Por: MCCI
16 diciembre, 2024
El soborno es uno de los casos más evidentes de corrupción. Este tipo de corrupción es uno de los más sencillos de medir también. Según el Inegi, alrededor de 14 % de las personas que tuvieron contacto con algún servidor público en 2023 experimentaron al menos un acto de corrupción. Esto representa una ligera disminución con respecto a 2019, cuando fue de 16 %. En ambos casos, está todavía por encima de los niveles reportados en 2015.
Además del soborno, en esta categoría, también consideramos los moches —la apropiación de una parte de la nómina de los servidores públicos por parte de sus superiores— y el enriquecimiento ilícito. Estos tres actos implican una transacción de dinero que beneficia a individuos específicos. El típico caso de apropiación de abuso de poder para beneficios privados.
Contrario al discurso oficial, que sostiene que se acabó la corrupción, en los últimos seis años hemos documentado mordidas, moches y casos de enriquecimiento ilícito que involucran a todas las fuerzas políticas y a partes del sector privado. La frecuencia de estos actos revela que enfrentamos un fenómeno sistémico, no eventos aislados, que compromete a todos los actores del sistema político y no sólo a unos cuantos.
Pemex estuvo involucrada en al menos tres casos de sobornos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El más claro de estos fue el de la empresa brasileña Odebrecht, que presuntamente pagó sobornos a Emilio Lozoya para recibir contratos de la paraestatal. Además de este caso, Lozoya enfrenta acusaciones por haber recibido más de tres millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex adquiriera la planta de agronitrogenados a un sobreprecio. El presidente del consejo de administración de AHMSA, Alonso Ancira, también acusado por este caso, fue detenido en España en 2019 y extraditado a México en 2021, donde firmó un acuerdo reparatorio por 216 millones de dólares. Hasta noviembre de 2023, AHMSA había pagado 104 millones de pesos y tiene hasta noviembre de 2024 para liquidar el resto. En marzo de 2024, Ancira y su familia renunciaron al consejo de administración de la empresa.
Un tercer caso de sobornos, que abarcó también a la gestión de López Obrador, En 2020, Vitol, una de las empresas energéticas más grandes del mundo, reconoció haber pagado sobornos entre 2017 y 2020 para conseguir contratos con la paraestatal. La empresa fue vetada durante tres años, hasta 2023, cuando pagó 30 millones de dólares como medida reparatoria. En 2024, un exoperador de esta empresa, Javier Aguilar, se declaró culpable de haber sobornado a dos funcionarios de Pemex Procurement International por más de 600 000 dólares para recibir información privilegiada.
En junio de 2024, el gobierno federal dió a conocer otro caso, en el ISSSTE, que generó un daño al erario por 15 000 millones de pesos. Éste consistió en incrementar ilegalmente pensiones y hacer pagos duplicados a proveedores. De acuerdo con el gobierno, existen 731 sanciones a servidores públicos, 57 denuncias que involucran a más de 3000 personas, pero únicamente cinco están vinculadas a proceso penal.
El caso Odebrecht es uno de los escándalos de corrupción más grandes en Latinoamérica. Entre 2007 y 2014, la constructora brasileña pagó al menos 788 millones de dólares en sobornos en diez países de América Latina y dos de África para obtener contratos públicos. Las investigaciones penales posteriores llevaron a prisión a los presidentes de al menos cuatro naciones.
En México, el proceso no ha llevado a ninguna sentencia condenatoria. En 2019 se giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos de Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Lozoya fue detenido en España y extraditado a México en 2020, donde intentó ser testigo colaborador al denunciar a altos funcionarios de gobiernos pasados por recibir sobornos, incluidos los expresidentes Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas. No obstante, en 2024 declaró que estas denuncias no tenían ninguna validez,
Un video filtrado a los medios en 2020 mostró a colaboradores de legisladores panistas recibiendo dinero en efectivo por parte del equipo de Lozoya en Pemex, supuestamente para aprobar la reforma energética de 2013. Esto llevó a la detención del senador Jorge Luis Lavalle en 2021, aunque fue liberado en 2022 para continuar su proceso en libertad. Al cierre de este recuento, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores nombró a Lavalle como nuevo Secretario de Desarrollo Económico del estado. Otro funcionario acusado, Carlos Treviño, exdirector de Pemex, sigue prófugo.
