Por: MCCI
16 diciembre, 2024
Hace seis años, MCCI e Integralia Consultores advirtieron que el financiamiento y el gasto ilegal en campañas políticas eran los mayores problemas de la democracia electoral en México. De acuerdo con el estudio, las campañas gastan hasta 25 pesos por cada peso reportado a las autoridades electorales. Este financiamiento ilegal afecta la equidad en la contienda, encarece las campañas y fomenta el desvío de recursos públicos. Hoy las preocupaciones sobre la penetración del dinero ilegal en las elecciones siguen siendo las mismas.
A pesar de la complejidad de documentar el financiamiento ilegal de campañas, existen notables esfuerzos del Instituto Nacional Electoral por detectar irregularidades en el gasto de los partidos, como en los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate en el 2000, Monex en 2012 y los diezmos de Delfina Gómez en Texcoco en 2015. Además, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil también han documentado mecanismos ilegales de financiamiento. En 2018, MCCI reveló la Operación Sáfiro (con ese), un esquema de desvío de 650 millones de pesos que involucró al gobierno federal y a autoridades de siete estados para financiar campañas del PRI en las elecciones locales de 2016. Este esquema fue confirmado posteriormente en la investigación del “caso viuda negra”.
Los casos consignados en esta categoría muestran las diversas formas en que se financian ilegalmente las campañas a pesar del complejo marco legal vigente. Esto es especialmente preocupante ante la próxima elección de ministros, jueces y magistrados.
Están documentadas otras tres irregularidades de Morena en procesos electorales. La primera viene de 2023, cuando Televisa mostró videos de colaboradores de Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo en las oficinas del gobierno de Campeche antes de la elección estatal de 2021. Los funcionarios alegaron que el dinero era para “gestiones en favor del pueblo”. No obstante, el entonces gobernador interino Carlos Aysa González fue nombrado embajador en República Dominicana y su hijo, diputado federal del PRI, se unió a Morena. La segunda ocurrió en San Luis Potosí, dónde Mónica Rangel, excandidata de Morena a la gubernatura se declaró culpable en 2022 de cometer fraude por 22 millones de pesos y uso abusivo de funciones públicas. Recuperó su libertad tras devolver el dinero. La tercera involucra a Que Siga la Democracia, una agrupación política cercana a Morena, que utilizó firmas de casi 15 mil muertos para la consulta de revocación de mandato de 2022. El INE le impuso una sanción de medio millón de pesos; no obstante, en 2023 consiguió el registro como agrupación política nacional y acompañó a Morena en las elecciones federales de 2024.
El gobierno de Manuel Velasco en Chiapas otorgó al menos 2420 millones de pesos a empresas fantasma, según investigaciones periodísticas y observaciones hechas por la ASF. Parte de estos recursos se usaron, presuntamente, para la compra de votos. Además, al menos dos de las empresas involucradas participaron en el esquema de la Estafa Maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Velasco fue gobernador de Chiapas de 2012 a 2018. En 2023, participó en el proceso para seleccionar la candidatura presidencial de Morena y sus aliados. Actualmente, coordina la bancada más grande que ha tenido el PVEM en el Senado.
En 2022, MCCI y LatinUs difundieron videos en los que el secretario particular del presidente López Obrador, Alejandro Esquer, y sus colaboradores realizaron 28 depósitos en efectivo por 1.4 millones de pesos al fideicomiso Por los Demás, anunciado por Morena para apoyar a las personas damnificadas por los terremotos de ese año. El INE encontró que 44 % de los 64.5 millones de pesos recibidos provinieron de depósitos en efectivo prohibidos por el contrato del fideicomiso. El INE también detectó que los recursos fueron retirados principalmente por personas que militaban en Morena.
MCCI y LatinUs encontraron que cerca de la mitad de estos operadores ocuparon eventualmente un cargo en el gobierno de López Obrador. En su momento, el presidente dijo que el Tribunal Electoral “resolvió que no había ningún delito”. Esto es incorrecto. En 2018, el Tribunal revocó la multa contra Morena por 197 millones de pesos, argumentando que la investigación no fue exhaustiva y que fueron violados los derechos de audiencia del partido, pero no resolvió el fondo del asunto. Durante todo el sexenio anterior Alejandro Esquer fue secretario particular del presidente; actualmente es senador de representación proporcional por Morena.
