Por: MCCI
16 diciembre, 2024
El conflicto de interés se convierte en un acto de corrupción cuando la decisión que toma el funcionario de gobierno es en beneficio propio o de los suyos y en contra del interés público.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su artículo 3, fracción VI, lo define como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Por ejemplo: cuando un funcionario pacta con un contratista para que le venda un predio a un precio por debajo del mercado, a cambio de que le asignen ciertos contratos.
Quizá el caso más emblemático fue el que MCCI y LatinUs descubrieron en enero de 2022 demostrando que su primer hijo, José Ramón López Beltrán, y su pareja alquilaron una lujosa residencia en Houston, Texas, entre 2019 y 2020. La propiedad, conocida como “La Casa Gris” pertenecía a Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex.
Tras la publicación del reportaje, Baker Hughes negó que su división en Estados Unidos tuviera relación con Pemex. Por su parte, López Obrador reiteró que sus hijos no tenían influencia sobre el gobierno. Sin embargo, MCCI demostró en agosto de 2023 que la empresa había recibido 27 contratos con Pemex por más de 150 millones de pesos.
Posteriormente, en mayo de 2023, MCCI reveló que López Beltrán y su familia habitaban en una casa en Coyoacán, Ciudad de México, propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada. Ello representa un potencial conflicto de intereses, pues el periódico recibió poco más de mil millones en contratos de publicidad durante el gobierno de López Obrador. Pero este no ha sido el único hijo del presidente acusado.
En septiembre de 2023, MCCI documentó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) estableció como requisito que la adquisición de juegos y bancas para distintas obras en Tabasco, Campeche y Quintana Roo se hicieran en específico con un proveedor, amigo de Andrés López Beltrán, otro de los hijos del presidente. La inversión total de estas obras suma más de 1000 millones de pesos.
Adicionalmente, MCCI dio a conocer que entre 2020 y 2022 más de 490 millones provenientes del extinto Insabi terminaron en las cuentas de una empresa que incumplía con la regulación sanitaria y era propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán. El mismo día LatinUs mostró que en diciembre de 2022 la misma empresa recibió del gobierno de Quintana Roo un contrato por 300 millones de pesos para entregar medicamentos y materiales de curación, pese a estar boletinada y tener su domicilio en una tienda de pisos y azulejos.
Seis días antes de que iniciara la construcción de la refinería Dos Bocas, Amílcar Olán, compró en un millón de pesos un terreno de 18 hectáreas a escasos kilómetros de la refinería. Hoy en día lo renta a uno de los principales contratistas en la construcción de la refinería, según publicó MCCI en diciembre de 2023.
La red de amigos de Andrés López Beltrán se extiende hasta el negocio familiar de chocolates. Una investigación conjunta entre Aristegui Noticias, Proceso y un consorcio internacional de periodistas de 2021 reveló que Sembrando Vida ha impulsado el cultivo de cacao en Tabasco, a pesar de que la comunidad no escogió ese cultivo, en beneficio de la empresa de los hijos del presidente. El director técnico del programa, Hugo Chávez Ayala, fue compañero de escuela de Andy.
Amílcar Olán también ha recibido negocios en el Tren Maya a través de otro hijo del presidente, Gonzalo López Beltrán, quien, según unos audios publicados por LatinUs en enero de 2024, le ofreció explotar unas minas para el negocio del balasto usado en el trazado de las vías.
Quizá el caso más emblemático fue el que MCCI y LatinUs descubrieron en enero de 2022 demostrando que su primer hijo, José Ramón López Beltrán, y su pareja alquilaron una lujosa residencia en Houston, Texas, entre 2019 y 2020. La propiedad, conocida como “La Casa Gris” pertenecía a Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con Pemex.
Tras la publicación del reportaje, Baker Hughes negó que su división en Estados Unidos tuviera relación con Pemex. Por su parte, López Obrador reiteró que sus hijos no tenían influencia sobre el gobierno. Sin embargo, MCCI demostró en agosto de 2023 que la empresa había recibido 27 contratos con Pemex por más de 150 millones de pesos.
Posteriormente, en mayo de 2023, MCCI reveló que López Beltrán y su familia habitaban en una casa en Coyoacán, Ciudad de México, propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada. Ello representa un potencial conflicto de intereses, pues el periódico recibió poco más de mil millones en contratos de publicidad durante el gobierno de López Obrador. Pero este no ha sido el único hijo del presidente acusado.
En septiembre de 2023, MCCI documentó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) estableció como requisito que la adquisición de juegos y bancas para distintas obras en Tabasco, Campeche y Quintana Roo se hicieran en específico con un proveedor, amigo de Andrés López Beltrán, otro de los hijos del presidente. La inversión total de estas obras suma más de 1000 millones de pesos.