Lozoya pudo llevar su proceso en libertad hasta 2021, cuando le fue dictada la prisión preventiva, apenas unos meses después de ser visto cenando en un restaurante de lujo. En 2024, recuperó su libertad, aunque sigue el proceso penal en su contra. Hasta ahora, ni Lozoya ni ningún otro funcionario involucrado han sido declarados culpables.
En 2022, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó la publicación de la investigación del caso, revelando la participación de funcionarios del gobierno actual, como Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería Olmeca.
En 2024, MCCI publicó un reportaje en el que recuperó el testimonio de dueños de gasolineras y gaseras que fueron obligados a pagar cuotas de entre 13 y 35 mil pesos mensuales para no ser clausurados. Al menos dos de los testigos consultados coincidieron en señalar que los expendios que no aceptaban pagar la cuota eran ventilados por el titular de la Profeco en las conferencias mañaneras. Estos testimonios coinciden con una declaración hecha por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien dio a conocer que recibió a un grupo de gasolineros que se quejaron de pagar cuotas de entre 11 y 25 mil pesos mensuales.
Entre 2013 y 2015, el gobierno municipal encabezado por Delfina Gómez pidió dinero en efectivo a sus subordinados. Fueron alrededor de 13 millones de pesos a más de 500 empleados municipales bajo el pretexto de “donaciones voluntarias” a Morena. Estas aportaciones fueron utilizadas para pagar a proveedores del partido, de acuerdo con una investigación del INE. Por este hecho, las autoridades electorales sancionaron a Morena con 4.5 millones de pesos en 2021 y, en enero de 2022, el Tribunal Electoral confirmó la multa.
El presidente López Obrador consideró que estas acusaciones eran parte de una campaña injusta en contra de Delfina Gómez y la defendió al decir que era una persona honesta. Ella, por su parte, lejos de enfrentar sanción alguna, fue nombrada delegada de los Programas de Bienestar en el Estado de México y, eventualmente, titular de la SEP. Durante su gestión en esta secretaría, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 830 millones de pesos. Desde septiembre de 2023 es gobernadora del Estado de México.
El caso Odebrecht es uno de los escándalos de corrupción más grandes en Latinoamérica. Entre 2007 y 2014, la constructora brasileña pagó al menos 788 millones de dólares en sobornos en diez países de América Latina y dos de África para obtener contratos públicos. Las investigaciones penales posteriores llevaron a prisión a los presidentes de al menos cuatro naciones.
En México, el proceso no ha llevado a ninguna sentencia condenatoria. En 2019 se giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de recibir sobornos de Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Lozoya fue detenido en España y extraditado a México en 2020, donde intentó ser testigo colaborador al denunciar a altos funcionarios de gobiernos pasados por recibir sobornos, incluidos los expresidentes Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas. No obstante, en 2024 declaró que estas denuncias no tenían ninguna validez,
Un video filtrado a los medios en 2020 mostró a colaboradores de legisladores panistas recibiendo dinero en efectivo por parte del equipo de Lozoya en Pemex, supuestamente para aprobar la reforma energética de 2013. Esto llevó a la detención del senador Jorge Luis Lavalle en 2021, aunque fue liberado en 2022 para continuar su proceso en libertad. Al cierre de este recuento, la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores nombró a Lavalle como nuevo Secretario de Desarrollo Económico del estado. Otro funcionario acusado, Carlos Treviño, exdirector de Pemex, sigue prófugo.
Lozoya pudo llevar su proceso en libertad hasta 2021, cuando le fue dictada la prisión preventiva, apenas unos meses después de ser visto cenando en un restaurante de lujo. En 2024, recuperó su libertad, aunque sigue el proceso penal en su contra. Hasta ahora, ni Lozoya ni ningún otro funcionario involucrado han sido declarados culpables.
En 2022, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó la publicación de la investigación del caso, revelando la participación de funcionarios del gobierno actual, como Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería Olmeca.
