En noviembre de 2014, la investigación periodística “La Casa Blanca de Peña Nieto” provocó una crisis de credibilidad en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de la que no se pudo recuperar. La publicación documentó que la residencia del presidente y su familia era propiedad de Grupo Higa. Este grupo empresarial había recibido contratos multimillonarios en el Estado de México cuando el mandatario era gobernador. También fue proveedor de su campaña presidencial y buscaba participar en la construcción del Tren México-Querétaro, uno de los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno federal en ese tiempo.
Aunque no fue descrito así por sus autores, este escándalo ilustra un caso de conflicto de intereses de manual: una empresa proveedora del gobierno otorgó un beneficio inusual a un alto funcionario público —en este caso, el presidente— luego de haber recibido importantes contratos públicos. La crisis de credibilidad que desató esta investigación colocó a la corrupción en el centro de la agenda pública en México, contribuyó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y, sumado a otros escándalos, derrumbó la confianza en el entonces partido gobernante.
Nueve años después, en una nueva administración que hizo del combate a la corrupción su principal promesa de campaña, el conflicto de intereses ha vuelto a la agenda pública. En este artículo desarrollaré tres casos de conflicto de intereses de este sexenio, todos dados a conocer en mayo de 2023 y recopilados como parte del proyecto de seguimiento permanente que denominamos “Anuario de la Corrupción”, para identificar sus elementos comunes. Además revisaré las respuestas ofrecidas por las autoridades de cara a los valores que sostenían al inicio de su gestión. Finalmente, presentaré algunas reflexiones sobre este problema.
Los tres casos a desarrollar son:
1) La vivienda de uno de los hijos del presidente.
2) La asignación de contratos públicos a una red de amigos de otro de los hijos del presidente y,
3) La compra de un departamento a un proveedor público por parte del secretario de Defensa.
Las dos casas grises
En enero de 2021, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que, entre 2019 y 2020, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, rentó una casa en Houston, Texas con su esposa, Carolyn Adams. Este inmueble era propiedad de Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes. En los meses en los que la pareja López Beltrán Adams vivió en la casa de Houston, la empresa estatal mexicana Pemex Procurement International, con sede en esa misma ciudad, otorgó contratos por más de un millón de dólares a esta empresa. Tan sólo en 2019, Baker Hughes recibió ampliaciones presupuestales por más de 100 millones de dólares en contratos firmados previamente.
La respuesta del presidente López Obrador fue negar cualquier influencia de sus hijos en las decisiones de gobierno y descalificar, como hace siempre, a quienes hicieron la investigación. La empresa confirmó que el dueño de la casa era en ese momento su empleado. Unos días más tarde, el director de Baker Hughes anunció que una investigación independiente había descartado cualquier conflicto de intereses. Este anuncio lo hizo en las oficinas de Pemex y acompañado del titular de la paraestatal, Octavio Oropeza.
En mayo de 2022, la Secretaría de la Función Pública determinó que ni el presidente López Obrador ni su hijo cometieron falta administrativa alguna por este hecho. Esta investigación fue iniciada tras una denuncia de la senadora Xóchitl Gálvez.
Un año más tarde, en mayo de 2023, MCCI dio a conocer que López Beltrán y su familia vivían en una casa en Coyoacán, en la Ciudad de México, propiedad de Guillermina Álvarez, asistente de la directora general de La Jornada, Carmen Lira Saade. Este periódico ha recibido en cuatro años del gobierno de López Obrador más de 750 millones de pesos de dinero público. Este monto representa más del doble en contratos en publicidad gubernamental de lo que había recibido durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. La respuesta del presidente fue acusar a los reporteros de MCCI de acosar a su hijo y negar absolutamente cualquier conflicto de intereses, a pesar de que López Obrador y Lira sostienen una cercana relación de amistad desde hace muchos años.
En los dos casos tenemos tres actores clave: el primero es una empresa que recibe dinero público a través de contratos de gobierno y que presta un favor inusual. En Houston, fue Baker Hughes y en la Ciudad de México, La Jornada. Ambas empresas tienen empleados que arriendan propiedades al segundo actor relevante: José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente. El tercer actor es el presidente: él tiene la facultad de ordenar que las dependencias a su cargo otorguen o no contratos públicos y también es suyo el familiar que recibe el beneficio inusual de arrendar una vivienda. Así es como se configura un presunto conflicto de intereses, mismo que ha sido negado, pero no aclarado por ninguno de los involucrados.
La red de amigos de Andy
Al mismo tiempo que fue dada a conocer la investigación de la segunda casa gris, Latinus publicó que un grupo de amigos del segundo hijo del presidente, Andrés López Beltrán, han ganado contratos públicos por más de 100 millones de pesos. Los contratos fueron ganados por al menos tres empresas que comparten administradores, dueños e incluso la misma dirección en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Estas compañías tienen a su cargo proyectos como el Parque Ecológico Lago de Texcoco —en lo que hubiera sido el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México—, el nuevo Archivo General Agrario en el centro de la Ciudad de México y el malecón del río Grijalva en Villahermosa, Tabasco. La investigación señala que estas empresas simularon competencia a través de una invitación restringida.
Uno de los accionistas involucrados es Hugo Buentello Carbonell, quien, al ser accionista de Industrias Wohl, es también titular de la marca de muebles urbanos Grava y Arena. Esta empresa ganó contratos para colocar mobiliario urbano en obras de la Sedatu. Una investigación de MCCI identificó que Buentello Carbonell fue subdirector de operaciones en Liconsa durante 2019, cuando otorgó un contrato por 86 millones de pesos a ILAS, una empresa señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera de participar en un esquema de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela.
