Por: MCCI
16 diciembre, 2024
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido uno de los principales organismos encargados de vigilar el manejo de los recursos públicos, y sus reportes han revelado las graves irregularidades en diversas áreas del gobierno. Entre 2019 y 2023 identificó irregularidades que aún deben ser recuperadas o aclaradas por 127 mil millones de pesos. Estos datos subrayan la magnitud del desvío de recursos que persiste, a pesar de las declaraciones del gobierno de haber erradicado la corrupción. Uno de los casos más emblemáticos de este sexenio, tanto por la cantidad desviada como por la impunidad con la que operó, es el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), documentado por MCCI desde 2020.
El gobierno federal dedicó un monto importante de recursos en tres proyectos de infraestructura: el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el AIFA. El Tren Maya ha sido objeto de múltiples investigaciones que han revelado un uso indebido de materiales de baja calidad, contratos irregulares y sobrecostos millonarios. En 2024, LatinUs documentó cómo se utilizaron materiales inadecuados para la construcción de las vías, poniendo en riesgo no sólo la calidad del proyecto sino también la seguridad de quienes eventualmente lo usarán. Además, denunció que el ejército suministró huachicol, combustible robado, para la maquinaría utilizada en la construcción del Tramo 7 del tren, lo que provocó retrasos y daños millonarios.
Por su parte, la Refinería de Dos Bocas ha estado marcada por opacidad en los contratos adjudicados, sobre todo en uno que beneficia al empresario Daniel Flores, por más de 30 mil millones de pesos. Flores era un empresario cercano a Adán Augusto López y murió en 2023 tras un accidente aéreo. Las irregularidades detectadas en la asignación de contratos y la falta de transparencia en los procesos de licitación son indicativos de cómo se han manejado estos proyectos.
Segalmex fue una entidad creada durante el sexenio pasado para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. Fue señalada por el mayor escándalo de desvío de recursos públicos en este periodo. En 2021, la ASF reveló desvíos por más de 15 mil millones de pesos a través de contratos fraudulentos y empresas fantasma. La institución, a través de sus subsidiarias Diconsa y Liconsa, adjudicó contratos multimillonarios a compañías que no existían o que estaban vinculadas a personas cercanas al poder.
Uno de los personajes clave en este entramado fue René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de la dependencia, acusado de beneficiar a empresas fantasma y participar en operaciones ilegales, como el desvío de recursos para la compra de productos que nunca llegaron a su destino. Un beneficiado por contratos a precios injustificados cedió los derechos de un departamento de lujo en San Antonio Texas al hijo de Gaavira. Además, algunos proveedores reconocieron que fueron obligados por la dirección de Gavira a depositar el 3% de los contratos que ganaban a la cuenta de una empresa fachada. Gavira fue finalmente detenido en Estados Unidos en diciembre de 2023 y se encuentra en prisión preventiva. Al cierre de este recuento había sido vinculado a cinco procesos penales, acusado de delincuencia organizada, desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones han apuntado también a Ignacio Ovalle, quien dirigió Segalmex hasta abril de 2022. Ovalle fue sustituido por Leonel Cota, pero pudo mantenerse en el gobierno federal, al frente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). En múltiples ocasiones, el presidente López Obrador exculpó a Ovalle al justificar que cometió el error de llamar a participar a corruptos que lo engañaron. Hasta la fecha, no existe una investigación ni penal ni administrativa en contra de Ovalle.
A finales de noviembre de 2024, El Universal divulgó los resultados de una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública a 16 contratos. La revisión detectó inconsistencias en los documentos del proceso de compra y deficiencias en el uso de recursos.