En 2024, MCCI publicó un reportaje en el que recuperó el testimonio de dueños de gasolineras y gaseras que fueron obligados a pagar cuotas de entre 13 y 35 mil pesos mensuales para no ser clausurados. Al menos dos de los testigos consultados coincidieron en señalar que los expendios que no aceptaban pagar la cuota eran ventilados por el titular de la Profeco en las conferencias mañaneras. Estos testimonios coinciden con una declaración hecha por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien dio a conocer que recibió a un grupo de gasolineros que se quejaron de pagar cuotas de entre 11 y 25 mil pesos mensuales.
Entre 2013 y 2015, el gobierno municipal encabezado por Delfina Gómez pidió dinero en efectivo a sus subordinados. Fueron alrededor de 13 millones de pesos a más de 500 empleados municipales bajo el pretexto de “donaciones voluntarias” a Morena. Estas aportaciones fueron utilizadas para pagar a proveedores del partido, de acuerdo con una investigación del INE. Por este hecho, las autoridades electorales sancionaron a Morena con 4.5 millones de pesos en 2021 y, en enero de 2022, el Tribunal Electoral confirmó la multa.
El presidente López Obrador consideró que estas acusaciones eran parte de una campaña injusta en contra de Delfina Gómez y la defendió al decir que era una persona honesta. Ella, por su parte, lejos de enfrentar sanción alguna, fue nombrada delegada de los Programas de Bienestar en el Estado de México y, eventualmente, titular de la SEP. Durante su gestión en esta secretaría, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 830 millones de pesos. Desde septiembre de 2023 es gobernadora del Estado de México.
En 2021, Rocío García Pérez era directora del DIF federal. Un grupo de funcionarios públicos la denunció por exigirles entregar una parte de sus salarios en efectivo para un supuesto programa de apoyo, del que no existen registros. Las aportaciones sumaban 650 mil pesos mensuales. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) desestimó la denuncia por falta de pruebas. García Pérez fue nombrada como subsecretaria en la Secretaría del Bienestar en 2022 y, en 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que García Pérez regresaría como titular del DIF.
En 2019, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue acusado por mentir en su declaración patrimonial. Moreno declaró haber adquirido 15 propiedades en Campeche por 5.3 millones de pesos, pero su valor comercial era de alrededor de 103 millones de pesos. Posteriormente, una investigación de MCCI de 2022 reveló que Moreno, junto con su familia y colaboradores cercanos, poseía 35 propiedades en Campeche, adquiridas a precios por debajo de su valor de mercado. En julio de 2024, Reforma expuso una casa, supuestamente construida por Moreno cuando era gobernador de Campeche (2105 a 2019), valuada en 300 millones de pesos. Una última investigación de MCCI apuntó que su hermano, Gabriel Emigdio, posee seis empresas fantasma que enviaron al menos cuatro millones de pesos a Moreno.
En 2022, la fiscalía de Campeche solicitó desaforar a Moreno como diputado federal para investigarlo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, legisladores de Morena frenaron el proceso luego de que el PRI apoyará la extensión de periodo para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad. En 2024, Moreno fue electo senador y modificó los estatutos del PRI para reelegirse como su presidente hasta 2028. El INE anuló estas modificaciones pero el TEPJF validó la elección.
Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, fue acusado de tener una riqueza inexplicable. Un reportaje de Proceso, publicado en septiembre de 2024, señaló que dos despachos en los que García es socio recibieron ingresos por más de 2000 millones de pesos desde que este ocupa cargos públicos. Además, este mismo año, El Norte reveló una triangulación de más de 200 millones de pesos de un proveedor del gobierno estatal a uno de los despachos. García ha negado estas acusaciones. En 2024, intentó ser candidato presidencial de su partido, pero al no poder garantizar que su secretario de Gobierno asumiría como interno, optó por seguir como gobernador.
En 2021, Rocío García Pérez era directora del DIF federal. Un grupo de funcionarios públicos la denunció por exigirles entregar una parte de sus salarios en efectivo para un supuesto programa de apoyo, del que no existen registros. Las aportaciones sumaban 650 mil pesos mensuales. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) desestimó la denuncia por falta de pruebas. García Pérez fue nombrada como subsecretaria en la Secretaría del Bienestar en 2022 y, en 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que García Pérez regresaría como titular del DIF.
