En las sociedades, las acciones de unos afectan a todos. Los empresarios pueden ayudar a prevenir y combatir la corrupción y con ello impactar positivamente su entorno. Además, al hacerlo, puede eficientar sus procesos, y así obtener más ganancias. Un ecosistema empresarial libre de corrupción puede traducirse en un aumento en las oportunidades, certeza y posibilidades para empresarios y emprendedores por igual.

En los procesos de toma de decisiones de los sectores público y privado es imprescindible hablar del “costo de bienestar social”. Mediante este costo, los actores relevantes de la sociedad valoran los efectos y las consecuencias que una acción puede causar sobre la sociedad, pero también sobre sus propias políticas y procesos. En la literatura económica, estos efectos son conocidos como externalidades.

La corrupción es un problema que se origina en diversos factores. Por ello, la toma de decisiones automáticamente apunta al Estado, a los políticos, a nuestros representantes, ya que históricamente hemos visto al Estado como el único responsable de la corrupción. Sin embargo, los ojos de la sociedad deben enfocarse también en el sector privado. Son los empresarios y las empresarias quienes, a través de medidas de autorregulación, pueden impulsar una batalla eficaz contra la corrupción.

A través de la implementación de políticas de integridad, que no se reducen a contar con un código de ética enmarcado en la pared de una oficina —o peor aún, guardado en el cajón—, el sector privado puede prevenir actos de corrupción, que llevan también a la pérdida de ganancias en la empresa y en sus operaciones con terceros. Además, estas medidas de autorregulación evitan mayores costos, asociados con la atención de estos problemas desde fuera del sector y trae consigo procesos más eficientes.

Como aseveró el jurista escandinavo Karl Olivecrona, la norma no es real ni vigente si no ejerce una presión psicológica real en sus destinatarios que los persuada a cumplirla. La decisión del empresariado de implementar programas de compliance o cumplimiento los convierte en guardianes contra de la corrupción —pública o privada— que en muchos casos tiene origen en las propias empresas. Como abanderadas de esa práctica, las empresas cuentan con bases suficientes para exigir de otras firmas competidoras o integrantes de su cadena de valor la reparación del daño cuando se comete en su contra un acto de corrupción que afecte su negocio, reputación, credibilidad, o la confianza de sus clientes, proveedores e inversionistas. Las empresas afectadas económicamente por la corrupción de otras entidades privadas podrían exigir judicialmente la compensación monetaria correspondiente a los daños sufridos. 

La necesidad de afinar la perspectiva del combate a la corrupción en el sector privado es una realidad que cuenta con evidencia empírica. Recientemente, la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) y la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad levantaron la Encuesta contra la Corrupción en el Sector Privado. El primer dato que salta a los ojos es que el 39% de empresarios y empresarias experimentaron un acto de corrupción durante el primer trimestre de 2022 en el que el victimario fue un funcionario o una persona privada.

Otro dato revelador de la encuesta es que las empresas víctimas de la corrupción no son exclusivamente las más grandes, como podría creerse. En ellas se reportó 46.2% de incidencia. Por su parte, las empresas medianas (51 a 250 colaboradores) tuvieron una incidencia de 45%; las pequeñas (once a cincuenta colaboradores) de 39.6%; y las microempresas (uno a diez colaboradores) de 33%. Si bien existe una mayor frecuencia de actos de corrupción en contra de las empresas más grandes, esta también representa un problema persistente para las demás.

Esos datos obligan a dimensionar la cantidad de dinero que se pierde cuando cerca de la mitad de las operaciones del empresario promedio conllevan sobornos u otros actos indebidos. La Association of Certified Fraud Examiners ha señalado que las empresas del sector privado pierden aproximadamente 5% de sus ganancias netas al año en pago de sobornos. Se trata de un “impuesto” ilegal que los empresarios y empresarias en México están dispuestos a pagar. 

Según la encuesta anteriormente referida, sólo el 30% de los socios de la Coparmex cuentan con un política anticorrupción, antisoborno o sobre conflicto de interés. Aunque el 71% de estas empresas tienen un código de ética, sólo 43% tiene procesos de auditoría interna. Al explorar políticas internas más complejas, encontramos que  el 24% tienen una política contra el lavado de dinero y apenas el 23% un sistema de denuncias y sanciones. Esta última medida es particularmente relevante porque indudablemente promueve que se revelen actos indebidos en las empresas o en las de los competidores. 

Todo lo anterior debe orillar a la reflexión sobre el lugar de las empresas en el combate a la corrupción. Por una parte, el Estado debe ver al sector privado como un aliado necesario, apoyándolo en tareas de capacitación y de evaluación de sus programas internos de compliance. Sin embargo, a la fecha no hay en nuestro país lineamientos para que las empresas evalúen sus procesos de autorregulación en materia de combate a la corrupción. 

Por otra parte, la capacidad de las empresas en el combate a la corrupción privada —en la que no hay funcionarios públicos involucrados— da pie y fundamento suficiente para que, cada vez con más frecuencia, una empresa pueda exigir a otra el pago de daños y perjuicios. Inclusive, estos podrían ser los daños punitivos reconocidos ya en México, en tanto que son consecuencia de actos de corrupción privada. 

La corrupción es un problema complejo que corroe a las sociedades. Cuando ésta se encuentra arraigada en las instituciones públicas, la participación de la sociedad civil y el sector privado son indispensables para erradicarla. La esfera pública y privada se vuelven aliadas necesarias en el combate a la corrupción que afecta a ambas y, a través de políticas anticorrupción, pueden verse beneficiadas de combatirla. En palabras de Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, la gente debería estar consciente de que tienen el poder de cambiar un sistema corrupto. 

Carlos G. Guerrero Orozco

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y socio del despacho de litigio López Melih y Estrada en la Ciudad de México

Daniela Pons Aranda

Egresada de la Universidad Panamericana y abogada del despacho de litigio López Melih y Estrada en la Ciudad de México