Esta semana publicamos varias historias sobre corrupción que tienen algo en común: la necesidad de instituciones capaces de vigilar y rendir cuentas. 

Comenzamos con una investigación sobre los permisos que Conagua otorgó a Aspasur para extraer materiales mineros del río Tacotalpa: grava y balasto, como los colocados en las vías del Tren Maya y el Tren Interoceánico.

 ¿Qué es lo que más llama la atención aquí? Principalmente dos cosas: Aspasur está ligada a Humberto Bermúdez Requena,  hermano del presunto líder del grupo criminal de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena. Pero no es todo: uno de los integrantes de dicha familia era responsable de dos tramos de la obra ferroviaria. 

Esa misma necesidad de poder seguir las decisiones públicas aparece en Jalisco. ¿Te has preguntado qué tan difícil es seguir la pista a los contratos públicos? Un análisis de MCCI y Política Colectiva encontró diferencias entre plataformas y obstáculos para reconstruir el recorrido de miles de contratos. 

Para cerrar, retomamos un texto publicado anteriormente en nuestro blog Desarmar la Corrupción, en el que Christian Martínez Olivera plantea que la ética no basta para acabar con la corrupción, pues necesita acompañarse de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Conagua otorgó a Aspasur, una empresa vinculada con la familia Bermúdez Requena, dos permisos para extraer hasta 44,600 metros cúbicos de materiales pétreos del río Tacotalpa, Tabasco. La grava y el balasto obtenidos podían utilizarse en obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. Al mismo tiempo, Raúl Bermúdez Arreola, integrante de la familia, estuvo a cargo de los tramos 4 y 5 del Tren Maya entre 2019 y 2021. 

Los permisos fueron otorgados en abril de 2019 y diciembre de 2020. Uno autorizó la extracción de hasta 41,580 metros cúbicos de grava al año en un predio copropiedad de Humberto Bermúdez Requena y Manuel Santandreu Hernández,  accionista y presidente del Consejo de Administración de Grupo Huerta Madre.

Estos permisos se suman a otras concesiones otorgadas a empresas vinculadas con la familia y que la zona presenta afectaciones ambientales como una grave deforestación causada por la extracción de materiales.

¿Qué tan fácil es encontrar un contrato público en Jalisco? No siempre es tan fácil como debería. MCCI y Política Colectiva revisaron las contrataciones realizadas entre 2019 y 2025 y encontraron 15,716 contratos por 123.4 mil millones de pesos. Aunque el gobierno estatal cuenta con plataformas para consultar esta información, existen diferencias entre los registros y obstáculos para seguir un contrato desde su inicio hasta sus modificaciones.

Uno de los principales problemas aparece al comparar Compras Jalisco con la Plataforma Nacional de Transparencia: solo 70.25% de las 8,659 contrataciones analizadas apareció en ambas plataformas. Además, en Compras Jalisco datos básicos como el proveedor, el RFC y el monto contratado no siempre están disponibles directamente en la ficha, por lo que es necesario revisar documentos adicionales.

Esta semana María Amparo Casar analiza cómo el huachicol fiscal se ha convertido en un negocio multimillonario que va mucho más allá de la evasión de impuestos pues involucra a empresas, puertos, aduanas, transportistas, funcionarios públicos y crimen organizado. La Procuraduría Fiscal estima en 600 mil millones de pesos el daño al erario, mientras que entre 2018 y 2025 habrían ingresado ilegalmente al país 147 mil millones de litros de combustible.

Casar cuestiona que los golpes anunciados por el gobierno hayan alcanzado realmente la dimensión del problema y señala que algunos de los grandes casos revelados por investigaciones periodísticas ni siquiera han sido abordados públicamente. Mientras se presume una ofensiva contra el huachicol, el negocio sigue operando a gran escala: tres de cada diez litros de combustible comercializados tendrían origen en este esquema.

Mientras Raquel Buenrostro, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno  sostiene que “prevenir es mejor resultado para todo el pueblo”, al destacar los ahorros obtenidos mediante controles, supervisión y mejores procesos de compra, el análisis de Christian Martínez Olivera, publicado en nuestro blog Desarmar la Corrupción, pone el foco en los límites de esa prevención. El autor señala que los principios éticos impulsados durante la llamada Cuarta Transformación no siempre se han reflejado en la actuación de funcionarios, ante los distintos señalamientos de nepotismo, opacidad e irregularidades.

Si bien la prevención es un elemento importante para combatir la corrupción, Martínez Olivera destaca que también es necesaria la vigilancia, congruencia y rendición de cuentas cuando las irregularidades llegan a ocurrir.

Una sentencia en Estados Unidos reveló que Christian Julián Cazarín, dueño de Constructora Terco y contratista de la Marina en el puerto de Tampico, fue intermediario en una red de sobornos de la empresa Vitol a funcionarios de Pemex. Cazarín ayudó a mover el dinero a través de empresas fachada a cambio de información sobre contratos. Los pagos comenzaron en 2017 y continuaron hasta 2020. Entre los negocios beneficiados estuvo un contrato de unos 230 millones de dólares para suministrar etano a Pemex.

El caso llama la atención porque, después de que Cazarín se declarara culpable en Estados Unidos, la Marina contrató a su empresa en 2024 y 2025 para hacer obras en el puerto de Tampico, donde al mismo tiempo operaba una red relacionada con el ingreso de huachicol. Además, Constructora Terco recibió contratos del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz por más de 111 millones de pesos.