Al revisar las cuentas públicas —es decir, lo efectivamente gastado por los gobiernos— de 2019 a 2023, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por 325,140.5 millones de pesos. Hasta este momento, han podido ser justificados 110,809.9 millones. El monto que aún está pendiente por recuperar o aclarar suma 106,829.6 millones de pesos; a este, hay que sumar otros 106,065.9 millones categorizados como «saldo pendiente de operar o justificar». Esto quiere decir que de las observaciones hechas originalmente por la Auditoría, las autoridades todavía tienen pendiente de aclarar más de 217 mil 600 millones de pesos, lo que equivale a dos veces el costo de construcción del AIFA. Tan solo en la última entrega de la auditoría de la cuenta pública de 2023, presentada por la ASF al Congreso en octubre de 2024, Pemex y CFE tuvieron observaciones por más de mil 500 millones de pesos, equivalente al presupuesto anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La propia Auditoría no ha estado exenta de acusaciones sobre presuntas irregularidades. En abril de 2024, un exauditor de desempeño —Agustín Caso— dió a conocer que fue sujeto a presiones dentro de la ASF para retractarse de algunos de los hallazgos de sus auditorías. Desde marzo de 2018 —cuando comenzó su gestión el actual auditor superior David Colmenares— hasta la fecha se han cancelado o dado de baja 194 auditorías. A este comportamiento se suma una rareza estadística: en la última entrega de la ASF, seis estados no registraron un solo peso en montos por aclarar. La Ciudad de México, bajo la gestión de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, no ha recibido ni una sola observación en 2022 y 2023.
La Refinería de Dos Bocas ha estado marcada por opacidad en los contratos adjudicados, sobre todo en uno que beneficia al empresario Daniel Flores, por más de 30 mil millones de pesos. Flores era un empresario cercano a Adán Augusto López y murió en 2023 tras un accidente aéreo. Las irregularidades detectadas en la asignación de contratos y la falta de transparencia en los procesos de licitación son indicativos de cómo se han manejado estos proyectos. Originalmente, el gobierno de López Obrador estimó un presupuesto de 160 mil millones de pesos para la construcción de la refinería; sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum estima que el costo está en 393 mil millones: 2.5 veces lo programado al principio
El presidente López Obrador asistió en agosto a la ceremonia de inicio de producción de Dos Bocas. En ese evento, las autoridades adelantaron que ese mismo mes la refinería procesaría 340 mil barriles de petróleo crudo; sólo alcanzó a procesar 84,128 barriles. En octubre, un incidente eléctrico llevó a que no pudiera procesar un solo barril.
Segalmex fue una entidad creada durante el sexenio pasado para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. Fue señalada por el mayor escándalo de desvío de recursos públicos en este periodo. En 2021, la ASF reveló desvíos por más de 15 mil millones de pesos a través de contratos fraudulentos y empresas fantasma. La institución, a través de sus subsidiarias Diconsa y Liconsa, adjudicó contratos multimillonarios a compañías que no existían o que estaban vinculadas a personas cercanas al poder.
Uno de los personajes clave en este entramado fue René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de la dependencia, acusado de beneficiar a empresas fantasma y participar en operaciones ilegales, como el desvío de recursos para la compra de productos que nunca llegaron a su destino. Un beneficiado por contratos a precios injustificados cedió los derechos de un departamento de lujo en San Antonio Texas al hijo de Gaavira. Además, algunos proveedores reconocieron que fueron obligados por la dirección de Gavira a depositar el 3% de los contratos que ganaban a la cuenta de una empresa fachada. Gavira fue finalmente detenido en Estados Unidos en diciembre de 2023 y se encuentra en prisión preventiva. Al cierre de este recuento había sido vinculado a cinco procesos penales, acusado de delincuencia organizada, desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones han apuntado también a Ignacio Ovalle, quien dirigió Segalmex hasta abril de 2022. Ovalle fue sustituido por Leonel Cota, pero pudo mantenerse en el gobierno federal, al frente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). En múltiples ocasiones, el presidente López Obrador exculpó a Ovalle al justificar que cometió el error de llamar a participar a corruptos que lo engañaron. Hasta la fecha, no existe una investigación ni penal ni administrativa en contra de Ovalle.