En 2019, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue acusado por mentir en su declaración patrimonial. Moreno declaró haber adquirido 15 propiedades en Campeche por 5.3 millones de pesos, pero su valor comercial era de alrededor de 103 millones de pesos. Posteriormente, una investigación de MCCI de 2022 reveló que Moreno, junto con su familia y colaboradores cercanos, poseía 35 propiedades en Campeche, adquiridas a precios por debajo de su valor de mercado. En julio de 2024, Reforma expuso una casa, supuestamente construida por Moreno cuando era gobernador de Campeche (2105 a 2019), valuada en 300 millones de pesos. Una última investigación de MCCI apuntó que su hermano, Gabriel Emigdio, posee seis empresas fantasma que enviaron al menos cuatro millones de pesos a Moreno.
En 2022, la fiscalía de Campeche solicitó desaforar a Moreno como diputado federal para investigarlo por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, legisladores de Morena frenaron el proceso luego de que el PRI apoyará la extensión de periodo para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad. En 2024, Moreno fue electo senador y modificó los estatutos del PRI para reelegirse como su presidente hasta 2028. El INE anuló estas modificaciones pero el TEPJF validó la elección.
Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, fue acusado de tener una riqueza inexplicable. Un reportaje de Proceso, publicado en septiembre de 2024, señaló que dos despachos en los que García es socio recibieron ingresos por más de 2000 millones de pesos desde que este ocupa cargos públicos. Además, este mismo año, El Norte reveló una triangulación de más de 200 millones de pesos de un proveedor del gobierno estatal a uno de los despachos. García ha negado estas acusaciones. En 2024, intentó ser candidato presidencial de su partido, pero al no poder garantizar que su secretario de Gobierno asumiría como interno, optó por seguir como gobernador.
Pero no sólo hubo sobornos en estos años. También se revelaron personajes políticos que pidieron dinero en efectivo a sus subordinados. Uno de los casos mejor documentados ocurrió en el gobierno municipal de Texcoco durante la gestión de Delfina Gómez, entre 2013 y 2015. Este no fue el único caso. En 2021, Rocío García Pérez, entonces directora del DIF, fue denunciada por exigir a sus subordinados entregar una parte de sus salarios en efectivo para un programa sin registros.
Además, en marzo de 2023, Carlos Loret reveló que quince trabajadores del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) acusaron a José Ángel Anzures Galicia de retener el 30 % de sus salarios. Anzures renunció tras la denuncia. Asimismo, Jaime Cárdenas, exdirector del INDEP, dio a conocer en una entrevista a Proceso que renunció luego de que el presidente le ordenara aportar 2000 millones de pesos para la rifa del avión presidencial.
Otra forma de la corrupción es el enriquecimiento ilícito. Esta fue una gran preocupación ciudadana, que culminó en la iniciativa de reforma conocida como 3de3 y llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. A pesar de la orden presidencial de que todo su gabinete presentara su declaración patrimonial y la hiciera pública, muchos no acataron la instrucción o lo hicieron parcialmente. Diferentes investigaciones periodísticas develaron casos de personajes que incrementaron su patrimonio de forma injustificada.
Algunos funcionarios federales también enfrentaron acusaciones de enriquecimiento ilícito. Uno de ellos fue Santiago Nieto, extitular de la UIF. En 2021, la FGR abrió una investigación en su contra tras una denuncia de que su patrimonio no correspondía a sus ingresos. En 2023, fue denunciado de nuevo por participar en una red de evasión fiscal que involucra a su cuñado. Nieto negó las acusaciones y las atribuyó a una campaña para afectar su candidatura al Senado por Querétaro en 2024, que no ganó.
En 2021, la Cámara de Diputados desaforó al diputado del PT Mauricio Toledo, acusado de tener propiedades que excedían el valor de sus ingresos. Desde entonces, está en Chile, dónde la Corte Suprema rechazó su extradición a México.
La corrupción no se terminó el sexenio pasado. Las herramientas para capturar recursos públicos y emplearlos para beneficio de unos cuantos siguen siendo tan útiles como lo fueron en el pasado. Esto quedó de manifiesto con los casos documentados de pagos de privados para obtener contratos públicos, en los funcionarios de alto nivel obligando a sus subordinados a realizar “aportaciones” o con los patrimonios inexplicables de personas que se han dedicado a la política