En agosto de 2020, LatinUs hizo público un video, presuntamente grabado en 2014, en el que se puede ver a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente, recibiendo un sobre de dinero de manos de David León, un consultor del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco. Ese mismo mes, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación pero se resistió a compartir la información con el INE. Dos años más tarde, en octubre de 2022, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra el hermano del presidente. Además de lo anterior, en enero de 2021, la Sedatu asignó un contrato por 89 millones para renovar el estadio de béisbol del equipo Guacamayas de Palenque, fundado y dirigido por Pío.
LatinUs presentó otro video en 2021 en el que aparecía de nueva cuenta un hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo por parte de David León. En esta ocasión era Martín Jesús López Obrador quien se veía en el video. Los partidos de oposición presentaron quejas ante el INE y denuncias ante la FGR por este caso, pero no tuvieron ninguna repercusión.
David León no fue trabajador del gobierno de Chiapas, pero distintas fuentes periodísticas lo ubican como cercano al gobernador Manuel Velasco. Luego de las elecciones de 2018, León coordinó las giras del presidente electo Löpez Obrador y participó en el equipo de transición. En diciembre de ese año fue nombrado director de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En julio de 2020, el presidente López Obrador designó a León como director del INSABI, pero tras la polémica con los videos, no fue ratificado en el cargo.
El gobierno de Manuel Velasco en Chiapas otorgó al menos 2420 millones de pesos a empresas fantasma, según investigaciones periodísticas y observaciones hechas por la ASF. Parte de estos recursos se usaron, presuntamente, para la compra de votos. Además, al menos dos de las empresas involucradas participaron en el esquema de la Estafa Maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Velasco fue gobernador de Chiapas de 2012 a 2018. En 2023, participó en el proceso para seleccionar la candidatura presidencial de Morena y sus aliados. Actualmente, coordina la bancada más grande que ha tenido el PVEM en el Senado.
En 2022, MCCI y LatinUs difundieron videos en los que el secretario particular del presidente López Obrador, Alejandro Esquer, y sus colaboradores realizaron 28 depósitos en efectivo por 1.4 millones de pesos al fideicomiso Por los Demás, anunciado por Morena para apoyar a las personas damnificadas por los terremotos de ese año. El INE encontró que 44 % de los 64.5 millones de pesos recibidos provinieron de depósitos en efectivo prohibidos por el contrato del fideicomiso. El INE también detectó que los recursos fueron retirados principalmente por personas que militaban en Morena.
MCCI y LatinUs encontraron que cerca de la mitad de estos operadores ocuparon eventualmente un cargo en el gobierno de López Obrador. En su momento, el presidente dijo que el Tribunal Electoral “resolvió que no había ningún delito”. Esto es incorrecto. En 2018, el Tribunal revocó la multa contra Morena por 197 millones de pesos, argumentando que la investigación no fue exhaustiva y que fueron violados los derechos de audiencia del partido, pero no resolvió el fondo del asunto. Durante todo el sexenio anterior Alejandro Esquer fue secretario particular del presidente; actualmente es senador de representación proporcional por Morena.
En agosto de 2020, LatinUs hizo público un video, presuntamente grabado en 2014, en el que se puede ver a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente, recibiendo un sobre de dinero de manos de David León, un consultor del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco. Ese mismo mes, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación pero se resistió a compartir la información con el INE. Dos años más tarde, en octubre de 2022, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra el hermano del presidente. Además de lo anterior, en enero de 2021, la Sedatu asignó un contrato por 89 millones para renovar el estadio de béisbol del equipo Guacamayas de Palenque, fundado y dirigido por Pío.
LatinUs presentó otro video en 2021 en el que aparecía de nueva cuenta un hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo por parte de David León. En esta ocasión era Martín Jesús López Obrador quien se veía en el video. Los partidos de oposición presentaron quejas ante el INE y denuncias ante la FGR por este caso, pero no tuvieron ninguna repercusión.
David León no fue trabajador del gobierno de Chiapas, pero distintas fuentes periodísticas lo ubican como cercano al gobernador Manuel Velasco. Luego de las elecciones de 2018, León coordinó las giras del presidente electo Löpez Obrador y participó en el equipo de transición. En diciembre de ese año fue nombrado director de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En julio de 2020, el presidente López Obrador designó a León como director del INSABI, pero tras la polémica con los videos, no fue ratificado en el cargo.