A finales de noviembre de 2024, El Universal divulgó los resultados de una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública a 16 contratos. La revisión detectó inconsistencias en los documentos del proceso de compra y deficiencias en el uso de recursos.
Al revisar las cuentas públicas —es decir, lo efectivamente gastado por los gobiernos— de 2019 a 2023, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por 325,140.5 millones de pesos. Hasta este momento, han podido ser justificados 110,809.9 millones. El monto que aún está pendiente por recuperar o aclarar suma 106,829.6 millones de pesos; a este, hay que sumar otros 106,065.9 millones categorizados como «saldo pendiente de operar o justificar». Esto quiere decir que de las observaciones hechas originalmente por la Auditoría, las autoridades todavía tienen pendiente de aclarar más de 217 mil 600 millones de pesos, lo que equivale a dos veces el costo de construcción del AIFA. Tan solo en la última entrega de la auditoría de la cuenta pública de 2023, presentada por la ASF al Congreso en octubre de 2024, Pemex y CFE tuvieron observaciones por más de mil 500 millones de pesos, equivalente al presupuesto anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La propia Auditoría no ha estado exenta de acusaciones sobre presuntas irregularidades. En abril de 2024, un exauditor de desempeño —Agustín Caso— dió a conocer que fue sujeto a presiones dentro de la ASF para retractarse de algunos de los hallazgos de sus auditorías. Desde marzo de 2018 —cuando comenzó su gestión el actual auditor superior David Colmenares— hasta la fecha se han cancelado o dado de baja 194 auditorías. A este comportamiento se suma una rareza estadística: en la última entrega de la ASF, seis estados no registraron un solo peso en montos por aclarar. La Ciudad de México, bajo la gestión de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, no ha recibido ni una sola observación en 2022 y 2023.
La Refinería de Dos Bocas ha estado marcada por opacidad en los contratos adjudicados, sobre todo en uno que beneficia al empresario Daniel Flores, por más de 30 mil millones de pesos. Flores era un empresario cercano a Adán Augusto López y murió en 2023 tras un accidente aéreo. Las irregularidades detectadas en la asignación de contratos y la falta de transparencia en los procesos de licitación son indicativos de cómo se han manejado estos proyectos. Originalmente, el gobierno de López Obrador estimó un presupuesto de 160 mil millones de pesos para la construcción de la refinería; sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum estima que el costo está en 393 mil millones: 2.5 veces lo programado al principio
El presidente López Obrador asistió en agosto a la ceremonia de inicio de producción de Dos Bocas. En ese evento, las autoridades adelantaron que ese mismo mes la refinería procesaría 340 mil barriles de petróleo crudo; sólo alcanzó a procesar 84,128 barriles. En octubre, un incidente eléctrico llevó a que no pudiera procesar un solo barril.
Un caso emblemático de desvío de recursos es el de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara. Las denuncias por malos manejos financieros en la institución han sido constantes: desde la asignación irregular de contratos, hasta el desvío de fondos destinados a apoyar atletas. A pesar de las múltiples denuncias, incluidas investigaciones de la ASF y de la FGR por más de 600 millones de pesos, Guevara continuó al frente de la comisión hasta el final del sexenio. Los deportistas han expresado repetidamente su descontento por la falta de transparencia y apoyo en sus entrenamientos y competencias.
El manejo de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, también ha sido objeto de desvíos y mal manejo de recursos públicos. Un ejemplo claro es el censo del Bienestar, que desde su inicio fue cuestionado por la falta de transparencia y por las irregularidades en el registro de las personas que necesitaban apoyos. Asimismo, se han reportado casos de tarjetas del Banco del Bienestar que desaparecen o son clonadas, dejando a miles de beneficiarios sin acceso a los apoyos económicos a los que tienen derecho.
El Estado de México también ha sido epicentro de escándalos de corrupción, con empresas fantasma involucradas en contratos públicos y hospitales abandonados que fueron pagados con recursos públicos pero nunca construidos. Este patrón de corrupción ha afectado directamente la calidad de vida de millones de mexicanos.
