estaba investigando delitos de corrupción en realidad. La fiscalía negó esta posición.
En el caso de la línea 12 del metro, la fiscalía sostuvo que la responsabilidad estaba exclusivamente en la construcción y no en el mantenimiento; además, buscó fincar responsabilidades penales contra una mujer que tiró las aspas de plástico de una lavadora a las vías del metro. Durante su gestión, las personas privadas de la libertad por prisión preventiva aumentaron considerablemente.
La propia Godoy tuvo un acceso discrecional al aparato de justicia. El Congreso de la Ciudad de México reformó la Constitución local en 2019 para modificar un requisito que Godoy no cumplía para poder asumir la titularidad de la Fiscalía. Posteriormente, en 2023, el Congreso de la Ciudad modificó la ley para facilitar el proceso de ratificación de la fiscal por un segundo periodo. La oposición denominó a esta reforma como Ley Godoy. Aún así, la titular de la fiscalía no reunió los votos suficientes para mantenerse en el cargo. Morena la nombró candidata a senadora por la Ciudad de México y en octubre, Claudia Sheinbaum la nombró consejera jurídica.
Otro ejemplo es el del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrentó múltiples acusaciones de corrupción, incluso fue vinculado al crimen organizado, sin que ello haya resultado en consecuencias legales en su contra. Blanco tomó protesta en 2024 como diputado federal plurinominal por Morena.
El trato favorable no sólo estuvo reservado para aliados del presidente, sino también para quienes decidieron sumarse a su causa. Por ejemplo, en Hidalgo, una investigación de la fiscalía estatal de 2022 sobre adjudicaciones directas a empresas fantasma por 422 millones apuntaba inicialmente al gobernador priista Omar Fayad y su gabinete; sin embargo, luego de ser nombrado embajador en Noruega, la fiscalía desestimó que el exgobernador tuviera alguna responsabilidad. En total, fueron cinco exgobernadores priistas quienes recibieron cargos diplomáticos durante el sexenio de López Obrador.
Alejandro Murat dejó el gobierno de Oaxaca en 2023 con irregularidades por más de 6 mil millones de pesos para acciones de salud, según la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, ahora es senador por Morena. Su compañero de bancada, Javier Corral fue originalmente acusado de conflicto de intereses por el gobierno de López Obrador, pero ahora es protegido por el oficialismo de las acusaciones de corrupción en su contra. Incluso, personajes como Alfredo Del Mazo, exgobernador del Estado de México, quien renunció al PRI en 2024 y está vinculado a varios casos de corrupción, nunca enfrentó investigaciones ni acusaciones desde el gobierno federal.
Para quienes se oponen al gobierno, el trato ha sido marcadamente distinto. Rosario Robles, acusada por participar en la Estafa Maestra, estuvo en prisión preventiva por más de tres años, antes de ser absuelta en 2024 por un juez. Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada desde 2021, lo que lo llevó a perder la candidatura a diputado federal plurinominal en 2024, aunque aún no ha comenzado el juicio en su contra.
Cuando comenzó el sexenio, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil impulsaban una agenda de reformas que pretendía separar la procuración de justicia de los criterios políticos. Seis años más tarde, esta situación está inalterada. Si acaso, ahora opera con mayores criterios políticos. Los casos de personas cercanas al poder que fueron investigados se resolvieron normalmente a su favor, mientras que quienes fueron considerados como adversarios enfrentaron condiciones más adversas.