El proceso electoral de 2024 comenzó con irregularidades. En junio de 2023, Morena lanzó una convocatoría para seleccionar a la persona coordinadora de los comités de defensa de la 4T, un eufemismo para burlar la ley y designar la candidatura presidencial, que finalmente ganó Claudia Sheinbaum. El INE detectó que quienes participaron en este proceso excedieron en 60 millones de pesos los gastos reportados y multó al partido por 61.5 millones de pesos.
En enero de 2024, Sanjuana Martínez, entonces directora de Notimex, acusó a Luisa María Alcalde —actual dirigente de Morena— de exigirle desviar 30 millones de pesos de las liquidaciones de trabajadores de la institución que encabezaba a la campaña de Sheinbaum. Tanto López Obrador como Alcalde lo negaron. Luego de las elecciones federales, Luisa Maria Alcalde fue designada como presidenta nacional de Morena.
En julio de 2023, el Frente Amplio por México lanzó su propio proceso, también eludiendo la ley electoral. Xóchitl Gálvez fue nombrada candidata. El INE detectó que PAN, PRI y PRD reportaron 4.8 millones de pesos de menos y los multó por poco más de millón y medio de pesos.
En enero de 2024, el presidente del PAN, Marko Cortés, reveló un acuerdo con el PRI para repartir secretarías, notarías y puestos en organismos estatales supuestamente autónomos en Coahuila. Este desacuerdo llevó a la ruptura de la alianza entre PRI y PAN en las elecciones locales de Coahuila de 2024.
El proceso electoral de 2024 comenzó con irregularidades. En junio de 2023, Morena lanzó una convocatoría para seleccionar a la persona coordinadora de los comités de defensa de la 4T, un eufemismo para burlar la ley y designar la candidatura presidencial, que finalmente ganó Claudia Sheinbaum. El INE detectó que quienes participaron en este proceso excedieron en 60 millones de pesos los gastos reportados y multó al partido por 61.5 millones de pesos.
En enero de 2024, Sanjuana Martínez, entonces directora de Notimex, acusó a Luisa María Alcalde —actual dirigente de Morena— de exigirle desviar 30 millones de pesos de las liquidaciones de trabajadores de la institución que encabezaba a la campaña de Sheinbaum. Tanto López Obrador como Alcalde lo negaron. Luego de las elecciones federales, Luisa Maria Alcalde fue designada como presidenta nacional de Morena.
En julio de 2023, el Frente Amplio por México lanzó su propio proceso, también eludiendo la ley electoral. Xóchitl Gálvez fue nombrada candidata. El INE detectó que PAN, PRI y PRD reportaron 4.8 millones de pesos de menos y los multó por poco más de millón y medio de pesos.
En enero de 2024, el presidente del PAN, Marko Cortés, reveló un acuerdo con el PRI para repartir secretarías, notarías y puestos en organismos estatales supuestamente autónomos en Coahuila. Este desacuerdo llevó a la ruptura de la alianza entre PRI y PAN en las elecciones locales de Coahuila de 2024.
De acuerdo con El Universal, Morena es el partido más opaco, pues fue el que más inconformidades ante el INAI recibió entre 2016 y 2024. Es el partido más sancionado por no atender las solicitudes de información y no ha cumplido con todas sus obligaciones de transparencia.
En tanto, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. fue acusado de recibir aportaciones irregulares de empresas para su campaña presidencial de 2018. Detenido en 2022, pudo seguir su proceso en libertad meses después. No obstante, en mayo de 2024, la contraloría del estado declaró que omitió reportar 57 propiedades a nombre suyo, de su entonces esposa y uno de sus hijos en sus declaraciones patrimoniales.
Durante los últimos seis años, surgieron casos ampliamente documentados que muestran como algunas irregularidades y desvíos de recursos públicos llevaron a mecanismos de financiamiento ilegal de campañas políticas. No hay ningún partido político que se haya salvado de estas acusaciones. Las preocupaciones principales sobre la penetración del dinero ilegal en las elecciones durante la transición democrática siguen siendo las mismas. Acaso ahora se suman preocupaciones adicionales ante la incertidumbre de que exista suficiente información pública en el futuro para seguir documentando las investigaciones periodísticas.