Una investigación de Animal Político documentó que los gobiernos de Eruviel Ávila —ahora senador por Morena— y Alfredo del Mazo gastaron 997 millones de pesos para construir diez hospitales que siguen en obra negra. Las empresas que recibieron los contratos de construcción comparten socios y representantes legales; incluso, están sancionadas por incumplirle al ISSSTE.
Un caso emblemático de desvío de recursos es el de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara. Las denuncias por malos manejos financieros en la institución han sido constantes: desde la asignación irregular de contratos, hasta el desvío de fondos destinados a apoyar atletas. A pesar de las múltiples denuncias, incluidas investigaciones de la ASF y de la FGR por más de 600 millones de pesos, Guevara continuó al frente de la comisión hasta el final del sexenio. Los deportistas han expresado repetidamente su descontento por la falta de transparencia y apoyo en sus entrenamientos y competencias.
El manejo de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas Benito Juárez, también ha sido objeto de desvíos y mal manejo de recursos públicos. Un ejemplo claro es el censo del Bienestar, que desde su inicio fue cuestionado por la falta de transparencia y por las irregularidades en el registro de las personas que necesitaban apoyos. Asimismo, se han reportado casos de tarjetas del Banco del Bienestar que desaparecen o son clonadas, dejando a miles de beneficiarios sin acceso a los apoyos económicos a los que tienen derecho.
El Estado de México también ha sido epicentro de escándalos de corrupción, con empresas fantasma involucradas en contratos públicos y hospitales abandonados que fueron pagados con recursos públicos pero nunca construidos. Este patrón de corrupción ha afectado directamente la calidad de vida de millones de mexicanos.
Una investigación de Animal Político documentó que los gobiernos de Eruviel Ávila —ahora senador por Morena— y Alfredo del Mazo gastaron 997 millones de pesos para construir diez hospitales que siguen en obra negra. Las empresas que recibieron los contratos de construcción comparten socios y representantes legales; incluso, están sancionadas por incumplirle al ISSSTE.
El AIFA no se queda atrás en términos de irregularidades. El proyecto ha sido criticado no sólo por su utilidad limitada sino por los desvíos de recursos y los sobrecostos que han afectado su viabilidad financiera. Adicionalmente, este caso refleja los problemas de transparencia con las obras construidas por los militares, pues los periodistas apenas han logrado obtener —gracias a solicitudes de información tramitadas ante el INAI— los contratos equivalentes a uno de cada cuatro pesos que se gastaron en la obra. De lo que sabemos, todos estos contratos fueron por adjudicación directa. Sin embargo, 75 % del gasto sigue en la opacidad y no ha sido sometido al escrutinio público.
Aunque la llamada Estafa Maestra surgió en el sexenio anterior, este esquema de desvío de recursos públicos a través de triangulación entre instituciones públicas y empresas fantasma continuó operando en el gobierno de López Obrador. Entre los personajes clave de este caso se encuentran Rosario Robles, que enfrentó prisión preventiva de manera injustificada por ser considerada adversaria política y probablemente para mostrar que la lucha contra la corrupción “iba en serio”. La gran mayoría de los implicados siguen libres de investigaciones en su contra y muchos siguieron participando en la política, como Alfredo del Mazo. La plataforma Corruptómetro ha revelado la aceptación de sobornos para detener los procesos penales de algunos de los implicados.
El desvío de recursos públicos ha sido una constante a lo largo del sexenio de López Obrador, a pesar de los reiterados esfuerzos del gobierno por minimizar estos casos y proclamarse libre de corrupción. Las irregularidades en proyectos emblemáticos, programas sociales y el manejo de instituciones clave como Conade y Segalmex son sólo algunos ejemplos de cómo la corrupción sigue permeando las estructuras gubernamentales, con consecuencias devastadoras para la confianza pública y el desarrollo del país.
