Presidencia contrata a empresa outsourcing con domicilio sospechoso

El actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación de al menos 1,500 trabajadores de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

Entre 2019 y 2020, Decoaro ha recibido 23 contratos del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de las Secretarías de Turismo, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes. Nunca antes había tenido asignaciones públicas.

Uno de esos contratos lo asignó la Presidencia de la República para la limpieza del interior de Palacio Nacional, donde reside y despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha condenado en forma reiterada la subcontratación de empleados a través de outsourcing porque considera que es un mecanismo de explotación laboral, en el que los patrones se deslindan de sus responsabilidades.

Las elecciones de 2018 dieron el triunfo a una opción política que se centró en el problema de la corrupción como un mal sistémico que afecta el crecimiento, el desarrollo social y la equidad, a la vez que deteriora la confianza en los políticos y las instituciones públicas que ellos encabezan.

Compartimos la idea de que el combate a la corrupción y la impunidad requiere de la voluntad política, pero creemos que esta es una condición necesaria, mas no suficiente, para lograr resultados reales y duraderos. Si queremos que los niveles de corrupción disminuyan en México, es indispensable hacer cambios que no dependan de la honestidad de una sola persona o grupo de funcionarios públicos, sino que puedan mantenerse en el tiempo y operen sin importar quién esté al frente del gobierno.