Adicionalmente, MCCI dio a conocer que entre 2020 y 2022 más de 490 millones provenientes del extinto Insabi terminaron en las cuentas de una empresa que incumplía con la regulación sanitaria y era propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán. El mismo día LatinUs mostró que en diciembre de 2022 la misma empresa recibió del gobierno de Quintana Roo un contrato por 300 millones de pesos para entregar medicamentos y materiales de curación, pese a estar boletinada y tener su domicilio en una tienda de pisos y azulejos.
Seis días antes de que iniciara la construcción de la refinería Dos Bocas, Amílcar Olán, compró en un millón de pesos un terreno de 18 hectáreas a escasos kilómetros de la refinería. Hoy en día lo renta a uno de los principales contratistas en la construcción de la refinería, según publicó MCCI en diciembre de 2023.
La red de amigos de Andrés López Beltrán se extiende hasta el negocio familiar de chocolates. Una investigación conjunta entre Aristegui Noticias, Proceso y un consorcio internacional de periodistas de 2021 reveló que Sembrando Vida ha impulsado el cultivo de cacao en Tabasco, a pesar de que la comunidad no escogió ese cultivo, en beneficio de la empresa de los hijos del presidente. El director técnico del programa, Hugo Chávez Ayala, fue compañero de escuela de Andy.
Amílcar Olán también ha recibido negocios en el Tren Maya a través de otro hijo del presidente, Gonzalo López Beltrán, quien, según unos audios publicados por LatinUs en enero de 2024, le ofreció explotar unas minas para el negocio del balasto usado en el trazado de las vías.
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, compró a una parte del costo real, un departamento en el exclusivo fraccionamiento de Bosque Real, a una proveedora de la Sedena. Felipa Obrador, prima del presidente, ganó contratos con Pemex en 2019 y 2020 que suman más de 365 millones. Después de que se revelara esta noticia, la petrolera rescindió cuatro de los contratos.
León Manuel Bartlett, hijo del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, vendió ventiladores al IMSS durante la pandemia de covid-19 a un precio fuera del rango del mercado. A pesar de esto, de enero a agosto de 2021, la empresa recibió al menos siete contratos federales por más de 66 millones de pesos, según constató LatinUs. La familia de Bartlett también adquirió a precios ganga predios de lujo en la Riviera maya en puntos exclusivos y estratégicos por donde pasa el Tren Maya, según reportó Proceso.
28 exintegrantes de la ayudantía presidencial han obtenido otros cargos en el gobierno federal o en gobiernos locales, sin contar con la experiencia necesaria, según señala Animal Político. Además, ocho de los 32 superdelegados presentaron su renuncia para buscar ser gobernadores en las elecciones a pesar de que estaban siendo investigados por la Función Pública por nepotismo, negligencia o peculado, según documentó MCCI.
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, compró a una parte del costo real, un departamento en el exclusivo fraccionamiento de Bosque Real, a una proveedora de la Sedena. Felipa Obrador, prima del presidente, ganó contratos con Pemex en 2019 y 2020 que suman más de 365 millones. Después de que se revelara esta noticia, la petrolera rescindió cuatro de los contratos.
León Manuel Bartlett, hijo del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, vendió ventiladores al IMSS durante la pandemia de covid-19 a un precio fuera del rango del mercado. A pesar de esto, de enero a agosto de 2021, la empresa recibió al menos siete contratos federales por más de 66 millones de pesos, según constató LatinUs. La familia de Bartlett también adquirió a precios ganga predios de lujo en la Riviera maya en puntos exclusivos y estratégicos por donde pasa el Tren Maya, según reportó Proceso.
28 exintegrantes de la ayudantía presidencial han obtenido otros cargos en el gobierno federal o en gobiernos locales, sin contar con la experiencia necesaria, según señala Animal Político. Además, ocho de los 32 superdelegados presentaron su renuncia para buscar ser gobernadores en las elecciones a pesar de que estaban siendo investigados por la Función Pública por nepotismo, negligencia o peculado, según documentó MCCI.
AMLO no sólo prometió terminar con esta práctica, sino que el 13 de junio de 2019 distribuyó un memorándum que decía: “No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados”. No obstante, su promesa de no ser igual a sus antecesores no se vio reflejada en los hechos.
El presidente que prometió prohibir el nepotismo, el influyentismo y el amiguismo terminó su presidencia dejando a su hijo, Andrés López Beltrán, como dirigente del partido en el poder. El 22 de septiembre, tomó protesta como secretario de organización del partido, junto con Luisa Alcalde como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y Carolina Rangel como secretaria general. Todos los casos aquí expuestos comparten una característica: gozan de completa impunidad.