Al día siguiente de la publicación de Latinus, López Obrador reconoció que eran en efecto amistades cercanas a su hijo. Sin embargo, dijo que no era un conflicto de intereses, que no había nada. “Que porque el primo del amigo de la hermana es amiga de Andrés, ¿y?”, acotó el mandatario. Como en el caso anterior, desestimó las acusaciones y cuestionó el origen lícito de las propiedades del periodista Carlos Loret de Mola.
En este caso, el nodo principal del potencial conflicto de intereses es de nuevo el presidente López Obrador. Esta vez, sin embargo, el beneficio inusual corresponde a las empresas contratistas. El tercer eslabón está dado porque los empresarios señalados son a la vez amigos cercanos de uno de los hijos del mandatario. Al tratarse de adjudicaciones por una vía diferente a la de la licitación y en el que se sospecha competencia simulada entre empresas con los mismos dueños, puede ponerse en riesgo la entrega de recursos públicos al elegirse una compañía cuyo principal mérito es tener una relación cercana a alguien en un puesto de poder.
El departamento del general secretario
El secretario de Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, compró un departamento de más de 400 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real —en Huixquilucan, Estado de México— a una accionista de la empresa Protective Materials Technology, proveedora de la SEDENA. La vendedora del departamento aparece como representante legal de esta empresa en documentos enviados a la Defensa.
Durante 2022, esta empresa obtuvo un contrato a través de una licitación pública por poco menos de 320 millones de pesos para proveer 48 mil juegos de placas balísticas (escudos antibalas). Sin embargo, en la licitación participaron como postores otras dos empresas con vínculo comercial con la ganadora. Además, la empresa incumplió el contrato, al no entregar en el tiempo comprometido.
El general Sandoval reportó en su declaración patrimonial que gastó 9 millones de pesos para adquirir el departamento, mediante un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nacional del Ejército en el año 2020. La investigación de MCCI señaló que departamentos de similares dimensiones, ubicados en el mismo complejo tienen un valor comercial de entre 20 y 30 millones de pesos.
Apenas tres días después de la publicación, durante una conferencia matutina, el general Sandoval confirmó que sí compró el departamento con un crédito de Banjercito. Sin embargo, dijo que lo compró en obra gris, lo que justificaba el precio por debajo de su valor de mercado. También señaló que desconocía que los dueños eran proveedores del gobierno.
En este caso, el funcionario con un posible conflicto de intereses es el titular de la SEDENA. El aspecto inusual es la adquisición de un bien inmueble a un precio por debajo de su valor comercial. La empresa pudo obtener una ventaja inequitativa derivada de esta irregularidad. Un elemento que aumenta las sospechas sobre irregularidades es la incapacidad de la compañía de proveer el servicio para el que fue contratada.
Cuando sí veían la paja en el ojo ajeno
De vuelta en 2014, algunos días después de la publicación de la Casa blanca de Enrique Peña Nieto, López Obrador, entonces presidente de Morena, aseguró que se trataba de un soborno por parte de uno de los contratistas favoritos del gobierno. Consideró que, en cualquier otro país, una revelación como esta hubiera provocado la inmediata renuncia del jefe de gobierno. El conflicto de intereses era para él un gran escándalo de corrupción.
Y razón no le faltaba. Luego de la casa blanca, surgió una nueva regulación que exige a todas las personas servidoras públicas a realizar declaraciones de conflicto de intereses. Ese fue el corazón de la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3.
El presidente López Obrador no es ajeno al concepto de conflicto de intereses. Sus propuestas de gobierno y los documentos de planificación gubernamental son claros sobre la necesidad de regular este asunto y evitar que suceda. Uno de los cien compromisos asumidos por el mandatario establece que “no habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo, ninguna de esas lacras de la política”. Esta misma idea está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: rechaza el aprovechamiento del cargo para lograr cualquier beneficio personal. Además, prometía proponer al congreso una Ley Federal de Combate de Conflicto de Interés.
Incluso algunos meses después de iniciado su gobierno, ésta era una clara preocupación del mandatario. En junio de 2019, López Obrador dio a conocer un memorándum entregado a todas las oficinas de la Administración Pública Federal en el que decía no aceptar, bajo ninguna circunstancia, que miembros de su familia hicieran trámites, gestiones o hicieran negocio con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados.
Es importante dejar claro que un conflicto de intereses no es automáticamente un acto de corrupción. Para que esto suceda, debe haber una afectación al bien común o el bien público y eso debe generar un beneficio personal o de grupo indebido.
Lo cierto es que estos tres casos tienen todos los elementos potenciales para constituirse como actos de corrupción. El beneficio común vulnerado se trata en los tres casos de la asignación eficiente y equitativa de contratos públicos: algunos son de provisión de servicios a Pemex o a la Sedena, otros de publicidad gubernamental y otros de obras públicas. Los beneficios privados indebidos pudieron traducirse en la renta o compra de un inmueble a un precio menor que su valor comercial.
En apenas un mes, tres investigaciones periodísticas pusieron a prueba la capacidad del gobierno federal para atender acusaciones de conflicto de intereses similares a las que recibió su antecesor. En los tres casos, la respuesta fue la misma: negarlo todo y desestimar a quienes hicieron la investigación. La incapacidad de quienes hoy están en el gobierno de detectar, investigar y sancionar conflictos de intereses puede llevar en el futuro a desvíos de recursos públicos y a vulnerar el bienestar de la sociedad mexicana. Ese es el verdadero problema de los conflictos de intereses. Lo demás —como dice el presidente— es pura politiquería.
Ricardo Alvarado Andalón
Investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y coeditor del blog Desarmar la Corrupción.
